Seguridad: Fuerzas especiales brasileñas combate con narcos en Cidade de Deus

Despliegue norteamericano en el Caribe para apretar a Maduro

Barcos, aviones y tropas desplegados en el Caribe para ayudar a detener a los narcotraficantes

War is Boring




WASHINGTON - El Pentágono ha desplegado varios barcos, aviones y miles de tropas para fortalecer las operaciones antinarcóticos en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental y ayudar a prevenir la entrada de drogas en los Estados Unidos, anunció el miércoles el Secretario de Defensa, Mark Esper.

Esper hizo el anuncio en la Casa Blanca junto con el presidente Donald Trump, el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, el almirante Michael Gilday, jefe de operaciones navales, y el almirante Karl Schultz, comandante de la Guardia Costera.

La operación, que comenzó el miércoles, se lleva a cabo como parte de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para detener el flujo de drogas al país, dijo Esper.

"Hace algún tiempo descubrimos cierta inteligencia de que los carteles de la droga, como resultado de [el coronavirus], iban a tratar de aprovechar la situación e intentar infiltrarse en drogas adicionales en nuestro país", dijo Milley.

Miles de personal de la Marina, la Infantería de Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Guardia Costera ahora están bajo el liderazgo del Almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, para la operación, dijo Milley. Los barcos y aviones involucrados en la operación incluyen varios destructores de la Armada, barcos de combate litorales, cortadores de la Guardia Costera y aviones patrulleros P-8 Poseidon.

Parte del personal, barcos y aviones ya han llegado al Caribe.

"Este es el ejército de los Estados Unidos, no penetrará en este país, no pasará Jump Street, no entrará aquí y matará a más estadounidenses y reuniremos todos los activos necesarios para evitar su entrada en este país para matar estadounidenses ", dijo Milley.

Esper señaló al gobierno del líder venezolano Nicolás Maduro por usar el tráfico ilícito de drogas para mantener su poder.

"Estas operaciones antinarcóticos mejoradas que ahora están en curso interrumpirán aún más el flujo de drogas ilícitas a Estados Unidos, negarán a nuestros adversarios los recursos financieros de los que dependen y desarrollarán la capacidad de nuestros países socios en toda la región", dijo.

La operación también involucra a 22 países socios que están ayudando a Estados Unidos a detener las organizaciones del cartel de drogas, dijo Esper, sin nombrar a los países.

Los carteles de la droga se están aprovechando del enfoque de los Estados Unidos para responder al brote de coronavirus, dijo Trump, y Estados Unidos necesita volver a detener el flujo de drogas.

"No creo que estemos perdiendo terreno, pero no queremos perder terreno". Por eso lo estamos haciendo. No quiero perder terreno. Es una gran pelea ", dijo Trump.

Esper no dijo cuánto duraría la operación, solo que se ejecutaría "por alguna cuestión de tiempo".

Gobierno criminal argentino: Sabina se queda con vehículos donados por USA para la lucha contra sus aliados narcos

EEUU donó autos para lucha contra el narco… pero esa subsecretaría fue disuelta por Frederic

Por Christian Sanz



Documento revelador

El documento está fechado el 30 de enero de 2019 y refiere a la donación al Estado argentino de 10 vehículos por parte de la Embajada de Estados Unidos a efectos de trabajar en la lucha contra el narcotráfico en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación (ver documento al pie).

Finalmente, la adquisición nunca se llegó a llevar a cabo y, con el paso del tiempo, quedó “extemporánea”. Básicamente, porque el 27 de diciembre de 2019, a poco de haber sido nombrada al frente de esa cartera, Sabina Frederic resolvió disolver la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Ergo, el combate contra el tráfico de drogas perdió todo sentido.

Sin embargo, una reciente resolución interna del Ministerio de Seguridad, fechada el 6 de febrero de 2020, a la que tuvo acceso Tribuna de Periodistas, volvió a darle operatividad a la medida. Como si algún avivado hubiera dicho: “¡Ya que estamos aprovechemos los autos que son gratis!”. El suspicaz documento aparece firmado por Nicolás Juan José Abraham, asesor de Gabinete de Frederic y director de Internacionales de Seguridad (ver al pie también).

En un principio, la donación había sido pensada en el marco del acuerdo de cooperación bilateral firmado entre EEUU y Argentina el 17 de septiembre de 2004; el cual fue refrendado posteriormente, el 27 de septiembre de 2017.

Se trata de 10 vehículos destinados a los Grupos Operativos Conjuntos (GOC) localizados en las provincias de Salta y Misiones, donde el comercio de estupefacientes hace estragos.

Según el mismo documento, los autos“serían adquiridos en la República Argentina y deberían poder gozar de toda exención impositiva”.

Se trata de 8 Ford Ranger 3.2L CD XLS 4x4 pick up (o equivalente) y dos Ford Focus 1.6L S (o equivalente).

El interrogante obvio que surge ante lo aquí mencionado es: si no se utilizarán para luchar contra el narcotráfico —ya que no existe más la subsecretaría ad hoc—, ¿para qué se usarán esos vehículos?

En otro orden de cosas, quedó oficializado lo que este portal anticipó el pasado 14 de febrero: quedó virtualmente —y formalmente— disuelta la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Seguridad. Así lo revela la Decisión Administrativa 335/2020 que fue publicada hace unos días en el Boletín Oficial.

Ello permite dar paso al escándalo que está por explotar en la cartera a cargo de Frederic: se empieza a impulsar la desaparición de sumarios que complican a funcionarios de Seguridad y que fueron expuestos por TDP en el marco de puntuales desaguisados. Entre otros, se trata de los casos de Esteban Rosa Alves, Eduardo Villalba y hasta la mismísima Nilda Garré.

Al mismo tiempo, la subsecretaria de Gestión Administrativa del mismo ministerio, la fantasmal Ana Flamarique, ha dado comienzo a una suerte de caza de brujas, pidiendo renuncia a los trabajadores que no se muestran identificados con la gestión de Alberto y Cristina.

Es parte de otra trama espesa, que avanza lenta pero de manera incesante, y que se contará en una próxima entrega en este mismo espacio.



El documento que la embajada de EEUU envió al Ministerio de Seguridad en 2019


La respuesta de Abraham, omitiendo mencionar que ya no existe la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico

México compra armas contra los narcos

México alista compra masiva de armas por más de 200 millones de pesos 

La finalidad es equipar a policías estatales y municipales del país para enfrentar a la delincuencia


Infobae


 
Ak-47 el arma favorita entre los narcos mexicanos (Foto: Especial)


El enfrentamiento entre elementos militares con sicarios del Cártel de Sinaloa tras el fallido operativo de captura de Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa el pasado 17 de octubre, puso en evidencia que el crimen organizado está mejor armado que las fuerzas de seguridad.


Ante este hecho irrefutable, el gobierno federal ya alista una compra consolidada de armas cortas y largas, así como municiones y accesorios, por un monto de 228,9 millones de pesos (alrededor de 4.5 millones de dólares USD), para equipar a las policías estatales y municipales del país, conforme al nuevo modelo nacional de policía.


De acuerdo con el diario El Universal, para el próximo año se prevé adquirir un total de 9.256 armas a menor precio, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del programa de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg), que se prevé sean aprobados en el Presupuesto de Egresos 2020.


David Pérez Esparza, director del Centro Nacional de Información (CNI), que forma parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), explicó que el objetivo es que las corporaciones cuenten con mejor armamento y equipo táctico para sus tareas de seguridad en su territorio, pero también estandarizar la compra y los tipos de armas por adquirir.


 
FOTO: BERNANDINO HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO

“Queremos que los policías estén al 100%, no nada más en pistolas, sino también en radio, equipo y sueldo. Hay cinco grandes proyectos, todos encaminados al modelo nacional de policía, que básicamente es la reforma más importante del sexenio, y algo más importante que la propia Guardia Nacional, porque sí es importante, pero no deja de ser un tema federal”, indicó.

En entrevista con El Universal, Pérez Esparza adelantó que también dotarán a los cuerpos de seguridad pública de botas, cámaras, radios y tabletas, todo a través del modelo de compra consolidada.

Incluso dijo, que se impulsa una propuesta para reducir los turnos de trabajo de los policías, quienes en su mayoría laboran 24x24.

Además explicó que buscan la estandarización para la compra de armamento, debido a que actualmente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la única facultada para comprar armas, tiene que atender solicitudes de estados y municipios y en diferentes momentos, lo que dificulta su administración y ministración, sino también su mantenimiento y aprovistamiento.

 
(Foto: Omar Martínez/Archivo/ Cuartoscuro)


“Ahorita la Sedena compra entre 70 y 80 tipos de armas (para policías locales), pueden traer lo que le pidan (estados y municipios) con cierto límite de calibre. Pero es muy costoso para la Secretaría de la Defensa Nacional andar cumpliendo caprichos”, dijo.



Señaló que está en proceso un acuerdo de la Sedena con los estados y municipios para determinar un catálogo a comprar. Es que por ejemplo, hay armas muy populares como las pistolas Colt y Sig Sauer, porque son baratas y aguantadoras.


De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las armas que más se han comprado para los policías municipales y estatales son: escopetas de 12 milímetros de las marcas Mossberg, Hatsan, Ata Arms, Browning y Beretta. Además de pistolas calibre 9 milímetros de las marcas Beretta, Glock, I.W.I, Ceska, Sig Sauer, Browning, Herstal, Stoeger y Taurus.


Por último, David Pérez Esparza, reconoció que el SESNSP inició el diseño de estándares mínimos para el almacenamiento de armas y equipo, ya que alrededor de 23 mil armas oficiales han sido extraviadas o robadas entre los años 2000 y 2019 debido a la falta de protocolos homologados para la gestión y cuidado de armamento en los estados y municipios.

Narco armado como comando apresado en Zárate

 
El arsenal también incluía un fusil FAL, una ametralladora Franchi italiana y una pistola calibre 40. 

El arsenal de ametralladoras del "Señor del Fusil", el narco bonaerense que fue atrapado con casi una tonelada de marihuana 

La banda de Patricio Ruiz Díaz, detenido por la Bonaerense, tenía en su poder fusiles como el Colt AR-15, usado en varias masacres de Estados Unidos
Infobae


 
Ruiz Díaz tras ser detenido.


Patricio Ruiz Díaz, 40 años de edad, camionero de profesión según él mismo, no se iba a entregar tan fácil cuando le gritaron "¡alto, policía!" Enfurecido, Ruiz Díaz tomó el volante de la camioneta Volkswagen Suran que manejaba y dobló violentamente en una bajada de la Panamericana, a la altura de Ingeniero Maschwitz, a contramano del tránsito. Continuó su carrera hasta un lugar que creía seguro, una casa en la calle Ricardo Fernández al 1400 de en la misma localidad. Fue interceptado justo antes de llegar.

Poco después, el resto de su banda comenzó a caer, uno por uno, siete detenidos en total -entre ellos tres hermanos- en dos operativos realizados en la zona por la Delegación Zárate-Campana de la Policía Bonaerense con la colaboración del Comando Escobar.



El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay con la secretaría de Matías Latino, había llelgado al dato de una banda que se dedicaba al comercio de drogas en su jurisdicción con vehículos de alta gama. Encontraron droga: 920 kilos de marihuana, once de cocaína, otros dos kilos de sustancias de corte. También vehículos, una Toyota Hilux, un Volkswagen Bora, una Reunalt Trafic, así como seis patentes sueltas para intercambiar cuando hiciera falta.

También había prensas hidráulicas para compactar droga, seis balanzas, 187 mil pesos en efectivo, cuatro chalecos antibalas, handys, celulares, uniformes policiales.

Y armas, muchas armas.

El operativo contra Ruiz Díaz, sospechado de ser un tirador experto, reveló el mayor arsenal en poder de un narco bonaerense en los años recientes, decididamente más que el que ostentaba Richard Castillo Salazar, "El Mocosón", un ex sicario peruano que intentó copar la villa Las Achiras de La Matanza en septiembre de 2016 con un stock de alita de mosca, cocaína peruana de alta calidad y una importante ametralladora Hecler & Koch rara vez vista en el país. La pieza central del armamento atribuído a Ruíz Díaz es un fusil semiautomático Colt AR-15 calibre 5.56 con municiones todavía en su clip.

  
Parte del lote de droga: 920 kilos de marihuana y once de cocaína.

El AR-15, según la NRA, la National Rifle Association, es el fusil más vendido en el mercado estadounidense: hay al menos nueve millones en circulación. Es, tristemente, la pieza central de las principales masacres de los últimos años con pistoleros que disparan a mansalva sobre extraños. Fue empleado en la masacre de la escuela Sandy Hook, en 2012, donde Adam Lanza asesinó a 27 personas, entre estas, 20 niños; en la matanza en un cine en Aurora, Colorado, donde James Holmes asesinó a 12 personas, también en 2012; en 2015, en San Bernardino, California, donde Syed Farook mató a 14 personas; y en 2017 en Las Vegas, Nevada, donde Steven Paddock asesinó a 58 personas, en la que es hasta el momento la peor masacre en la historia de los Estados Unidos.

También se encontró una ametralladora italiana Franchi, modelo Spas 15, un fusil FAL, cuatro pistolas Beretta y Bersa, una de ellas calibre 40, además de una bolsa llena de balas.

Los resultados del operativo fueron presentados este mediodía por el juez González Charvay y el ministro de Seguridad Cristian Ritondo.

Queda, entre otros interrogantes, determinar cómo es que la banda de Ruiz Díaz llegó a armas importadas de semejante porte.

Intercepción de avión ilegal en el Norte Argentino

La Fuerza Aérea interceptó un avión que ingresó ilegalmente al espacio aéreo argentino

Infobae



 
Telam

El Ministerio de Defensa informó este miércoles en un comunicado que una aeronave que ingresó de manera irregular al espacio aéreo argentino fue obligada a regresar a su lugar de origen.

El procedimiento llevado adelante por las aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina, que conforman el sistema de defensa aeroespacial nacional, "se enmarcó en la Operación Frontera, que se desarrolla a través del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a lo dispuesto por el decreto N°1054/2018 del Poder Ejecutivo Nacional, en referencia a la protección del aeroespacio soberano".

 
Fernando Morales

El comunicado explicó que "cuando los efectivos de la FAA aplicaron el protocolo estipulado ante este tipo de casos, el piloto intentó evadir a los aviones argentinos y, al ver frustrado su accionar, regresó a su lugar de origen mientras era seguido hasta el cruce del límite internacional".

Y agregó que la aeronave interceptada ingresó al país de manera irregular, ya que no contaba con la autorización expedida por el organismo competente y, además, tenía una matrícula no vigente.

El comunicado no indica de dónde procedía la aeronave, ni por dónde volvió a salir del país, ni sus características, lo cual posibilitaría al menos establecer qué tipo de elementos podría transportar. Por último, aclaró que "la información relacionada con este episodio fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes".

México: AMLO puentea a la corrupta policía con el Ejército

México: Andrés Manuel López Obrador fortalece al Ejército y da la espalda a la Policía

France24


  © Henry Romero / Reuters | El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, asiste a una manifestación como parte de una gira para agradecer a los partidarios por su victoria en las elecciones del 1 de julio en la Ciudad de México, México, 29 de septiembre de 2018.

Texto por Ingmar Barrañon


La estrategia de seguridad del presidente entrante de México da más fuerza al Ejército en detrimento de las instituciones civiles. La proyección levanta críticas en todos los sectores de la sociedad.

El 20 de noviembre el partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional, con mayoría en el Congreso, presentó una iniciativa de reforma de 13 artículos de la Constitución para abrir paso al establecimiento de la Guardia Nacional el próximo 1 de diciembre, fecha en la que el nuevo presidente asume su cargo.

El miércoles 14 de noviembre, López Obrador presentó su estrategia de seguridad dentro de la cual resaltó el proyecto de crear una Guardia Nacional, un cuerpo que integraría a las policías militar, naval y federal bajo el mandato de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina.

Ese día, AMLO dijo que la Policía federal y la Ministerial federal "son un verdadero desastre". En sus cuentas, en la Policía federal hay 40.000 uniformados pero solo la mitad están activos. Para el presidente electo esa policía "no se ha consolidado" y con "honrosas excepciones hay falta de profesionalismo y de integridad y lo mismo sucede con las ministeriales y municipales".

Y aunque arreció contra la Policía federal, elogió al Ejército que para él es una institución que "ha demostrado lealtad a la autoridad civil, el Ejército Mexicano nunca ha dado un golpe de Estado, ha sido respetuoso de la autoridad civil. Los soldados mexicanos, los generales son surgidos del pueblo (...) “Además es una institución que se fue consolidando, tiene disciplina", señaló.


Así fue la presentación del Plan Nacional de Seguridad de AMLO para México

Amparado en esos argumentos, Lopez Obrador dijo que la decisión fue apoyarse en las Fuerzas Armadas.

La Guardia Nacional convocará en un inicio 50.000 reclutas para recibir adiestramiento militar. El total del cuerpo operaría en el futuro en 266 coordinaciones repartidas en todo el territorio del país.

Al día siguiente de la conferencia de prensa del presidente electo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional en su totalidad la Ley de Seguridad Interior, con la cual la legislatura anterior justificó la injerencia del Ejército en labores de seguridad.

La resolución de la Suprema Corte abre más preguntas

De acuerdo con el doctor Javier Dondé Matute, profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Ley de Seguridad Interior “pretendía establecer un mecanismo para regular la intervención de las fuerzas armadas en el lugar y en el tiempo donde hubiera un desbordamiento de la violencia causada por la delincuencia organizada. En realidad, un intento por legalizar lo que ya se vive en cuanto al despliegue de las fuerzas armadas”.

Para el investigador “aunque en un primer momento la resolución resulta loable, podría generar problemas. Hay que tomar la sentencia con cuidado porque los ministros no entraron al fondo y en realidad se fueron por un tema de forma al establecer que el Congreso de la Unión no tenía facultades para legislar en esta materia”.

“La resolución abre más preguntas: ¿si no es el Congreso, entonces quién? Solo quedaría el presidente de la República, con lo que se elimina la posibilidad de tener pesos y contrapesos al legislar sobre este tema”, añade el especialista en derecho penal internacional en entrevista para France 24.

César Orlando Flores Sánchez: "es un tema de doctrina, disciplina, valores”

Para César Orlando Flores Sánchez, especialista en gestión de riesgos y seguridad, “la policía en general carece de doctrina; las fuerzas armadas en cambio poseen valores como el honor, la lealtad, el patriotismo, la abnegación, el espíritu de cuerpo, la disciplina, sobre todo la disciplina”.


La policía se alinea para un bloqueo temporal de la caravana de miles de migrantes de América Central, en ruta a Estados Unidos, que se dirigía a San Pedro Tapanatepec desde Arriaga, México, 27 de octubre de 2018. © Adrees Latif / Reuters

En la opinión del maestro Flores Sánchez “el crimen organizado tiene muchas aristas que atacar y la carencia de recursos deja mucho que desear; por ejemplo, no se puede comparar a la policía de una ciudad grande como Guadalajara, con la policía de un municipio chico, como en las sierras. El problema no es solo que no hay recursos para luchar contra el crimen organizado, sino que no hay motivación: existen policías que ganan menos que un halcón (vigilantes del narcotráfico) y esto los hace más vulnerables a la corrupción”.

“Es un tema de doctrina, disciplina, valores”, agrega el experto, para quien la Guardia Nacional propuesta por Andrés Manuel López Obrador “es un replanteamiento de lo que se debe emplear. No hay fórmula definida, ni método adecuado y hay que buscar la forma de solucionar el problema”.

Un error colosal: Human Rights Watch

La propuesta del presidente electo pronto levantó suspicacias en varios sectores de la sociedad civil. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch calificó el plan como “un error colosal que podría frustrar cualquier esperanza de poner fin a las atrocidades que tanto sufrimiento han causado en México en los últimos años”.

Por su parte, una serie de organizaciones y personas firmaron una carta en la que llaman al presidente electo a “detener la reforma constitucional anunciada y optar en cambio por el desarrollo y fortalecimiento de nuestras instituciones civiles de seguridad”. Entre las 128 organizaciones firmantes están Causa en Común, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y México Evalúa.

En lo que va del año, tanto la Secretaría de Marina como la de Defensa Nacional han recibido, cada una, cuatro recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una de estas a cada institución por violaciones graves como tortura, ejecución arbitraria, violencia sexual y detención arbitraria.

Combates en Rio

Otro día de tiroteos en Río de Janeiro: cerraron el camino al aeropuerto

Hubo grandes operaciones policiales en dos grandes favelas en la mañana de este jueves. Varios turistas dejaron sus autos y escaparon corriendo.


Operativo. Policías militares, en una operación contra supuestos narcotraficantes en la favela Cidade de Deus, en Río de Janeiro, este jueves. /AFP

Los tiroteos originados por operaciones policiales en varias favelas de Rio de Janeiro cerraron este jueves dos importantes arterias de la ciudad durante horas, provocando escenas de pánico entre los conductores y grandes atascos en plena hora pico.

"La Linha Amarela y la ruta Grajaú-Jacarepaguá siguen cerradas en los dos sentidos a causa de operaciones policiales. Eviten la zona", advertía al inicio de la mañana el Centro de Operaciones del estado de Rio (COR) desde su cuenta de Twitter, sugiriendo otros itinerarios.

Las vías recién se liberaron dos horas más tarde. La cadena Globonews mostraba entonces imágenes aéreas de enormes atascos que se extendían varios kilómetros.

La aplicación de celular "Onde Tem Tiroteio (OTT, "¿Dónde hay tiroteo?"), que informa en tiempo real sobre los violentos intercambios de disparos que ya se han transformado en escenas cotidianas en Rio, difundió un video mostrando conductores que, en medio del pánico, abandonaban sus vehículos en la Linha Amarela, la autovía que conduce al aeropuerto internacional Galeao.


Apostados. Miembros de la unidad especial de la policía, en guardia en la favela Cidade de Deus, este jueves. /AFP

El sonido del video permitía escuchar claramente los intercambios de tiros en los alrededores.

El batallón de élite de la policía local (Bope) realizaba durante la mañana una operación en la Cidade de Deus, una de las favelas más violentas de Rio, situada a lo largo de la Linha Amarela.

Un video que circulaba por las redes sociales mostraba cómo un agente herido de bala era socorrido por sus colegas, mientras otro caminaba por delante disparando con un arma automática.

El policía herido fue conducido a un hospital.

La circulación estaba igual de afectada en la autovía Grajaú-Jacarepaguá -considerada como una alternativa a la Linha Amarela-, también cerrada por otra intervención policial contra el tráfico de drogas en la favela de Lins.

Importantes vías habían sido ya bloqueadas por las mismas razones en los últimos meses.

Cuando aún no se cumplen dos años de los Juegos Olímpicos, el estado de Rio de Janeiro, el segundo más rico de Brasil, es víctima de una aguda escalada de violencia.

Frente a la incapacidad de las autoridades locales para controlar la situación, el presidente Michel Temer confió por decreto el comando de las fuerzas de seguridad al ejército a finales de febrero, en una decisión muy polémica.

Pero la violencia continúa haciendo estragos en Rio de Janeiro, especialmente en las favelas, donde vive un cuarto de su población.

Fuente: AFP

Fuerzas filipinas asaltan alcalde narcotraficante y matan a todos

A police raid kills a Filipino mayor and much of his family

The authorities say he was a narcotics boss; his daughter says he was framed
The Economist



MANILA. ARMED police raid the base of a narcotics kingpin masquerading as a civic leader and are met by a hail of gunfire, which they return, killing the gang boss and his thugs—Filipinos see such fare at the cinema and in television dramas all the time.

In essence, that is also the official version of events that unfolded in Ozamiz, a city on the southern Philippine island of Mindanao, on July 30th. It was just the sort of action voters expected to see lots of when they made Rodrigo Duterte president last year, after he vowed to wage war on drugs. Instead, they have mainly witnessed vicious skirmishes in slums that leave addicts and petty pushers dead at the hands of the police or murderers unknown.

The police say that in the middle of the night, officers with warrants to search for illegal drugs and firearms raided properties belonging to the mayor of Ozamiz, Reynaldo Parojinog, or his relatives. Armed men at the mayor’s house opened fire at the raiding officers, they claim, starting a gun battle. Mr Parojinog, his wife, two of his siblings and 11 other people were killed, but no policemen. The mayor’s daughter, who is the vice-mayor of Ozamiz, and one of his sons were arrested. Firearms and illegal drugs were seized, the police say.

The mayor’s name is on a list of officials whom Mr Duterte suspects of threatening the fabric of the nation by dealing in illegal drugs, mainly methamphetamine. Mr Parojinog denied that he was a narco-politician. But the mayor knew his family’s reputation put him in the police’s sights. Mr Parojinog’s father was the first boss of the Kuratong Baleleng gang, a private army given weapons by the security forces in the 1980s to fight communist guerrillas on Mindanao. The gang later turned to crime, prospering through robbery, kidnapping and drug-running. After his father and elder brother met violent ends, Mr Parojinog became head of the family, which turned to local politics. It showered wealth on voters in and around Ozamiz to win office and, cynics claimed, to make it awkward for the authorities to pursue them.

Many voiced scepticism about the police’s account of the Ozamiz raids. Human Rights Watch, an NGO, asked why security cameras at Mr Parojinog’s house were put out of action, and said the vice-mayor had accused the police of planting the drugs found. But Mr Duterte scoffs at defenders of human rights, arguing that it is the drug dealers who show little respect for humanity. The president was himself formerly the mayor of a city on Mindanao, an island tormented by violence committed by communist insurgents, Muslim separatists, jihadist terrorists, common criminals and the security forces. A recent opinion poll found that 82% of Filipinos approve of Mr Duterte’s performance as president, suggesting that they share his view.

Obviamente, el chavismo y el narcotráfico son socios

Narcochavismo: la inquietante relación entre el régimen bolivariano y el narcotráfico
Directores de la Oficina Antidrogas y altos mandos militares imputados, sobrinos de Nicolás Maduro arrestados, la alianza con las FARC y el misterioso Cartel de los Soles
Por Darío Mizrahi  - Infobae
dmizrahi@infobae.com




La Corte del Distrito Este de Nueva York imputó al ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana Néstor Luis Reverol Torres, director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) entre 2008 y 2010, por participar de una red internacional de tráfico de cocaína. La acusación también recayó sobre su segundo en el período, Edylberto José Molina Molina, actual agregado militar de Venezuela en Alemania.

El tribunal apuntó contra ellos por recibir pagos de narcotraficantes a cambio de ayudarlos a entrar la droga a Venezuela y enviarla luego a Estados Unidos. Ambos eran militares del círculo de máxima confianza de Hugo Chávez.


Reverol Torres junto a Nicolás Maduro.

Nada de esto es nuevo. Las denuncias contra funcionarios de la primera línea del chavismo —especialmente militares— se remontan a los inicios de la presidencia del comandante, en 1999. La estrecha alianza política y económica con las FARC, uno de los principales productores de cocaína de Colombia, fue el puntapié de un proceso que avanzó al punto de implicar a la actual familia presidencial.


El momento de la detención de los narcosobrinos

El escándalo de los "narcosobrinos" es muy ilustrativo. Francisco "Franqui" Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, de 30 y 29 años, son sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro. Fueron arrestados el 10 de noviembre en Haití por conspirar para importar 800 kilogramos de cocaína de alta pureza a Estados Unidos. Según la DEA, Campo Flores confesó que obtenían la droga de un intermediario de las FARC.

"Nadie cree que ellos eran las mentes maestras de ese negocio. Fueron la protección política, ¿pero quién estaba detrás? Ésa es la pregunta. Uno tiene que ver en qué aviones movían esos cargamentos. Todavía estamos en investigaciones, pero es probable que veamos la participación de elementos de la Fuerza Aérea o de aeronaves oficiales. Esto nos sugiere que hay una estructura más grande dentro del Estado venezolano involucrada en estas actividades", explicó a Infobae Jeremy McDermott, director ejecutivo de Insight Crime, organización abocada al estudio del crimen organizado en América Latina y el Caribe.


Combatientes de las FARC (AP)

El chavismo y las FARC

Chávez marcó un punto de inflexión en la historia de las relaciones entre Colombia y Venezuela al desarrollar, a poco de asumir la presidencia, una alianza más o menos explícita con la guerrilla que le declaró la guerra al estado colombiano hace medio siglo. Al principio parecía ser una cuestión política, por afinidades ideológicas en la lucha contra el "imperialismo estadounidense". Pero luego se comprobó que la relación era aún más estrecha de lo que parecía.

Este vínculo fue desnudado por la Operación Fénix realizada por las Fuerzas Militares de Colombia en territorio ecuatoriano la madrugada del 1 de marzo de 2008. En esa incursión fue abatido Raúl Reyes, jefe operativo de las FARC, y se hallaron en su campamento computadoras con información invaluable relacionada a las actividades del líder guerrillero. Entre muchas otras cosas, los miles de documentos mostraron los permanentes encuentros entre referentes de la organización y encumbrados miembros del chavismo, y dieron indicios de la existencia de vínculos financieros entre ambas partes.

"Las computadoras de Raúl Reyes fueron entregadas al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres, una organización muy respetada a nivel mundial, imparcial, que estableció su autenticidad. Son 20 años de documentos que hay, y es una información a la que yo tuve acceso. Parte de lo que vi mostraba las conexiones de la narcoguerrilla con Venezuela y con la Cuba de los Castro", contó Pedro Roig, investigador del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, consultado por Infobae.

Algunos de los jerarcas del chavismo que aparecían cruzando la frontera para visitar a Reyes son el contralmirante Ramón Emilio Rodríguez Chacín, actual gobernador del Estado Guárico, y el general Henry Rangel Silva, compañero de armas de Chávez desde el alzamiento de 1992, y hoy gobernador de Trujillo.


Henry Rangel Silva

"Lo que Venezuela le proporciona a las FARC a través del Cartel de los Soles es la distribución —continuó Roig—. Esto fue apareciendo en los distintos informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a partir del testimonio de detenidos que se volvieron testigos para reducir sus condenas. Venezuela se convirtió en el principal distribuidor de cocaína y marihuana en España, vía África. Están usando vehículos y aeropuertos militares, además de civiles, para el tráfico de la droga".

Uno de los protagonistas de esta trama es Hugo Pollo Carvajal, jefe de la Dirección de Inteligencia Militar entre 2004 y 2011. En 2014 fue encarcelado en Aruba por una orden de captura internacional de una corte de Florida, por haber vendido "cientos de kilos de cocaína" en alianza con las FARC. Iba a ser extraditado, pero la presión de Venezuela surtió efecto y lo dejaron en libertad días más tarde.

"Chávez acordó con las FARC para que dejen de secuestrar personas en territorio venezolano, actividad a la que se habían dedicado durante muchos años como mecanismo de financiamiento. A cambio les facilitó corredores a través de la frontera para que pudieran sacar la droga de Colombia. El narcotráfico se convirtió así en el principal método de las FARC para financiar su guerra interna contra el estado colombiano", dijo a Infobae Gustavo Azócar Alcalá, magíster en comunicación política y gobernanza estratégica de la George Washington University y profesor de la Universidad de los Andes Táchira, Venezuela.

En este período se produjeron algunos hechos que son difíciles de explicar sin un grado importante de complicidad por parte de las autoridades venezolanas. El más escandaloso fue el decomiso en septiembre de 2013, en París, de 1,3 toneladas de cocaína en un avión de Air France proveniente de Caracas. El cargamento estaba repartido en 30 maletas que no pertenecían a ningún pasajero.

"En estos últimos años hemos visto un incremento alarmante del tráfico de droga en Venezuela —dijo Azócar Alcalá—. Las FARC están usando estados como Apure, Amazonas y Guárico para enviar cargamentos a Centroamérica, y de ahí salen para territorio estadounidense. No podrían haber montado el negocio que montaron sin grandes aliados dentro de las Fuerzas Armadas y del gobierno".


Diego Rastrojo Perez Henao, al momento de su detención

El Cartel de los Soles

Las evidencias de la participación de militares venezolanos de distinto rango en el negocio de la droga son tan contundentes que desde hace tiempo se los identifica como miembros de una organización narcocriminal, el Cartel de los Soles.

"No es realmente un cartel, es una red de militares del régimen chavista. Comenzó como un grupo de oficiales corruptos dentro de la Guardia Nacional y se los llama Soles por las estrellas doradas que tienen sobre sus hombros, por el rango", precisó McDermott.

Es lógico que haya comenzado con la Guardia Nacional, ya que es la que tiene a su cargo el control de las fronteras. En el marco del avance sostenido de las Fuerzas Armadas en la estructura de poder del Estado chavista, también los militares ganaron presencia en las regiones limítrofes del país.

"Estos generales no son producto de una acción independiente. Esto se manejó desde los más altos niveles. Venezuela daba pasaportes a líderes de las FARC. Estamos hablando de operaciones que requieren de un gran aparataje burocrático", aseguró Roig.

Entre 2011 y 2012, en consonancia con la enfermedad de Chávez y su posterior muerte, empezaron a caer en Venezuela muchos narcotraficantes. El primero fue Maximiliano Bonilla Orozco, alias "Valenciano", que en noviembre de 2011 era el narco más buscado de Colombia. Después le tocó a Diego "Rastrojo" Pérez Henao, líder de los poderosos Rastrojos, capturado en una finca en Barinas en junio de 2012. El último fue Daniel "El Loco" Barrera, referente máximo de las llamadas "Bacrim" (Bandas Criminales), que fue capturado en septiembre del mismo año.

Es muy sugerente que todos los principales capos colombianos hayan sido atrapados en Venezuela. Es evidente que si todos estaban en la República Bolivariana es porque tenían más libertades para moverse que en su propio país, y porque gran parte de su negocio se jugaba allí. El interrogante es por qué cayeron en un período tan corto, y por qué no volvió a caer ningún otro líder de esa envergadura.

"Eso marca para nosotros un cambio, porque desde las caídas de Barrera y Rastrojo no hemos visto capos colombianos arrestados en Venezuela. Nosotros creemos que el Cartel de los Soles no sólo ayudó en sus capturas, sino que asumieron el control de algunos de estos negocios. Pasaron de facilitadores a narcotraficantes", concluyó McDermott.

Martinez inaugura Centro de Control de Área Resistencia

Ministro Martínez inauguró el Centro de Control de Área Resistencia tras su modernización para cooperar en la lucha contra el narcotráfico


El Ministro de Defensa, Julio Martínez, inauguró hoy las obras de modernización del Centro de Control de Área Resistencia, Chaco, que permitirá ampliar la cobertura del espacio aéreo en el corredor noroeste de nuestro país, en el marco de la lucha contra el narcotráfico que lleva adelante el Gobierno Nacional.



En su discurso, Martínez expresó que por instrucción del Presidente de la Nación la lucha contra el tráfico ilegal de drogas es uno de los principales ejes de esta gestión.
"Se logró aumentar las horas de trabajo de los radares, permitiendo así cubrir distintos horarios” que anteriormente no estaban contemplados, agregó el ministro, quien detalló que a tal fin también se desplegaron aviones Tucano pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina.
El titular de la cartera de Defensa aseguró al respecto que este incremento en los controles arrojó “resultados muy positivos” que se ven reflejados en "la disminución del Tránsito Aéreo Ilegal (TAI)”.
“Creemos que esta mejora -continuó Martínez- se incrementará a partir de las importantes inversiones que estamos realizando en modernización e instalación de nuevos radares y en la adquisición de mayor equipamiento”.



Acompañado por el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, y el titular de la Fuerza Aérea, Brigadier Mayor VGM Víctor Amrein, el ministro mencionó la reciente repotenciación del radar AN-TPS-43 desplegado en la ciudad Chaqueña de Roque Saenz Peña, que fue actualizado por la empresa INVAP.
El nuevo sistema instalado para el control de toda la región noroeste de nuestro país (Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y norte de Santa Fe) significa un salto tecnológico, ya que ofrece una mejor calidad de servicio y la ampliación de los márgenes de seguridad operacional.

Marines mexicanos capturan al Chapo (video)

Operación Cisne Negro: La captura del Chapo Guzmán



El periodista Carlos Loret de Mola ha presentado esta mañana en su noticiario en Televisa imágenes en exclusiva del operativo de captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Las imágenes, cedidas por el periodista a EL PAÍS, fueron grabadas con una cámara instalada en el casco de uno de los soldados de la Marina que llevaron a cabo la acción. El vídeo, de 15 minutos, muestra la entrada del comando militar a la vivienda donde se escondía el narco con sus guardaespaldas en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Guzmán logró escabullirse por un túnel conectado al drenaje público y fue capturado posteriormente en otro punto de Los Mochis cuando intentaba huir en coche con su jefe de seguridad Iván Gastélum. Las imágenes del asalto a la casa son un continuo intercambio de fuego de alto calibre entre los marinos y los sicarios del cártel.

Fortín II combatiendo a las tropas de Aníbal Fernández

Prosigue la Operación Fortalecimiento de Fortín II

Con la visita del nuevo Jefe del Ejército, las Grandes Unidades de Combate expusieron su despliegue en el marco del Operativo de Fortalecimiento de Fortín II, como apoyo a las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el narcotráfico. La Brigada de Monte III presentó a los Equipos de Combate Chaco (con presencia en Puerto Bermejo y Las Palmas) y Formosa (Las Lomitas, Misión Tacaaglé y Posta Cambio Zalazar), mientras que la Brigada de Monte XII recibió al general Cundom en Posadas, Corpus y Eldorado. Además, pudo verse la presencia de un Centro Troncalizador de Comunicaciones Móvil de la Compañía de Comunicaciones 601.

Fuente y foto: EA

Infantes de marina mexicanos persiguen al Chapo

Los cazadores que teme El Chapo
La Armada mexicana detuvo al capo en 2014 y es otra vez su gran amenaza tras fugarse
EL PAÍS visita la celda de la que escapó El Chapo Guzmán
PABLO DE LLANO - El País


Un marino vigila una casa del Chapo en Culiacán tras su fuga. / REUTERS

En Sinaloa se conoce el pulso fiestero de los hijos del Chapo Guzmán, Iván Archivaldo y Alfredo, pero desde la detención de su padre en 2014 las bacanales son a puerta cerrada. "Siempre se están cuidando de los marinos", dicen. Desde que los cuerpos especiales de la Armada cazaron al Chapo el año pasado, en la cúpula sinaloense tienen migrañas con ellos. Bien compenetrada con la inteligencia estadounidense la Marina es de nuevo la gran amenaza para Guzmán tras su fuga.

Las pisadas de los marinos resuenan en la sierra donde nacieron el cartel y El Chapo. Aunque allí nadie piensa que el capo haya corrido a refugiarse en su feudo, pues por lógica sería el primer sitio donde buscarlo y él se mueve a contrapié de la lógica, las acciones de la Armada en la montaña se suceden para golpear a sus líderes. Uno de sus objetivos es Rafael Caro Quintero, escondido desde que la justicia mexicana le concedió la libertad y Estados Unidos exigió de inmediato su recaptura.

Hace dos semanas los marinos sitiaron una aldea en un operación de asalto con dos helicópteros y una veintena de furgones. Según testimonios locales retuvieron durante horas a los vecinos. "No nos vamos a ir hasta que nos llevemos a Caro Quintero", les dijeron. Mario Valenzuela, alcalde del municipio serrano de Badiraguato, cuenta que en 2014 los marinos hicieron otra acometida tras la pista de Caro que los nativos bautizaron "Operación Rambo", y afirma que ha recibido denuncias de abusos de los soldados, desde agresiones gratuitas a robar "80.000 pesos [5.000 dólares] de la venta de un becerro".

El pistoletazo de salida de la lucha de la Marina contra los sinaloenses fue en 2009 la muerte en un operativo de Arturo Beltrán Leyva, familiar del Chapo escindido del cartel. En 2014 detuvieron en Sinaloa a José Juan Esparragoza Jiménez y a Ismael Zambada Imperial alias El Mayito Gordo, hijos de Esparragoza El Azul y El Mayo Zambada, los lugartenientes de Guzmán. En junio pasado los marinos arrestaron en un rancho de la sierra a Genaro El Gringo Payán e intentaron capturar supuestamente a Héctor Román El Pinto, de quien ni siquiera existen fotografía oficial ni anuncio de se busca.

En busca del capo el Ejército ha puesto sus primeros retenes en la entrada a la sierra y la Policía Federal ha consignado 10.000 agentes para rastrearlo

Una de las fortalezas de la Marina es su compenetración con la inteligencia de Estados Unidos, forjada durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012) en el que el presidente mexicano optó por romper los recelos de sus fuerzas armadas a colaborar con el vecino y le pidió a George W. Bush que le ayudase en su guerra contra el narco: "I need you on board" –"Te necesito abordo"– le dijo en una reunión en el Despacho Oval citada en el libro Narcoleaks del periodista Wilbert Torre. En la sierra dicen que en las acciones de la Armada han visto a individuos rubios que hablan "mocho" el español.

La operación de caza del Chapo Guzmán ha vuelto a empezar. El Ejército ha puesto sus primeros retenes en la entrada a la sierra y la Policía Federal ha consignado 10.000 agentes para rastrearlo por todo México en carreteras, hoteles, hospitales, aviones privados y hasta funerarias. Pero es más probable que caiga por un soplo mágico que destapando ataúdes. Las labores de inteligencia serán de nuevo la clave y la Armada y sus socios de español "mocho" parecen los más preparados. Con el Gobierno humillado por la fuga del capo y necesitado de volver a encerrarlo, el tiempo corre marcado por un antecedente poco alentador: la última vez, tardaron 13 años en encontrarlo.

Honduras tiene su ley de derribo

Honduras podrá derribar avionetas para combatir al narcotráfico
El Congreso del país centroamericano autoriza al Ejército a disparar contra aeronaves civiles sospechosas
JOSÉ MELÉNDEZ San José (Costa Rica)


Un soldado del ejército de Honduras, en enero de 2014 / ORLANDO SIERRA  (AFP)

El combate al contrabando aéreo de cocaína de Colombia y Venezuela hacia México y Estados Unidos por rutas del Caribe sufrirá una trascendental modificación: el Congreso de Honduras aprobó una ley que, más allá de compromisos aeronáuticos internacionales asumidos desde 1947 por el Estado hondureño, autoriza al ejército de ese país a derribar aeronaves que, sin importar que sean civiles, entren al rango de sospechosas de participar en las masivas operaciones de tráfico de drogas.

Cargadas de cocaína, numerosas avionetas civiles pequeñas despegan casi a diario de puntos clandestinos de tierras colombianas y venezonalas,cerca del Caribe, y se dirigen a norteamérica en un recorrido con escala nocturna y de madrugada en sitios remotos de la conflictiva región oriental caribeña de Honduras, convertida en una base clave de las narcomafias mexicanas y colombianas en alianza con poderosas redes locales. Para eludir los controles policiales y militares, las aeronaves vuelan a baja altura, se acercan a las costas del Caribe de Centroamérica y, en muchas ocasiones, aterrizan en Panamá y Costa Rica para entregar droga y reabastecerse de combustible.

Pero el escenario empieza a cambiar. El Congreso de Honduras aprobó en enero pasado la Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo, que faculta a las autoridades de la Fuerza Aérea Hondureña—una de las ramas insignes de la institución castrense de ese país—a atacar las avionetas sobre las que se tengan indicios ciertos de que están traficando drogas.

Los diputados hondureños evaluaron inicialmente imponer una restricción aérea de 12 horas—de las 18.00 a las 06.00—y solo en algunos de los departamentos con mayor movimiento del narcotráfico. No obstante, los legisladores decidieron que el gubernamental Consejo de Defensa y Seguridad tendrá atribuciones para definir las zonas de exclusión y los horarios, a sabiendas de que las operaciones de los carteles casi siempre son sorpresivas y sujetas a cambios.

La decisión, sin embargo, ha sido recibida con cautela por Estados Unidos, que en el segundo semestre de 2012 castigó a Honduras con la suspensión del suministro de informes de radar porque aviones militares hondureñas abatieron dos avionetas que presuntamente transportaban drogas sobre el mar Caribe y violaron un pacto que Tegucigalpa suscribió con Washington en 2004 para abstenerse de atacar aeroplanos sospechosos de narcotráfico.

“Nadie quiere ver derribados aviones o avionetas de inocentes”, advirtió el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Antinarcóticos y Seguridad, William Brownfield, durante una visita a Tegucigalpa el 11 y 12 de este mes. Venezuela derribó una avioneta mexicana en noviembre de 2013 en extrañas circunstancias y nunca quedó claro quién viajaba ahí ni si hubo víctimas. El país sudamericano y México vivieron un conflicto diplomático a raíz de este incidente.

“En otras palabras, nadie quiere errores en ese sentido. Esos son dos puntos de coincidencia bastante importantes” con las autoridades de Honduras, explicó.

Aparte de la nueva legislación, las Fuerzas Armadas de Honduras compraron dos radares a Israel que llegarán en los primeros días de marzo próximo. “Es una tecnología para poder detectar aparatos que sobrevuelan suelo hondureño”, informó el general Freddy Díaz, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armada, al explicar que un radar es de 50 millas de alcance y otro de 250.

De manera paralela, hay un plan para recuperar la flotilla aérea militar, que por décadas ha sido una de las más importantes de Centroamérica.

La ley fue aprobada pese a que Honduras es firmante del Convenio sobre Aviación Internacional y sus Anexos o Tratado de Chicago, suscrito el 7 de diciembre de 1944 y en vigencia desde el 4 de abril de 1947. Los congresistas hondureños hallaron trillos legales en el Convenio, que impone reglas aeronáuticas aunque reconoce la potestad de los estados a que, por interés militar y seguridad nacional, limiten y prohíban los movimientos aéreos en su territorio y bajo diversas excepciones internacionales.

La ley define un protocolo para indagar, interceptar, persuadir y neutralizar a las aeronaves que eludan registrarse mediante vías fijadas por mecanismos internos y externos de navegación al ingresar al espacio aéreo hondureño.

Zonas sensibles

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras ha informado que las zonas más sensibles con el narcotráfico son el oriental y caribeño departamento de Gracias a Dios y la parte insular del Caribe. El contrabando de drogas tiene un efecto dominó en la violencia en ese país, hundido en una crisis de inseguridad que exhibe cifras que oscilan de 85 a 92 asesinatos por cada 100 mil personas que le confirman como una de las naciones con las mayores tasas mundiales de homicidios.

Honduras ha destruido 90 campos clandestinos de aviación desde 2012, cuando comenzó a dinamitar pistas del narcotráfico en Gracias a Dios y en otros departamentos del Caribe, como Atlántida, Colón y Cortés, y en algunos alejados de regiones litorales, como Yoro, El Paraíso y Olancho. De 2003 a 2012, cuatro naves procedentes de Colombia y Venezuela fueron derribadas en Honduras, tres por el ejército y una por la DEA, agencia antidroga estadounidense.

En su visita a Honduras, Brownfield aclaró “hay mucho menos tránsito aéreo de droga ilícita por Honduras hoy que hace dos o tres años, pero el problema no ha desaparecido”.

En la actualidad, aseguró, hay “una reducción de más del 80%” de vuelos de naves del narcotráfico sobre el espacio aéreo de Honduras. “La entrada del producto por mar es un problema mayor y eso hasta cierto punto es el desafío para los gobiernos hondureño y estadounidense para atacar durante el año 2014”, explicó.

No obstante, el periódico La Prensa, uno de los principales de Honduras, reveló a principios de este mes, basado en “fuentes de Inteligencia”, que “de 2011 a la fecha el tráfico ilegal de drogas por aire aumentó significativamente” por los cielos hondureños “en un promedio de 114 y 120 vuelos anuales. En base a esos datos se estima que el 89% de las narco--avionetas que proceden de Suramérica violaron el espacio aéreo y la soberanía hondureña”.

El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, acuartelado en Florida, ha revelado que cerca de 900 toneladas de cocaína pasan al año por Centroamérica por la ruta caribeña y cerca del 80% se trafica por Honduras hacia México y Estados Unidos.

Estados Unidos mantiene desde 1983 en Honduras la base aérea de Palmerola, en el sector central de territorio hondureño, y la preserva como su principal instalación militar en Centroamérica, por lo que es crucial para sus operaciones de combate al narcotráfico.

El País

Las autodefensas de Michoacán no son delincuentes

“Las autodefensas de Michoacán no son un grupo de delincuentes”

• El hombre designado por Peña Nieto para resolver la crisis en el suroeste de México afirma que el objetivo inmediato es "asfixiar económicamente" al cartel de Los Caballeros Templarios

El País


En el ambiente podrido que reina ahora en Michoacán, donde nadie confía en nadie, y donde todos se acusan de todo, el comisionado gubernamental Alfredo Castillo Cervantes (México, 1975) enarbola un discurso de confianza. Abogado de profesión, policía de oficio y deportista apasionado, el enviado del presidente Enrique Peña Nieto mete las manos al fuego por sus 200 hombres, pero también defiende la legitimidad de las autodefensas, vistos por parte de la prensa de este país como paramilitares o criminales disfrazados de justicieros que desfondarán al Estado mexicano si este insiste en negociar con ellos. Para Castillo, en cambio, la paz en esta región pasa por lograr que las autodefensas confíen en él y en su equipo.

Vestido con camisa de lino de manga corta y zapatos cómodos, Castillo soporta de buen ánimo el calor del mediodía en la Tierra Caliente, región que no conoce el invierno y cuna del levantamiento de las autodefensas, ciudadanos que hace un año decidieron tomarse la justicia por su mano contra narcotraficantes y extorsionadores.

Son las tres de la tarde del pasado jueves y Castillo va saliendo de una larga reunión con líderes de las autodefensas. Saluda, como es habitual en él, con un “qué pasó, mi rey”. “Mi rey”, o “papá”, es como llama a casi todos este aficionado al tenis y racquet. Incluso llama así a las autodefensas, dice uno de sus colaboradores.

“Lo más importante que ellos [las autodefensas] tienen no es un arma, su mejor arma es la información”
El cónclave se realiza en los cuarteles de la 43ª Zona Militar. El dato no es menor. En la instalación castrense están líderes de un movimiento que usa armas reservadas a las fuerzas de seguridad oficiales. Tan solo la posesión de ese armamento constituye un delito grave que se paga con cárcel. A pesar de ello, las autodefensas están en la misma mesa con policías federales, el fiscal del Estado, otros encargados de la seguridad y, por supuesto, con el comandante militar de la región, el general Miguel Ángel Patiño. Pero, por el momento, el Gobierno no pretende desarmar a las autodefensas.

Nombrado el 15 de enero por Peña Nieto como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que en la práctica quiere decir que manda más que el gobernador michoacano Fausto Vallejo, Castillo explica en entrevista que cree que en 15 días contará con la plena confianza de las autodefensas. Con eso en la bolsa, los siguientes pasos de la estrategia para la paz son desactivar en la población “el chip de la extorsión”, asfixiar las finanzas de los criminales y hacer que los programas gubernamentales, que han funcionado mal durante demasiados años y de cuyos fondos se han beneficiado los criminales, ahora sí operen con eficacia. Más aún cuando el Gobierno federal ha anunciado esta semana un presupuesto extra de 3.400 millones de dólares (2.495 millones de euros) para ese Estado del oeste de México.

Y todo lo anterior lo tiene que hacer Castillo, al tiempo que se le cuestiona, porque las autodefensas continúan su avance regional. Tan solo la víspera de la entrevista con EL PAÍS, los alzados habían tomado el municipio de Gabriel Zamora, y dos días después de la charla llegarían, desarmados, a Apatzingán, la principal población de la zona de Tierra Caliente, y bastión de los Templarios, cartel criminal contra el que las autodefensas se levantaron el 24 de febrero del año pasado.


Alfredo Castillo atiende a medios de comunicación tras el anuncio del nuevo hospital de Apatzingán. / R. V.
El primer punto de la estrategia anunciada por el presidente Peña Nieto para Michoacán implica el control territorial. Miembros del Ejército y de la Marina, así como policías federales, ya ocupan 27 de los municipios del Estado. Ahora, Castillo quiere que la población le ayude a “judicializar” ese control territorial y abrir procesos para capturar a los criminales.

“Lo más importante que ellos [las autodefensas] tienen no es un arma, su mejor arma es la información. El esfuerzo que estamos realizando es para que nos platiquen, para que nos den información. Es información a cambio de seguridad para ellos”, dice.

Castillo explica que las autodefensas tendrán que convertirse en guardias rurales, una figura jurídica del siglo XIX desempolvada por este Gobierno, y que podrían participar en el control de entradas y salidas de puntos estratégicos de las poblaciones desde donde los Templarios gobernaban su reino de terror. Así, con la colaboración de esos guardias, las fuerzas federales podrán detectar a los presuntos delincuentes.

Las autodefensas van a recibir capacitación y adiestramiento, pero antes deben empadronarse y declarar sus armas. “Ellos son los primeros que quieren el registro y el control para que no se les meta gente. Ellos lo están pidiendo, quieren diferenciarse, y quieren que sea la autoridad la que diga quién sí y quién no puede estar en las guardias comunitarias para no tener que confrontarse”.

Se le cuestiona que al negociar con las autodefensas se ha entregado a quienes pudieran ser enemigos del Estado. De hecho, un día después de la entrevista se revelará que un personaje acusado de narcotraficante estuvo en una reunión de Castillo y autodefensas el miércoles pasado.

“La gente de Tierra Caliente no está maleada. No dijo: ‘que no venga el Gobierno’. De hecho dijo: ‘¡que venga el Gobierno!’. Y el Gobierno durante mucho tiempo no acudió al llamado”.

— ¿Tiene confianza en que representan intereses legítimos?

— Los líderes, totalmente. Mira, en las reuniones nos piden rellenos sanitarios, computadoras, procesadoras de limón, una escuela secundaria, cuatro doctores… No creo que sean demandas de una organización que representa peligro. Si fueran un grupo delincuencial no firmarían un acuerdo, no lo habrían hecho tan rápido [ocurrió el 27 de enero], tendrían demandas inviables y no estarían sentándose a discutir temas de desarrollo integral, de agenda social. En cuanto a las armas, hay que distinguir zonas urbanas de zonas rurales, en estas la gente desde hace mucho ha estado armada, para proteger sus fincas, para proteger su ganado, para protegerse de animales. No es que anden con esas armas en centros comerciales, como algunos creen. Para ellos es cosa de su cotidianidad.

— Pero en el campo mexicano se veían escopetas y pistolas, no armas de asalto y menos tantas.

— Habrá que hacer el registro y el intercambio, en su momento. Ahora lo que importa es hacer el registro para controlar, para saber, si se llega a cometer un crimen, qué arma fue.

— ¿Las autodefensas van a entregar las armas que no sean de calibres reglamentarios?

— Sí, llegaremos a ese punto al final.

— ¿No está durmiendo con el enemigo?

— Por supuesto que no. Los últimos 10 años he estado relacionado con el trato con delincuentes, aprendes a distinguir quién es un delincuente y quién actuó en una circunstancia.

Sobre los Templarios, el comisionado cree que es necesario asfixiarlos económicamente. Eso se debe lograr para empezar con una ley de extinción de dominio, que hace a los delincuentes perder las propiedades en las que operan. Además habrá que “revisar todas las concesiones de las minas” en Michoacán para cerciorarse de que no están en manos de Templarios; y controlar las exportaciones desde el puerto de Lázaro Cárdenas. “Y lograr que los presidentes municipales y las empresas no paguen” extorsiones. “Que si alguien recibe un intento de extorsión puedan decir ‘no pago’, porque saben que dada nuestra presencia los criminales tendrían muy difícil” las represalias.

Castillo llegó a esta misión acompañado de 200 colaboradores. Uno de ellos es el nuevo fiscal del Estado, otro el nuevo encargado de la policía, otros más los fiscales regionales. Peña Nieto ha ordenado además que cada ministerio ponga a disposición del comisionado un funcionario de alto nivel para las labores de reconstrucción institucional y de desarrollo. “No creo que se vea esto en muchos lados del país, es una oportunidad única”, dice Castillo sobre esa colaboración. “No puedes solucionar un problema a través de la violencia. Y lo más importante es no tener violencia, y no hemos tenido. Eso tiene un valor inmenso”.

Michoacán: La gente toma el rol de una policía corrupta por los narcos

La justicia, otra víctima de la violencia en Michoacán
La impunidad y el fracaso en la depuración de policías han ahondado la crisis de seguridad del Estado mexicano



Un miembro de las autodefensas, en una trinchera en Antúnez. / U. RUIZ BASURTO (EFE)

Gustavo Reyes fue lapidado en septiembre de 2010. Su cuerpo fue encontrado en un camino rural de Uruapan, Michoacán (al suroeste de México) junto con el de Rafael Equihua. Ellos eran las autoridades interinas del municipio de Tancítaro. Gustavo era un profesor de artes marciales que asumió el cargo cuando el presidente municipal y el resto del cabildo electo renunciaron a su cargo por las amenazas del cártel de La Familia Michoacana. Los suplentes de los regidores declinaron tomar posesión del cargo. Fue Gustavo, un ciudadano de a pie poseído por una idea de que las cosas podrían mejorar, el único dispuesto a no dejar sin autoridades a este municipio de 26.000 habitantes enclavado en la región de la Tierra Caliente. El de Tancítaro es uno de los seis alcaldes asesinados en Michoacán desde 2008. La lista incluye también a María de los Santos Gorrostieta, presidenta municipal de Tiquicheo, que murió después de haber sobrevivido a dos atentados perpetrados por el narcotráfico. Ninguno de los seis homicidios ha sido resuelto por las autoridades.

Se han cumplido diez días desde que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto irrumpió en el Estado de Michoacán (de más de cuatro millones de habitantes) para tratar de controlar una crisis de inseguridad provocada por la pugna entre narcotraficantes y grupos de civiles armados que se denominan autodefensas. Desde ese entonces se han detenido a más de 100 supuestos criminales, la gran mayoría, 83, son integrantes del cártel Los Caballeros Templarios. Alfredo Castillo, comisionado para Michoacán, comienza a darse cuenta de que más allá de un deterioro momentáneo en la seguridad púbica se enfrenta a un verdadero vacío que han dejado las instituciones del Estado. Esta semana, al tomar las riendas de la policía y la Procuraduría (Fiscalía) se ha encontrado, según relata el periódico Reforma “que no había expedientes…las denuncias ciudadanas no eran mecanografiadas… una aprehensión era inimaginable”.

Otros cuatro alcaldes de localidades de Tierra Caliente tuvieron que despachar parte de 2013 a salto de mata. Huyeron de sus localidades ante amenazas de grupos de autodefensas o de la delincuencia organizada. El alcalde de Buenavista Tomatlán había señalado en febrero pasado que no existían condiciones de seguridad para desempeñar su cargo. El de Tepalcatepec estuvo ausente de su municipio por tres meses. Su oficina estaba tomada por civiles armados. Esto también sucedió en Aquila y Aguililla.

El ejército ha retirado más de 2.000 armas a policías municipales de Michoacán. Esta es una muestra de desconfianza en las corporaciones encargadas de proporcionar la seguridad en los municipios. El desarme no solo lo han realizado los soldados, también las autodefensas han quitado sus pistolas a los policías de Parácuaro.

En octubre de 2013 se cumplió el plazo impuesto por el Gobierno del expresidente Felipe Calderón para que los Estados limpiaran sus cuerpos policiales mediante los exámenes de control de confianza. Michoacán, contrario a lo que se podría pensar, no se encuentra dentro de los casos más desastrosos pero tampoco ha sido un alumno aventajado en la materia. Es el número 12 (de 32) a nivel nacional. Las autoridades sometieron a las pruebas a 10.206 policías estatales, ministeriales y municipales entre 2010 y noviembre de 2013. Únicamente aprobaron 5.976 agentes. El resto, 4.230, suspendió. No quiere decir que los más de cuatro mil policías pertenezcan al crimen organizado, sino que están incapacitados por temas de salud o mentales para hacer su trabajo. El Gobierno no ha revelado cuántos agentes han sido dados de baja por colaborar con los narcotraficantes.

El lento avance del Gobierno del Estado en las pruebas de control de confianza ha tratado de ser subsanado por el Gobierno Federal. En la administración de Enrique Peña Nieto el ejército ha desarmado a policías de cuatro municipios. En el puerto de Lázaro Cárdenas los 156 agentes, la totalidad de la fuerza municipal, fueron llevados a capacitarse. Esto también sucedió en Vista Hermosa, Apatzingán y Uruapan, que hoy siguen siendo focos rojos en la región de Tierra Caliente.

El País

Derecho a la autodefensa: Michoacán en armas contra los narcos y el EM

La autorganización y defensa del pueblo de Michoacán contra el narcoterrorismo y la ineficiencia del gobierno

México: Autodefensas combaten a los narcos en Michoacán

Cuando un pueblo dice ¡Basta!

Fuerzas de Autodefensa irrumpen en una casa donde se ocultaban miembros de los "Caballeros Templarios"

Por Rubén Durán

En los últimos siete meses, México ha sido testigo de un nuevo fenómeno que podría tener repercusiones institucionales, sociales y políticas impensadas. Grupos de ciudadanos del Estado de Michoacán, organizados en Fuerzas de Autodefensa (conocidas también como Guardias de Autodefensa o Policías Comunitarias), están llevando adelante una ofensiva armada contra la banda de narcotraficantes "Los Caballeros Templarios", expulsándolos de importantes municipios donde habían impuesto un régimen de terror y saqueo.

Los crímenes de dicha organización criminal iban desde asesinatos hasta secuestros, pasando por la expulsión de hacendados y agricultores y el robo de sus tierras, además del cobro forzoso de "impuestos". Esta situación sembró el descontento y el hartazgo de las diferentes comunidades, que comenzaron a organizarse en grupos para poner fin, por medio de las armas, a los abusos de los narcos en aquel estado de la costa del Pacífico.

Los enfrentamientos entre los civiles armados y el crimen organizado vienen produciéndose desde hace casi un año, aunque fue durante estas últimas semanas que los mismos comenzaron a llamar la atención de la prensa internacional, por el progreso logrado por los comunitarios sobre los "Caballeros Templarios", haciendo un notorio despliegue de armas automáticas, chalecos antibalas, vehículos blindados y equipos de comunicación modernos.

En mayo de 2013, las fuerzas de autodefensa lograron recuperar Aquila, Coalcomán y Aguililla. El 27 de noviembre del año pasado, se expulsó a los narcos de Tancitaro y Acahuato; a principios de enero de 2014 les siguieron La Huacana, Churumucho y Paracuaro, y el 12 de este mes  se impusieron en territorio de Nueva Italia. En cada uno de esos sitios, se procedió a la detención de sicarios y cómplices de la organización criminal, además de la expropiación de las viviendas, vehículos, armas y joyas de los capos narcos, cuyo detalle era informado en audiencias públicas a los habitantes de las zonas liberadas.

También se procedió a la devolución de las tierras que habían sido robadas por los Templarios a sus dueños, como es el caso de las huertas de aguacate arrebatadas a 32 familias de Tancítaro, que fueron reintegradas en una ceremonia celebrada en la Plaza Cívica de la localidad, el pasado 15 de enero:

Ceremonia de devolución de huertas en Tancítaro (Foto: Juan Carlos Alarcón)

Las acciones de las fuerzas de Autodefensa provocaron la tardía reacción del gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que dispuso el envío a la zona de policías federales y tropas militares, a fin de que pongan fin a los enfrentamientos. Sin embargo, esta actitud ha sido con desconfianza por muchos habitantes del estado, que la ven como una medida para evitar que los narcotraficantes sigan perdiendo terreno.

Las órdenes iniciales de los uniformados incluyen el desarme de las Autodefensas, una misión que parece muy difícil de concretar, debido a que representantes de las mismas han manifestado que no dejarán las armas si no hay garantías de que las autoridades federales llevarán adelante una ofensiva final para erradicar definitivamente de Michoacán a los Caballeros Templarios y otras organizaciones narcos.

Efectivos de la Policía Federal Mexicana pasan por un puesto controlado por guardias de autodefensa. 

Video: Testimonio de un protagonista

Si bien existen distintos personajes que figuran como creadores, líderes o voceros de las Autodefensas, uno de sus principales referentes es el doctor José Manuel Mireles Valverde, un médico que dejó su profesión para convertirse en el coordinador de la Guardia Comunitaria de Tecalpatepec. Aquí se lo puede ver en una entrevista realizada a mediados del año pasado:



En un próximo post se informará sobre cuáles son las fuentes de financiamiento que permiten a las Fuerzas de Autodefensa de Michoacán disponer de las armas, equipos y entrenamiento necesarios para llevar adelante su guerra contra el narcoterrorismo..