Estocolmo, la primera capital europea donde se impone la sharia
La policía sueca pidió asistencia en 62 zonas de la ciudad que ya no controla y en la que la que se aplica ley islámica
Por George Chaya Infobae
La población musulmana domina barrios enteros de Estocolmo donde aplica la sharia.
Suecia está siendo desestabilizada por la inmigración de refugiados musulmanes. La policía pide ayuda y sólo es cuestión de tiempo para que el país necesite una intervención de sus fuerzas militares para evitar una catástrofe humanitaria.
Un informe del gobierno sueco que recoge el diario Sharq Al-Awsat, concluye que el número de áreas denominadas "zonas de alta peligrosidad" donde la aplicación de la sharia abiertamente en Estocolmo creció a 62 en el primer semestre de 2017 sobre las 55 censadas en diciembre de 2016. El aumento no sólo incluye el número en cantidad, sino también el tamaño geográfico de dichas áreas.
Dan Eliasson, comisionado de la Policía Nacional de Suecia, habló esta semana en la televisión nacional y pidió colaboración: "Ayúdenos", dijo, advirtiendo que las fuerzas policiales del país ya no pueden ingresar en dichas áreas para sostener la ley, y por lo tanto, considera pedir apoyo a todos los poderes del Estado.
Un experto en investigación sobre países desestabilizados y ganador 2011 de "la Orden de la Medalla de los Serafines de Suecia", Johan Patrick Engellau, quien ha trabajado con organismos supranacionales como Naciones Unidas y varias ONG europeas en materia de inmigración y refugiados, advirtió por carta a la Comisión de Seguridad Migratoria de la Unión Europea sobre la gravedad de la situación de Suecia: "Me temo que es el final de la Suecia organizada, decente e igualitaria que hemos conocido hasta ahora. Personalmente, no me sorprendería si se produjera un conflicto en forma de guerra civil. En algunos lugares del país, la guerra civil probablemente ya ha comenzado aunque la coalición de gobierno no parece haberse enterado", escribió Engellau.
El Canal de televisión 10 News informó recientemente cómo Suecia ha perdido grandes áreas a manos de grupos armados y religiosos descriptos como milicias islámicas. El jefe de la policía de Estocolmo, Lars Alversjo, declaró que "hay niveles de violencia como nunca se vio en el país y en varias zonas de Estocolmo que están quedando fuera de la esfera del estado". También observó que "el sistema jurídico, pilar en toda sociedad democrática, está colapsando en Suecia".
Magnus Ranstorp, profesor e investigador sobre terrorismo y radicalización islámica del Colegio Nacional Sueco de Defensa, declaró a la televisión que "en las zonas más peligrosas de la capital, grupos radicalizados de la comunidad islámica han tomado el poder en las calles y están implantando su propia ley. En esas áreas, el sentido de la justicia y la paz se ve amenazado por el hecho de que la policía se está desmoronando y todo empeoró desde principios de este año, Estocolmo y toda Suecia se encuentra en una situación desesperante", concluyó Ranstorp.
El Servicio de Seguridad Sueco (Säkerhetspolisen) advirtió que el país está siendo "infiltrado por cientos de islamistas que comparten la ideología del Estado islámico (ISIS)" y en muchos lugares los funcionarios públicos solicitan escolta policial o protección para desplazarse a sus oficinas. El servicio de seguridad advirtió que "unas 15.042 mujeres suecas han sufrido ataques sexuales durante el último año en zonas de la capital en que las autoridades admiten grandes áreas bajo la aplicación de la sharia (Ley) islámica".
La palabra que las autoridades suecas y los medios de comunicación utilizan para las "zonas prohibidas para los no musulmanes" y en las que se aconseja a los ciudadanos no transitar es Utenforskap, su significado define a las "áreas excluidas". En estas áreas, la ley sueca ha sido reemplazada por una mezcla de ley de pandillas de inmigrantes y por un código islámico conocido como sharia. Las bandas musulmanas armadas y los radicales islámicos están socavando la democracia sueca, sostuvo el Servicio de Seguridad Nacional en un reciente informe.
La única razón por la cual aun no se ha producido un conflicto armado a gran escala en Estocolmo, la capital de un país antes pacífico y seguro, probablemente se relaciona con que la alianza socialdemócrata-ecologista que gobierna Suecia pretende ignorar la gravedad de la situación y no está presentando ninguna resistencia real contra los islamistas, declaró Magnus Ranstorp.
Incluso si el gobierno sueco decide enfrentar estas bandas criminales islamistas, Suecia no tiene la capacidad necesaria para revertir esta situación, su seguridad y fuerzas policiales han sido rebasadas. El 70 % de los agentes del orden del país están considerando dejar sus empleos en lo que configura una clara señal de que la fuerza policial está completamente desmoralizada. Los militares en este país tradicionalmente pacifista se reducen a casi nada, y no hay dinero para arreglar semejante problema, declaró Johan Patrick Engellau.
Engellau agregó que "el gobierno no parece entender que ha perdido el control". Hay un punto en el que ya no se puede detener el desarrollo de una situación. No sé si Suecia ha llegado a ese punto por las consecuencias de la inmigración descontrolada, pero me temo que estamos ante un momento de desenlace trágico. El momento es tan grave que incluso si tomáramos una acción clara y poderosa que incluya detener la inmigración y la política del multiculturalismo, no sé si podríamos salvar a Suecia".
Lo cierto es que la élite política de Suecia está lejos de tomar una acción tan decisiva, ya que ni siquiera ha comenzado a hablar abiertamente sobre estos problemas. Sin embargo, el país pronto necesitará de la ayuda internacional. El pedido de ayuda del jefe de policía Dan Eliasson se dirigió solamente a los estamentos políticos dentro de Suecia, pero muy pronto la comunidad internacional tendrá que intervenir si se quiere evitar una catástrofe social, civil y humanitaria, concluyó Engellau.
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martes, 4 de julio de 2017
miércoles, 17 de septiembre de 2014
Los ateos no entran a la USAF
EE.UU.: ¿Puede un militar ser excluido de la Fuerza Aérea por ateo?
Después que la Fuerza Aérea norteamericana anulara la petición de re-enlistado a un sargento que se negó a jurar por Dios, surgió la discusión ante una aparente violación constitucional. Por el momento, la institución ha solicitado una opinión legal al Departamento de Defensa para resolver la situación del ciudadano, cuyo servicio expiraría en noviembre.
La modificación del discurso reglamentario para el juramento de militares propicia una contradicción con la Constitución americana. De no resolverse el caso hasta noviembre, el sargento podría perder su puesto en la Fuerza Aérea.
El ateísmo de un sargento de la Fuerza Aérea estadounidense viene causando un fuerte debate en la jurisdicción federal del Estado de Nevada. Precisamente, una carta de la Asociación Humanista Americana –oficina que brinda asesoría legal a personas discriminadas por su religión o credo – dio a conocer el caso de un servidor militar que podría ser excluido arbitrariamente por negarse a nombrar a Dios en su juramento de re-enlistado.
El ciudadano, quien ostenta el grado de sargento, se dedica a una carrera especializada en la Fuerza Aérea con base en Indian Springs. Fue en agosto pasado que solicitó su retorno al servicio activo en esta institución. Pese a la normalidad del trámite, su juramento fue denegado a último momento después de que el militar omitiera la frase final ‘So help me God’ (‘Juro por Dios’, como traducción más específica) tanto en el discurso como en el texto que exige el protocolo.
Esta situación se presenta tras el efecto de la Instrucción 36-2606, cuyo Art. 5.6 establece los lineamientos sobre el discurso de juramento en la milicia americana. Si bien desde 1962 la frase religiosa no era obligatoriamente requerida, fue el 2013 cuando este aspecto sufrió una modificación que suprimió el carácter facultativo de pronunciarla. Es por este motivo, que el efectivo militar podría perder su puesto en la entidad gubernamental, dado que su servicio caduca en noviembre próximo.
Sin embargo, y como lo afirma la Primera Enmienda de la Carta Magna de ese país, el gobierno tiene prohibido difundir preferencias de una religión sobre otra, así como limitar la fe a través de normas vejatorias a su práctica, principio que establece una obvia contradicción con la Ley que reglamenta las palabras que debe emitir un efectivo militar al momento de jurar por su cargo.
De otro modo, es probable que el caso pase a ser tratado en la Corte Suprema. Si se completara esa figura, no sería la primera vez que esta alta instancia judicial norteamericana revisa casos de esta naturaleza. Uno de los más emblemáticos fue el de Torcaso v. Watkins, cuyo fondo es muy parecido al del sargento anónimo.
En este caso de 1961, el ciudadano Roy Torcaso fue impedido de asumir el cargo público de notario tras negarse a utilizar la frase ‘So help me God’ de los documentos correspondientes a su nombramiento. Fue entonces que el agraviado elevó una demanda ante la Corte del Estado de Maryland, la misma que fue rechazada, ya que esa jurisdicción exigía la juramentación con la frase religiosa. Ante la negativa, el agraviado recurrió a la Corte Suprema en contra del gobierno de Maryland, situación que devino en el fallo a su favor, fundamentando que un impedimento de contrato por razones de credo resultaba inconstitucional.
De hecho, Maryland no es el único Estado que hasta hoy mantiene su propia cláusula de obligatoriedad a aseverar la existencia de un ser supremo en relación al contrato o nombramiento de un funcionario o trabajador público. Esta norma también tiene versiones similares en Carolina del Sur, Arkansas, Pennsylvania, Carolina del Norte, Tennessee y Texas.
La Ley
Después que la Fuerza Aérea norteamericana anulara la petición de re-enlistado a un sargento que se negó a jurar por Dios, surgió la discusión ante una aparente violación constitucional. Por el momento, la institución ha solicitado una opinión legal al Departamento de Defensa para resolver la situación del ciudadano, cuyo servicio expiraría en noviembre.
La modificación del discurso reglamentario para el juramento de militares propicia una contradicción con la Constitución americana. De no resolverse el caso hasta noviembre, el sargento podría perder su puesto en la Fuerza Aérea.
El ateísmo de un sargento de la Fuerza Aérea estadounidense viene causando un fuerte debate en la jurisdicción federal del Estado de Nevada. Precisamente, una carta de la Asociación Humanista Americana –oficina que brinda asesoría legal a personas discriminadas por su religión o credo – dio a conocer el caso de un servidor militar que podría ser excluido arbitrariamente por negarse a nombrar a Dios en su juramento de re-enlistado.
El ciudadano, quien ostenta el grado de sargento, se dedica a una carrera especializada en la Fuerza Aérea con base en Indian Springs. Fue en agosto pasado que solicitó su retorno al servicio activo en esta institución. Pese a la normalidad del trámite, su juramento fue denegado a último momento después de que el militar omitiera la frase final ‘So help me God’ (‘Juro por Dios’, como traducción más específica) tanto en el discurso como en el texto que exige el protocolo.
Esta situación se presenta tras el efecto de la Instrucción 36-2606, cuyo Art. 5.6 establece los lineamientos sobre el discurso de juramento en la milicia americana. Si bien desde 1962 la frase religiosa no era obligatoriamente requerida, fue el 2013 cuando este aspecto sufrió una modificación que suprimió el carácter facultativo de pronunciarla. Es por este motivo, que el efectivo militar podría perder su puesto en la entidad gubernamental, dado que su servicio caduca en noviembre próximo.
Sin embargo, y como lo afirma la Primera Enmienda de la Carta Magna de ese país, el gobierno tiene prohibido difundir preferencias de una religión sobre otra, así como limitar la fe a través de normas vejatorias a su práctica, principio que establece una obvia contradicción con la Ley que reglamenta las palabras que debe emitir un efectivo militar al momento de jurar por su cargo.
Departamento de Defensa revisará el caso
En respuesta al informe de la Asociación Humanista Americana, la Fuerza Aérea informó que la queja será enviada al Departamento de Defensa Nacional, titular de todas las instituciones militares de seguridad en el país. Pese a que el informe será observado, quien debe proponer la modificación de la norma de instrucción para el enlistado de efectivos militares es el Congreso nacional.De otro modo, es probable que el caso pase a ser tratado en la Corte Suprema. Si se completara esa figura, no sería la primera vez que esta alta instancia judicial norteamericana revisa casos de esta naturaleza. Uno de los más emblemáticos fue el de Torcaso v. Watkins, cuyo fondo es muy parecido al del sargento anónimo.
En este caso de 1961, el ciudadano Roy Torcaso fue impedido de asumir el cargo público de notario tras negarse a utilizar la frase ‘So help me God’ de los documentos correspondientes a su nombramiento. Fue entonces que el agraviado elevó una demanda ante la Corte del Estado de Maryland, la misma que fue rechazada, ya que esa jurisdicción exigía la juramentación con la frase religiosa. Ante la negativa, el agraviado recurrió a la Corte Suprema en contra del gobierno de Maryland, situación que devino en el fallo a su favor, fundamentando que un impedimento de contrato por razones de credo resultaba inconstitucional.
Libertad religiosa vs. regulación federal
Esta aparente confusión podría deberse a las cláusulas normativas que establecen los diferentes Estados bajo criterio autónomo. En el Art. VI de la Constitución de Estados Unidos, se hace mención de la no religious test clause (principio de no requerimiento de manifestar religión) para los juramentos o afirmaciones formales dentro de las entidades públicas o gubernamentales. Sin embargo, este principio no es impositivo, y es por eso que algunos Estados de esa nación no lo siguen.De hecho, Maryland no es el único Estado que hasta hoy mantiene su propia cláusula de obligatoriedad a aseverar la existencia de un ser supremo en relación al contrato o nombramiento de un funcionario o trabajador público. Esta norma también tiene versiones similares en Carolina del Sur, Arkansas, Pennsylvania, Carolina del Norte, Tennessee y Texas.
La Ley
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