El académico extranjero que más sabe sobre historia argentina analizó la relación cívico-militar del país y su presente institucional. Crítico de la actual política de derechos humanos, reclama una revisión total del pasado y afirma que todavía se desconfía de todo aquel que lleve uniforme. Por Juan Ignacio Cánepa (especial para DEF desde Amherst, Massachusetts).
A sus 89 años, el historiador norteamericano especializado en Argentina, Robert Potash, no ha perdido ni un atisbo de lucidez. Ya retirado pero dueño de una memoria prodigiosa, recibió a DEF en el edificio del Centro de Estudiantes de la Universidad de Massachusetts (UMASS), en la pequeña ciudad de Amherst. Por la ventana, se alcanza a ver la imponente biblioteca de veintiséis pisos que corona la universidad. Allí se encuentra el archivo de historia argentina más importante de los EEUU, fruto de años de trabajo del profesor.
Su interés por nuestro país nació desde muy temprano en su carrera. Potash recordó que ya durante sus años de estudiante en Harvard se acercó a la historia argentina, dedicándole su tesis de grado a la temática. Pero el punto de inflexión en su destino se produjo en 1955, cuando fue convocado por el Departamento de Estado para trabajar en la División de Estudios de Repúblicas Americanas, donde, azarosamente, volvió a su antiguo amor: la Argentina. Nunca más la abandonaría.
Desde su puesto académico en la UMASS eligió como tema de investigación la relación entre el Ejército y la política en Argentina. De allí surgiría su obra cumbre: "El Ejército y la política en la Argentina", tres volúmenes que hoy son bibliografía obligatoria para cualquier cátedra de historia argentina.
Después de cincuenta años de estudio y veintisiete visitas a nuestro país -en las que entrevistó a doce presidentes, tanto constitucionales como de facto- es la persona indicada para analizar “desde fuera” el devenir institucional argentino. Aun hoy, lee a diario las ediciones digitales de los periódicos de Argentina y es consultado asiduamente por la prensa local. Como relata el propio Potash en sus memorias -editadas recientemente en los EEUU- “me vi en un nuevo rol de ‘autoridad’, haciendo entrevistas de radio en vivo, o viendo mis ideas impresas”.
Crítico de la política de derechos humanos actual y enemigo de los simplismos históricos, el profesor Robert Potash -elegido miembro de la Academia Nacional de Historia de la República Argentina- aleja el fantasma de la patria golpista, pero enciende una luz de alarma sobre el proceder institucional del país.
LA EXCLUSIÓN COMO POLÍTICA
Casi como una premisa para entender la historia argentina del siglo pasado, Potash remarcó al principio de la charla que si se trata de militares, “hay que hacer preguntas sobre valores”. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que pertenecen a ese segmento de la sociedad fueron entrenados para creer en ciertas cosas. “Había algo en ellos que hacía que reaccionaran si el gobierno se movía en otra dirección”, dice el profesor.
-¿Por ejemplo?
-Pienso que los esfuerzos después de 1949 para peronizar las Fuerzas Armadas afectaron a los oficiales profesionales que habían sido entrenados para creer que servían a los intereses de la patria y no a los de un partido político o una persona. También molestaron los esfuerzos para eliminar la distinción entre partido y nación, diciendo que únicamente ellos -los peronistas- eran la nación. Esto no es solo una debilidad del justicialismo: durante los días de Yrigoyen el partido radical decía ser la nación y los otros, “el régimen”.
-O sea que la exclusión política es bastante antigua en nuestro sistema.
-Hay algo en la política argentina -que continúa hasta estos días- que hace fácil sentir que se puede excluir a parte de la sociedad sin violar los principios básicos sobre los que se trabaja. Era así a principios de 1900, pero se hizo cierto después de 1916 (año en que Hipólito Yrigoyen ocupó su primera presidencia) y 1930 (el primer golpe de Estado) que la gente que ganaba la presidencia podía negar los derechos normales esperables en una democracia, sistema donde los partidos de minorías y la oposición tienen derecho a no ser tratados como polvo. Por supuesto, cuando Perón fue derrocado, los peronistas fueron excluidos.
-¿Cree que la exclusión política sigue hasta el presente?
-Esto se puede ver en la retórica de estos días. La presidenta Cristina Kirchner dijo durante el acto del Bicentenario del Colegio Militar de la Nación que “el Ejército tuvo amargas derrotas cuando se alejó de su pueblo”, pero yo pregunto: ¿quién es la gente? Los militares no vinieron de Marte, son parte de la gente.
LECCIONES CÍVICO MILITARES
Al analizar el pasado argentino, Robert Potash se aleja de las grandes teorías conspirativas e indica que “cuando se trata de golpes en Argentina, se encuentra que hubo falta de coordinación y planeamiento suficiente”. Por ejemplo, según el profesor, en 1943 las tropas estaban más interesadas en no quedar mal que en acordar quién sería el próximo presidente o cuál sería la política exterior. Incluso en 1966. “Recuerdo al general Alejandro Lanusse contándome que hubo un grupo de personas que hizo planes para el golpe, pero que cuando Onganía tomó el poder, los tiró a la basura”.
-Entonces, según lo que dice, la acción militar en general no fue coordinada.
-La noción de que los golpes militares son resultados de un planeamiento intenso no está sostenida por la mayoría de los hechos históricos. Tal vez 1976 fue un tanto diferente, porque por lo menos acordaron un gobierno tripartito, lo que no les dio la mayor eficiencia.
-¿Qué los llevó a las calles?
-Las Fuerzas Armadas realmente actuaron en un vacío político, fueron alentadas por grupos civiles sustanciales que les pidieron que los salvaran de la situación. La caída de Illia en 1966 fue provocada por peronistas, frondizistas, periodistas como Jacobo Timerman y Mariano Grondona, y los sindicatos, con Augusto Vandor a la cabeza.
-¿Y en 1976?
-Tengo la impresión de que la demanda de una respuesta a la anarquía, la violencia, la inflación, y la inoperancia del gobierno, era prácticamente universal; incluyendo a algunos de los subversivos, que pensaban que si los militares se hacían cargo del gobierno, harían tal desastre que la población se volvería en su contra. Desafortunadamente todo esto tuvo un alto precio sobre la gente.
-¿Qué lugar ocupan las FFAA argentinas en el escenario político actual?
-Hoy en Argentina, tanto los militares como los civiles, aprendieron una lección. El rol de los militares en la vida política fue circunscripto por la legislación, ya no tienen un papel en la seguridad doméstica. Entonces, están limitados a lidiar con amenazas exteriores o a ser convocados en algún caso de desastre natural. Además, el presupuesto militar fue tan recortado que no pueden hacer ejercicios de entrenamiento.
-¿Cómo fue esa transformación de las FFAA?
-Hubo cambios que sucedieron después de 1983. Primero, cambios en el porcentaje del presupuesto nacional destinado a Defensa. Esto empezó con Alfonsín y se acentuó con Menem. Desde entonces no hubo una inversión sustancial en equipamiento para el Ejército, aunque tal vez hubo algo en la Marina y la Fuerza Aérea. Cuando el general Martín Balza era jefe de Estado Mayor del Ejército, durante el gobierno de Menem, la fuerza tenía 45.000 personas; ahora tiene menos. No es mucha gente. Creo que aprendió toda la sociedad. Mi caso de estudio es el motín de Semana Santa de 1987.
-¿Por qué?
-Porque esa fue la chance para que la gente mostrara sus cartas, y lo interesante para mí fue que todos, inclusive los conservadores que antes habían impulsado golpes, se opusieron a esto. No fue realmente un golpe, fue un motín, con objetivos limitados: que los oficiales de menor rango no fueran inculpados en crímenes que los oficiales superiores les hubieran ordenado ejecutar. Era un sentido de injusticia que uno podría entender.
UNA DELGADA LÍNEA ENTRE JUSTICIA Y VENGANZA
Robert Potash fue un ferviente defensor de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida promediando los 80, repudió los indultos de Menem y aceptó a medias la derogación de las leyes antedichas en 2005. Para el profesor, la condición es que la revisión alcance a todos, incluidos aquellos que estaban en la vereda de enfrente del régimen militar.
-¿Por qué apoyó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida?
-En aquel tiempo, pensaba que los militares eran una amenaza real para el gobierno, no lo que son hoy en día. Entonces, si la restauración de un gobierno electo y su sobrevida eran importantes, ¿qué compromiso se podía hacer para preservarlo? Me parece que Alfonsín impulsó la Ley de Obediencia Debida aun cuando su partido se oponía, porque no tenía sentido llamar a los oficiales de bajo rango cuando no se juzgaba a los de alto. El Punto Final fue un esfuerzo por decir “está bien, paremos acá y miremos hacia delante”. ¿Se benefició el país con su obsesión por encarcelar a todos? No lo sé. ¿Hasta qué punto es una búsqueda de justicia o una búsqueda de venganza? Es una distinción interesante.
-Entonces, ¿los argentinos tenemos que hacer una elección entre una revisión total de la historia o seguir para adelante?
-Cuando la Corte derogó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dije que estaba bien pero que había que ir por los otros criminales también. Este es un conflicto que envolvió a más de un bando. No estaban solamente los militares. Ellos hicieron cosas terribles, pero fueron incitados a hacerlas. La solución de Lanusse de crear un fuero penal en la justicia federal para juzgar a las guerrillas era ideal, pero el día después que asumió Héctor Cámpora se abrieron las cárceles, se anuló el decreto-ley que lo había creado, e incluso se asesinó a uno de los jueces. Esta fue la elección de Argentina.
-¿Cree que nuestra sociedad ha madurado como para discutir estos temas? ¿O hay temas todavía por resolver?
-Encuentro triste que treinta años más tarde haya todavía en parte de la gente una actitud de total desconfianza y rechazo hacia cualquiera que vista un uniforme. Esto se ve en cómo se tratan los ascensos. Los coroneles de hoy entraron al Colegio Militar en 1982, no tuvieron parte personal en el tema. Pero ha habido al menos un caso en el que el hecho de que el padre de uno de estos coroneles fuera parte del Proceso bastó para negarle el ascenso al hijo. Desafortunadamente, esto sugiere que hay una disposición en la porción de la gente que toma las decisiones sobre quién puede ser promovido, que opera sobre la creencia de que cualquiera que estuviera relacionado a un militar activo en esos días o que cometió un crimen es ipso facto no merecedor de ese ascenso.
-¿Se puede revertir eso?
-Los militares de aquellos días se enfrentaron con una situación que no ha sido totalmente bien explicada o discutida públicamente. La visión oficial es que los militares decidieron súbitamente que iban a tomar el país y que los jóvenes que mataron a Aramburu eran angelitos. Entonces se crea una visión maniquea, de blanco y negro. Y hasta tanto se mantenga esta visión, no se va a progresar. Ojalá, los historiadores puedan decir lo que pasó. Fue una situación terriblemente compleja en la que los militares probablemente sobrerreaccionaron de manera detestable y, por otro lado, los subversivos se condujeron de manera criminal. Argentina piensa que el terrorismo puede ser solamente perpetrado por el Estado y no por grupos privados. Ningún otro país piensa esto. No puedo simpatizar con esta idea de que porque se oponían a los militares -que eran terribles- sus crímenes no son crímenes contra la humanidad.
HACIENDO MEMORIA
-¿Existe realmente una política de derechos humanos en Argentina?
-Desde Alfonsín, los derechos humanos fueron una política mayor. El 15 de diciembre, cinco días después de asumir la presidencia, Alfonsín anunció que los miembros de las tres Juntas Militares y miembros de Montoneros y ERP iban a ser juzgados. Ese mismo día yo estaba en la oficina del general Lanusse, donde me dijo que por primera vez en su carrera escuchó la voz de un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esto dijo Lanusse sobre Alfonsín. Los derechos humanos se habían convertido en un tema importante como resultado de las cosas terribles que habían sucedido antes.
-¿Está mal eso?
-Eso está bien, pero hay que manejarlo de manera que beneficie al país, no convertirlo en un instrumento de poder político, o sea, identificarse uno mismo para así atraer a aquellos que son partidarios de los derechos humanos (madres, abuelas, hijos). No estoy a favor de mantenerlo como una política constante, porque se convierte en una política no de perseguir justicia, sino de crear apoyo de aquellos sectores de la sociedad para quienes estos sí son temas reales. ¿Qué hacían los Kirchner en los 70? ¿Participaban o hacían plata? Encontraron un tema que es políticamente útil. Me pregunto si el país, como un todo, se benefició comparado con Brasil, Uruguay y Chile donde el tema ya pasó y no es esa gran política pública.
-Es difícil que el tema salga de agenda.
-La gente tiene miedo de meterse con eso. Están los escraches que, utilizados en determinado modo, tienen un resultado fascista. Mussolini, antes de acceder al poder, les hizo pensar a todos que era el único que podía mantener el orden. ¿Y cómo lo hacía? Haciendo que su gente atacara a socialistas y demócratas creando el desorden.
Hacia el final de la entrevista, Robert Potash mostró su preocupación por la “falta de civilidad que ha penetrado en la sociedad argentina”, reflejada “no solo en este tipo de cosas, sino también en la caída del orden legal”. En este punto, fue directamente a la actualidad política argentina: “¿Iniciar un tribunal popular a los periodistas?”, preguntó retóricamente, remarcando que “en un Estado de Derecho, si se tiene una objeción, se va a la Corte y se demanda. Hay procedimientos que los países civilizados tienen para expresar preocupaciones. Pero la acción directa es difícilmente la característica de una democracia respetada. Argentina, extrañamente, era más democrática en los primeros años (1983) y más respetuosa de las personas”, concluyó con pesar.
Con la colaboración de Facundo Salles Kobilanski
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