EA: Acudirá a la CSJ para apelar el robo descarado de sus terrenos

El Ejército acudirá a la Corte Suprema para frenar el traspaso de un predio de Bariloche a una comunidad mapuche

La entidad militar acudirá al máximo tribunal después de que haya sido rechazada una apelación en febrero. Se trata de 180 hectáreas en disputa con la comunidad Millalonco Ranquehue

Por Francisco Poppe || Infobae

Los abogados del Ejército argentino elaboran una nueva presentación para apelar ante la Corte Suprema la sentencia de la jueza federal Silvina Domínguez y evitar el traspaso de 180 hectáreas a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue.

Tras la fallida apelación, que fue rechazada por la Cámara de Apelaciones de General Roca por considerarla “extemporánea”, los representantes legales de la institución castrense elaboran un recurso extraordinario para elevarlo a la Corte Suprema.

El fallo de los jueces Roberto Lozano y Fernando Gallego no alteró los ánimos en las familias que residen en el territorio, ubicado a 12 kilómetros del centro de Bariloche. “Somos respetuosos de los plazos procesales, seguimos atentos a lo que sucede pero estamos en calma” dijeron desde la comunidad.

Los integrantes de la Cámara de Apelaciones evitaron inmiscuirse en la normativa vigente sobre pueblos originarios, derechos adquiridos e incluso tampoco analizaron el planteo oficial sobre el perjuicio que le genera al Ejército la presencia de la comunidad en ese territorio.

Se focalizaron de manera exclusiva en el vencimiento de los plazos procesales, afirmando que la presentación se realizó fuera de término.

Esa presentación fue elevada por el Ministerio de Defensa aunque ahora el Estado cambió de estrategia y será el Ejército Argentino el que se ocupará de la presentación ante la Corte.

“Nuestros abogados están trabajando en la elaboración del recurso extraordinario, estamos dentro de los plazos legales previstos” dijo una fuente de la institución a Infobae.

La jueza federal subrogante de la ciudad rionegrina otorgó un plazo de 60 días para entregar la titularidad de las tierras estatales al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que se ocupará de cederla a las familias que viven en el predio.

La medida generó múltiples cuestionamientos sustentados desde el precedente que desencadenará en otras presentaciones similares de comunidades en conflicto. Sin embargo desde la lof Millalonco Ranquehue fueron cautelosos. “Decir que el Estado debe entregarle las tierras a la comunidad, suena exagerado. Nosotros vivimos en el territorio desde hace cientos de años, no deben entregarnos las tierras porque nosotros ya estamos en ellas” afirmaron.

Dijeron también que “buscamos una reparación, que nuestros derechos sean reconocidos, por haber permanecido en este lugar incluso desde antes del arribo de las tropas del Ejército. Es el fin de un proceso que permitirá regularizar nuestra situación”.

En febrero de este año, cuando el Ministerio de Defensa apeló la sentencia de Domínguez, sabía que incumplía con los plazos previstos para la instancia recursiva, a pesar de lo cual elevó su apelación y la magistrada hizo lugar.

En el documento que rubricó la apoderada del Estado Nacional, Silvia Vázquez, y que fue rechazado, argumentó que la entrega del título al INAI afecta “la Defensa Nacional” y explicó que el predio es utilizado para prácticas de entrenamiento del personal que integra las filas de la Escuela Militar de Montaña.

“En la jurisdicción de la aludida Escuela Militar de Montaña, fundada en el año 1964, se forman y perfeccionan las tropas de Montaña del Ejército Argentino, que tienen asignadas responsabilidades de defensa territorial sobre toda la cordillera de los Andes”, menciona el escrito de Vázquez.

Sin embargo, el abogado patrocinador de la comunidad originaria, Matías Schraer, desacreditó la estrategia de la institución y señaló que “es totalmente mentira”.

La Escuela Militar de Montaña carece de pruebas para demostrar que el predio en litigio es utilizado para los ejercicios militares o para el pastoreo de sus animales. Incluso los vecinos de la comunidad Millalonco Ranquehue aseguran que el artilugio “es falso”.

“La única vez que estuvieron los militares en el predio fue en octubre de 2021 cuando desarmaron un invernadero comunitario que la comunidad había construido junto a los vecinos de Villa los Coihues, aunque debieron replegarse”, indicó uno de los vecinos que mantiene vínculo cercano con la comunidad.

En Bariloche existen otros conflictos similares que enfrentan a la institución castrense con comunidades de pueblos originarios “aunque en ninguno de los casos, las familias afectan el desarrollo de las actividades del Ejército Argentino” indicaron fuentes cercanas a las mismas.

Como ejemplo citaron la disputa que existe en torno a un centro de esquí nórdico, en el cerro Otto, donde los militares realizan prácticas de montaña y entrenamientos, sin que la presencia de las familias mapuches afecte su desarrollo durante el invierno.

PNA: Asesinato en alta mar

Un marino mercante mató en un presunto brote psicótico al capitán y al primer oficial de un buque petrolero cerca de La Plata

 
El hecho se produjo a bordo del buque tanque “Ayane”, a la altura de Punta Lara. El mismo atacante se comunicó con la Prefectura para pedir que lo detuvieran. Dudas sobre controles por el ingreso del arma de fuego en el buque.

Un marino, en medio de un presunto brote psicótico, asesinó a balazos al capitán y al primer oficial de un buque petrolero de bandera de Malta a la altura de Ensenada, sobre el Río de la Plata, y tras el doble crimen confesó que los había matado y que quería entregarse, informaron hoy fuentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

El agresor, identificado como Carlos Eugenio Lima (52), es un ex policía bonaerense con antecedentes penales, ya que en junio de 2008 hirió de seis balazos a un vecino de la localidad platense de City Bell que le reclamó por obras de desagüe que realizaba y que provocaron roturas en el pavimento de la calle, y luego se atrincheró en su casa hasta que finalmente se entregó.

“El capitán y el primer oficial están muertos, los maté yo y me voy a entregar. Así que quiero que venga un guardacostas y me arreste”, reconoció el autor del hecho, tercer oficial a bordo, en una comunicación radioeléctrica con el Servicio de Tráfico Marítimo.

Fuentes de la PNA informaron a Télam que el doble homicidio del Capitán Alejandro Daniel García (39) y del Primer Oficial Juan Alfonso Pegasano (48) ocurrió alrededor de las 23.30 de anoche en el buque tanque “Ayane” de bandera de Malta.

La embarcación había zarpado desde el Puerto de Buenos Aires con 21 tripulantes (todos argentinos) el lunes 11 de octubre, y estaba fondeado en la zona de Rada, a la altura de la localidad rivereña de Punta Lara.

Lima, que se desempeñaba como Tercer Oficial de cubierta del buque petrolero, fue quien solicitó la presencia de la PNA para entregarse.

Desde la fuerza federal dijeron que tras el llamado al Centro de Control de Tráfico Río de la Plata, “de inmediato se coordinó un operativo para el que se envió al lugar personal de la Fuerza que se encontraba a bordo del guardacostas Cabo Corrientes, que navegaba cerca del lugar donde habría sucedido el hecho”.

Mientras se hacían reiterados intentos para comunicarse con el buque se logró establecer contacto con uno de los tripulantes del Ayane, quien manifestó que había a bordo una persona con un arma de fuego, quien habría atacado al capitán y al primer oficial del buque.

De inmediato se le ordenó a los tripulantes del “Cabo Corrientes” que patrullaba la zona que se dirigieran a la posición del citado buque y a las 0.30 de esta madrugada arribó al lugar, añadieron las fuentes.

Paralelamente, otro tripulante de la citada embarcación se había comunicado con la Estación Costera en la que solicitó “apoyo urgente por tener inmovilizado al agresor desconociendo si aún posee el arma de fuego”.

Edgardo Tomasini, jefe de la PNA de La Plata, contó esta tarde al programa “Cámara del crimen” del canal TN que “al momento del arribo de la embarcación propia hacia el barco”, tuvieron complicaciones para llevar a cabo el operativo, ya que “había fuerte marejada y fuertes vientos”.

Bajo estas circunstancias, las fuentes indicaron que fue el Capitán del Guardacostas quien abordó el buque a la 1.40 y confirmó la existencia de dos personas fallecidas, quienes fueron identificadas luego como García y Pegasano.

Lima fue reducido por el personal que preservó la escena del doble crimen y avisó que aparentemente el arma de fuego utilizado había sido arrojada al agua.

“Se pudo neutralizar la amenaza y controlar la situación”, aseguró el prefecto Tomasini y agregó que el homicida “era una persona muy tranquila, así que no hubo ningún tipo de inconveniente en ningún momento”.

Un vocero encargado de la investigación dijo que “no está del todo claro cómo sucedieron los hechos, ya que se cree que el atacante podría haber sufrido un brote psicótico”, por lo que será sometido a distintos exámenes para determinar si efectivamente padeció esa situación.

Interviene el Juzgado Federal 3 de La Plata, a cargo del Ernesto Kreplak, quien caratuló el hecho como “doble homicidio” y dispuso el trasladado del acusado en carácter de detenido incomunicado a la División Investigación Penal (INPE).

Por su parte, las fuentes confirmaron que peritos trabajaban en el lugar del hecho y aguardaban por el resultado de las autopsias para determinar la cantidad de disparos que sufrieron las víctimas.

En ese sentido, Tomasini señaló que esta tarde “hay personal de la Prefectura de La Plata que está abocada a la tarea de toma de declaraciones”, y que continuaban las “actividades periciales a bordo”.

En base a los testimonios, se procuraba determinar si hubo alguna discusión previa o una pelea que haya desencadenado el ataque de Lima. (TELAM) #NUESTROMAR

 

Soldados del EA acusados de violación en Bahía Blanca

Batallón del Ejército: son tres los soldados detenidos acusados de violar a una joven

El hecho que está siendo investigado se produjo en la madrugada del domingo. La joven, de 17, llegó al lugar junto con una hermana de 18.

La Nueva





Tres soldados del Ejército Argentino están detenidos, acusados de violar a una joven de 17 años en las instalaciones del Batallón de Comunicaciones 181, con acceso por la calle Cuyo.

El conmocionante hecho, que está siendo investigado por el Juzgado Federal N° 1 de nuestra ciudad, se habría registrado el domingo pasado en horas de la madrugada.

La menor, según confirmaron fuentes de la investigación, llegó hasta el lugar, de manera voluntaria, junto con una hermana de 18 (aparentemente conocían a uno o más de los imputados).

"Recién se está investigando. La denuncia se tomó el domingo a la tardecita y esa misma noche se allanaron las instalaciones (del ex Comando del V Cuerpo), se detuvo a uno de los acusados y se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

Tras el análisis de la prueba reunida, se dispuso la detención de las otras dos personas.

El primero de los arrestados fue indagado ayer en la sede de Alsina 317, día en que también se recepcionaron distintos testimonios de otros numerarios del Ejército.

Y los dos restantes aprehendidos serán trasladados mañana para su declaración..



La diligencia está a cargo del juez Walter López Da Silva, por secretaría del doctor Ivo Krasnopol.

"Cuando sucedió el supuesto ataque a la menor, la hermana mayor estaba en otro sector, con otra persona", confirmó otro vocero.

Solo testigos

Desde la justicia se aclaró que otros dos soldados, que el domingo habían sido arrestados en un auto junto a dos jóvenes, no tienen que ver con la acusación.

Serían quienes las trasladaron luego del grave incidente y solo estarían acusados de no respetar el aislamiento obligatorio.

De los tres uniformados imputados del abuso sexual con acceso carnal no se dieron a conocer por el momento las identidades ni su función dentro del Ejército, aunque se aclaró que tienen "jerarquías bajas".

Bahía Blanca: Dos militares detenidos por violar la cuarentena

Dos militares detenidos por violar la cuarentena: Tenían a dos jóvenes retenidas

Canal 7 Bahía Blanca





Dos militares resultaron detenidos junto a otra dos mujeres por incumplir con el aislamiento preventivo y obligatorio.

Fueron identificados como Angelo Paillalef y Daniel Macias, de 29 y 22 años, pertenecientes al Ejército Argentino, y dos jóvenes de 18 y 17 respectivamente.

Circulaban en un Renault Megane que fue interceptado y secuestrado en Florida y Guido Spano.

Al no poder justificar su permanencia en las calles, fueron trasladados a comisaría séptima.

Si bien los militares tienen permiso para circular por la ciudad, no están contemplados en este contexto.

Antes de interceptar el vehículo, una mujer llamó al 911 y contó que estaba dentro del batallón en contra de su voluntad, aunque esta situación aún no fue comprobada.

Según se informó, las autoridades militares realizarán informes internos con los dos militares y tomarán las medidas en consecuencia.

PNA: Justicia sobresee a prefecto en muerte de araucano

Un fallo de la Cámara de Apelaciones benefició al prefecto apuntado por la muerte del mapuche Rafael Nahuel

Los camaristas de General Roca dictaron la falta de mérito de Francisco Pintos, originalmente acusado de ser quien disparó por la espalda al joven mapuche en 2017. Para los jueces, hay una contradicción entre las pericias hechas por Gendarmería y los expertos del Ministerio Público Fiscal

Por Fernando Soriano || Infobae
fsoriano@infobae.com

 
Francisco Pintos y Rafael Nahuel

La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Río Negro, dictó la falta de mérito del prefecto Francisco Pintos en la causa donde se investiga la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, asesinado por la espalda por una bala de la división especial Albatros de Prefectura Nacional, durante un operativo de esta fuerza en tierras tomadas (o recuperadas, desde la óptica de la comunidad originaria) frente al Lago Mascardi, en las afueras de Bariloche, a finales de noviembre de 2017.

El fallo de los camaristas subrogantes Orlando Arcángel Coscia, Marcelo Grosso y Alejandro Cabral significa un beneficio sustancial para Pintos, que durante algunas semanas de 2019 estuvo con prisión preventiva acusado de homicidio agravado, pero no implica su sobreseimiento; es decir, que no está libre de culpa y cargo, aunque quedó más cerca de estarlo.

Para estos magistrados, que reemplazan a los jueces que habían dictado la prisión preventiva de Pintos y luego fueron apartados por la Cámara de Casación Penal de Comodoro Rivadavia, no hay pruebas suficientes para determinar que del arma de Pintos salió la bala que mató a Nahuel. Además, consideraron que hubo un enfrentamiento armado entre los mapuches y los Albatros.

La fuerza de seguridad nacional, según pericias oficiales, disparó al menos 114 veces contra los mapuches. Una de esas balas dio en el cuerpo de Nahuel, que estaba de espaldas y desarmado. El tiro entró por su glúteo izquierdo y la bala se quedó alojada en su tórax.


Rafael Nahuel murió el 25 de noviembre de 2017

“Considero que no se puede hablar de que el personal de Prefectura obró de manera absolutamente irracional, cometiendo delitos comunes con la sola intención de dar muerte a los ocupantes del predio. El personal allí apostado en el lugar, estaba cumpliendo una orden judicial de custodiar un predio que había sido ocupado y desalojado, función propia de la fuerzas del orden, que están para custodiar un Estado de Derecho. Con esto no quiero decir que no pueda haber existido un obrar abusivo o en exceso, sólo quiero remarcar que la existencia del enfrentamiento se encuentra absolutamente acreditada”, remarcó el juez Cabral.

Este magistrado, además, consideró que sobre las dos pericias que se efectuaron para determinar quién mató a Rafael Nahuel (21) existen contradicciones. Por eso, en el fallo, aseguró que la decisión del juez federal de Bariloche Leónidas Moldes, de tomar como cierta la pericia que indica que el disparó lo hizo Pintos, y de la Cámara de Apelaciones anterior, que decidió la prisión preventiva del prefecto, fue una “sentencia arbitraria”.

“Es imposible llegar a un juicio en estas condiciones y existe una duda insalvable que ni siquiera puede dar sustento a un procesamiento”, enfatizó el camarista Cabral para sostener, justamente, la falta de méritos de Pintos. Es decir, el magistrado ni absuelve al prefecto de la sospecha ni lo culpa por la muerte de Nahuel.

“Para poder llegar a dictar un procesamiento y poder llegar a juicio, previamente debe dilucidarse si se tiene o no el arma que dio muerte a Nahuel Salvo, cosa que hasta el día de hoy no se sabe, como así también si efectivamente esa arma era la asignada a Pintos”, agregó.


El territorio donde mataron a Rafael Nahuel, ocupado por sus familiares mapuches (Euge Neme)

Las pericias de la controversia son efectivamente dos. En una se destaca que “el proyectil identificado ‘A’ extraído del cuerpo de quien en vida fuera Rafael Nahuel fue producto del disparo del arma identificada con la letra ‘B’, la misma secuestrada en los presentes autos, subfusil marca HK, modelo MP5, calibre 9X19, nº de serie 05-C335508”. Esta pericia balística fue realizada por los expertos Roberto Nigris y Karina Uribe, del Ministerio Público Fiscal, quienes asignaron ese arma a Pintos.

La otra pericia indicó que “el proyectil, calibre 9 mm, encamisado ojival truncado identificado como ‘A’ recuperado del cuerpo del occiso, no corresponde a los subfusiles marca ‘H&K’, modelo ‘MP5’, calibre 9X19 mm, identificación alfanumérica 05-C335508 (entregado por el cabo primero Francisco Javier Pintos) e identificación alfanumérica 05-C335528. Este análisis fue realizado por los peritos Jorge Norberto Delgado, María Silvina Lastretti y Martín Javier Moreno, todos integrantes de Gendarmería Nacional, fuerza que depende del Ministerio de Seguridad nacional, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich.

La ex ministra y actual presidenta del PRO celebró este viernes, tras conocerse el fallo, en la red social Twitter: “Siempre dijimos la verdad: que había sido un enfrentamiento en el que los miembros de @PrefecturaNaval tuvieron que defenderse. Hoy la Cámara de Roca sobreseyó al único procesado. ¡La verdad y la justicia van de la mano!”. En realidad, no se trata de un sobreseimiento sino de una falta de mérito.


Patricia Bullrich celebró en redes sociales el fallo de la Cámara (Adrián Escandar)

En efecto, el juez Cabral, propuso en el fallo “revocar el procesamiento del Cabo 1° Francisco Javier Pintos, disponiendo su falta de mérito (...) hasta tanto se diluciden las cuestiones planteadas, que a juicio del suscripto son imprescindibles para llegar a un juicio”.

El juez Coscia coincidió en la observación de su colega respecto de la diversidad en las pericias incorporadas a la causa y la dificultad, según su criterio, de poder determinar entonces quién disparó a Rafael. Pero además criticó las actuaciones inmediatamente posteriores a los hechos para asegurar algunas pruebas, y remarcó que le generan “inquietud” la demora para haberse aislado y asegurado la escena del crimen “al momento mismo de su ocurrencia”; la inspección del lugar “recién doce días después de la fatal refriega”; la falta de allanamientos inmediatos para secuestrar posibles armas de fuego utilizadas por los sospechosos y “la inexistente reconstrucción judicial de los hechos para disponer de forma oficial el escenario en que los mismos acontecieron”.

Pintos (31) había sido detenido en junio del año pasado cuando estaba en su casa de la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, acusado de homicidio agravado por orden del juez Moldes, ratificada por la Cámara de Apelaciones de General Roca, que dispuso su prisión preventiva tras cambiar la calificación, que originalmente era “exceso en legítima defensa”. Un mes después, el prefecto recuperó la libertad. Seguramente, su destino lo definirá la Corte Suprema.

La grieta entre los corruptos y los otros

A favor de la grieta

Por Darío Lopérfido || Infobae


Alberto Fernández y Mauricio Macri (REUTERS/Agustin Marcarian)


En la Argentina hay una tendencia a creer que las cosas se arreglan por milagro sin evaluar la situación general ni la historia de los protagonistas de la política. Es una tendencia exagerada al voluntarismo que aparece en todas las actividades. Esto se viene viendo en los últimos días donde políticos, periodistas y otros protagonistas de la actualidad plantean que si llegara el “fin de la grieta” la situación mejoraría. El mismo presidente Fernández se expidió al respecto.

Lo que habría que analizar es si los actos son consecuentes con las palabras.

Para terminar con el enfrentamiento político en la Argentina hace falta mucho más que voluntarismo en las declaraciones, máxime teniendo en cuenta la historia de agresión, discriminación y falta de respeto por el otro que expresó el kirchnerismo como rasgo distintivo en lo años en los que le tocó gobernar. En otras palabras, para que sucediese un cambio de fondo, deberían cambiar las prácticas políticas. Otra manera de ponerle fin a la grieta sería que el sector que no los votó se allanara de manera obediente a sus actitudes (el sueño de todo movimiento con raíces autoritarias), pero eso es inaceptable para los que tenemos una visión republicana. Mientras no sea así, “la grieta” es un mecanismo de defensa de un sector de la población que no está dispuesto a avalar prácticas autoritarias. Ese sector se viene movilizando desde hace tiempo desde distintas identidades políticas y en defensa de los avances autoritarios del kirchnerismo. Son los que se movilizaron en defensa del campo cuando durante la presidencia de CFK (con Martín Lousteau como su ministro de economía) intentaron la Resolución 125. Es ese mismo sector que se movilizó en defensa de la constitución, que marchó por la sospechosa muerte del fiscal Nisman y que se expresó en toda ocasión donde los excesos del kirchnerismo se hacían notar. Este movimiento cívico se manifestó también en las últimas elecciones defendiendo, aún con diferencias con la acción del gobierno anterior, una opción republicana.

Algunos nombramientos y actitudes del nuevo gobierno marcan una intención de seguir con sus practicas históricas, lo cual provoca que el sector que no los votó siga alerta y haga notar cada una de las actitudes que nos recuerden métodos nefastos del período anterior. Es el gobierno el que tiene que mostrar que cambió. No hay cheque en blanco ni período de gracia porque son los que ya gobernaron cometiendo todo tipo de atropellos y con una extraordinaria corrupción durante 12 años. Tienen que mostrar que cambiaron y que esta vez se comportarán como una fuerza política democrática y respetuosa del que piensa distinto. La famosa “grieta” no puede poner en el mismo plano al agresor y al agredido. Fueron los kirchneristas los que instalaron la intolerancia como método. Como bien explicó Karl Popper, para mantener una sociedad tolerante, la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia.

Estas actitudes se definen por gestos y por actos. La actitud decadente de CFK negándole el saludo al presidente saliente es un acto extraordinariamente intolerante: no esta ahí para mostrar sus gustos personales sino para darle un mensaje a la sociedad acerca de lo valiosa que es la alternancia democrática y el respeto a las instituciones. Cuando toma esa actitud muestra su poco interés por una parte de la población: le habla sólo a los suyos y, en especial, a la corte de aduladores y fanáticos bobalicones, que son su creación. Cuando dice que “en la Capital hasta los helechos tienen luz y agua mientras que en el conurbano chapotean en agua y barro” muestra una preocupante animosidad contra los porteños que votan en su contra. CABA recibe por coparticipación lo mismo que aporta al PBI. No se pueden tomar a la ligera esos comentarios y más aún después de que en 2013, cuando hubo una revuelta policial en Córdoba (también opositora), siguió con un patético acto en la Plaza de Mayo sin notificarse que en esa provincia la gente estaba pasándolo mal y viviendo jornadas de muertes y violencia. Demoró, además, la ayuda a argentinos que estaban sufriendo y discriminó a provincias opositoras. Es un mal presagio esa declaración de los “helechos”. CFK es de la clase de gente que exige sumisión, actitud contraria al funcionamiento de las instituciones. La comparación con el Conurbano (estaba en La Matanza) es de una desfachatez extraordinaria. Los lugares caídos y pobres son, mayoritariamente, los que siempre fueron gobernados por su fuerza política. CFK envenena el discurso político siempre. La obligación de los que estamos del otro lado de la grieta debe ser marcarle cada una de esas hipocresías.

La invitación de dictadores, perseguidos por la justicia y violadores de derechos humanos a la asunción tampoco es una buena señal en ese sentido. La presencia del enviado de Maduro (y el patético silencio de los decadentes representantes de organismos de derechos humanos en la Argentina frente a un régimen criminal), la de Rafael Correa, perseguido por la justicia, y el ofrecimiento a Evo Morales para que se instale con un régimen de “refugiado político” marca a las claras que siempre privilegian a sus amigos por sobre la conveniencia del país. El enviado de EE.UU., Mauricio Claver-Carone, se retiró de la asunción y luego declaró: “Queremos saber si Alberto Fernández va a ser abogado de las democracias de la región o apologista de las dictaduras”. Para el kirchnerismo no es un problema si a los derechos humanos los violan sus amigos. Comprensiblemente, no hubo representación de Israel luego de las polémicas declaraciones de la ministra de seguridad Sabina Frederic diciendo que Hezbollah no era un problema para los argentinos. La organización terrorista está implicada en la muerte de mucha gente durante los atentados de la AMIA y la embajada de Israel. Y los atentados fueron en Argentina. El nombramiento de Sergio Berni en la provincia, quien llegara primero a la casa del fiscal Nisman la noche de su muerte antes que los funcionarios judiciales (nunca sabremos que pasó en la escena del crimen), tampoco es una señal agradable.

Mientras tanto, el nuevo ministro de Cultura, en un alarde de mediocridad intelectual, dice que está en contra de la meritocracia y el gobierno recién asumido, a su vez, deroga el decreto del gobierno anterior que prohibía nombrar familiares de funcionarios en la administración. Están en contra de los méritos y a favor del nepotismo. El mensaje es fuerte y claro: la familia peronista a salvo y pagada por los contribuyentes. La grieta en la Argentina sigue siendo moral.

A propósito de flamantes ministros, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció como una acción extraordinaria haber iluminado la imagen de Evita que se encuentra en la Avenida 9 de Julio. Hace un tiempo, formé parte de una discusión pública cuando dije que había que sacar “el adefesio fascista” de la avenida. La falta de coraje de la administración anterior no hizo lo que, sin dudas, hubiese sido un acto republicano. El culto a la imagen, la mezcla de lo partidario con lo estatal (Evita es una figura partidaria y está colocada su imagen en un edificio estatal que les pertenece a todos) y la utilización de fondos públicos para exaltar figuras sectoriales son características propias de los regímenes autoritarios.

Cuando se erigió dicho monumento, no se cumplió con ninguna de las normas correspondientes. Ahora bien, el ministro expresó que ponerle luz a la imagen de Evita es un “acto de justicia social”. Es insólito dónde ha llegado el concepto de justicia social para los peronistas. Esto me recordó a una frase del admirado Albert Einstein: “Dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana, y del universo no estoy seguro”.

Hubo también un histérico y amenazante discurso del general Milani pidiéndole al nuevo presidente que tenga todo el poder porque si no puede volver la fuerza política anterior. El mensaje que subyace es funesto. Quieren todo el poder y permanecer para siempre. En un sistema republicano el poder se reparte. Que el impresentable de Milani diga estupideces antidemocráticas no me sorprende, pero que nadie lo descalifique es un pésimo síntoma. A su vez, el presidente expresó en su discurso de asunción: “Nunca más la Justicia contaminada”. Más allá del uso de la terminología ligada a la dictadura que tanto les gusta (“Conadep” del periodismo, “Nunca más”, etc.), llama la atención esa mención teniendo en cuenta la cantidad de causas judiciales que tienen CFK, su familia y muchos ex funcionarios, testaferros y empresarios corruptos. Daría la impresión de que están pensando en eso cuando hablan de justicia. Hay que seguir esas apreciaciones con mucha atención.

La grieta empezó en los años del kirchnerismo. Ellos tomaron al opositor como enemigo. Usaron a la lacra de los medios oficialistas para perseguir gente, la AFIP fue un arma de disciplinamiento político y buscaron demoler a todo aquel que pensara distinto. Fueron corruptos y llenaron el discurso político de violencia. Los que tienen que cambiar son claramente ellos. Mientras esto no ocurra seguirá todo igual. Es sano que haya un sector que esté atento a los excesos del poder y es lógico que desconfiemos luego del recuerdo de los 12 años. Si quieren terminar con las divisiones tienen que mostrar que cambiaron. Si no, será un discurso vacío de contenido. No debe cambiar el que defiende la república y las instituciones. Eso sería gravísimo. Seguir en el lugar en el que estamos de la grieta es cuidar la institucionalidad. Estemos alerta.

Capitán Toulemonde indemizado por la justicia por las acciones criminales de Garré y CFK

“Me siento reivindicado”: habló el capitán de la Armada echado por Cristina Kirchner que será indemnizado por la Justicia 

El 22 de diciembre de 2007 Mónica Liberatori había gritado “¡Larrabure!” durante un acto encabezado por la presidenta en el Colegio Militar. Infobae dialogó con ella y con su esposo, el oficial naval Marcelo Toulemonde, que por ese hecho fue pasado a retiro obligatorio. Ahora, una jueza federal ordenó resarcirlo por “daño moral”

Infobae


 
Mónica Liberatori y Marcelo Toulemonde. “Siempre pensé que se iba a resolver, nunca perdí las esperanzas. Simplemente por el hecho de que era algo tan obvio que de alguna manera tenía que salir”, consideró él

“Vale la pena luchar para que las cosas vuelvan a su lugar”, dijo a Infobae, del otro lado del teléfono, la ingeniera Mónica Liberatori. El 22 de diciembre de 2007 su grito había interrumpido la solemnidad del acto en el Patio de Honor del Colegio Militar de la Nación. Mientras la flamante presidenta electa Cristina Fernández de Kirchner decía, en su discurso, que los militares habían tomado las armas contra el pueblo, ella no pudo contener la indignación. “¡Larrabure!”, gritó, en referencia al caso emblemático del mayor Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el ERP; es el ejemplo al que el cuerpo militar acude para reclamar por las víctimas de la guerrilla en tiempos de dictadura.

“No estoy arrepentida porque no hice nada malo. Yo solo dije un nombre, no hice ninguna manifestación ni ninguna expresión”, ssotuvo Liberatori, en su casa de Mar del Plata, a doce años de aquel episodio que sepultó la proyección militar de su marido, el capitán de fragata Marcelo Toulemonde. El acto en el que egresaba como guardiamarina su hijo mayor, Agustín, derivó en una persecución política y un hostigamiento que lo obligó a emprender su retiro en 2012.

 
“Como vi que esta situación era totalmente injusta e inaceptable, como estaba siendo perseguido, me predispuse a lucharla y a reclamar por algo que consideraba legítimo”, dijo el oficial naval

El 29 de octubre de 2019 la jueza federal subrogante del juzgado en lo Contencioso Administrativo 11, Cecilia Gilardi De Negre, ordenó a la Armada y al Estado nacional que se le reconociera el “daño moral” y que se lo indemnizara con una suma de 200 mil pesos, monto que el marino calificó como “simbólico”. En la sentencia, a su vez, desestimó la demanda de ser reincorporado al servicio activo y evaluado ante la Junta de Calificaciones de la Armada. Sin embargo, el fallo se dictó luego de que el 23 de agosto Toulemonde hubiera sido reincorporado en concepto de disponibilidad, en una gestión paralela al reclamo judicial. El jefe de la Armada Argentina, el almirante José Luis Villán, fue compañero de promoción del oficial naval.

“Por fin se hizo justicia -reflexionó en diálogo con Infobae-. En cierta forma lo que más valoro es el hecho de que estuve bregando por mis derechos desde adentro. Quizá otra persona se hubiese ido al primer hostigamiento, hubiese pensando ‘pido retiro y me voy’. Yo veía algo que era tan injusto que me dediqué a seguir peleando. Aún sabiendo que lo más difícil era luchar sin sacar los pies del plato”.

 
Nilda Garré, la hija de puta ex ministra de Defensa durante la presidencia de la cleptómana Cristina Fernández de Kirchner

El sentimiento de Marcelo Toulemonde es de sosiego. Había sido sancionado, luego de que su pareja invocara el apellido Larrabure en respuesta al discurso de la presidenta electa, por “no controlar debidamente a su señora esposa respecto de las normas de comportamiento a seguir”. Al año siguiente, fue relevado de la jefatura de Arsenal Naval de Mar del Plata y se le inició sumario administrativo por cinco sanciones graves que luego no prosperaron. Al habérsele abierto un sumario, no calificaba para el ascenso. Interpretó la arbitrariedad con la que se lo había imputado como señal de hostigamiento. Un cuadro de angustia y ansiedad ameritó un período de licencia médica que fue guiándolo hacia el retiro obligatorio en 2012.

Toulemonde fue reincorporado por oportunidad, mérito y conveniencia, y no por ilegitimidad, como los casos de un cuerpo de oficiales que habían sido pasados a retiro por “portación de apellido”, durante la gestión de la ministra de Defensa Nilda Garré en 2010. Eran 25 integrantes de las tres fuerzas a quienes se les había negado el ascenso por ser familiares directos de represores y autoridades que habían ejercidos cargos durante la última dictadura militar. En noviembre de 2018, el actual ministro Oscar Aguad dictó la resolución 1414 que revocaba la norma. En el nuevo fallo, disponía el pase a retiro de los oficiales por el tiempo transcurrido y ordenaba “un nuevo cómputo de servicios al referido personal, reconociéndoseles el tiempo pasado en retiro como en actividad”.

 
Argentino del Valle Larrabure, el militar secuestrado por el ERP en noviembre de 1974 y muerto después de estar un año de cautiverio en Rosario en una "cárcel del pueblo"

El beneficio no involucró a Toulemonde porque ya había un reclamo judicial en curso. El oficial naval hoy espera que el ministerio contemple el mismo reconocimiento retroactivo que hicieron con los “portadores de apellido”: su lucro cesante, como si hubiese trabajado en la Armada desde el 31 de diciembre de 2008 hasta la fecha. La solicitud debe pasar por la comisión de acuerdos del Senado, que manejará Federico Pinedo hasta el 10 de diciembre. Luego de esa fecha, tal vez su suerte sea otra.

“Tengo la paz de sentirme reinvindicado por haber logrado algo por lo que bregué durante mucho tiempo. La sentencia es un reconocimiento moral también. Me importaba más que nada que se hiciera justicia para dejar una enseñanza a los más jóvenes, porque cuando hay una injusticia hay que luchar hasta que las cosas se pongan en su lugar”, describió el capitán Marcelo Toulemonde, doce años después de que se lo acusara de “no controlar debidamente a su esposa”.

Mónica Liberatori había invocado el nombre del ingeniero químico secuestrado el 11 de agosto de agosto de 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) durante el copamiento de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, de la que era subdirector. Murió un año después por asfixia luego de un cautiverio en condiciones inhumanas en una “cárcel del pueblo” en Rosario.

Piloto militar brasileño capturado con 39kg de cocaína en España

Arrestaron a un militar brasileño que llegó a España con 39 kilos de cocaína en un avión de la flota presidencial de Jair Bolsonaro 

El uniformado, de 37 años, fue interceptado en un control policial durante una escala que realizaba en el aeropuerto de Sevilla. El mandatario ofreció su colaboración a las autoridades españolas.


 
Avión de la Fuerza Aérea brasileña (@aeronauticaoficial)

Las fuerzas de seguridad españolas han detenido a un militar brasileño, miembro de la comitiva oficial del presidente Jair Bolsonaro que se dirige a Japón para participar de la cumbre del G20, al detectar en el aeropuerto de Sevilla (sur español) una maleta con 39 kilos de cocaína que supuestamente le pertenece.

Fuentes de la investigación informaron a EFE este miércoles que el militar, de 37 años, fue interceptado en un control policial durante la escala que realizaba en el aeropuerto de esa ciudad española, cuando se encontró la droga en la maleta.

 
El Aeropuerto de Sevilla (Shutterstock)

El detenido viajaba en un avión Embraer 190 de la Fuerza Aérea, que forma parte de la tripulación de reserva que escolta al presidente brasileño. Bolsonaro viajaba en un Airbus 319 que también iba a hacer escala en Sevilla, pero a último momento se resolvió que parara en Lisboa, Portugal, para completar desde allí el viaje hasta Osaka, el destino final.

Estaba previsto que los dos vuelos llegasen este miércoles al país asiático. El detenido se encuentra custodiado a la espera de pasar a disposición judicial.

pic.twitter.com/zC3otlF44U

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 25 de junio de 2019

Bolsonaro ofreció colaborar con las autoridades españolas para aclarar las circunstancias de la detención. "He pedido al ministro de Defensa su inmediata colaboración con la Policía española para el pronto análisis de los datos, cooperando en todas las fases de la investigación", señaló en un mensaje de Twitter.

En su mensaje, Bolsonaro confirmó que fue informado por el Ministerio de Defensa de la detención en Sevilla de un militar perteneciente a la "aviación brasileña que portaba estupefacientes". Al mismo tiempo, defendió a las Fuerzas Armadas y recordó que son "cerca de 300.000 hombres y mujeres formados en los más íntegros principios de la ética y moralidad".

En el caso de que se "compruebe la implicación del militar en ese delito, será juzgado y condenado conforme a la ley", precisó.

 
Bolsonaro asistirá a la Cumbre del G20 en Japón (Reuters)



El mensaje completo de Bolsonaro:

-Esta mañana, el Ministro de Defensa me ha informado de la detención en Sevilla de un soldado aeronáutico que transportaba estupefacientes.
-Determiné que el Ministro de Defensa colaborare de inmediato con la Policía Española en el pronto esclarecimiento de los hechos, cooperando en todas las fases de la investigación, así como en el establecimiento de una investigación de la policía militar.
-Las Fuerzas Armadas tienen en su contingente alrededor de 300 mil hombres y mujeres entrenados en los principios más integrales de la ética y la moralidad.
-Si se descubre que el militar está involucrado en este delito, será juzgado y condenado de acuerdo con la ley.
-JAIR BOLSONARO, Presidente de la República

Con información de EFE

EA: Juzgan violación en el GADA 601

"Sentate ahí, es una orden": un sargento admitió que violó a una soldado en un cuartel del Ejército

El acusado es el oficial Franco Sebastián Vizcarra, detenido desde 2017 por el ataque en una dependencia de Mar del Plata. Para la Justicia, el hombre se aprovechó de su posición de poder y abusó de la víctima. El juicio oral comenzó ayer y se acordó una pena entre las partes que deberá ser homologada
Por Miguel Prieto Toledo || Infobae

 
La víctima se desempeñaba como soldado voluntaria en el Grupo de Artillería Antiaéreo (GADA) 601.

El 6 de octubre de 2017, T., de 20 años, cumplía funciones como soldado voluntaria en la sede del Grupo de Artillería Antiaéreo (GADA) 601 en Mar del Plata. El 5 de octubre de aquel año, poco después de las 14, la joven se presentó en la Batería Comando para reportar que su turno finalizaba, algo que hacía todos los días, pero esa tarde algo cambiaría para siempre.

Antes de salir para su casa, se encontró con Franco Sebastián Vizcarra, un oficial superior con rango de sargento primero, nacido en la provincia de Tucumán, 19 años mayor que ella, que la invitó a tomar unos mates en una habitación. T. aceptó sin mayores problemas. De hecho, una semana atrás habían compartido mates en el dormitorio de un cabo, junto a otra auxiliar. No había nada que la hiciera sospechar, salvo que esta vez iban a estar solo ellos dos.

Pasó al menos media hora de charla, cuando de repente el celular de la joven sonó. Del otro lado estaba su amiga Micaela, quien se comunicó para saber dónde estaba, ya que habían acordado encontrarse ese día en el centro de la ciudad. T. decidió interrumpir el encuentro con Vizcarra y le avisó que debía irse. Pero, al parecer, el sargento tenía otros planes.

Primero, le pidió a la soldado que no se fuera, después tomó su teléfono y lo apagó. La tensión iba en aumento. Fue entonces que sin mediar ningún tipo de palabra, el hombre le tocó la pierna, le insistió en que se sentara en la cama y al ver que T. se rehusaba, impuso su jerarquía de manera violenta. "Sentate ahí, es una orden. Tengo que pasar revista de tu tatuaje", le dijo el oficial a la joven.

La víctima agarró su celular y se levantó para retirarse de la habitación. Vizcarra, experto en artes marciales, la sujetó por atrás, la tiró para un costado y cerró la puerta con llave. T. le advirtió que abriera o empezaría a gritar. El sargento con absoluta impunidad le dijo que no iba a pasar nada, que confiara en él. Después vino lo peor.

Le tapó la boca y la tiró a la cama, y si bien la soldado intentaba empujarlo, la sujetó de forma tal que no podía desprenderse. Estaba en una jaula. Según detalló la joven posteriormente en su declaración, Vizcarra se valió de su conocimiento en artes marciales para evitar que T. lograra escapar. En el medio, el sargento logró sacarle la campera a la soldado, mientras continuaba tapándole la boca.

Después, introdujo su mano en la remera de la víctima, le desprendió el corpiño, le bajó el pantalón y la ropa interior y la penetró por la fuerza.

"Yo ahí no sé cómo hice para sacar fuerza y lo empujé, pero llegó a penetrarme nada más, no eyaculó ni nada", declararía después la joven ante la Justicia.

 
Laura Mazzaferri, fiscal del caso.

T. se subió rápido el pantalón, abrió la puerta y escapó del horror. Casi como una burla, Vizcarra le dijo que esperara, que si quería la acompañaba a la salida para anunciarla en la Guardia. T. respondió que no hacía falta, que ella tenía una orden de salida especial y se retiró. El violador la siguió para pedirle disculpas y que "no había sido su intención". El daño ya estaba hecho y T. lo sabía.

Llegaron al puesto de guardia y Vizcarra le dijo al cabo en la guardia que la joven se iba a retirar de la sede militar. Shockeada y aún sin reacción, en vez de tomarse el colectivo, la voluntaria empezó a caminar sin poder entender o asumir lo que acababa de pasar. Minutos después, llamó por teléfono a su madre y finalmente le contó todo. Al día siguiente al presentarse a trabajar, T. denunció la violación ante su superior y el jefe de turno, quienes la acompañaron a hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer. El caso llegó a la Justicia federal marplatense, con un expediente por abuso con acceso carnal a cargo del juez Santiago Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri.

El juez procesó a Vizcarra con prisión preventiva y ordenó su detención. El caso fue elevado a juicio, que comenzó ayer en el Tribunal Oral Federal de la ciudad costera. Infobae accedió a las pruebas del caso y a documentación del expediente. El miedo a la jerarquía era claro. La víctima después aseguró que llegó a pensar en no hacer la denuncia por miedo a perder el trabajo, por no saber cómo actuar y por miedo a represalias por parte del acusado.

Tanto para la fiscal del caso como para el juez está probado que el sargento abusó de T.. Para ello, se basaron no solo en el brutal relato de la joven sino en que el imputado jamás declaró. Nunca supo explicar la situación ni la negó. Simplemente no dijo nada.

Según el procesamiento con prisión preventiva firmado por Inchausti, se pudo comprobar que la declaración de la soldado fue coherente y no tuvo ningún tipo de fisuras. Además, la declaración de varios de los compañeros dentro del cartel avalaron las horas y los tiempos descritos por T. No solo eso. Al declarar, la amiga de la joven que se iba a encontrar con ella también confirmó todo lo descripto por la víctima.

"Llegado el momento de valorar los elementos probatorios anteriormente mencionados, aunados hasta el momento a la pesquisa, entiendo que los mismos resultan suficientes para acreditar la materialidad del hecho que se investiga en estas actuaciones", razonó el juez Inchausti.

Para el magistrado, el relato brindado por la víctima "es coherente y circunstanciado" y además es "verosímil". "También debe destacarse que no se exhiben motivos que lleven a dudar de su veracidad ni se advierten razones de interés, odio o animadversión contra el encausado Vizcarra.
Sin perjuicio de todo lo expuesto, también debe señalarse que en el caso existen otras constancias que le adunan al relato de la víctima mayor credibilidad y valor probatorio", agregó.

No fue lo único que tuvo en cuenta el juez para procesarlo con prisión preventiva: también destacó lo violento que fue con su víctima para someterla e hizo énfasis en que se aprovechó de su posición jerárquica para lograr su objetivo.

Según dijo, se demostró que en el hecho "ha mediado violencia (…), pues no puede desconocerse que del relato de la víctima se desprende que Vizcarra utilizó su fuerza física para sujetarla al momento en que quiso retirarse de su habitación, que la arrojó a la cama, inmovilizándola, le tapó la boca, le quitó sus prendas de vestir y la penetró".

En ese sentido, el juez agregó: "Debe señalarse que el imputado practica artes marciales, y la víctima refirió que utilizaba distintas técnicas, sujetándola de forma tal que ella no podía defenderse".

 
Santiago Inchausti, juez del caso (Nicolás Stulberg)

Inchausti señaló que el oficial "abusó de la relación de autoridad o poder preexistente, en tanto no sólo Vizcarra resulta ser Superior Jerárquico de T.Y.M., -Sargento y Voluntaria del Ejército Nacional Argentino respectivamente- sino que al momento del hecho le impartía órdenes a su victimaria". El magistrado, además le trabó un embargo al imputado por medio millón de pesos.

T., por su parte, padeció a lo largo de estos casi dos años angustia y daños psicológicos importantes, según un informe elaborado por la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de General Pueyrredón. El estudio determinó "síntomas de nerviosismo constante, problemas para dormir y pesadillas y episodios de ansiedad". En pocas palabras, un infierno.

Ante el Tribunal Oral Federal, según publicó el diario marplatense La Capital, las partes del juicio acordaron una pena de seis años de cumplimiento efectivo. Será el Tribunal el que deba homologar el acuerdo.

Jueza torturada violada por Chávez y Maduro

María Afiuni, la jueza que Hugo Chávez ordenó detener por TV, fue torturada y violada, y ahora condenada por "corrupción espiritual"

En 2009, el ex presidente la tildó de "bandida" en la televisión nacional y ordenó su arresto. En prisión fue golpeada y violada. Esta semana, fue condenada a cinco años sin una sola prueba
Por Veda Everduim | Infobae




La juez María Lourdes Afiuni surfrió casi 4 años de vejaciones en la cárcel. Y ahora puede volver. (Reuters)

Torturas, violaciones y amenazas. Así fueron los casi cuatro años que la juez María Lourdes Afiuni pasó en la cárcel por orden de Hugo Chávez. En 2013 logró la libertad condicional, un beneficio que podría perder luego de ser condenada este jueves a 5 años de prisión por "corrupción espiritual", la única forma que encontraron para describir la sentencia sus abogados.
La juez denunció en varias ocasiones que no hubo momento durante su estadía en prisión en el que cesaran los agravios, que iban desde golpes hasta amenazas con gasolina en señal de que la quemarían dentro de su celda.

Su salud se resquebrajó. Sufrió trastornos del sueño, al estar obligada a permanecer despierta durante las noches. "Pasé un año y dos meses sin dormir ni cinco horas corridas. Yo dormía dos horas en la mañana y dos horas en la tarde para poder estar despierta toda la noche, porque las cosas que uno ve ahí no habrá película ni libro que lo describa", contó la juez durante una audiencia que se realizó en julio de 2015.

Poco antes de lograr la libertad condicional, el terror para Afiuni continuaba. "Me vaciaron el útero, porque lo tenía vuelto mierda. Pero no contentos con eso, se me destruyó la vejiga, la vagina y el ano. Yo estoy reconstruida", detalló la magistrada durante la citada audiencia.

La juez estuvo tres años y nueve meses recluida en el INOF, una cárcel femenina ubicaba en las afueras de Caracas, donde tendrá que volver apenas las autoridades decidan que debe cumplir su condena.


Afiuni fue condenado por “corrupción espiritual” según sus abogados (Reuters)

En el año 2010, la magistrada denunció en el libro Afiuni. La presa del comandante, del periodista Francisco Olivares, que fue violada en la cárcel.  Quedó embarazada y tuvo un aborto en el centro de reclusión.

En el año 2011, Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron las condiciones "inhumanas" en las que se encontraba detenida Afiuni. Pidieron su liberación, pero fue negada.

Hoy, el caso vuelve a dar de qué hablar. Un tribunal de Caracas condenó a cinco años de prisión a la juez venezolana, quien en 2009 fue encarcelada luego de liberar a Eligio Cedeño, un banquero venezolano acusado por fraude bancario.

La juez Afiuni había dictado una medida cautelar en beneficio de Cedeño siguiendo la reglamentación legal que impide mantener privada de libertad a una persona que haya pasado dos años detenida sin condena. Cedeño llevaba tres y contaba con el apoyo de un grupo de trabajo de la ONU contra las detenciones arbitrarias, el cual exigía su liberación.

El 11 de diciembre del año 2009, el presidente Hugo Chávez tildó de "bandida" a la juez y ordenó su captura durante una trasmisión de televisión nacional.

"Yo exijo dureza contra esa jueza; incluso le dije a la presidenta del Tribunal Supremo Dra. (Luisa Estela Morales); y así lo digo a la Asamblea Nacional, habrá que hacer una ley porque es mucho, mucho, mucho más grave que un juez que libere a un bandido, que el bandido mismo. Es infinitamente muy grave para una república, para un país, que un asesino, porque pague, un juez lo libere. Es más grave que un asesinato. Entonces, habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso. Treinta años pido yo en nombre de la dignidad del país", dijo Chávez en aquel momento.

Seis días más tarde, cumpliendo los deseos del entonces presidente la juez fue arrestada.

En el libro sobre su historia, Olivares detalla cómo uno de los fiscales del caso de Cedeño, Daniel Medina, que fue el encargado de ordenar la detención de la juez, le dijo a Afiuni, luego de que se emitiera la boleta de excarcelación del banquero venezolano: "Te vas a joder. Ahora vas a ocupar el lugar de él si no lo llegamos a atrapar".

Cedeño ya había huido a Estados Unidos inmediatamente después de su liberación.

José Amalio Graterol, abogado perteneciente al grupo de defensa de Afiuni, explicó a Infobae que desde la audiencia preliminar del 17 mayo del año 2010 hasta la fecha las autoridades venezolanas no han presentado una prueba contundente contra la juez.

De acuerdo con el artículo 62 de Ley Contra la Corrupción, debió haber existido dinero o promesa de este a cambio de algo para que una acusación por ese delito.

Corrupcion Espiritual :delito inventado por el MP y avalado por TSJ para complacer capricho de @chavezcandanga

— Maria Lourdes Afiuni (@mariafiuni) 26 de diciembre de 2011

"En el juicio no se pudo demostrar nada de eso porque no hubo pruebas. La fiscal de la causa dijo que Afiuni sintió un gran placer al haberle dado la libertad a Eligio Cedeño. Es decir, ella está condenada por placer, ella está condenada espiritualmente. Algo que no va con las leyes venezolanas, que tienen algo en especifico: si no está tipificado como delito, no existe. Por eso, es que hemos denominado que la juez ha sido condenada por corrupción espiritual, siguiendo lo que dijo la fiscal en la audiencia preliminar", explicó el abogado.

Graterol asegura que las autoridades venezolanas no deberían regresar a la magistrada a la cárcel, ya que se encuentra en libertad condicional. ero todo depende de lo que establezca el Tribunal de Ejecución de Sentencias.

En el año 2013, las autoridades venezolanas dictaron libertad condicional a la juez. Afiuni no podía salir del país, ni hablar con prensa, ni publicar en redes sociales y debía presentarse cada 30 días ante un tribunal.

Su abogadp señala que el proceso de Afiuni viola todas las leyes debido a que se trata de privar a un juez por tomar una decisión judicial. Los jueces tienen esa potestad, aunque no estén en lo correcto. "Eso no es delito y en este caso no hubo ningún tipo de equivocación".

Maduro intentará arrestar a Guaidó cuando vuelva

Maduro se prepara para violar - una vez más - la Constitución: intentará detener a Guaidó cuando regrese a Venezuela

Infobae




Nicolás Maduro y Juan Guaidó


La fuerza policial y militar todavía responde, a regañadientes, al dictador. El Poder Judicial, secuaz de Nicolás Maduro, también permanece genuflexa a la red de impunidad que rige los dramáticos destinos de Venezuela. A esos mecanismos se enfrentará el presidente interino Juan Guaidó cuando su avión toque tierra en Caracas en las próximas horas, luego de haber realizado una gira por los países que reconocen su investidura.

Guaidó lo sabe: podría ser detenido una vez que arribe a Venezuela. "Si vuelvo a Venezuela y quedo preso habrá un levantamiento popular", pronosticó este sábado en una entrevista exclusiva con Infobae. "La democracia llegará a Venezuela, aunque yo no esté al frente en las calles. Ya es un proceso político que ni Maduro, ni nadie, podrá parar", se esperanza el primer mandatario encargado.

La dictadura ya movió las primeras piezas de su tablero. Hace 20 días abrió una investigación contra Guaidó de la mano de uno de sus resortes claves para perseguir a los líderes políticos de la oposición. La Contraloría de Venezuela inició una pericia penal contra el líder de la Asamblea Nacional por presunta financiación indebida de sus movimientos.

"Presuntamente ha recibido dinero proveniente de instancias internacionales y nacionales sin ningún tipo de justificación", dijo el jefe de ese organismo, el chavista Elvis Amoroso, quien es el encargado de armar la causa contra el opositor.



Juan Guaidó salió de Venezuela el pasado 23 de febrero para estar en Cúcuta, Colombia, y supervisar la entrega de ayuda humanitaria a su país. Fue recibido por el presidente Iván Duque y el secretario general de la OEA, Luis Almagro (REUTERS/Luisa Gonzalez)

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara en cuanto a las condiciones que se tienen que dar para detener a un miembro de la Asamblea Nacional. Guaidó lo es en su carácter de "presidente encargado". Y si la dictadura de Maduro quisiera seguir todos los procedimientos de acuerdo a las normas, le sería imposible concretar arrestar al presidente del órgano parlamentario.

Pero nada escapa al largo y brutal brazo del dictador. Es por eso que pese a la inmunidad que le confiere la Constitución venezolana, Guaidó está bajo la posibilidad cierta de ser detenido.

Guaidó es diputado con mandato de la Asamblea y la Carta Magna les confiere a sus legisladores la potestad de no poder ser apresados. En el Artículo 200 dice expresamente que "gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato", y establece que sólo los puede arrestar el Tribunal Supremo de Justicia con previa aprobación del Parlamento, lo que políticamente no podría suceder en este caso ya que el líder opositor cuenta con el apoyo mayoritario del cuerpo.


 
La Constitución de Venezuela

El Artículo 200 señala: "Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento".

Sin embargo, en la segunda parte de este punto constitucional se proclama la posibilidad de que un legislador sea detenido, pero por "delito flagrante", figura que deja la suficiente libertad de criterio a Maduro para disponer que Guaidó vaya tras las rejas al arribar a Venezuela.

"En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley", manifiesta el mismo artículo.

¿Utilizará Maduro la denuncia ya anticipada de "financiamiento internacional" para tener la excusa ideal detener a Guaidó? Es probable. Sino, hallará otra maniobra que lo justifique. El discípulo de Hugo Chávez sabe que cuenta con la ayuda invaluable de 32 jueces. Son los que componen el Tribunal Supremo de Justicia y que responden incondicionalmente al dictador.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela

Maduro utilizará todo su poder de la mano de los cómplices que aún mantiene en lo más alto de la pirámide. Los militares y los magistrados. Sin embargo, una lenta sangría se produce por estas horas entre los uniformados. Ya son más de 600 los hombres que juraron lealtad a los valores de Simón Bolívar que abandonaron las filas chavistas y reconocieron en Guaidó a un presidente legítimo.

Se espera que en las próximas horas altos comandantes hagan lo mismo, dejen de lado los temores a una persecución y formen parte de la transición democrática. Algunos lo harán por principios republicanos, otros por vergüenza, los más por temor a un futuro tras las rejas.

Lo mismo podría ocurrir en el Tribunal Supremo de Justicia. Jueces que siempre se declararon bolivarianos están pensando seriamente por estas horas abandonar las filas y no permitir más violaciones a la Constitución de Venezuela. El escollo, sin embargo, no es menor: son 32 los magistrados que forman parte del TSJ, el escudo protector ante la ley de Maduro.

La última deserción se produjo en enero, cuando la vergüenza -y el temor al futuro- venció a Christian Tyrone Zerpa y decidió renunciar al tribunal chavista. Debió huir del país porque la dictadura lo acusó de acoso sexual. En las próximas semanas podrían seguirlo más hombres y mujeres del máximo organismo.

El temor que ronda la cabeza de los generales y coroneles y de jueces y secretarios de justicia -y de sus familias- es el mismo: ¿cuál será su destino una vez que el tirano colapse? La historia es implacable ante esta respuesta: la cárcel. Como la que espera a Maduro, quien ya no tiene posibilidad de maniobra de aspirar a un exilio parisino o paradisíaco. Una celda en Caracas es lo que más se asoma en el horizonte del dictador.

ARA San Juan: No fue naufragio sino un siniestro

Padre de uno de los héroes del ARA San Juan: “La investigación es irregular, turbia y atenta contra la verdad y la justicia”

Cristina Perez



El padre del teniente de Corbeta Juan Alejandro Tagliapietra conversó con Gonzalo Sánchez en Confesiones en la Noche acerca del estado de la causa por la tragedia del submarino ARA San Juan.

Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta que tripulaba el ARA San Juan y abogado querellante, dialogó con Gonzalo Sánchez en Confesiones en la Noche acerca del estado de la causa por la tragedia del submarino.

El padre del teniente Juan Alejandro Tagliapietra comenzó su charla con Radio Mitre aclarando las diferencias entre naufragio y siniestro: “El submarino fue siniestrado no fue naufragado después pasa que sin querer empezamos a imponer cuestiones que no son así. Técnicamente está contemplado el naufragio pero yo tengo absolutamente claro que fue un siniestro absolutamente evitable en la que varios actores de la Armada y el Poder Ejectuvio deberían haber previsto que existía la posibilidad”.

En tal sentido, el abogado querellante explicó que “el ejercicio militar que impulsaron era peligroso porque las condiciones de los buques de la Armada no son buenas”, y afirmó: “Pasó lo del ARA San Juan pero podría haberle pasado a la corbeta Espora o a cualquier otro buque”.

Respecto a las famosas sesenta mil imágenes que tomó el buque Seabed y que son fundamentales para entender qué ocurrió, Tagliapietra afirmó estar “ante un callejón sin salida”. “La jueza se apresuró a hablar mediáticamente y decir que sólo ella y las partes en el expediente iban a poder ver las imágenes, a partir de ahí nada”, lamentó el abogado.

“Primero dijo que no podía abrir las fotos, después que era necesaria una computadora de 25 mil dólares y ahora lo último que se supo mediáticamente es que Oceanografía Naval iba a colaborar para poder verlas. Esto cae en contradicción con lo que dijo acerca de que el ministerio de Defensa no iba a ver las imágenes”, aseveró el abogado querellante.

En la misma línea, Tagliapietra sentenció: “La investigación es muy irregular, muy turbia y atenta contra la verdad y la Justicia”.

“Lo que yo pido es que se conforme un equipo de peritos para poder analizar las imágenes con expertos de verdad que sean objetivos y que no tengan nada que ver ni con el Gobierno ni con la Armada”, afirmó Tagliapietra respecto a cómo debería seguir la causa en su opinión.

“La jueza no hizo nada, sólo acumuló testimonios y poco más. Medidas realmente no se hicieron”, lamentó el padre de una de las 44 víctimas de la tragedia del ARA San Juan.

Por último, el abogado querellante consideró que “estamos en un año electoral y hay un interés político de que no se sepa quiénes son los responsables de todo esto”.

Legión Española: Otro hijo de puta detenido

El caso del ex legionario que asesinó a su pareja en España y cayó en una parrilla en Misiones 

José Luis Gallego Sánchez fue miembro del cuerpo extranjero del ejército de su país. Estuvo prófugo por más de dos meses bajo un pedido de captura internacional de Interpol




Por Alejo Santander | Infobae


 
El sospechoso, José Luis Gallego Sánchez, junto a la víctima Eva Flor Bou.

Hasta agosto pasado, José Luis Gallego Sánchez, de 40 años, nacido en Castellón de la Plana, en la provincia española de Valencia, dedicaba la mayor parte de su tiempo a la promoción de su libro: El infierno legionario. Prometía en esas 636 páginas contar las "vivencias reales del autor 20 años después" sobre sus días en la Legión Española, creada para misiones en el extranjero, tal como la Legión francesa. Sin embargo, el verdadero infierno estaba mucho más cerca de la vida del hoy ex militar que un casco y un rifle de asalto.

Eva Bou Flor, de 35 años, mamá de un varón de 15, "una patriota de corazón, amante de España y de la Legión", como se definía ella misma en redes sociales, promocionaba el libro de Gallego Sánchez en grupos de Facebook y entre sus conocidos. Se había enamorado de ese legionario que llevaba su nombre tatuado en letras góticas del lado izquierdo del cuello y que en su antebrazo derecho le prometía un futuro "juntos por siempre".



A comienzos de septiembre, Eva dejó de atender el teléfono y de responder los mensajes de WhatsApp: Gallego Sánchez tampoco contestaba llamadas. Tras varios días sin noticias, su familia decidió denunciar la desaparición. El viernes 7 de ese mes, la policía encontró el cadáver de la mujer en el departamento que la pareja compartía en el Poble Nou de Borriol, un pequeño pueblo español de poco más de 5.000 habitantes.

El cuerpo de Bou presentaba signos de descomposición. La autopsia realizada en el Hospital Provincial de Castellón determinó que la mujer de 35 años había sido asesinada entre el 2 y el 3 de septiembre de varias puñaladas. Gallego Sánchez no tardó en convertirse en el principal sospechoso. Tenía antecedentes penales y una denuncia de su ex mujer por violencia de género. Además, había desaparecido.

 
José Luis Gallego Sánchez

A esos datos se sumarían los movimientos en su tarjeta de crédito, que indicaban que el 4 de septiembre había realizado varias extracciones de dinero y que un día más tarde había abandonado España en un vuelo comercial hacia Sudamérica. Cuando la policía encontró el cuerpo de Bou, Gallego Sánchez le llevaba a los investigadores 48 horas de ventaja. Podía estar en cualquier parte, podía haber aterrizado en un país y cruzado fronteras a pie, cambiado de identidad, borrado sus huellas.

Tras una adolescencia problemática, que incluyó un arresto por un asalto a mano armada, a los 18 años Gallego Sánchez se alistó como voluntario en la Legión Española y durante varios meses fue parte de la Brigada Rey Alfonso XIII. Luego de su paso por esa agrupación considerada de elite, creó un grupo de Facebook de línea patriótico-militar en el que comenzó a escribir pequeños relatos sobre su experiencia bélica. Su producción lo hizo conocido entre fanáticos de la temática, en su mayoría ex legionarios y alentado por algunos de ellos decidió escribir su libro, El infierno legionario, que se publicó en 2017.



Gallego Sánchez había publicado su libro en 2017

Entre el crimen y el hallazgo del cuerpo de Bou la única persona que vio y habló con Gallego Sánchez fue su hijo de 18 años, fruto de una relación anterior que también había terminado con problemas de violencia. Después de eso sobrevino la aparición del cadáver, el rastrillaje local en Borriol, en Valencia, en toda España y finalmente una circular roja de Interpol que llevó la búsqueda a todo el mundo.

Una fuente cercana a la investigación le confió a Infobae que se logró establecer que Gallego Sánchez había llegado el 6 de septiembre a la Argentina. También se confirmó que pasó unos días en la ciudad de La Plata, donde se hospedó en un hotel ayudado por un contacto local. El rastro se perdía en ese lugar: hasta hace una semana no había indicios de los movimientos del español, ni se sabía a ciencia cierta si continuaba en el país.

Pero un error del prófugo, un acto inocente para un homicida internacional, pondría a las fuerzas otra vez sobre su pista.

 
Eva Flor Bou

En este punto, se vuelve importante destacar cierto espíritu de hermandad que existe entre las unidades de la Legión y la Guardia Civil en España. Gallego Sánchez hizo un llamado telefónico a esa fuerza que sentía afín y si bien no quiso dar datos sobre su paradero, dejó entrever la intención de entregarse a ellos en tierra europea. El contacto fue breve, no hubo acuerdos, pero alcanzó para realizar las triangulaciones necesarias que lo ubicaron en Posadas, Misiones. El sospechoso seguía en Argentina, pero la cercanía con la frontera indicaba que no había tiempo que perder.

"Él buscaba la posibilidad de ir a uno u otro país de manera fácil, burlando a la policía", arriesgó una fuente judicial, sobre la ubicación, en una zona en la que la gran cantidad de kilómetros de frontera con Brasil y Paraguay, hacían que su escape tuviera más chances de pasar inadvertido.

Dos integrantes de la Guardia Civil española viajaron camino a la Argentina para sumarse a la División Investigación Federal de Fugitivos de la Policía Federal, unidad a cargo del comisario Edgardo Moses, que el sábado pasado con ayuda de la Delegación Posadas, desplegó un grupo reducido de agentes en la capital misionera con el objetivo de capturar al principal acusado del crimen de Bou.

 

El grupo, según pudo saber este medio, tenía demarcado un radio en Posadas, pero no un punto específico en el que dar con el sospechoso. Fue el calor de Misiones, comentaron los informantes, lo que llevó al prófugo a salir a la calle descubierto. Los tatuajes en zonas visibles de su cuerpo, incluido el nombre de su víctima en el cuello, hicieron que la identificación se hiciera más simple.

Cerca de las 20:10 del sábado pasado, Gallego Sánchez llegó caminando con una gorra negra y remera a la parrilla Homero, ubicada en la avenida Santa Catalina. No tuvo tiempo a resistirse o intentar escapar al verse sorprendido por los agentes que lo interceptaron. No llevaba armas, solamente gran cantidad de dinero y algunos celulares.

 
El momento de la detención de Gallego Sánchez en Misiones


Tras su captura intervino el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas a cargo de la doctora Verónica Skanata que dispuso que Gallego Sánchez quede detenido por el momento en la Delegación Posadas de la Federal para luego realizar el proceso de extradición a España.

Según pudo saber Infobae, la extradición ahora podría tardar hasta 1 año, a menos que el propio Gallego Sánchez manifieste su intención de ser llevado a su país, lo que abreviaría el proceso a entre 10 y 15 días para que pueda ser juzgado en su país de origen.

El móvil del crimen, a ambos lados del océano, todavía es una incógnita para los investigadores.