La diputada Camila Alejandra Flores Oporto alega que Argentina y Perú gastan en defensa dinero que no tienen debiera pedir a sus diputados que inviertan en salud y educación de sus ciudadanos así no parasitan de los recursos públicos argentinos. Lloran por armas pero no invierten en el propio bienestar de quienes los votaron.
Vacaciones,
favores y política: Milei intenta limitar a los aviones de los
gobernadores y los obligará a declarar la finalidad de los vuelos
Las
aeronaves estatales no podrán realizar actividades comerciales y
tampoco ser utilizadas para fines que no tengan relación con la función
pública; duda con los aviones “sanitarios” que realizan traslado de
funcionarios
Diego Cabot || LA NACION
La aeronave Boeing 737-700 de LADE, apuntado por ofrecer vuelos charter a Brasil o para delegaciones de fútbol || Ministerio de Defensa
Un
par de artículos y no mucho más como para empezar a delinear un nuevo
esquema. De eso se trata el decreto que firmó el presidente Javier Milei, con el que intentará
poner un límite a los excesos y los abusos que la política hace de los
aviones que son propiedad de los estados, nacionales o provinciales. De pasada, como para sumar algo más, controlar más de cerca los vuelos y los destinos de las aeronaves militares.
La historia no es nueva, aunque la norma sí lo es. El jefe de Estado ya se había referido al asunto en
la campaña. Pero estos días, cuando el ímpetu de la administración es
desregular, caminó por el sendero contrario para intentar ordenar una
situación que molesta a la Casa Rosada.
La cuestión es simple. La Nación no puede entrometerse en las cuestiones de los gobernadores
que suelen usar aeronaves de las provincias, aunque sí lo puede hacer
en todo lo que tiene que ver con aquellos que estén matriculados por los
organismos o las empresas que dependan de los militares. Pero encontró una tangente con la que tendrá injerencia en ambos universos.
Se trata de hacerles declarar a este tipo de aviones no sólo la ruta, como era hasta ahora, sino la finalidad de vuelo. “Las
aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna
actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica
esencial al servicio del poder público. Prohíbese su
utilización en cualquier actividad aérea que, por su condición, pueda
ser considerada propia de una aeronave privada”, dice la norma en su
artículo primero.
La idea es simple:
no autorizar los vuelos si no es una actividad oficial, o en su caso, un
vuelo sanitario para los aviones comprados bajo ese régimen. De paso,
poner un límite a los vuelos de las Fuerzas Armadas que, desde hace un
tiempo, iniciaron la explotación comercial de algunas aeronaves con
matrícula militar. Por caso, alguna vez un Hércules se utilizó para
llevar carga a Ushuaia y un Boeing 737 que explota Líneas Aéreas del Estado (LADE) y que compite con los privados con precios muy bajos, por ejemplo, en vuelos charter a Brasil o para delegaciones de fútbol.
Con
los gobernadores, la cuestión es distinta. Sucede que la mayoría de las
provincias renovaron sus flotas en los últimos años. Pillos y
conocedores de los pasillos del poder del gobierno de Alberto Fernández,
los mandatarios aprovecharon la brecha cambiaria y compraron
aviones a precio oficial. No eran originales, la misma metodología la
siguieron centenares de empresarios. El asunto era sencillo: pedían
autorización para importar una aeronave, les autorizaban las licencias y
luego cancelaban la cuenta en pesos y a precio oficial.
Este esquema funcionó
tanto para los hombres de negocios y como para los gobernadores. Se
reían de las restricciones cambiarias de los que se mueven por la tierra; en el aire, los dólares volaron al exterior con operaciones de este tipo.
El negocio floreció al punto que entre 2020 y 2022 se matricularon 280 aviones en el país. Fue
una fiesta que aprovechaba, no solo la brecha, sino la posibilidad de
sobrefacturar en el exterior y comprar más dólares que los necesarios,
en pesos y al valor oficial. Maravillas cambiarias con forma de hélices y
turbinas
Los gobernadores, además, usaron otra ventanilla de descuento: importaban los aviones bajo el régimen de “avión sanitario”. Ese sistema entrega algunos beneficios a la hora de tributar impuestos, además de comprar un ticket social para vender mejor la idea a los propios.
Es decir, no es lo mismo contar la historia del gasto de millones de
dólares en un jet privado que hacerlo cuando se trata de un “avión
sanitario”.
Esta operatoria se
convirtió en una fenomenal manera de sacarle billetes al Banco Central,
que lo permitía por pedido de “la casta” política y empresaria. Fue
tal el negocio que aquellos hechos terminaron con una causa penal que
instruyó el fiscal Guillermo Marijuan en la que se listó el monto de
dólares pedidos, el valor declarado, la matrícula y la empresa o el
organismo que lo había traído al país.
Una
aclaración: para declarar un avión como sanitario sólo es necesario
comprar un set que venden las comercializadoras de aviones y que
requiere que, al colocarlo, se remuevan un par de asientos. Con lo cual,
con solo retirarlo, pues la aeronave queda configurada como un jet de
pasajeros.
Así las cosas, varios del los gobernadores empezaron a hacer uso y abuso de los aviones. Alguna vez, por ejemplo, Luis Manzur, cuando era Jefe de Gabinete, viajó a Estados Unidos en un jet “sanitario” propiedad
de la provincia de Tucumán. También son conocidos los vuelos de la
aeronave de la gobernación de Santiago del Estero, muchos de ellos a
destinos turísticos como la costa argentina o Punta del Este.
Por caso, el 8 de enero pasado, el avión oficial Lear Jet 45 matrícula LQ-CPS despegó de Santiago del Estero el lunes 8 de enero a las 11.03 y aterrizo a las 12.35 en Villa Gesell.
Casualmente, esos días el gobernador Gerardo Zamora llegó al balneario
con su familia. El avión sanitario voló 1,35 horas para llegar al
aeropuerto más cercano a Pinamar, donde se lo fotografió. Las
posibilidades del vuelo no eran tantas. O hubo alguna derivación de
urgencia desde la capital provincial a algún hospital de la zona
balnearia o algún santiagueño tuvo que trasladarse de urgencia desde
Pinamar a Santiago. Pero claro, la principal hipótesis fue que Zamora y su familia llegaron en ese vuelo. “Es una pelotudez”, dijo entonces el mandatario cuando se lo consultó.
De regreso a la norma, ahora Zamora deberá indicar la finalidad de cada vuelo a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)
y, en ese caso, quien tenga que decidir podrá no autorizar el vuelo si
no está debidamente justificado el traslado. Es decir, si no es una
actividad oficial, podría denegar el permiso y dejar el avión en tierra.
En el caso de los aviones con matrícula militar, la norma es clara: no pueden hacer actividad comercial. Los clubes o las empresas que usaban los aviones de la Fuerza Aérea o de LADE ya no podrán continuar con esa actividad.
Uno de los puntos que no está claro es qué
pasará con la mayoría de los vuelos que realizan los jets de las
provincias, que llevan y traen funcionarios, y que fueron importados
como aviones sanitarios. La reglamentación se ocupará del
asunto y tiene que estar lista en 120 días, aunque nada hace suponer que
será tan estricta como para dejar a esos aviones en tierra. Todos
conocen en el sector que se compraron con ese régimen por cuestiones
políticas e impositivas, pero los usan para traslados de jerarcas
provinciales. Al fin y al cabo, son conocedores de las
trapisondas aeronáuticas necesarias como para no subirse más a un avión
de línea; al menos, mientras dure su mandato.
Comandante General del Ejército estaría involucrado en compra de más de 10 mil fusiles que incumplían con lo requerido
César
Briceño Valdivia lideró la entidad encargada de la adquisición que
ascendió a US$ 27 millones y ofrecía una garantía de tan solo dos años, a
pesar de que se requerían 12 años.
Por Laura Vásquez Benavente || Infobae
Una nueva polémica ha surgido en el Ejército peruano, involucrando al comandante General del Ejército, César Briceño Valdivia.
El tema de debate se centra en la compra de 10 mil rifles, que tuvo un
costo total de 27 millones de dólares, en un contrato que actualmente
está siendo examinado. Cabe destacar que Briceño Valdivia ocupaba la
presidencia de la institución militar responsable del proceso en el
momento de esta millonaria adquisición.
Según
el reporte inicialmente advertido por el periodista Ángel Páez, la
compra de 10 000 ejemplares israelíes ARAD 7 fue programada en agosto
del año pasado. Para adquirir estos fusiles, el Ejército del Perú y la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. (FAME) —entidad estatal adscrita a las Fuerzas Armadas— suscribió un contrato que inicialmente debía realizarse por medio de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA).
En
el informe del hombre de prensa, este cambio en la entidad que debía
realizar la compra fue solicitado por el mismo Ejército del Perú; y
acatado sin reparos por el Ministerio de Defensa, a cargo de Jorge Chávez Cresta. Esta modificación generó que la FAME sea la encargada de efectuar el contrato, la misma que en ese momento se encontraba bajo el mando de Briceño Valdivia.
Comandante
General del Ejército presidía la FAME cuando se realizó la adquisición
de fusiles sin la garantía adecuada. Composición Infobae.
Fusiles millonarios que ni siquiera fueron probados en Perú
Una
vez con la FAME a cargo de la licitación, se acordó la adquisición
entre esta y el Ejército para hacerse de un total de 10 000 fusiles de
asalto de procedencia israelí con modelo Arad 7 calibre 7.62 x 51 mm;
los cuales debía de seguir un proceso de ensamblado. El costo final de
este contrato significó un total de US$ 27 millones 737 mil 119 que, al
cambio, dan unos 103 millones 740 mil soles.
En
las pesquisas ejecutadas por Páez, se detalló que este significativo
gasto se realizó “sin licitación o concurso de precios”, además de no
haber sido probados adecuadamente por las Fuerzas Armadas antes de su adquisición.
Sin
embargo, uno de los hechos que más suspicacia generan es que el
Ejército habría aceptado la compra a ojos cerrados; pues las
investigaciones revelaron que estos fusiles “no fueron probados en
territorio peruano, sino en la misma compañía Israel Weapon Industries (Industrias de Armas de Israel - IWI).
Fusiles no cumplían con requisito técnico de garantía
Fusil ARAD 7 fue comprado con menos años de garantía que lo requerido. FAME no justificó la reducción de garantía. Difusión.
Como
si las dudas respecto a la irregularidad advertida en esta contratación
no fueran suficientes, un informe de contraloría detalló que el
contrato de los fusiles se había establecido como requerimiento para la
adquisición de las armas “una garantía técnica de 12 años”; sin embargo,
la Contraloría General de la República señaló que el contrato suscrito
entre la FAME y el Ejército solo establecía una “garantía técnica de
fábrica de 2 años para los 10 000 fusiles de asalto modelo ARAD 7″.
En
el hecho adverso alertado por la Contraloría, se señalaba que la
“situación no permitiría que los bienes adquiridos cuenten con un mayor
periodo de cobertura ante desperfectos o fallas de origen”. Según la
explicación detallada, con este cambio de garantía; el Ejército pasaría
de tener una garantía de 120 000 disparos a una garantía menor de apenas
20 000 disparos.
Contraloría no encontró justificación para reducir la garantía
Informe de Contraloría al que accedió Ángel Páez alertó las irregularidades.
En
el marco de estas pesquisas, una representante de la Contraloría
también señaló que “de toda la revisión documentaria que ha hecho la
comisión de control a cargo, ha verificado de que no ha encontrado una
justificación que sustente esta variación”; motivo por el que se dispuso
la situación adversa en el informe.
“Estamos
a la espera de la respuesta que va a tener el Ejército a fin de que
adopte las medidas preventivas y/o correctivas. Este plazo todavía está
corriendo, tenemos hasta fin de mes, el 29 de enero aún”, aseveró la
funcionaria.
“Todo se organizó para que ganara IWI”, señala una de las empresas que postulaban
Como
si los dos informes presentados por la Contraloría General de la
República no fueran suficientes, el periodista conversó con dos de las
empresas que fueron consultadas a participar en la licitación para la
adquisición de las municiones de la FAME. Aunque los representantes de
estas empresas pidieron mantener la reserva de las mismas “por razones
de seguridad”, aseveraron que existió en un inicio una invitación formal
por parte del Servicio Material de Guerra del Ejército; pero que su
participación no se llegó a concretar “porque el proceso había sido
cancelado”.
General
EP César Briceño Valdivia era presidente de la FAME durante proceso de
licitación de los 10.000 fusiles Arad 7. Gobierno del Perú.
En sus declaraciones, uno de los representantes aseveró que “de haber ocurrido una licitación, el Ejército
debió poner a prueba todos los modelos, como sucedió en otras
oportunidades en las que participamos. Esta vez todo se organizó para
que ganara IWI”.
“Si el Ejército deseaba
el mejor modelo para sus intereses, debió poner a prueba todos los
modelos. Lamentablemente, en esta ocasión, no lo hizo. Si dicen que el Arad 7
es el mejor de todos, ¿por qué no se sujeta al protocolo de pruebas,
como lo hizo nuestra empresa y otras más en anteriores concursos?”,
inquirió otro de los representantes.
Otro
de los representantes agregó incluso que “cuando nuestra empresa
participó en otros procesos, las pruebas de resistencia al agua, a la
tierra y otras se hicieron en Lima, en instalaciones del Ejército. Esta
vez se hizo en la misma fábrica de IWI, lo que resulta cuestionable”.
¿Quién es César Briceño Valdivia?
César Augusto Briceño Valdivia,
nacido en Lima el 20 de junio de 1964, inició su formación en el
Colegio Champagnat de Miraflores y posteriormente ingresó a la Escuela
Militar de Chorrillos en marzo de 1983. Se graduó como Subteniente de
Ingeniería en enero de 1987, destacándose como el Espada de Honor de la
91 Promoción “II Promoción Andrés Avelino Cáceres”.
Con una carreramilitar de 36 años al servicio de la nación, BriceñoValdivia
ha desempeñado roles en diversas unidades y dependencias del Ejército.
Ha cumplido funciones como instructor en la Escuela Militar de
Chorrillos y en la Escuela de Ingeniería del Ejército. Además, ocupó el
cargo de Director de la Escuela de Ingeniería del Ejército en 2013 y
Jefe de Educación del Ejército en 2014.
El
Gobierno de Dina Boluarte oficializó su nombramiento como comandante
general del Ejército del Perú. Según la Resolución Suprema 140-2023-DE,
publicada en el diario oficial El Peruano, Briceño Valdivia asumió sus
funciones el 1 de enero de 2024.
César Briceño Valdivia será el nuevo comandante general del Ejército a partir del 1 de enero del 2024.
Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas también estuvo implicado en licitación irregular
Este caso se suma al reciente escándalo revelado por el mismo hombre de prensa, en el que se detalla la injerencia y presuntas presiones por parte del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda Parra, para que el Ejército proceda con la adquisición de blindados 8x8 con una empresa turca en específico.
En
dicha investigación, se detalló que Ojeda Parra intentó interferir en
la contratación de la empresa Otokar hasta en tres oportunidades. Ante
cada uno de estos requerimientos, la Agencia de Compra de las Fuerzas
Armadas (ACFFAA) emitió su respectivo comunicado rechazando las presiones del jefe del CCFFAA; ello al advertirse irregularidades en el proceso de selección que posteriormente fueron detalladas por Infobae Perú.
Informe que detalla los hechos irregulares que involucran al Ojeda Parra. Infobae Perú.
La foto patética del año, no sé por donde empezar. El patético bombita Taiana al lado de la patética hermana del óbito virolo amante de las cajas fuertes, junto al patético jefe de la FAA en Río Gallegos, durante el despliegue de tres entrenadores Pampa III. pic.twitter.com/d4yLQsTYfR
Un ancestro mío voló toda la 1ra GM como piloto del Royal Flying Corps. Su biplano artillado era útil para la tarea y su tiempo. No fue parte de un escenario para ignorantes en defensa que aplauden como focas . Keep in touchhttps://t.co/wp0dbqhSDZ
A size comparaison chart between submarines (image : H.I Sutton)
Australian Government Spent $250,000 Covering up French Submarine Deal
A quarter of a million dollars in taxpayer money has been spent by the Australian government trying to keep the original price of the country’s submarine project with France hidden from public view.
The Department of Defence and French military company Naval Group have racked up legal costs totalling $247,875 from government-funded solicitors in an attempt to keep the initial price quoted by the French company a secret.
The French-Australian nuclear submarine program has been shrouded in controversy since Scott Morrison abruptly scrapped the agreement in September after cutting a better deal with the US and UK through AUKUS.
When then-Prime Minister Malcolm Turnbull first announced the Naval Group project in 2016, he described it as being worth around $50 billion.
By the time the French contract was shredded by Mr Morrison in 2021, the Commonwealth placed the total predicted costs closer to $90 billion.
If the project had gone ahead, it would have been the largest Defence procurement in Australian history.
But independent Senator Rex Patrick told NCA NewsWire he believed the original cost of the submarine program provided by Naval Group was only a fraction of that price.
“I think the original price is nowhere near $50 or $90 billion. I think it's somewhere in the order of $20 to $25 billion,” he said.
El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas investiga irregularidades en los gastos del Comando Electoral en las PASO
El subjefe del máximo organismo militar del país firmó un sumario militar tras la denuncia de un teniente coronel por posibles maniobras dolosas en el manejo de fondos electorales por parte de sus superiores Por Fernando Morales || Infobae
El Subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Brigadier Mayor Pedro E. Girardi, firmó en las últimas horas la disposición número DI-2021-14-APN- SEMCO#EMCO mediante la cual ordena la apertura de un sumario militar que involucra a varios jefes castrenses para investigar posibles irregularidades en la ejecución del presupuesto de al menos 20 millones de pesos sobre el total destinado al pago de pasajes y viáticos destinados al Comando Nacional Electoral que actuó en las últimas elecciones primarias.
La medida se adoptó a partir de una presentación efectuada por un oficial de intendencia destinado en el organismo, quien denunció a sus superiores por la presunta comisión de severas irregularidades en el manejo de fondos girados por el Ministerio de Interior para hacer frente a gastos relacionados con las PASO ( Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias)
La “Actuación de Justicia” dispuesta por la segunda autoridad militar del país ordena la inmediata apertura de un sumario militar previo a la conformación del Consejo de Disciplina Militar. La última oportunidad en la que se activó este órgano disciplinario máximo del mundo militar correspondió al juzgamiento de varios oficiales navales involucrados en el hundimiento del submarino ARA San Juan.
La denuncia originalmente fue realizada en forma verbal y posteriormente oficializada ante el responsable del Comando Nacional Electoral -General de División Martin Deimundo Escobal- por uno de los responsables del Departamento Finanzas del Comando Operacional Conjunto de las FFAA, quien dio cuenta de un presunto manejo doloso de los fondos asignados por el Estado Nacional al organismo militar para el pago de gastos inherentes a la custodia y seguridad del acto eleccionario.
El General de División Martin Deimundo Escobal es el actual Comandante Nacional Electoral
Dentro de los presuntos ilícitos denunciados por el teniente coronel que se desempeña actualmente como segundo jefe del órgano financiero militar conjunto se destacan: “Pago duplicado a proveedores, pago de viáticos apócrifos, listado fantasma de supuestos efectivos desplazados a distintos puntos del país para tareas de custodia de urnas y centros de votación, falsificación de datos sobre personal de las fuerzas policiales intervinientes, desaparición de documentación de respaldo de las rendiciones efectuadas y serias inconsistencias contables entre otros ilícitos”.
Según confiaron fuentes militares a Infobae, “el Comandante Operacional recibió una comunicación oficial con la denuncia formalizada y registrada bajo el número 2021-94669979 APN-CO#EMCO mediante la cual fue notificado de las irregularidades detectadas por el contador militar. Uno de los hechos especialmente apuntados está constituido por una gran cantidad de pagos duplicados e irregularidades en la contratación de una reconocida empresa de transporte de pasajeros utilizada para el traslado del personal afectado al comicio desde sus lugares de residencia a los puntos geográficos en los que debían prestar servicios”.
A partir de allí el General Escobal convocó a todo el personal superior y subalterno responsable del manejo financiero del EMCO y del pago a proveedores quienes dieron versiones encontradas sobre las distintas denuncias las que incluyen también la desaparición de documentación respaldatoria en forma dolosa.
Alrededor de 90.000 efectivos de las FFAA y FFSS son movilizados para distinas tareas relacionadas con la seguridad del proceso electoral
Ante la gravedad de las inconsistencias en las que incurrieron los declarantes y dado el elevado monto involucrado, Escobal puso en conocimiento de la situación a las máximas autoridades del EMCO las que oficializaron la investigación.
En principio de los testimonios dados por el denunciante, se encontraría comprometido un oficial superior del Ejército responsable de las transferencias bancarias a proveedores. Los fondos son girados a la contaduría del EMCO desde el Ministerio del Interior y la afectación de los mismos debe ser imputada exclusivamente a gastos relacionados con el proceso electoral. Los excedentes si los hubiere deben ser devueltos a la cartera política.
A la izquierda el Brigadier Mayor Pedro Gilardi, Subjefe del Estado Mayor Conjunto y responsable de la convocatoria a la justicia militar para que inicie las actuaciones de rigor
Vale destacar que el personal militar que compone el Estado Mayor Conjunto proviene de las tres fuerzas armadas por lo que mientras dure su asignación a este organismo dejan de reportar a sus fuerzas de origen.
Inicio de las actuaciones disciplinarias
Entre los fundamentos que dan inicio a las actuaciones se señala “en el entendimiento que durante el desarrollo de la primera etapa de las elecciones nacionales (PASO) podrían haberse llevado adelante procesos que no respetaron las exigencias normales y habituales tendientes a resguardar la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos afectados a la misma, generándose al mismo tiempo transferencias bancarias cuya regularidad debe ser investigada. Ello alcanza también a determinar si se arbitraron las medidas necesarias para el resguardo de la documentación respaldatoria de los procesos en cuestión”.
Uno de los auditores generales de las FFAA señala: “Se ha dispuesto activar los mecanismos legales para determinar si estamos en presencia de una irregularidad administrativa sancionable en forma interna o si se ha cometido un delito. En este último caso no solo se elevará la calificación de la falta militar ( de grave a gravísima) sino que además el EMCO deberá dar cuenta a la justicia federal para que se investiguen las responsabilidades penales”
La misma fuente aclara que en muchas ocasiones maniobras que prima facie parecen obedecer a situaciones dolosas, luego terminan siendo malversaciones de caudales públicos que se originan en sobrantes de partidas de dinero para realizar determinado tipo de tareas que se usan finalmente para ejecutar otras para cuyo fin no había fondos disponibles.
La tarea del Comando Electoral es compleja y comienza el día anterior al acto comicial
“Si bien es desprolijo y quien incurre en estas prácticas comete una falta, el fin de este tipo de maniobras suele estar relacionado con necesidades propias del servicio y no encierra un beneficio personal para el funcionario que las realiza. No obstante en la denuncia en trámite tanto por el monto involucrado como por la acumulación de irregularidades se impone una actuación sumaria”, señalan desde al auditoría General de las FFAA.
De acuerdo a lo normado por la ley 26.394 ( Régimen Disciplinario de las FFAA) las faltas cometidas en el cumplimiento de la función militar son merituadas y sancionadas de acuerdo a las previsiones del Código de Disciplina de las FFAA sin perjuicio de la actuación que en forma paralela o posterior lleve adelante la justicia ordinaria o federal.
El General Martín Paleo Jefe del Estado Mayor Conjunto y máxima autoridad militar del país
Hasta el momento desde el Ministerio de Defensa no se han pronunciado al respecto. Allegados al ministro Jorge Taiana manifestaron a Infobae que el funcionario requerirá en las próximas horas al propio Jefe del Estado Mayor Conjunto General de División Martín Paleo, un informe escrito sobre los hechos investigados a partir de lo cual decidirá si la cartera a su cargo se constituye en denunciante ante la Justicia Federal.
Las actuaciones en curso investigan -en principio- la presunta comisión de una falta grave para lo cual se ha convocado al Coronel Mayor Auditor ( abogado) Alberto F Torres para que oficie de instructor y proceda a realizar la instrucción sumaria correspondiente. Torres dispone de 60 días hábiles para realizar todas las diligencias que estime pertinentes incluidas pericias contables y declaración de testigos. De acuerdo a las conclusiones a las que arribe y a la gravedad que en definitiva le atribuya a los hechos investigados, se podrá determinar la convocatoria al Consejo General de Disciplina quien será en definitiva el que determine la sanción a aplicar al o los infractores.
La petrolera francesa y Excelerate peleaban cabeza a cabeza por un contrato millonario que es estratégico para garantizar el abastecimiento de gas en invierno. A último momento, Total se retiró del proceso.
La empresa líder mundial en servicios relacionados al GNL, Excelerate Energy, anunció que estará a cargo del buque regasificador que operará en la costa argentina, más específicamente en la ciudad de Bahía Blanca, luego de que la petrolera Total se retiró del acuerdo. Sin dudas será otro campo de corrupción fértil para sobreprecios y sobornos tal y como ocurrió durante todos los gobiernos kirchneristas.
La noticia acerca de la salida de Total de la compulsa fue dada a conocer por el sitio especializado Econojournal, tras la confirmación por parte de fuentes gubernamentales y cercados a la petrolera francesa. Ese medio también informó que hace meses esta empresa habría amenazado con retirarlo si no se quedaba con el manejo de la operación.
Excelerate estuvo a cargo entre 2008 y 2018 del suministro y operación del buque instalado en el muelle de MEGA en Bahía Banca, sin embargo, IEASA no validó la contratación directa de Excelerate y promovió una licitación internacional.
Excelerate contaba, además, con una importante ventaja competitiva: es dueño del brazo de descarga de LNG instalado en Bahía Blanca. Aún así, Total presentó una oferta competitiva, señalaron fuentes gubernamentales. Pero optó por retirarse del proceso cuando YPF avanzó con consultas de detalle para cerrar el análisis técnico de las ofertas.
Por caso, el pliego elaborado por la petrolera e IEASA estipulaba que la tarifa por el alquiler del barco se cobraría a partir del día en que la embarcación se instale en Bahía Banca. Total propuso empezar a cobrar su fee diario desde que el barco esté en viaje en camino hacia la Argentina.
Por su parte, desde la Secretaría de Energía de la Nación, destacaron que la licitación permitirá reducir los costos de regasificación de gas de Bahía Blanca.
“Da la impresión que YPF está más cómodo con que gane Excelerate, por la experiencia que tienen y que lo hacen (el proceso de regasificación) con solvencia. Total quiso intervenir desde hace muchos años, pero nunca pudo. Espero que esto sirva al menos para bajar los costos”, comentó un colaborador del secretario Darío Martínez a Econojournal.
El gobierno kirchnerista profundiza la relación con el régimen chino: compraría blindados que descarta su propio ejército
El ministro Agustín Rossi reconoció que avanza en las negociaciones con Beijing, que los blindados están destinados al Ejército Argentino y que se adquirirá un modelo que sólo se produce para exportación
Por Román Lejtman
16 de Agosto de 2020
Alberto Fernández fortalece su relación diplomática con China, mientras toma cierta distancia de los Estados Unidos y su agenda en América Latina. El presidente argentino ordenó a su ministro de Defensa, Agustín Rossi, negociar con Beijing la compra de blindados para el Ejército Argentino. Se trata de vehículos de combate y transporte que no son usados por las tropas del régimen chino, y que habitualmente se exportan a países subdesarrollados.
-¿Están evaluando comprar blindados a China?-, preguntó Infobae al ministro Rossi.
-Sí. Estamos en tratativas. Es el modelo ZBL, 8x8, que produce la empresa NORINCO (North Industries Corporation, por sus siglas en inglés).
-¿Esos blindados serían para el Ejército?
-Sí.
-¿Van a comprar muchos?
-Depende del presupuesto. Si fuera por el Ejército, al menos 200... - El Ejército de China no usa el blindado que piensan comprar. Sólo se vende al exterior...
-Es cierto. Pero es un modelo muy bueno.
La decisión presidencial respecto a los blindados chinos aparece cuando aumenta la tensión entre la Casa Rosada y la Casa Blanca. Beijing aprovecha la zanja diplomática que divide Buenos Aires y Washington, y avanza con sigilo en su estrategia de acercamiento a la Argentina. En China se juega al Go, que implica un método de acción envolvente, constante y en bloque. La paciencia es clave y los recursos se mueven bajo un comando vertical.
Desde esta perspectiva, Xi despliega frente a Alberto Fernández una estrategia Go, que se basa en apoyar su gestión y moverse en bloque para obtener beneficios políticos que Mauricio Macri prometió y nunca cumplió.
Hace pocos días, el jefe de Estado promulgó un tratado bilateral de investigación espacial que dormía en Cancillería, autorizó la creación de un Centro Cultural y está por dar un paso esencial para recibir beneficios millonarios del proyecto chino de desarrollo global que se llama Camino de la Seda.
En este contexto, Xi contempla las necesidades de la Casa Rosada y procede a máxima velocidad política. Alberto Fernández necesitaba renovar un swap chino por 8.500 millones de dólares, y Beijing avanzó con ese movimiento financiero. Y en el ínterin, mientras Martín Guzmán negociaba con los acreedores privados, Xi dejó entrever que apoyaba ese diálogo clave para la economía y que estaba a disposición si el Banco Central necesitaba una nueva partida de fondos frescos.
La cercanía personal y diplomática de Alberto Fernández y Xi conduce a la posibilidad de establecer nuevos negocios entre Argentina y China. Esos negocios acercan a Buenos Aires con Beijing, complican la relación con Estados Unidos, y fortalecen la influencia de XI en América Latina.
El líder comunista cree que se puede desplazar a Washington como eje central del poder global, y su cercanía con el presidente argentino apunta a ese objetivo geopolítico. Se trata de sumar influencia regional a través de los tratados bilaterales, los créditos blandos para ayuda financiera y los acuerdos comerciales que China empuja con la mayoría de los países de América Latina.
Xi facilitó la exportación de cerdos, limones y soja a los gigantescos mercados chinos, y ya tiene el compromiso oficial para construir dos centrales nucleares en la Provincia de Buenos Aires, que ya estaban aprobadas durante la administración de Macri.
No es la primera vez que un gobierno kirchnerista intenta adquirir vehículos blindados a la empresa china NORINCO. Hacia fines de 2015, Cristina Fernández avaló la compra de 110 blindados, que se suspendió por el cambio de gobierno. Y ahora, como reconoció Rossi a Infobae, se iniciaron de nuevo las conversaciones con Beijing.
En Casa Rosada y en el Ejército coincidieron en afirmar que se intenta cerrar una operación comercial por un poco más de 200 vehículos blindados. Y dentro de este número tentativo, las autoridades militares solicitaron que 60 porten torretas con un cañón de 30mm, y que el resto tengan una sola ametralladora de 12.7mm.
Además, el Ejército pidió que tuvieran capacidad para transportar soldados armados, y rampa para bajar, en lugar de las puertas que tiene el modelo ZBL09. Y respecto a las comunicaciones, el Ministerio de Defensa ya anticipó que no usará la tecnología china, puesto que el Ejercito tiene contratos exclusivos con Israel.
La versión for export del modelo ZBL09 sólo fue vendido a precio de ganga en Venezuela (40 vehículos en 2012), mientras que Tailandia y Gabón -países del Tercer Mundo- demostraron algún interés. El Ministerio de Defensa pretende traer las unidades desarmadas y luego asignarlas a Tandanor o Tamse, que tienen capacidad ociosa para reconstruir los blindados que llegarían desde China.
La negociación que emprende Rossi implicará un nuevo acercamiento a China y un error básico en la provisión de blindados para el Ejército. Estos vehículos sólo son compatibles con la tecnología china, y sufrieron graves contratiempos en maniobras militares que se ejecutaron en Kenia y Filipinas.
Alberto Fernández no cree que los nuevos negocios con China compliquen la relación bilateral con Estados Unidos, y menos aún la negociación con Fondo Monetario Internacional (FMI), que siempre se alineó a la agenda global de la Casa Blanca. A veces, la diplomacia en zigzag de un país emergente se transforma en un volátil juego de suma cero.Xi Jinping y Alberto Fernández profundizan la relación diplomática entre Argentina y ChinaModelo de tanque chino que Alberto Fernández desea fabricar en Argentina para vender a las Fuerzas Armadas de América LatinaAgustín Rossi, ministro de Defensa, en una ceremonia en el Edificio Libertador. (Thomas Khazki)
¿La Casa Rosada ordenó que no capturen al pesquero chino?
El Lurong Yuan Yu 669 fue detectado dentro de la ZEEA e interceptado por la PNA. Se constató posición y operatoria pesquera ilegal. En circunstancias poco claras emprendió la huida a aguas internacionales. Sugestivo silencio del Gobierno argentino.
La Prefectura Naval Argentina mantuvo estricto hermetismo oficial sobre el procedimiento llevado a cabo este martes a la altura del Paralelo 42, cuando el Guardacostas GC-27 Prefecto Fique detectó pescando ilegalmente a un buque chino, lo persiguió, interceptó y dio aviso a la justicia federal que ordenó su traslado a Puerto Madryn.
Sobre la tarde noche se supo que el buque había emprendido la fuga y no pudo ser retenido para su infracción por la violación de la ZEEA, lo que alimentó un sinnúmero de hipótesis, acrecentadas ante la ausencia de información oficial por parte del gobierno argentino.
El llamativo “silencio” de la Cancillería y la Subsecretaría de Pesca de la Nación abonó versiones sobre una “orden política” de desistir de la operación de captura del barco chino. Las empresas chinas en su mayoría tienen participación estatal y las operatorias pesqueras de este tipo suelen tener el aval del gobierno comunista del gigante asiático.
Desde el Gobierno nacional no se habría autorizado a continuar con la persecución de la embarcación y con las maniobras que incluían disparos sobre el casco del pesquero chino.
El pesquero ilegal que había sido detectado faenando en aguas nacionales dentro de las 200 millas es el Lurong Yuan Yu 669 de bandera china, alrededor de las 4 de la madrugada. Inicialmente desde la PNA habrían reportado al Juzgado Federal de Rawson que se trataba del Lurong Yuan Yu 606, porque esa era la inscripción falsa que tenía en popa. Este tipo de barcos que operan bajo la ilegalidad utilizan la mecánica de pescar con los sistemas de identificación (AIS) apagados y las señales con el nombre de los barcos tapados.
El Guardacostas Fique dejó registrada la operatoria de pesca ilegal del buque y la violación del espacio marítimo argentino, lo que permite labrar un sumario internacional. Anoche al potero chino se lo reportaba por posición satelital, a toda máquina, con rumbo hacia Malvinas.
Con todo, a media mañana cuando se conoció la novedad de la captura del barco y que el juez Federal de Rawson, Gustavo Lleral, había tomado la decisión de que sea llevado a Puerto Madryn, el tema provocó la reacción de esa comunidad, y fueron intensas las gestiones las autoridades políticas locales para que se desista de su ingreso a alguno de los muelles de esa ciudad.
Horas más tarde, desde el juzgado interviniente aclararon que la embarcación ingresaría al Golfo Nuevo y permanecería en rada con custodia de la fuerza de seguridad naval, sin que baje ninguno de sus tripulantes.
Para ese entonces, el barco ya había emprendido rumbo a aguas internacionales. Una de las versiones extraoficiales es que las condiciones meteorológicas reinantes en el lugar complicaban el abordaje de la Prefectura al barco capturado, y en ese marco escapó sin que el buque de la PNA pudiera alcanzarlo o realizar maniobras para su aprehensión. Aunque se dejó constatada su infracción a la normativa pesquera nacional.
Además del GC-27 participó del operativo el avión patrullero marítimo PA-22 de la Prefectura, que voló hacia la zona desde el aeropuerto de Comodoro Rivadavia.
El buque infractor ya cuenta con antecedentes de violación del Régimen Federal de Pesca Argentino (Ley 24.922) y ha sido sancionado con anterioridad por también haber sido detectado faenando dentro de las ZEEA.
Con todo, las circunstancias en que se produjo la huida del potero siguen siendo poco claras, pero fuentes calificadas señalan que no fue una cuestión de operatividad por el clima, ni ineficacia de las Prefectura, sino una orden expresa del gobierno de Alberto Fernández, tal vez para no mellar su relación con el régimen de Xi Jinping.
El equipo de Cada Mañana dialogó con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, al respecto de las funciones del área de “ciberpatrullaje”.
Impresentable harpía
La ministra Sabina Frederic generó polémica en las últimas horas luego de hablar sobre patrullaje del “humor social” en un encuentro con diputados. La responsable de Seguridad de la Nación, justificó en diálogo con el equipo de Cada Mañana el trabajo del área de “ciberpatrullaje”.
“Es una modalidad que se usa hace mucho tiempo“, aclaró la ministra, quien afirmó que sirve para anticiparse a casos de grooming o de organización de delitos. Según Frederic, en estos momentos se utiliza para identificar “las denuncias posibles en zonas donde no se cumple la cuarentena”, e incluso manifestó que lo realizaron “el día del cobro de bancos. Estuvimos atentos a la categoría de las salideras bancarias para verificar la seguridad“.
La funcionaria nacional destacó que tanto las fuerzas federales como las provinciales “tienen áreas de ciberdelito y ciberseguridad”, y remarcó que se utilizó con la noticia falsa donde se afirmaba que en el Instituto Posadas había tres pisos con personas afectadas por coronavirus. “En la investigación se identificó a las personas que generan pánico en la población”, manifestó Frederic.
“Entiendo las preocupaciones. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de tarea de ciberespionaje. Jamás autorizaría una cosa como esa”, aseveró la ministra, aunque aclaró que “a partir del alboroto que generó mi exposición, estamos revisando el protocolo con el que trabajamos este tipo de patrullaje para someterlo a la comisión. Es fundamental para transparentar el uso de esa herramienta“.
Al mismo tiempo, la ministra de Seguridad contó que el Gobierno está atento al tema de saqueos. “Hay temor en los comerciantes a los saqueos, no solo en el Gobierno. Estamos tratando de identificar si eso es posible, pero no hemos tenido alertas de ese tipo. Ha habido robos piraña que se confunden con saqueos pero no son. El Gobierno está siendo bastante sólido en su capacidad para llegar a la población con alimentos y subsidios”.
Volviendo al tema del “ciberpatrullaje” y el temor de parte de la población sobre posibles actos de inteligencia ilegal, la ministra fue contundente: “No hacemos indagación sobre personas. Eso está prohibido por la ley. Hacemos indagación de categorías, de palabras. Es importante que la gente se exprese en las redes y no estamos en contra de eso. Nos interesa anticiparnos a la realización de delitos”.
Según indicó la ministra, el ““ciberpatrullaje” se utiliza desde la gestión de Patricia Bullrich. Es un rastrillaje sobre aquello que es público. Es lo que hace muchas veces el periodismo para buscar tendencias. Pensar distinto es parte de las reglas del juego democrático“.
“Lo que estamos haciendo tiene que ver con hacer cumplir el aislamiento social y con estar atentos a la posibilidad de tensiones que puedan concluir en eventuales saqueos”, concluyó.
En ese contexto, se contó que una de las objeciones más graves que tiene en contra refiere a una serie de acusaciones que le endilgó en 2013 Jorge Rodríguez, especialista en tráfico de estupefacientes que supo trabajar para ella en el Ministerio de Seguridad.
“Tengo todo tipo de elementos que permitirían demostrar la connivencia de Garré y sus adláteres con la corrupción policial –analicé 19 de las 53 comisarías de PFA-, con el narcotráfico peruano –territorio liberado de la villa 1.11.14- y con la venta de sustancias en Constitución, Once y Flores. Entre esos elementos incluyo 235 informes elevados a Garré y unas 1.500 fotografías buena parte tomadas en distintas villas y hasta en la ciudad de Lima”, sostuvo Rodríguez entonces.
A casi siete años de aquel incidente, que culminó en una denuncia gravísima y una renuncia escandalosa, Tribuna de Periodistas decidió entrevistarlo, a efectos de que contara los pormenores de su trabajo… y su eyección del Ministerio de Seguridad:
-¿Cómo arranca tu trabajo con Nilda Garré?
-Garré me contrata al mes que asume, que ni bien asumió le presenté una carta de unas 4 páginas, detallando cómo apareció cocaína en la Argentina a 8 cuadras de mi casa, cómo recaudaban 3 0 4 comisarios de la policía federal y cómo había un modus operandi como si existiera el manual de procedimientos delictivos policiales en la Federal. Se hizo la pelotuda, como que no recibió la carta, después me entero por otro lado que la carta le llega a Cristina Kirchner por un amigo mío asesor de ella.
Mi amigo ve la escritura y le dice: “Presidenta, yo sé quién escribió esta carta”, a partir de eso los datos son que Cristina la llama a Nilda, luego Nilda le dice que sí, que sabe, y Cristina le dice: “Me parece que deberías contactarte con esta persona y si está todo claro contratarlo”.
-¿Entonces?
-Se hace la reunión con la Nilda, a partir del contacto de la secretaria, una reunión de una hora y pico, donde ella tenía algunos datos erróneos míos, como que había tenido contactos con la CIA o con la DEA, Le dije que no, que yo me formé en la militancia setentista en dos países, especialmente un país del Caribe, dejamos las cosas claras. Como a la media hora me dice: “Bueno, quiero que trabajes conmigo, te voy a poner en la estructura del ministerio”. Y yo le digo: “Mirá Nilda, me parece que te va a generar problemas que yo esté figurando, manejalo políticamente y en todo caso me parece ideal que me contrates en la sombra primero, un contrato legal, etc, etc”.
“Bueno, quedate tranquilo”, me dice. Para empezar le digo que necesito portación de arma de guerra, necesito un chaleco de balas nivel 3 que resiste tipos de disparo de fusil a larga distancia, y que quiero que se contrate gente que yo designe. “Arreglá con fulano y todos los demás”; me vuelve a decir. -¿Cuál era tu trabajo? ¿Qué hacías?
-Ahí mismo le empiezo a mandar en 48 horas datos, entre otras cosas, de dos bandas de peruanos que tramitaban falsas identidades, después terminaron cayendo. También la empiezo a orientar con información sobre bandas transexuales peruanas que vendían droga básicamente en Constitución y en Once. Se produce un silencio varios días, entonces les pregunto que si sigo contratado en el Ministerio, me dicen que sí, que bueno, que lo otro, todo lo demás. Recíen como al tercer o cuarto día pregunté cuál iba a ser mi sueldo, o sea que no habíamos tenido definiciones puntuales de cuánto era. Sí objetivos tácticos y estratégicos a corto plazo y mediano-largo plazo y según su importancia para empezar a trabajar.
-Y seguiste trabajando…
-Sí. Después me puse a hurgar más intensivamente, mi trabajo era más de seis días a la semana, porque hasta los domingos hacía algo: recorridos de campo. Hacía más de dos mil kilómetros al mes de recorridas puras centralizadas en la Villa de acá, del Bajo Flores, Constitución, Flores y Once, y algunos recorridos por Liniers en menor medida. Muchos contactos. Armé un archivo en el cual había más de 200 policías que me pasaban información. Recibí mucha información de personal policial, de transexuales peruanas, de prostitutas dominicanas, de vecinos del barrio, de vendedores ambulantes, etc, etc. -¿Y qué te decían desde el Ministerio?
-Ahí tuve unos choques con Natalia Federman, tengo entendido que es sobrina del prócer Horacio Verbitsky, hija de un espía inglés y aparentemente ella también espía inglés, objetivamente es ciudadana inglesa y Garré la tuvo en Defensa y Seguridad, y se tenían que firmar decretos que la habilitaban, decretos presidenciales, eso es lo que tengo entendido. Tuve un par de choques con esta mujer, me manifestó que era abogada, maltrató personal policial que estaba en riesgo de vida, varias personas que denuncié penalmente. Al poco tiempo empecé a tener reuniones con Cristina Caamaño —hoy interventora de la AFI—, que de alguna forma era la segunda de Garré. Casi hace que me maten en un momento que estaba infiltrado en una cueva peruana, un cumpleaños de uno de los doscientos traficantes peruanos. Me iba a dar protección, le pedí dos pelotones, diez efectivos, y encima me cargó porque me dijo: “feliz cumpleaños” cuando yo ya estaba adentro jugándome las pelotas.
-¿Cómo fue esa etapa con Caamaño?
-Pasé a reportar teóricamente a Caamaño y le armé varios quilombos, (cuando digo quilombos son quilombos de laburo, mucha información, muchos datos puntuales, fotos, filmaciones, todo lo que se te ocurra en un trabajo de inteligencia utilizado seriamente) al poco tiempo me mandaron a reportar a Ricardo Dios, director nacional de no sé qué cosa, un impresentable, su currículum más importante era ser hijo de un detenido desaparecido, como si eso terminara de definir algo. Seguí planteando los informes, recién ahí se planteó pagarles algunos honorarios, gastos a un policía federal que ya venía colaborando conmigo, y que de hecho le pagaba yo de mí bolsillo. Ese fue el final, estamos hablando de mayo del 2013, que la echan a Garré. A los dos o tres días me llaman a una reunión y les pregunto: “¿Qué van a hacer ustedes para que no me maten?”. La respuesta fue que no pertenecía más al ministerio.
En síntesis, escribí 235 informes, analice 19 de las 54 comisarías más la Villa 1.11.14, más la de Retiro y también Zavaleta. En todas entré con el chaleco RB2 que me entregó el ministerio y que todavía tengo ya que nadie quiso recibirme en la Rosada ni en “Cloaca Py”.
EEUU donó autos para lucha contra el narco… pero esa subsecretaría fue disuelta por Frederic
Por Christian Sanz
Documento revelador
El documento está fechado el 30 de enero de 2019 y refiere a la donación al Estado argentino de 10 vehículos por parte de la Embajada de Estados Unidos a efectos de trabajar en la lucha contra el narcotráfico en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación (ver documento al pie).
Finalmente, la adquisición nunca se llegó a llevar a cabo y, con el paso del tiempo, quedó “extemporánea”. Básicamente, porque el 27 de diciembre de 2019, a poco de haber sido nombrada al frente de esa cartera, Sabina Frederic resolvió disolver la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Ergo, el combate contra el tráfico de drogas perdió todo sentido.
Sin embargo, una reciente resolución interna del Ministerio de Seguridad, fechada el 6 de febrero de 2020, a la que tuvo acceso Tribuna de Periodistas, volvió a darle operatividad a la medida. Como si algún avivado hubiera dicho: “¡Ya que estamos aprovechemos los autos que son gratis!”. El suspicaz documento aparece firmado por Nicolás Juan José Abraham, asesor de Gabinete de Frederic y director de Internacionales de Seguridad (ver al pie también).
En un principio, la donación había sido pensada en el marco del acuerdo de cooperación bilateral firmado entre EEUU y Argentina el 17 de septiembre de 2004; el cual fue refrendado posteriormente, el 27 de septiembre de 2017.
Se trata de 10 vehículos destinados a los Grupos Operativos Conjuntos (GOC) localizados en las provincias de Salta y Misiones, donde el comercio de estupefacientes hace estragos.
Según el mismo documento, los autos“serían adquiridos en la República Argentina y deberían poder gozar de toda exención impositiva”.
Se trata de 8 Ford Ranger 3.2L CD XLS 4x4 pick up (o equivalente) y dos Ford Focus 1.6L S (o equivalente).
El interrogante obvio que surge ante lo aquí mencionado es: si no se utilizarán para luchar contra el narcotráfico —ya que no existe más la subsecretaría ad hoc—, ¿para qué se usarán esos vehículos?
Ello permite dar paso al escándalo que está por explotar en la cartera a cargo de Frederic: se empieza a impulsar la desaparición de sumarios que complican a funcionarios de Seguridad y que fueron expuestos por TDP en el marco de puntuales desaguisados. Entre otros, se trata de los casos de Esteban Rosa Alves, Eduardo Villalba y hasta la mismísima Nilda Garré.
Al mismo tiempo, la subsecretaria de Gestión Administrativa del mismo ministerio, la fantasmal Ana Flamarique, ha dado comienzo a una suerte de caza de brujas, pidiendo renuncia a los trabajadores que no se muestran identificados con la gestión de Alberto y Cristina.
Es parte de otra trama espesa, que avanza lenta pero de manera incesante, y que se contará en una próxima entrega en este mismo espacio.
El documento que la embajada de EEUU envió al Ministerio de Seguridad en 2019
La respuesta de Abraham, omitiendo mencionar que ya no existe la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico
En las últimas horas, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció que Nilda Garré estará al frente del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa “Manuel Belgrano” para “promover, coordinar y desarrollar estudios e investigaciones" sobre las Fuerzas Armadas y la seguridad.
Este lunes, Tribuna de Periodistas había anticipado el regreso de la mujer a esa dependencia, solo que se había planteado la posibilidad de que fuera en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF).
"Estamos muy contentos de que Nilda haya aceptado este desafío, nos parece que era claramente la persona adecuada, porque durante su gestión se creó este instituto. Siempre tenemos la preocupación de generar ámbitos de discusión en el sentido estratégico de las políticas", expresó Rossi según un comunicado difundido por la cartera de Defensa.
Asimismo, Rossi aseguró que la gestión de Garré como ministra de Defensa “siempre fue un punto de referencia, porque ha sido la que más instrumentos y herramientas construyó para garantizar una conducción política” para las Fuerzas Armadas.
Curioso comentario, toda vez que, como reveló este mismo portal la mujer fue una de las responsables del escándalo de espionaje conocido como “Proyecto X” y, al mismo tiempo, fue denunciada por sus vínculos con el mundo narco.
Fuerzas Armadas: el debate que prefirió evitar el Presidente y la brutal descalificación de Estela de Carlotto
El tema de fondo es la relación democracia-militares. Alberto Fernández habló de una “vuelta de página”. Nora Cortiñas lo criticó con dureza. Y a pesar de las “disculpas” presidenciales, fue muy atacada por otras dirigentes de derechos humanos
Por Eduardo Aulicino Infobae
Alberto Fernández con el ministro Agustín Rossi en un reciente acto militar. Allí empezó la polémica.
Fue seguramente el capítulo menos imaginado de la gestión. Alberto Fernández pasó un mal momento y decidió hilvanar ocho tuits para evitar un debate sobre la “vuelta de página” que –insinuó- debería marcar la relación con las Fuerzas Armadas. Prefirió una diagonal para disculparse por los efectos de sus dichos en un acto militar y eludir así una polémica de proyección indescifrable. Discutible, como tantas otras decisiones alimentadas por el cálculo político. Pero lo más duro fue producido fuera del despacho presidencial y estuvo a cargo de Estela de Carlotto: fue en todo sentido una brutal descalificación destinada a Nora Cortiñas, por sus críticas iniciales a las palabras presidenciales.
En rigor, las explicaciones de Alberto Fernández apuntaron a desarmar el oleaje que había provocado la reacción de Cortiñas, dirigente de Madres de Plaza de Mayo/Línea Fundadora, muy cruda en su primera respuesta: dijo que la frase del Presidente era “negacionista”. Después, aceptó las disculpas tuiteadas y bajó el tono, casi en soledad en los movimientos de derechos humanos, aunque sin cambiar de posición en la cuestión de fondo. Hasta quedó abierta la puerta para una cita en la Casa Rosada.
Hasta allí, más allá de definiciones, rectificaciones y explicaciones, aparecía como un inesperado hecho que podía disparar cierto malestar o incomodidad en alguna franja de organismos de derechos humanos –muchos, alineados con el Gobierno pero más aún y en rigor, con el kirchnerismo- y tal vez también en el conglomerado oficialista. La rápida respuesta presidencial hizo lo suyo. No evitó, de todos modos, la reaparición de algunos trazos preocupantes –y no por la condena a la dictadura- en la concepción del papel de los militares.
Vieja de mierda Nora Cortiñas, en una protesta. Fue crítica del Presidente y luego moderó sus dichos.
Carlotto fue más lejos que nadie y descalificó a Cortiñas como a una persona que dice cualquier cosa por su edad y por el arrastre de su dolor. Es decir, y por eso suena brutal en toda su dimensión: sería una persona vieja y que no razona, y no alguien que piensa diferente. Esto, dicho desde el lugar que ocupa y con trasfondo de largas internas.
Todo empezó con un acto oficial al que no se le asignaba mayor repercusión fuera del ámbito militar, donde se reacomodan las piezas a tono con la nueva gestión presidencial. Alberto Fernández despidió a un contingente que partía hacia Chipre para sumarse a los Cascos Azules. Y allí destacó que en la actualidad, a treinta y seis años del fin de la última dictadura, todos los oficiales y suboficiales “son hombres de la democracia, egresaron de sus escuelas en democracia”. Y remató: “Y esto amerita que de una vez por todas demos vuelta la página y celebremos”.
Vieja de mierda Estela de Carlotto, dirigente de Abuelas. Fue al cruce de Cortiñas.
El Presidente tal vez no haya medido que el recurso discursivo elegido (dar vuelta la página) podría ser asociado de inmediato con la idea de olvido. Y hasta es probable que haya sido una manera, con antecedentes variados, para dar sensación de interés político y proyecto integrador de las Fuerzas Armadas en democracia. Un tema que no sólo remite al pasado dictatorial, con el necesario proceso de juicios y condenas –y su impacto político y cultural-, sino que hasta ahora aparece lejos de encarar en profundidad el interrogante sobre qué hacer con las fuerzas militares, más allá de alguna participación en operaciones de paz con Cascos Azules.
La reacción de Nora Cortiñas generó los referidos tuits presidenciales. Fueron disculpas, con señalamiento de no haber usado las “palabras pertinentes” y de su “compromiso” con la verdad y la Justicia. Cortiñas aceptó las explicaciones, dijo que no volvería a calificarlo como negacionista y, de todos modos, sostuvo que no existe vuelta de página entendida como borrón de la historia. Un intercambio que suponía el objetivo compartido de cerrar el tema.
Vieja hija de un vagón de putas Hebe de Bonafini con Alberto Fernández. Lo apoyó en el tema de las FF.AA. con discurso propio.
En cambio, Estela de Carlotto había considerado públicamente que Alberto Fernández no debía disculparse, es decir, que no veía motivo alguno para que lo hiciera porque lo dijo aludiendo a nuevas camadas de oficiales y suboficiales.
La dirigente de Abuelas aseguró que Cortiñas habló en su solo nombre y no en representación de organización alguna. “Nosotros somos muy mayores, a veces hablamos de más”, afirmó, y agregó: “Los años y el dolor pudieron llevarla a equivocarse”. En otras palabras: la colocó en el lugar de la soledad orgánica, descalificó sus dichos por cuestiones de años y enojo, y la etiquetó como “equivocada”. La verdad sería la propia.
Hebe de Bonafini también cargó sobre Cortiñas. Y más expresivo fue un comunicado de apoyo a las definiciones presidenciales en el acto militar. Respaldó la “reivindicación de las Fuerzas nuevas, renovadas, que crearon Néstor, Cristina y Nilda Garré” con cambios de planes de estudio y formación. Y añadió: “Estamos de acuerdo con reconocer y reivindicar a esas nuevas Fuerzas Armadas, porque si no nunca las vamos a tener de nuestro lado, al lado del pueblo”.
El comunicado de Bonafini forzó los propios dichos presidenciales y en rigor, pareció reflejar viejas posiciones del kirchnerismo duro. El archivo incluye las fotos con César Milani, el general que manejó la inteligencia militar, fue jefe del Ejército, aún enfrenta juicios y alguna vez se postuló como expresión de Fuerzas Armadas sumadas al proyecto nacional y popular. Dicho de otra forma, militares como parte del poder.
Otro mal eco para una discusión que asoma cada tanto, siempre inconclusa, como ahora.
Un custodio del Ministerio de Seguridad, detenido con un kilo de pasta base
Era custodio del edificio de la cartera, no de la ministra Frederic. Estaba de licencia desde diciembre
Por BAE Negocios
El custodio detenido con un kilo de pasta base era custodio del edificio secundario del Ministerio de Seguridad'> Ministerio de Seguridad y no personal de la ministra Sabina Frederic, señalaron voceros de la cartera.
Un sitio web aseguró este fin de semana que el efectivo de la Policía Federal Claudio Yamil Barreto, quien fue detenido en las inmediaciones de la villa 1.11.14 con un kilo de pasta base en el interior de su auto, era supuestamente integrante de la división de Seguridad y Custodia de la ministra Frederic. Esto fue desmentido por fuentes del Ministerio de Seguridad'> Ministerio de Seguridad. En cambio, formaba parte del "plantel de agentes" de una de las oficinas de la cartera en la Ciudad de Buenos Aires.
Según indicaron desde Seguridad, "el jueves 13 de febrero fue detenido un agente de la Policía Federal Argentina que integraba el plantel de seguridad de este ministerio desde 2017 en la calle Chile 760 de CABA, donde funciona una de las oficinas del Ministerio de Seguridad'> Ministerio de Seguridad".
En este sentido, el ministerio explicó que "el policía no se desempeñaba como custodio de funcionarios sino que formaba parte del plantel de agentes del edificio". "Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvieron el auto que conducía el sospechoso. Dentro del vehículo encontraron un kilogramo de pasta base. El agente de la PFA quedó detenido a disposición del Poder Judicial porteño", sostuvieron las fuentes al respecto del momento de la detención.
Además, desde Seguridad sostuvieron que, "según informó la oficina de Asuntos Internos de la fuerza, el agente detenido pasó inmediantamente a situación de servicio pasivo, en atención a la causa Penal y Contravencional que se le sigue" y, mientras tanto, "ya se iniciaron los trámites internos para realizar la baja del policía de la PFA".
Por otra parte, también no se encontraba en funciones, ya que estaba de licencia médica desde el 9 de diciembre de 2019.
Desde la dirección de Lucha contra el Tráfico y Venta Ilegal de Drogas se recibió una extraña notificación por parte de la Policía de la Ciudad acerca de un sujeto que había sido encontrado con un kilo de pasta base. Sin embargo, lo curioso es que el sujeto se presentó como personal de la Policía Federal e indicó ser agente de la división de Seguridad y Custodia de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.
El agente Claudio Yamil Barreto circulaba en un auto de color negro por la avenida Perito Moreno, cuando una brigada de la división de Análisis del Narcotráfico realizaba tareas en la villa 1.11.14. Al acercarse a un puesto de gendarmería, el rodado detuvo su marcha y se comenzó a realizar una requisa del vehículo en la que se encontró un pan o ladrillo, como se lo conoce en la jerga policíaca, de una color amarillento similar a la pasta base.
En este marco, la fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nro. 20, a cargo del doctor Juan Rozas dispuso, entre otras medidas, que se proceda a la detención del imputado y su trasladado en calidad de incomunicado. El detenido fue derivado a la Oficina Central de Identificación (OCI) y luego a la alcaldía 1bis, para continuar con la investigación.
Cabe destacar que también fue secuestrado dinero en efectivo (740 pesos argentinos y 4 dólares), dos teléfonos celulares, un chaleco refractario, una campera con la leyenda "PFA", varias credenciales y el automóvil marca Peugeot 308, que manejaba el aprehendido.
El hecho resulta por demás paradójico, ya que hace un mes la ministra tomó la decisión de desarticular de un plumazo la subsecretaria de la Lucha contra el Narcotráfico de la Nación. Una vez más en Argentina lo real supera la ficción.
