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martes, 2 de mayo de 2023

Denuncian al terrorista Taiana por remover a un general por cuestiones ideológicas

Denuncian a Jorge Taiana en la Justicia Federal por remover a un general del Ejército por cuestiones ideológicas


Por Bryan J. Mayer  ||  Derecha Diario

La denuncia fue realizada por el Dr. Eduardo Sinforiano San Emeterio, quien argumenta que si el general Soloaga cometió un delito deberían denunciarlo ante la justicia además de expulsarlo, pero no lo han hecho.




Tras la escandalosa expulsión de la presidencia de la Comisión del Arma de Caballería del General de Brigada retirado Rodrigo Soloaga a manos del ministro de Defensa -el ex guerrillero comunista- Jorge Taiana, el Dr. Eduardo Sinforiano San Emeterio presentó una denuncia contra el Gobierno en la Justicia Federal.

Según el ministro, su remoción se debió a sus dichos el pasado 25 de abril, durante un acto oficial de las Fuerzas, cuando el general Soloaga ofreció “apoyo espiritual” a los camaradas detenidos, muchos sin procesamiento o sentencia, “como consecuencia de haber cumplido funciones en las filas de la Fuerza durante una difícil época para nuestro país“.

Si Taiana y Jozami consideran que el General Soloaga cometió apología del terrorismo de Estado, están obligados a realizar una denuncia, como indica el artículo 248 del Código Penal Argentino”, señala al autor de la denuncia, y es parte de lo que fundamenta en su denuncia contra el ministro de Defensa y contra el Director de Derechos Humanos de esa cartera, Eduardo Jozami.

En la nota, dirigida electrónicamente a la Cámara Federal de Casación Penal, el abogado indica que “dichos altos funcionarios evidentemente sólo se limitaron a formular dicha falsa acusación al señor General, en el ámbito administrativo y no en el que por obligación de sus cargos e imputación por un delito inexistente y no encuadrado en figura penal alguna, deberían haber formulado ante la Justicia Penal Federal“.

“Independientemente de considerar que el señor General Soloaga no ha cometido delito alguno, pues no ha incurrido en la mal calificada “Apología del Delito”, los que sí han cometido el delito de no cumplir con sus obligaciones legales son los dos funcionarios denunciados al no recurrir a la justicia y formular la correspondiente denuncia penal”, argumentó.

Para el denunciante, por otra parte, haber pedido información personal de los militares participantes de la ceremonia “es una violación al derecho a la intimidad” y también un “abuso de autoridad, puesto que pedir los legajos personales de los efectivos o el listado de los civiles presentes tuviera sentido si lo hace un juez, con los elementos necesarios que justifiquen algo así y no dos funcionarios administrativos que responden a una cuestión ideológica y sin ningún tipo de sustento”.

Entre los participantes también había periodistas, por lo que San Emeterio apunta que “también Taiana y Jozami atentan contra la libertad de prensa y presionan a quienes intentan ejercerla”.

En la denuncia, se solicita que “se convoque a indagatoria a los denunciados” y se cita como prueba parte de la nota enviada por el ministerio de Defensa al teniente general Guillermo Olegario Pereda, donde se solicita una gran cantidad de datos personales y documentación de las personas y entidades afectadas a la ceremonia, al General Soloaga y a su entorno.

sábado, 4 de enero de 2020

La destructora Frederic sigue pidiendo intervención al Poder Judicial

Muerte de Alberto Nisman: Sabina Frederic aseguró que harán "una revisión técnica" de la pericia de Gendarmería




Frederic insiste con revisar la pericia de Gendarmería Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno


La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró hoy que su cartera hará una "revisión técnica-administrativa" de la pericia hecha en Gendarmería por la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

"Es importante señalar que nosotros somos Poder Ejecutivo nacional y las fuerzas dependen de nosotros, con lo cual la revisión que nosotros podemos hacer es una revisión técnica-administrativa", señaló la funcionaria.

"El resultado de esa pericia -puntualizó- es un resultado que evalúa la Justicia y que corre por otro carril; lo que nosotros vamos a hacer es evitar el fortalecimiento de las sospechas sobre la calidad de esa pericia".

"Para eso nuestro camino crítico es solicitar a las fuerzas que nos envíen sus reglamentaciones administrativas y técnicas mediante las cuales llevan adelante las pericias, y vamos a solicitar una evaluación externa; quisiéramos contar con el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que es el organismo más calificado, con mayor tradición, y que además tiene un reglamento".

En ese plano, Frederic indicó que "la tarea es una revisión técnico-administrativa de los procedimientos que se siguen para realizar pericias en las cuatro fuerzas federales con el objeto de mejorar la calidad de lo que produce".

"En ese camino -adelantó-, vamos también a trabajar sobre la casuística, es decir, con casos en que haya intervenido, y vamos a incluir a éste, porque es un caso controvertido que debería salir de la controversia".
La titular de la cartera de Seguridad insistió en que "es un análisis técnico, científico, administrativo, que no tiene nada que ver con lo que hace la Justicia". "Lo que sí es importante tener en cuenta es que la Justicia tiene criterios que hace que se demande a una u otra fuerza tal o cual pericia, por lo cual los criterios de la Justicia inciden sobre el desempeño de estos cuerpos, que son parte del Poder Ejecutivo".

En tanto, consultado el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sobre si el presidente Alberto Fernández estaba al tanto de lo que hace la ministra sobre esa revisión de pericias, dijo que el jefe del Estado "está al tanto, informado y apoya la tarea que está llevando adelante" Frederic.
No se pedirá DNI en los trenes

"Los trenes siguen teniendo el mismo personal que tenía antes y cumpliendo las mismas funciones que cumplían antes; lo que no existe es la orden de solicitar los documentos que existía en la resolución que nosotros derogamos", dijo Frederic, en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, en referencia a que se dijo de baja la medida dispuesta por la ex ministra Patricia Bullrich.

"La Policía Federal puede pedir documentos, solo que tiene que justificar las condiciones particulares que requieren de esa acción, pero el control sigue y lo que no hay es una orden de pedir documentos", explicó la ministra, quien estuvo acompañada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. En ese plano, Frederic sostuvo que "se está modificando la política de seguridad con esta gestión".

viernes, 5 de octubre de 2018

Cédula de Hezbollah habría asesinado a Nisman, según diputada uruguaya

Una diputada de Uruguay aseguró que "una célula de Hezbollah asesinó al fiscal Alberto Nisman" 

"Tenemos direcciones y es información clasificada que nos dio la embajada de Estados Unidos", aseguró la legisladora Graciela Bianchi


Por Patricio Tesei | Infobae
ptesei@infobae.com

 
El fiscal Alberto Nisman (NA)

La diputada uruguaya Graciela Bianchi aseguró este miércoles que "hay datos concretos, nombres de dirigentes de Hezbollah que certifican que a (el fiscal Alberto) Nisman lo asesinaron". La legisladora advirtió que una célula terrorista opera en Uruguay, luego de funcionar en Argentina durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

"Tenemos las direcciones y es información clasificada que nos dio la embajada de Estados Unidos, es un dato de la realidad que estamos procesando con Graciela Ocaña", señaló Bianchi ante la consulta de Infobae. Según una investigación paralela que encabezan ambas legisladoras, dirigentes de la organización terrorista asentados en Argentina operaban en la Triple Frontera pero a finales de 2015 se trasladaron a Uruguay.

Sobre la actividad de Hezbollah, el ex titular de la Coordinación Nacional para el Combate de Lavado de Activos y Terrorismo, Juan Félix Marteau, detalló en una entrevista con este medio cómo operaba el Clan Barakat en la Triple Frontera.

"Un grupo de más de catorce personas con apellidos de origen libanés, vinculadas al Clan Barakat, que es un grupo conocido como financistas y recaudadores de fondos para Hezbollah, operaban en un casino de Iguazú y obtenían premios millonarios: más de diez millones de dólares. Y esos diez millones de dólares eran transportados en más de cientos de cruces a Ciudad del Este, pasando por la frontera, sin declarar", planteó.


 
La diputada uruguaya Graciela Bianchi

Más allá de esta operatoria del grupo terrorista, Bianchi afirmó que "hay datos concretos de que el asesinato de Nisman se organizó en Uruguay", aunque criticó que en su país "no hay costumbre de investigar", y vinculó al gobernante Frente Amplio con los gobiernos de Irán y Venezuela.

Con relación a la causa de la muerte del fiscal que denunció a la entonces presidente Cristina Kirchner, en enero de 2015, por el presunto encubrimiento de ex funcionarios iraníes vinculados al atentado a la AMIA, el fiscal Eduardo Taiano analiza un entrecruzamiento telefónico y un peritaje informático.

Para Taiano (el fiscal a cargo de la causa), para el juez Julián Ercolini y para la Cámara Federal, a Nisman lo mataron en enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero por la denuncia de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Se trató de un homicidio en el que para la Justicia el perito informático Diego Lagomarsino facilitó el arma y en el que custodios del fiscal encubrieron el crimen.

El entrecruzamiento es sobre las llamadas de unos 370 teléfonos de personal de inteligencia, funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner y de fuerzas de seguridad como Policía Federal, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Entre ellos, los del Antonio Stiusso y Fernando Pocino, ex hombres fuertes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), del ex jefe del Ejército César Milani, del ex subjefe de la AFI Martín Mena y de la propia ex presidente Cristina Kirchner, entre otros.

lunes, 9 de abril de 2018

Catalunya: Puigdemont no será extraditado por rebelión

¡No hay extradición del Rin! La libertad sonrió a Puigdemont

Военное обозрение


La justicia de uno de los estados federales de Alemania, Schleswig-Holstein, adoptó el jueves un decreto por el que el ciudadano Carles Puigdemont, que fue arrestado anteriormente a petición de Madrid, puede ser liberado de una prisión alemana. Durante un tiempo, mientras que la misma solicitud de extradición se está considerando, y bajo fianza, muy modesta por cierto, solo 75 mil euros. Los jueces de Schleswig-Holstein, independiente de Berlín, casi en la misma medida como juez de los estados de Washington, cree que la base para la emisión de España puede ser considerada sólo una acusación de malversación de fondos públicos.

La tesis sobre la organización de la insurgencia, que los otros jueces (españoles) tratan constantemente de triunfar, sus colegas alemanes rechazaron. La lógica aquí es muy convincente de hecho: la sangrienta confrontación que tuvo lugar en octubre de 2017, no solo en Barcelona, ​​sino en casi toda Cataluña, fue causada claramente por las duras medidas de Madrid. En este caso, para atribuir a Puigdemont la organización de un motín, se necesita una fantasía en el espíritu de los Inquisidores españoles.

Entonces, el fugitivo Carles Puigdemont vuelve a estar en libertad. La libertad es relativa, por supuesto. Pero si las autoridades alemanas aún decidieran extraditarlo a la justicia española, el mejor regalo para los separatistas sería difícil de lograr. Muchos políticos, figuras culturales e incluso científicos pasaron por las cárceles. Jozef Pilsudski consideró el "mejor regalo" para sí mismo el hecho de que inmediatamente después de la independencia formal de Polonia de Rusia, las autoridades alemanas lo enviaron a la prisión de Brandenburgo. Y Anna Akhmatova, al enterarse de que el futuro ganador del Premio Nobel Joseph Brodsky fue declarado culpable de parasitismo, no ocultó su entusiasmo, exclamó: "¡Qué biografía se hace para nuestra pelirroja!"
Mientras que el líder catalán es difícil de comparar con sus predecesores tras las rejas, muchos de ellos en general parecen una especie de "botánico". Sin embargo, la falta de carisma no impide en absoluto que Puigdemont sea reelegido para los puestos más altos de Cataluña. Además, en perseverancia y empresa, no se puede negar al ex jefe de la Generalitat catalana. Y detrás de él, por cierto, como en todas las revoluciones, millones van. Pero, aparentemente, hasta que esta revolución termine. No se puede descartar que el enfrentamiento interno en Cataluña sea aún más fuerte que la suma total de las aspiraciones separatistas de la región.



Al menos, las autoridades de Madrid han estado haciendo esfuerzos considerables por algún tiempo para hacer que las cosas funcionen de esa manera. Pero no hace mucho tiempo, el centro español incluso escuchó acusaciones de que simplemente empuja a Cataluña fuera del país. Ahora esto no parece a nadie, parece. Comprender el hecho de que con la pérdida de Cataluña se puede perder y la misma España, que muchos tenían antes, parece que solo ahora todos en Madrid han pasado a primer plano.
Quizás, tal cambio ha ocurrido, entre otras cosas, bajo la influencia de numerosas consultas con socios de la UE, y también después de un análisis más profundo de la situación real tanto en Cataluña como en el país en general. Recordemos, al principio, que las fuerzas de seguridad españolas claramente estiraron demasiado el palo, y la iglesia y la familia real fingieron que nada grave estaba sucediendo. Desde entonces, Cataluña ha sido privada de autonomía, pero en términos prácticos, esta decisión se está traduciendo muy, muy lentamente.
La situación económica no mejora, y el estancamiento político del Barcelona, ​​según todos los indicios, ha demostrado ser más peligroso que para Madrid. No es sorprendente que en la región de un número creciente de partidarios de un compromiso con el Madrid, que modera es probable que desee obtener en este momento sobre el hecho de que hace unos años era otra región española, afirma tradicionalmente a la independencia - el País Vasco. Recordemos que esta región, de hecho, a cambio de garantías de supresión de los ataques terroristas por parte de los separatistas locales, negoció desde Madrid mucho más de lo que podía esperar. Sin embargo, esto, en cualquier caso, fue menor de lo que quisieran los propios vascos. Basconia ahora está congelado en ansiosa anticipación, y si de repente quiere negociar nuevamente con el centro, inesperadamente puede encontrar una respuesta más severa que en Barcelona.
La población de Cataluña, que aún no se ha enfriado desde el deseo de considerarse a sí mismos nación de pleno derecho o de las personas, y su región - una parte de Europa, hoy en día, al menos por su aspecto, un poco de "colgado". Y esto a pesar del hecho de que Cataluña logró pasar relativamente sin dolor el período de una especie de "terapia de choque", una huida masiva de negocios de la región. Un poco disminuyó y la pasión por las acciones de los agentes del orden español el otoño pasado. Obviamente, el hecho de que Madrid haya moderado moderadamente la dureza y la puntualidad de sus acciones para abolir la autonomía obviamente ha afectado. Además, muy pocas personas ahora entienden, y cómo la propia Cataluña planea existir en una sola Europa, que está tan desgarrada. Sin España, de hecho sin sus amplios mercados de venta de productos de la industria catalana.
Por el momento, el poder supremo en Madrid está nuevamente en gran parte en silencio, las Cortes también se han calmado con su posición antiseparatista sorprendentemente unificada. La línea rígida con respecto ni siquiera a la propia Cataluña, pero su anterior, como, de hecho, los líderes actuales, continúa adherirse solo a la justicia española. Pero es muy difícil presentar cualquier reclamo serio a los políticos actuales, como resultó, hoy es muy, muy difícil. Incluso la organización de los levantamientos populares de masas en el mismo de Barcelona, ​​sin duda, más raras que en la última caída, pero casi tan numerosos y potencialmente peligrosas para el gobierno central lleva a cabo tan bien, que no se dan razones para un número importante de demandas.
Volvamos, sin embargo, en el norte de Europa, donde un abogado de Puigdemont Jaume Alonso Cubillas en una entrevista con el catalán de TV3 había llamado al juicio "una primera victoria", añadiendo que "siempre creyó en la justicia alemana." Alemania, que teme claramente la crisis en otras afueras de Europa, también está tratando de reducir la situación. Al mismo tiempo, los políticos europeos están haciendo un gran esfuerzo para limitar la intervención agresiva de Madrid en el caso de Barcelona, ​​en el supuesto de que la prolongada crisis y las perspectivas inciertas de la separación sigue siendo la razón con la mayoría de la gente en la región. Hasta ahora, la práctica no justificaba esas expectativas, pero quedaba poco tiempo después de la fase aguda de la crisis.
Parece que el intermediario actual, como se les llama en el ajedrez, el curso de la justicia alemana tiene como objetivo permitirnos establecernos una vez más en las pasiones. Pero no solo Berlín, al parecer, está listo para sondear una y otra vez para evitar la repetición del escenario catalán. Y es por eso que no impide que los jueces sobre el terreno muestren no solo escrupulosidad indicativa, sino también tolerancia tradicional europea.

martes, 27 de marzo de 2018

¿Puede un fucking Montonero juzgar crímenes de lesa humanidad?

¿Puede un militante Montonero juzgar crímenes de lesa humanidad?


Horacio M. Lynch
Abogado
Visión Liberal

- ¿Usted fue militante peronista, desde la época universitaria, de la JP ligada a Montoneros?, ¿en noviembre de 1976 los militares lo buscaron en su casa en Santa Fe donde vivía con otros amigos y lo salvó su amigo Horacio Calciatti?. 
Responde Lorenzetti: "Me hace preguntas de tantos años atrás .... ` [ se toma la cabeza, la inclina hacia atrás se acomoda en el sillón y puedo percibir que se emociona ... hay unos minutos de silencio y continúa] Fueron tantos, tantos años atrás ... pero si, así fue. Siempre fui perseguido." (Natalia Aguiar, El Señor de la Corte" de Ediciones B Argentina SA, 2017)


El libro de donde se extrae esta cita revela un antecedente del doctor Ricardo Lorenzetti - haber pertenecido a la Juventud Peronista ligada a la agrupación Montoneros -desconocido hasta entonces, y revelado al ser confrontado por la autora.

Esta circunstancia no había sido informada por el interesado en el pliego presentado para el acuerdo del Senado, en 2004, y hasta la publicación de este libro, había sido ignorada.

Aunque la adhesión de muchos jóvenes en aquella época a posiciones extremistas no es una rareza, en este caso ha impactado por el hecho de que es el actual Presidente de la Corte Suprema de la Argentina, con gran involucramiento en el juzgamiento de los llamados crímenes de lesa humanidad, es decir, de quienes pertenecían al bando contrario en el que militaba.

Cabe reflexionar sobre el significado y consecuencias de esta actitud.

Lo inaceptable es que quien se incorporaba al más Alto Tribunal de la República para tratar, como tema más importante, el juzgamiento de la represión, haya ocultado haber pertenecido o haber comulgado con uno de los sectores que fueron parte del terrible conflicto que envolvió al país; y, también, no haberse excusado al momento de intervenir en el juzgamiento.

Todos los hitos que permitieron el juzgamiento de los llamados 'crímenes de lesa humanidad' fueron discutibles, por decir lo menos: primero, la conformación del Alto Tribunal con jueces adictos, luego la anulación de leyes de obediencia debida y punto final, luego la increíble anulación por la Corte Suprema de una sentencia del mismo tribunal- dictada décadas atrás - que las declaraba constitucionales (en una nueva sentencia firmada por un ministro que había intervenido en la anterior) la calificación de los delitos como crímenes de lesa humanidad sin una base legal vigente a la época de los hechos y la consecuente declaración de imprescriptibilidad.

A este cúmulo de anomalías ahora se agregaría la participación de un magistrado que ocultó una circunstancia de su pasado que podría afectar su imparcialidad, en lo que sería un nuevo cuestionamiento a la actuación de la Corte Suprema.

Se trata de un ministro del Alto Tribunal, luego elegido Presidente, que tuvo activa intervención e influencia en la construcción de los alambicados razonamientos que tuvieron por resultado este escandaloso resultado de la condena de quienes habrían afectado gravemente a los DD.HH. dejando libres de todo reproche al otro sector que también había cometido este tipo de crímenes.

Lo cierto es que por estos artilugios, los que llevaron adelante la represión quedaron en la cárcel, en tanto los que lucharon del otro bando quedaron desinculpados, y, según quien los mire, exaltados.

La distinción está en la distorsionada visión de la doctrina de esta Corte en que los crímenes de los primeros califican - por vía de estos discutibles argumentos - en la categoría de "crímenes de lesa humanidad".

En este caso se entiende que el antecedente de Lorenzetti debió haber sido conocido primero por la sociedad cuando lo ungió para el cargo en la Corte, y luego también cuando no se excusó al intervenir en tales causas. Es que una persona que habría tenido una posición extrema en aquella época podría no tener la ecuanimidad necesaria para fallar en estos casos, y menos, para llevar la voz cantante en las sentencias.

La jueza Argibay murió en 2014

En el caso de Carmen Argibay se sabía que había estado detenida por un tiempo por los militares del Proceso, pero se entendió que era una persona, si bien con conocidas posiciones de izquierda, se coincidía - y lo demostró en sus sentencias - en que era absolutamente independiente.

La actitud del Dr. Lorenzetti es particularmente reprochable. Los principios dicen que "todo juez en relación con el cual puede haber razones legitimas para dudar de su imparcialidad debe abstenerse de conocer en el caso ya que lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática." El principio de imparcialidad como garantía del debido proceso, reviste su importancia, como lo dice el procesalista costarricense Artavia, para"garantizar la idoneidad del órgano jurisdiccional y la consiguiente confianza de las partes en la imparcialidad del juzgador-garantía inherente al cargo-, la ley ha dispuesto que los jueces y demás funcionarios judiciales, puedan ser apartados de un proceso, por petición de los interesados -recusación-o por propia determinación-excusación e inhibición-cuando exista una causa legal para ellos".

Como afirma Werner Goldshmit "La imparcialidad consiste en poner entre paréntesis todas las consideraciones subjetivas del juzgador. Este debe sumergirse en el objeto, ser objetivo, olvidarse de su propia personalidad".

En síntesis, la actitud del Dr. Lorenzetti, primero ocultando un antecedente determinante en el juzgamiento, y luego de no excusándose,es particularmente reprochable.
Todo esto no son simples disquisiciones leguleyas pues tienen efectos prácticos, y, de haberse conocido y planteado oportunamente, podría haber orientado las soluciones hacia otro derrotero.

De hecho ya se supone una recusación con causa interpuesta contra Lorenzetti en estos meses. basada en esta circunstancia determinante.

En alguna oportunidad expresé que "cuando actúa la Justicia el deber del Estado es ser neutral. Pero en los mal llamados casos de lesa humanidad, durante la administración kirchnerista, el Estado hizo lo opuesto: se comprometió a no ser neutral y se empeñó en buscar condenas a cualquier costo.".

El propio Lorenzetti calificó al juzgamiento de los crímenes de un sector como una Política del Estado de la República Argentina, y también se pavoneó de la acción de la justicia.

miércoles, 21 de marzo de 2018

Buscan determinar que el crimen de Larrabure fue de lesa humanidad

Un fallo podría considerar que el asesinato de Larrabure es un crimen de lesa humanidad

Este miércoles los seis jueces de la Cámara Federal de Rosario se pronunciarán sobre el caso del coronel que fue secuestrado y ejecutado por un grupo comando del ERP en 1974 

Por Fernando Morales | Infobae



Dentro de las historias más emblemáticas relacionadas con la violencia política durante la década del 70, se encuentra el secuestro, calvario y muerte del Mayor del Ejército Argentino (ascendió a teniente coronel en cautiverio y a coronel luego de encontrado su cadáver) Argentino del Valle Larrabure. Si bien el hecho en sí mismo constituye uno más de los tantos secuestros seguidos de muerte que los grupos terroristas armados perpetraron en pleno gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón, las circunstancias que rodearon al episodio así como las funciones del militar al momento de su captura, lo transformaron en uno de los crímenes más aberrantes de la guerrilla argentina.
Larrabure era un militar que transitaba su primera jerarquía como "oficial jefe" y su destino no estaba relacionado con ningún grupo de tareas ni cumplía funciones relacionadas con la represión a la subversión armada. Su destino era la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María (Córdoba) donde revistaba como Subdirector.
El 11 de agosto de 1974, en circunstancias en que se realizaba una recepción en el comedor de oficiales de la planta fabril, un grupo comando del ERP tomó las instalaciones y procedió a su secuestro. Fue alojado en una de las denominadas "Cárceles del Pueblo", las que no eran otra que pozos de poco más de un metro cuadrado. Allí permaneció Larrabure por 372 días hasta que finalmente fue "ajusticiado" por el comando terrorista que lo tomó prisionero.
Como resultado de una campaña iniciada por su hijo, el ex candidato a diputado provincial Arturo Larrabure, en 2008 el Fiscal Federal de Rosario, Claudio Marcelo Palacín dictaminó que estaban dadas las condiciones para considerar que la muerte del militar constituye un delito de lesa humanidad y un crimen de guerra, con lo cual dio luz verde para la apertura de una investigación judicial.



Desde la Procuración General de la Nación, por aquel entonces en manos de Esteban Righi, se intentó frenar el expediente mediante la redacción de un decreto que indicaba que solo los agentes a sueldo del Estado podían considerarse incursos en ese tipo de delitos.
Diez años después, el próximo miércoles y en un hecho inédito en la justicia de la provincia de Santa Fe, la Cámara Federal reunirá en plenario a las dos salas y seis magistrados se pronunciarán sobre si el principal acusado, Arnold Kremer (cuyo nombre de guerra era Luis Mattini), será enjuiciado como autor mediato del crimen del Coronel Larrabure.
De fallar en este sentido, se abrirá el camino para que muchos otros crímenes perpetrados por las organizaciones armadas que hasta el presente fueron considerados delitos comunes y por lo tanto prescriptos, pasen a ser considerados delitos de lesa humanidad y por ende imprescriptibles.
Distintas organizaciones que nuclean a víctimas de la guerrilla, han organizado una campaña de difusión a efectos de movilizar el próximo miércoles a quienes adhieren a esta postura. Del otro lado, organismos de Derechos humanos y distintas corrientes políticas de izquierda sostienen que de darse curso a lo reclamado por la querella, se estaría en presencia de un verdadero retroceso en la materia y se revindicaría la llamada "teoría de los demonios" que siempre sostuvo que la responsabilidad de las fuerzas armadas y de los grupos revolucionarios era equivalente.
Kremer, señalado por diversos estudiosos de los "años de plomo" como el sucesor de Roberto Santucho al frente de la conducción del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) es asistido por el abogado penalista Pablo Llonto quien sostiene que la sola consideración del requerimiento del hijo del Coronel "representa reabrir el debate sobre un punto que estimábamos totalmente cerrado en la Argentina respecto de que no se puede calificar de delitos de lesa humanidad este tipo de hechos y por lo tanto prescribieron".


Arturo Larrabure

Por su parte, Gabriel Ganón, quien junto a Llonto representa a Kremer, dijo a Página 12: "Quieren reinstalar la teoría de los dos demonios y no me parece casual que esto ocurra en la Cámara donde trabaja el primo hermano de Marcos Peña, Juan Cruz Peña Álvarez, que es relator del camarista Aníbal Pineda". Pineda asumió como juez el año pasado. Además, integran la Cámara Federal Fernando Barbará, Jorge Sebastián Gallino, José Toledo, Elida Isabel Vidal y Edgardo Adrián Bello.
En diálogo con Infobae, Arturo Larrabure se manifestó confiado en la resolución de la justicia, aunque no descarta proseguir con la vía judicial nacional e internacional en caso de obtener un fallo que no lo favorezca.
Distintos organismos relacionados con el estudio de la violencia extremista en Argentina calculan que hubo más de 5.000 víctimas del accionar guerrillero.

miércoles, 21 de febrero de 2018

La persecución a los militares victoriosos de la guerra antisubversiva

El terrorismo de los 70 y la violación al estatuto de Roma

Por Carta de Lectores - Tribuna de Periodistas




VIOLACIÓN FLAGRANTE/INSEGURIDAD JURÍDICA

De acuerdo a la carta del lector Carlos Alberto Louge publicada en La Nación de la fecha, entiendo que el Estado Argentino ha violado deliberadamente el Estatuto de Roma aplicándolo en forma retroactiva, contra lo que el mismo Estatuto, acorde a principios universales de legalidad prohíbe expresamente.

Asimismo incumple las recomendaciones del Tratado de Ginebra para la resolución de conflictos internos "procurando una amplia amnistía", haciendo todo lo contrario al anular el indulto de un Presidente democráticamente elegido.

Ambas medidas justificaron los juicios contra militares y civiles involucrados en la guerra de los 70 (Firmenich así la denominó), agregando la exclusión adicional de las organizaciones terroristas de la figura de "lesa humanidad', decisión injustificada en el mencionado Estatuto.

Creo que mantener la angustiosa situación de los 2000 Presos Políticos heredados del gobierno kirchnerista, es ahora absoluta responsabilidad del gobierno de Cambiemos, evidencia de inseguridad jurídica y de complicidad con la venganza del terrorismo.


Santiago Floresa

viernes, 3 de junio de 2016

Procesan y embargan a gendarme K

Video | Procesan y embargan por $500 mil pesos al gendarme "carancho"
El efectivo, identificado como Juan Alberto López Torales, se arrojó sobre un auto durante una movilización de trabajadores en julio de 2014.
Perfil


El "gendarme carancho"

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó hoy sin prisión preventiva pero con un embargo de medio millón de pesos al gendarme Juan Alberto López Torales, por presuntamente haberse arrojado sobre un automóvil durante una movilización de trabajadores.

La magistrada dictó el procesamiento en relación a los delitos de “falso testimonio y privación ilegal de la libertad agravada”, por los hechos ocurridos el 30 de julio del 2014, en la autopista Panamericana, durante una protesta de trabajadores despedidos de la multinacional Lear.

López Torales fue procesado por haberse arrojado sobre el vehículo que conducía uno de los participantes en la movilización, Christian Romero, y luego fingir que había sido atropellado por éste, según informó la agencia DyN.

Golpean y detienen a un conductor luego de que Gendarme simulara un atropello
Romero relató: “Me apresto a poner primera marcha y arrancar el vehículo cuando, súbitamente, un gendarme de enormes proporciones directamente se arrojó sobre el vehículo Chevrolet que conducía. Se trató de López Torales. Con toda su humanidad se había tirado sobre el capot provocando una importante abolladura y con su codo golpeó fuertemente el parabrisas haciendo estallar los cristales”.’

Arroyo Salgado indagó a López Morales a fines de 2015, a instancias del fiscal federal Fernando Domínguez, pero no fue sino hasta ahora que resolvió su situación procesal.

También dispuso el procesamiento de Roberto Ángel Galeano, un militar retirado quien prestaba servicios en el área de seguridad a cargo del exsecretario Sergio Berni, por el delito de “privación ilegal de la libertad agravada por simulación de autoridad pública”.

Dudas sobre el origen del video que mostró al gendarme ‘carancho
A su vez, la funcionaria judicial decidió sobreseer al resto de los imputados, Alberto Daniel Larraburu, Héctor Antonio Herrera Medina, Sandro Javier Garnica, David Héctor Aguilera y Walter Gerardo Rodríguez. Los dos primeros fueron acusados por el fiscal de “privación ilegal de la libertad y falso testimonio”, y los otros dos por “falsedad ideológica”.

Por el hecho también está abierta una causa civil en la que el conductor del vehículo, Romero, reclama la reparación de los “daños y perjuicios” que supuestamente le causó aquel accionar del “gendarme carancho”.

“Me aplicaron golpes de puño, me arrojaron al piso, me dieron puntapiés, arrastraron mi cuerpo por el pavimento. En tanto que me colocaban las manos hacia atrás, sin que siquiera atinara a algún tipo de reacción, me golpearon, patearon y vejaron entre varios gendarmes. Me esposaron con las manos hacia atrás y me levantaron con el consabido dolor en las muñecas”, contó el afectado.

“Sin que nada lo hiciera suponer, me encontraba detenido. Sin haber hecho nada, López Torales había inventado que lo había atropellado y con esta falsa situación promover una detención carente de toda verdad”, agregó.

viernes, 25 de diciembre de 2015

Liberan a combatientes del terrorismo en Argentina

Liberan a combatientes del terrorismo condenados en Entre Ríos y La Pampa
En Paraná, un juez consideró que los acusados tenían ya "condenas cumplidas". En Santa Rosa, se venció la prisión preventiva.
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En el marco de la causa por delitos de lesa humanidad conocida como 'Área Paraná', que tiene como víctimas de 52 personas, el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, impuso mayoritariamente penas por debajo de las solicitadas por la fiscalía y la querella.
Por esa razón y por considerar que tenían "condenas cumplidas", tres de los condenados pudieron recuperar inmediatamente la libertad: Rivas, Bidinost y Obaid, lo que provocó el repudio de la querella como de familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.



Similar situación se dio esta semana en la provincia de La Pampa. Cinco represores fueron liberados por la justicia de La Pampa tras estar procesados por más de 300 casos de secuestros y torturas cometidos en esa provincia durante la última dictadura militar.
La decisión la tomó este martes el TOF de esa jurisdicción y los beneficiados son Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar "Miseria" López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez. El argumento es que se vencieron los plazos de la prisiones preventivas. La libertad la había pedido el defensor oficial Carlos Riera, mientras que el fiscal Juan José Baric se opuso a la excarcelación.
Pero los magistrados le dieron curso considerando que se vencieron los plazos legales para mantener a una persona con prisión preventiva (un año y seis meses de prórroga) y ya no podían permanecer en esa condición sin juicio oral.
Los cinco imputados en la causa Subzona 14 II fueron liberados este martes desde la Colonia Penal 4. Algunos ya gozaban de prisión domiciliaria y ahora quedó en libertad el resto de los procesados, aunque resta saber cuál será el destino del exjefe de la Policía Provincial, Luis Baraldini. En este caso, el hecho de haberse fugado en su momento, le impediría obtener la excarcelación.

domingo, 13 de abril de 2014

Persecución política en Bahía Blanca


Preocupación de ADEPA por lo que considera un controvertido, y para nada ajustado a derecho, allanamiento contra el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca


La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por el allanamiento realizado el pasado martes 8 en la sede del diario La Nueva Provincia, hoy La Nueva, de Bahía Blanca. El procedimiento se concretó en el marco de una causa iniciada contra directivos del matutino que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto, dijo un comunicado de la entidad rectora del periodismo nacional, difundido en la noche del lunes 10 de abril.
"Las condiciones en que se cumplió la actuación judicial parecen constituir un nuevo eslabón de una larga cadena de ataques contra medios de prensa independientes, en tanto y en cuanto expresan visiones críticas sobre la realidad nacional.
"El juez interviniente expresamente había establecido que en ningún caso la medida debía "entorpecer ni afectar el normal funcionamiento del medio gráfico, ni mucho menos afectar la libertad de prensa ni la absoluta reserva de la 'fuente periodística', garantías que han sido incorporadas por la reforma constitucional de 1994 y que no ceden pues adquirieron rango de una verdadera 'libertad institucional'".


"Pese a ello, los fiscales ad hoc que actuaron acompañados por personal de Gendarmería Nacional dispusieron el secuestro de 119 tomos de la colección del diario desde 1974 a 1983 y cientos de sobres que contenían fotos y recortes periodísticos del archivo de La Nueva que hacen al funcionamiento cotidiano del medio de comunicación bahiense.
"Este hecho, sumado a que el procedimiento se concretara a instancias de dos fiscales ad hoc -esto es, nombrados sin concurso público y sin acuerdo del Senado Nacional, como lo requiere la ley- y que han declarado públicamente una militancia ideológica que cuestiona el deber de objetividad que les impone el cargo, compromete las garantías constitucionales referidas a la libertad de prensa y genera el riesgo de que se pretenda instaurar el delito de opinión."
Tiempo Militar

martes, 28 de enero de 2014

Persecución judicial en Argentina

La persecución política en los tribunales de lesa humanidad

Hoy en Argentina hay más de 1100 presos políticos, de los cuales ya han muerto 222 por falta de atención de su salud, en diferentes etapas del cautiverio y/o en procesos pseudo-judiciales a los que son sometidos. La edad promedio de los presos políticos es de 69,7 años, muchos de los cuales pasan los 70 y otros tantos los 80 años. Están encarcelados en prisiones con una población cuya edad promedio no supera los 30 años, ni las prisiones ni el personal que las administra, están preparados para el trato con una población del doble de edad promedio de la que tienen.

Hay procesados que han superado los 10 años de prisión preventiva.

Lo que sigue es un muestrario de los extremos a los que ha llegado la persecución a las que los presos son sometidos. Por alguna extraña razón esto no se refleja en los informes de organizaciones como Amnesty International, Human Rights Watch, FIDH, CELS y otras que, supuestamente se dedican a detectar y denunciar todas las violaciones de derechos humanos.