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martes, 5 de diciembre de 2023
domingo, 10 de octubre de 2021
EMC de las FFAA investiga irregularidades durante las elecciones PASO
El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas investiga irregularidades en los gastos del Comando Electoral en las PASO
El subjefe del máximo organismo militar del país firmó un sumario militar tras la denuncia de un teniente coronel por posibles maniobras dolosas en el manejo de fondos electorales por parte de sus superioresPor Fernando Morales || Infobae
El Subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Brigadier Mayor Pedro E. Girardi, firmó en las últimas horas la disposición número DI-2021-14-APN- SEMCO#EMCO mediante la cual ordena la apertura de un sumario militar que involucra a varios jefes castrenses para investigar posibles irregularidades en la ejecución del presupuesto de al menos 20 millones de pesos sobre el total destinado al pago de pasajes y viáticos destinados al Comando Nacional Electoral que actuó en las últimas elecciones primarias.
La medida se adoptó a partir de una presentación efectuada por un oficial de intendencia destinado en el organismo, quien denunció a sus superiores por la presunta comisión de severas irregularidades en el manejo de fondos girados por el Ministerio de Interior para hacer frente a gastos relacionados con las PASO ( Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias)
La “Actuación de Justicia” dispuesta por la segunda autoridad militar del país ordena la inmediata apertura de un sumario militar previo a la conformación del Consejo de Disciplina Militar. La última oportunidad en la que se activó este órgano disciplinario máximo del mundo militar correspondió al juzgamiento de varios oficiales navales involucrados en el hundimiento del submarino ARA San Juan.
La denuncia originalmente fue realizada en forma verbal y posteriormente oficializada ante el responsable del Comando Nacional Electoral -General de División Martin Deimundo Escobal- por uno de los responsables del Departamento Finanzas del Comando Operacional Conjunto de las FFAA, quien dio cuenta de un presunto manejo doloso de los fondos asignados por el Estado Nacional al organismo militar para el pago de gastos inherentes a la custodia y seguridad del acto eleccionario.
El General de División Martin Deimundo Escobal es el actual Comandante Nacional Electoral
Dentro de los presuntos ilícitos denunciados por el teniente coronel que se desempeña actualmente como segundo jefe del órgano financiero militar conjunto se destacan: “Pago duplicado a proveedores, pago de viáticos apócrifos, listado fantasma de supuestos efectivos desplazados a distintos puntos del país para tareas de custodia de urnas y centros de votación, falsificación de datos sobre personal de las fuerzas policiales intervinientes, desaparición de documentación de respaldo de las rendiciones efectuadas y serias inconsistencias contables entre otros ilícitos”.
Según confiaron fuentes militares a Infobae, “el Comandante Operacional recibió una comunicación oficial con la denuncia formalizada y registrada bajo el número 2021-94669979 APN-CO#EMCO mediante la cual fue notificado de las irregularidades detectadas por el contador militar. Uno de los hechos especialmente apuntados está constituido por una gran cantidad de pagos duplicados e irregularidades en la contratación de una reconocida empresa de transporte de pasajeros utilizada para el traslado del personal afectado al comicio desde sus lugares de residencia a los puntos geográficos en los que debían prestar servicios”.
A partir de allí el General Escobal convocó a todo el personal superior y subalterno responsable del manejo financiero del EMCO y del pago a proveedores quienes dieron versiones encontradas sobre las distintas denuncias las que incluyen también la desaparición de documentación respaldatoria en forma dolosa.
Alrededor de 90.000 efectivos de las FFAA y FFSS son movilizados para distinas tareas relacionadas con la seguridad del proceso electoral
Ante la gravedad de las inconsistencias en las que incurrieron los declarantes y dado el elevado monto involucrado, Escobal puso en conocimiento de la situación a las máximas autoridades del EMCO las que oficializaron la investigación.
En principio de los testimonios dados por el denunciante, se encontraría comprometido un oficial superior del Ejército responsable de las transferencias bancarias a proveedores. Los fondos son girados a la contaduría del EMCO desde el Ministerio del Interior y la afectación de los mismos debe ser imputada exclusivamente a gastos relacionados con el proceso electoral. Los excedentes si los hubiere deben ser devueltos a la cartera política.
A la izquierda el Brigadier Mayor Pedro Gilardi, Subjefe del Estado Mayor Conjunto y responsable de la convocatoria a la justicia militar para que inicie las actuaciones de rigor
Vale destacar que el personal militar que compone el Estado Mayor Conjunto proviene de las tres fuerzas armadas por lo que mientras dure su asignación a este organismo dejan de reportar a sus fuerzas de origen.
Inicio de las actuaciones disciplinarias
Entre los fundamentos que dan inicio a las actuaciones se señala “en el entendimiento que durante el desarrollo de la primera etapa de las elecciones nacionales (PASO) podrían haberse llevado adelante procesos que no respetaron las exigencias normales y habituales tendientes a resguardar la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos afectados a la misma, generándose al mismo tiempo transferencias bancarias cuya regularidad debe ser investigada. Ello alcanza también a determinar si se arbitraron las medidas necesarias para el resguardo de la documentación respaldatoria de los procesos en cuestión”.
Uno de los auditores generales de las FFAA señala: “Se ha dispuesto activar los mecanismos legales para determinar si estamos en presencia de una irregularidad administrativa sancionable en forma interna o si se ha cometido un delito. En este último caso no solo se elevará la calificación de la falta militar ( de grave a gravísima) sino que además el EMCO deberá dar cuenta a la justicia federal para que se investiguen las responsabilidades penales”
La misma fuente aclara que en muchas ocasiones maniobras que prima facie parecen obedecer a situaciones dolosas, luego terminan siendo malversaciones de caudales públicos que se originan en sobrantes de partidas de dinero para realizar determinado tipo de tareas que se usan finalmente para ejecutar otras para cuyo fin no había fondos disponibles.
La tarea del Comando Electoral es compleja y comienza el día anterior al acto comicial
“Si bien es desprolijo y quien incurre en estas prácticas comete una falta, el fin de este tipo de maniobras suele estar relacionado con necesidades propias del servicio y no encierra un beneficio personal para el funcionario que las realiza. No obstante en la denuncia en trámite tanto por el monto involucrado como por la acumulación de irregularidades se impone una actuación sumaria”, señalan desde al auditoría General de las FFAA.
De acuerdo a lo normado por la ley 26.394 ( Régimen Disciplinario de las FFAA) las faltas cometidas en el cumplimiento de la función militar son merituadas y sancionadas de acuerdo a las previsiones del Código de Disciplina de las FFAA sin perjuicio de la actuación que en forma paralela o posterior lleve adelante la justicia ordinaria o federal.
El General Martín Paleo Jefe del Estado Mayor Conjunto y máxima autoridad militar del país
Hasta el momento desde el Ministerio de Defensa no se han pronunciado al respecto. Allegados al ministro Jorge Taiana manifestaron a Infobae que el funcionario requerirá en las próximas horas al propio Jefe del Estado Mayor Conjunto General de División Martín Paleo, un informe escrito sobre los hechos investigados a partir de lo cual decidirá si la cartera a su cargo se constituye en denunciante ante la Justicia Federal.
Las actuaciones en curso investigan -en principio- la presunta comisión de una falta grave para lo cual se ha convocado al Coronel Mayor Auditor ( abogado) Alberto F Torres para que oficie de instructor y proceda a realizar la instrucción sumaria correspondiente. Torres dispone de 60 días hábiles para realizar todas las diligencias que estime pertinentes incluidas pericias contables y declaración de testigos. De acuerdo a las conclusiones a las que arribe y a la gravedad que en definitiva le atribuya a los hechos investigados, se podrá determinar la convocatoria al Consejo General de Disciplina quien será en definitiva el que determine la sanción a aplicar al o los infractores.
sábado, 16 de noviembre de 2019
El fraude cubenezolano se replica en Bolivia
La mano de Venezuela y de Cuba en el fraude electoral de Evo Morales en Bolivia
Muchas de las irregularidades detectadas por la auditoría de la OEA tienen puntos de contacto con procedimientos aplicados antes por Nicolás Maduro, con la ayuda de sus socios cubanosInfobae
En esta foto de archivo tomada el 17 de septiembre de 2016, Evo Morales habla con Nicolás Maduro antes de la ceremonia de apertura de la cumbre del Movimiento de Países No Alineados en Isla Margarita, Venezuela (Foto de Juan Barreto / AFP)
Luego de tres semanas de protestas, enfrentamientos e incertidumbre por el resultado de las elecciones del 20 de octubre en Bolivia, la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue categórica el pasado domingo: se registraron “irregularidades muy graves” en los comicios, una forma suave de decir fraude. “El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral”, concluyeron los expertos de la OEA.
El documento difundido reveló varios casos de falsificación de firmas y actas, interferencias en el sistema informático y una anormal cantidad de votos recibidos por Morales en el último 5% del recuento. Muchas de estas anomalías parecen inspiradas en el modelo de manipulación electoral de Venezuela, que contó con el adiestramiento de funcionarios del régimen cubano.
Los dos super pelotudos: Maduro y Morales levantan el puño izquierdo en una cumbre en Santa Cruz de la Sierra en 2017 (Photo by Aizar RALDES / AFP)
El conteo de votos en Bolivia empezó a parecer escandaloso cuando se interrumpió extrañamente al llegar al 83,8% de las mesas escrutadas. En ese momento, Evo Morales era el candidato más votado, pero no podía evitar el ballotage: estaba lejos del 50% y aventajaba por menos de diez puntos de diferencia a Carlos Mesa, su principal competidor. Cuando, horas más tarde, se reanudó el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP), Morales apareció de pronto superando los diez puntos de ventaja.
También en Venezuela se había producido una extraña interrupción en 2013, cuando Nicolás Maduro se presentó por primera vez como candidato a presidente tras las muerte de Hugo Chávez. En ese momento, la paridad era total con Henrique Capriles. Cuando se reanudó la carga de datos, curiosamente Maduro había sacado una luz de ventaja, que le permitió terminar imponiéndose por poco más de 200.000 votos.
Morales, el ex presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén y el dictador cubano Miguel Díaz-Canel acompañan a Maduro en su acto de reasunción, el 10 de enero pasado, en Caracas
Más allá del apagón, se registraron otras anomalías importantes en el TREP. La OEA reveló que no estuvo monitoreado el 100% flujo de datos a lo largo del proceso, ni estuvo bajo control y conocimiento del responsable técnico del Servicio de Registro Cívico (SERECI). Como si fuera poco, se operó con un servidor que no estaban en la infraestructura del TREP y se redirigió tráfico hacia una red de servidores ajena al cómputo oficial.
Esto llevó a la empresa contratada por el Tribunal Electoral para auditar el TREP a denunciar las irregularidades. “No podemos dar fe de la integridad de los resultados electorales, debido a que todo el proceso está viciado de nulidad por la cantidad de alteraciones al código fuente del TREP, la cantidad de accesos y modificaciones manuales con el máximo de privilegos a las bases de datos en producción durante el proceso electoral y las inconsistencias del Software que fueron surgiendo en el TREP y el sistema de cómputo”, concluyó la auditora.
Maduro, Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y Evo Morales en la sesión de clausura de la XVI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el 14 de diciembre de 2018 (REUTERS/Correa)
SmartMatic, la empresa contratada por Venezuela para la realización del proceso electoral, también denunció irregularidades graves en 2017. “Basándonos en la solidez de nuestro método, sabemos, sin lugar a dudas, que (la cifra de) la participación en la elección de una Asamblea Constituyente nacional fue manipulada”, indicó en ese momento la compañía. “Estimamos que la diferencia entre la participación real y la que anunciaron las autoridades es al menos de un millón de votos”.
La manipulación informática es una de las claves del fraude chavista. Con la asistencia de Cuba, el régimen creó un sistema de cómputo paralelo que le permite ver la evolución del conteo de forma anticipada, con el agravante de que el voto es totalmente electrónico, lo que despierta todavía más interrogantes sobre las posibilidades de modificar los resultados.
En última instancia, están las trampas que se producen en las mesas de votación, registradas tanto en Bolivia como en Venezuela. Del análisis efectuado por la auditoría en Bolivia, se concluyó que 78 actas (23% de la muestra analizada) presentaban irregularidades desde el punto de vista pericial. Se detectaron mesas en las que las firmas del acta original no correspondían con las firmas de las copias y en las que Morales sumaba más del 100% de los votos.
En 2013 también hubo muchas de esas mesas misteriosas, en las que Maduro obtuvo el 99% de los votos. Además de violación del voto secreto o coacción a la hora de ejercerlo, violencia en las inmediaciones de los centros de votación, obstrucción a los mecanismos de auditoría ciudadana, retraso o paralización del proceso electoral, y proselitismo en las cercanías de los centros.
Otra de las trampas chavistas es extender el horario de votación, lo cual permite que se falsifiquen los votos de quienes no fueron a sufragar en centros de votación alejados, cuando ya no hay presencia de observadores de la oposición. Eso explica que en la parte final del cómputo siempre extienda su ventaja el oficialismo.
Precisamente en el 5% final del cómputo de votos se produjo un cambio de tendencia sorprendente en Bolivia. Morales ganó un 60.5% de esos votos, mientras Mesa obtuvo solamente un 23,8 por ciento. Morales incrementó su promedio de votación en un 15% comparado con el 95% anterior, y Mesa cayó en una proporción prácticamente igual. Un comportamiento muy inusual según la OEA.
miércoles, 13 de noviembre de 2019
OEA: El golpe de estado fue de Evo Morales con el fraude
Luis Almagro: “Hubo un golpe de Estado en Bolivia, fue cuando un fraude electoral le dio el triunfo a Evo Morales en primera vuelta”
El secretario general de la OEA se pronunció sobre la crisis en la sesión extraordinaria convocada en Washington. Aseguró que el ex presidente llevó a cabo un “autogolpe” y que “no se le puede pedir a un pueblo que se deje robar una elección”
Luis Almagro, secretario general de la OEA (Photo by Olivier Douliery / AFP)
“Golpe de Estado es una forma ilegítima de acceder al poder o de ejercerlo, según el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana", comenzó su alocución en la tarde del martes en Washington, el secretario General de la OEA Luis Almagro. “En ese contexto, sí, hubo un golpe de estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre, cuando se realizo el fraude electoral que tenía como resultado electoral el triunfo del ex presidente Evo Morales en primera vuelta”.
La definición categórica la pronunció durante la sesión extraordinaria del organismo para tratar la crisis boliviana.
“Que el tribunal electoral le adjudicará el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional”, agregó.
“Era robarle la soberanía al pueblo, ese pueblo que le había dado más poder a Evo Morales que a nadie en la historia de Bolivia”, dijo Almagro. “Ese pueblo no merecía ser engañado de una manera tan afectuosa”.
El secretario general calificó a la maniobra de Morales como un “autogolpe” que sería “volver a las peores épocas del hemisferio” y pidió que continúe la investigación de los responsables de ese intento.
“Duele en el alma, es el horror de los horrores, que se arroje el legado político del primer presidente indígena de Bolivia por la borda de un autogolpe”.
Almagro defendió de las críticas la actuación de la OEA en Bolivia. “La vergüenza no es de la OEA que descubre un fraude electoral, es de aquellos que lo cometieron. La vergüenza no es de la OEA que hace un informe técnico irrefutable, es de aquellos que quisieron burlar al pueblo", dijo. “La sangre en las manos es de quienes cometieron un golpe electoral”.
“No se le puede pedir a un pueblo que se deje robar una elección, que se deje robar el poder”, insistió.
También lamentó y repudió los actos de violencia de uno y otro lado: “El odio y la violencia entre los bolivianos debe ser erradicado”, pidió.
“Nos llama la atención que Evo Morales llamó al golpe en su contra en su carta de renuncia como cívico-policial, lo cual expresamente quiere dejar afuera al ejército, quiere dejar claro que no fue la acción de esa fuerza lo determinante en su renuncia”, subrayó.
“La reelección no es un derecho humano”, dijo esta tarde Almagro. “Es hora de terminar con esta lamentable práctica”
“Bolivia debe continuar su proceso institucional, porque como en toda acción cívica espontánea, este poder no ha sido tomado por nadie”, dijo Almagro, horas antes de que la senadora Janine Añez asumiera formalmente la presidencia en remplazo de Morales.
Almagro y la OEA fueron claves en todo este proceso. Primero, porque el secretario general avaló la candidatura de Morales a la presidencia una vez que el Presidente consiguió el aval del Tribunal Consitucional de su país, a pesar de que la Constitución se lo prohibía y de que la ciudadanía había votado en contra de esa poisbilidad en un referendum convocado al respecto. Luego, porque fue la auditoría de la OEA la que el domingo último terminó por certificar el cúmulo de irregularidades que habían ocurrido en la elección del 20 de octubre y sugirió la realización de nuevos comicios.
Evo Morales inicialmente aceptó la sugerencia de la OEA, pero ante la agudización de las protestas en las calles y las sugerencias de renuncia tanto de la Central Obrera como de las fuerzas armadas, terminó dimitiendo esa misma tarde.
martes, 12 de noviembre de 2019
Análisis: La falsa dicotomía fraude-golpe en Bolivia
La columna de Pagni sobre excesos de Evo Morales y la rebelión militar que triplicó el rating de LN+
Por Urgente24
El periodista Carlos Pagni dedicó su primera media hora de Odisea Argentina al abuso de poder de Evo Morales durante su segundo y tercer mandato, el fraude electoral que cometió el domingo 20/10 y el posterior golpe de Estado que sufrió el domingo 10/11. Luego de un repaso sobre la historia reciente de Bolivia abrió el debate sobre el naciente Grupo de Puebla: "Los que le preguntan a las FF.AA. bolivianas que participaron de un golpe, cuando miran políticamente la escena, ¿qué le recomendarían al ejército boliviano? ¿Reprimir a mansalva? Entonces está muy bien lo que está haciendo el presidente de Chile, Sebastián Piñera. ¿O lo que vale en Chile no vale porque Piñera es de derecha y eso que es repudiable en Chile es plausible o recomendable en Bolivia? Es una pregunta muy interesante para hacerle por ejemplo a todas las fuerzas del Grupo de Puebla, empezando por Alberto Fernández como dirigente del peronismo, que dicen: "Cuidado porque Piñera se está excediendo y violando los Derechos Humanos y le pedimos al Ejército boliviano que haga lo mismo pero siguiendo las órdenes de alguien que, como es amigo, no violaría los DD.HH."
Carlos Pagni, periodista
La profunda crisis política y social en que está sumida Bolivia, al borde de la guerra civil, abrió un interesante debate en Argentina sobre los excesos de los gobiernos democráticos que intentan eternizarse en el poder, la voz de las urnas y el temor constante a un golpe de Estado.
Venezuela, Chile, Ecuador, Perú y ahora Bolivia están sacudiendo a la región y abriendo heridas que parecían cerradas.
En medio de una discusión entre la oposición y el oficialismo argentino sobre si se trató o no de un golpe de Estado en Bolivia, el periodista Carlos Pagni hizo un breve repaso de la historia reciente del país vecino, concluyendo: "La cuestión es tan compleja que genera un antecedente para Venezuela, es decir, qué pasaría -porque hasta ahora no fue puesto a prueba el Ejército venezolano- si hay un desborde o si Maduro piensa que hay un desborde de las manifestaciones en su contra por parte de la oposición venezolana (que el 16 tendrá manifestaciones) y decide pedirle al Ejército que reprima y el Ejército se niega a reprimir. Qué es lo que estuvo esperando buena parte de la opinión política progresista tanto en América Latina como en Europa para evitar lo que está en la cabeza de muchos funcionarios americanos, que es una intervención externa. ¿Habría un golpe en Venezuela? Técnicamente sí y habría que defender entonces la legitimidad de Nicolás Maduro, aunque Maduro sea un presidente acusado como Morales de ser un presidente fraudulento, que surgió de un proceso electoral viciado. Quiere decir que no es tan fácil poner blanco o negro, no hay por qué elegir entre el fraude y el golpe, existen las dos cosas en Bolivia y las dos cosas eventualmente en Venezuela".
lunes, 11 de noviembre de 2019
Crónica de la caída de Evo Morales
Crónica de la crisis autoinfligida de Evo Morales y el peor final para el presidente más exitoso de Bolivia
Por Leonardo Mindez || InfobaeSubdirector de Infobae América | lmindez@infobae.com
Evo Morales, presidente de Bolvia desde 2006.
La llegada al poder de Evo Morales en 2006 fue un hecho histórico. Por primera vez, Bolivia tenía un presidente indígena como el 60 % de su población. Cargado de la épica y el simbolismo de la hora, el líder cocalero le dio un tinte refundacional a su gobierno.
Según todos los indicadores económicos y sociales, la gestión de Morales fue un éxito. Sostenido en la nacionalización temprana de los hidrocarburos, el PBI creció sin descanso a un promedio de 4,9% anual durante 13 años, la pobreza se redujo del 60 al 35%, mejoró la distribución del ingreso y cayó el analfabetismo. Llevó adelante una mezcla de políticas ortodoxas y heterodoxas con tanto consenso que su gestión no sólo fue celebrada por las fuerzas de izquierda y progresistas del continente sino que fue elogiada más de una vez por el Banco Mundial y hasta el FMI.
Pero a la par del boom económico del país más pobre de Sudámerica, se fue consolidando el sesgo totalitario que suele acompañar a los líderes que en algún momento se sienten la encarnación última de la Patria.
Uno de los primero hitos de Morales fue la reforma de la Constitución. La nueva carta magna otorgó una cantidad de derechos y representación inédita en el sistema de poder a los campesinos e indígenas bolivianos. También habilitó la posibilidad de una sola reelección consecutiva para el Presidente, que Morales logró en forma contundente en 2009 con el 64% de los votos.
El Presidente comenzó entonces a sentirse todopoderoso. Invencible. Y forzó entonces la primera triquiñuela. En 2013 se presentó ante el Tribunal Constitucional y logró que ese segundo mandato pasara a considerarse el primero. ¿El argumento? Que con la nueva Constitución había refundado el país, que ahora era un nuevo “Estado Plurinacional”.
Así, en 2014, Morales pudo presentarse para re-reelegirse para un tercer mandato (el segundo con la nueva Constitución) y logró otro triunfo contundente con el 63%, ante una oposición dispersa.
Parecía que Morales ingresaba, ahora sí, a su último período constitucional con un desafío inédito en su carrera: apoyar a un delfín para su sucesión, algo que no había hecho ni en la Federación Especial del Trópico de campesinos productores de coca que preside ininterrumpidamente desde 1991.
Decidió que tampoco lo haría como Presidente de Bolivia.
Morales se proclamó ganador en primera vuelta a pesar de la irregularidades denunciadas por la misión de observación electoral de la OEA, entre otros (Reuters)
Convocó entonces a un referendum nacional para modificar el artículo 168 de la Constitución y habilitar una nueva re-reelección. El 21 de febrero de 2016, el 51,3% de los bolivianos votó “No". ¿Asunto concluido? No. Tras una presentación de legisladores oficialistas, en 2017 el Tribunal Constitucional (en manos de jueces afines a Morales) declaró inválido el artículo de la Constitución que impedía presentarse a Morales alegando que vulneraba el derecho humano esencial de todo persona de elegir y ser electa.
Con ese desgaste político y con la economía comenzando a mostrar signos de fatiga (el déficit fiscal alcanzó el año pasado un 8,1%, el más alto de Sudamérica), Morales llegó este año a una elección en la que todas las encuestas previas mostraban que su popularidad se había reducido sensiblemente y que para conservar el poder tenía que mantener a la oposición dispersa y lograr una victoria en primer vuelta. Los sondeos le auguraban una derrota si había balotage.
Los intentos de unidad opositora fracasaron. En los últimos meses de campaña, aparecieron nuevos candidatos de la nada, entre sospechas de que eran fogoneados por el oficialismo. El 20 de octubre, Morales se enfrentó a nueve fuerzas. Esa noche, el escrutinio provisorio, con el 83% de las actas verificadas, le otorgaba una ventaja de poco más de 7 puntos (45,28% a 38,16%) sobre Carlos Mesas. Había balotage.
Miles de Bolivianos salieron a las calles en las últimas semanas para protestar por el fraude en las elecciones del 20 de octubre (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Pero de pronto todo se detuvo. Durante casi 24 horas no hubo más datos oficiales. Cuando se volvieron a computar las mesas faltantes, la ventaja de Morales se había ampliado.
Comenzaron a surgir las denuncias de fraude en diferentes regiones. El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, renunció en desacuerdo con cómo se había llevado adelante el escrutinio provisorio. Enseguida, la misión de observación electoral de la OEA recomendó que, ante las irregularidades detectadas, lo mejor era convocar a la segunda vuelta.
El clima se iba caldeando. Cinco días más tarde, el TSE anunció que el conteo definitivo le otorgaba a Evo Morales una ventaja de 10,57% sobre Mesa, justo por encima del umbral de 10 puntos para triunfar en primera vuelta y evitar el balotaje.
La oposición salió a las calles a clamar “fraude”. Morales tuvo la peor reacción posible. Desoyó las protestas, se proclamó reelecto y denunció que se había puesto en marcha un golpe de Estado. Así transcurrieron dos semanas de fuego en Bolivia con marchas opositoras que iban creciendo en magnitud a medida que las pruebas del fraude iban apareciendo por todos lados: desde ingenieros informáticos que mostraban errores groseros en las actas hasta la propia auditoria oficial encargada por el TSE que dictaminó que los comicios habían estado “viciados de nulidad”.
En medio de la crisis, el gobierno avaló que la OEA realizara una auditoría y anunció que aceptaría sus conclusiones, pero Morales no reculó. Siguió denunciando golpismo y alentó a sus partidarios a que salieran a las calles a contrarrestar las protestas y defender su re-re-reelección. Los choques violentos se sucedieron cada día. Los heridos se comenzaron a contar por centenares. Hubo al menos tres muertos, dos cerca de Santa Cruz y otro en Cochabamba, todos opositores. Los sectores más duros ya no pedían el balotaje, ahora reclamaban la renuncia del Presidente.
Los violentos choques entre simpatizantes y opositores a Evo Morales en las calles dejaron al menos 3 muertos y centenares de heridos.
Este domingo, la OEA emitió un informe de su auditoría con conclusiones contundentes que ratifican todo lo que venían denunciando la oposición y observadores independientes. Habla de “falsificación de firmas y actas”, de un “proceso reñido con las buenas prácticas”, de “manipulación del sistema informático de tal magnitud que deben ser investigadas profundamente por el Estado”. Tal es el “cúmulo de irregularidades” que el equipo auditor “no puede validar los resultados de la presente elección" y recomienda otro proceso electoral con nuevas autoridades electorales.
Horas después, Morales intentó un volantazo a medias. Aceptaba finalmente llevar a cabo nuevos comicios, con un nuevo Tribunal Electoral. “He renunciado al triunfo que he ganado”, anunció sin conceder que ese “triunfo” estaba a esa altura cargado de irregularidades comprobadas. “Toca ir a las nuevas elecciones”, aceptó a regañadientes. Se quedó cortó. Quizás si en ese mismo acto anunciaba que iba a respetar la Constitución que él mismo había impulsado y que no se presentaría a los nuevos comicios, habría comenzado a desactivar el conflicto. Pero no. Llamó a movilizarse a sus bases. Todas las señales eran de que volvería a presentarse como el candidato del MAS.
La calle no se calmó. Comenzaron las renuncias de funcionarios de su confianza uno tras otro. Siguieron los levantamientos policiales y finalmente las fuerzas armadas sugirieron su dimisión, trayendo a la memoria los peores fantasmas de los latinoamericanos.
La renuncia del Presidente llegó minutos más tarde.
Es inevitable preguntarse qué pasa por la cabeza de un líder político exitoso con indudable sensibilidad popular para echar por la borda su legado con tal de permanecer en el poder tras 14 años. Si este baño de sangre no se hubiera podido evitar si Morales aceptaba los límites que le imponía su propia Constitución; si aceptaba los resultados del referendo que él mismo convocó en 2016; si aceptaba, hace apenas tres semanas, que el resultado de los comicios determinaba que tenía que haber un balotaje; si aceptaba, en definitiva, que uno de los principios de la democracia es la sujeción a las leyes, que los mandatos presidenciales tienen límites y que la alternancia en el poder es sana.
La pregunta excede a Morales e interpela a todos los dirigentes regionales que le dieron su apoyo en el alocado proceso final para aferrarse al sillón presidencial a como dé lugar. Por más exitosa que haya sido su gestión. Por más simpatía ideológica que se le tenga.
domingo, 27 de octubre de 2019
El EA en las elecciones
El Ejército Argentino en las elecciones generales
#EleccionesArgentinaIniciamos el despliegue hacia los distintos los lugares de votación en todo el país.
#EsteEsTuEjercito
jueves, 24 de octubre de 2019
Gómez Centurión trae claridad al debate presidencial argentino
Gómez Centurión volvió a provocar con el número de desaparecidos
El candidato a presidente del Frente NOS realizó una polémica publicación en sus redes socialesInfobae
Luego de participar del segundo debate presidencial, Juan José Gómez Centurión volvió a provocar con una polémica publicación en torno a los desparecidos de la última dictadura militar. El candidato del Frente NOS celebró la cantidad de seguidores que alcanzó en su cuenta de Twitter: “¡Estos sí son 30.000!”.
En el primero de los debates de los candidatos a presidente que se llevó a cabo en la Universidad del Litoral (Sante Fe), Gómez Centurión había expresado “terminar con el curro de los derechos humanos”. Entre sus propuestas, el defensor de las “dos vidas” declaró: “Vamos a terminar con una vergüenza sistemática de 2 mil millones de dólares a delincuentes terroristas que atacaron militares, víctimas de la subversión”. “Vamos a indemnizar a las víctimas del terrorismo, pero sin usar las causas de víctimas en épocas eleccionarias ni manipulando el dolor para sacar rédito cuando nunca se hizo nada”, enfatizó.
El comentario del ex combatiente de Malvinas generó el repudio de referentes de los organismos de derechos humanos. De hecho, Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo que el ex jefe de la Aduana “es un salvaje” que “revindicó el terrorismo de Estado” y que “llamó criminales a nuestros hijos”. El candidato del Frente NOS le respondió y aseguró que la referente social “es la mamá de una terrorista”, en referencia a Laura Carlotto, que fue secuestrada en noviembre de 1977, cuando estaba embarazada de tres meses.
En esta ocasión, tras haber participado del debate que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Gómez Centurión alcanzó los 30 mil seguidores en su cuenta de Twitter y utilizó la red social para destacar su repercusión: “¡Estos sí son 30.000!”, reavivó la polémica sobre el número de desaparecidos en la dictadura de 1976.
Los cuestionamientos por parte de Gómez Centurión a la cantidad de víctimas del terrorismo de Estado vienen de larga data. Dos años atrás, cuando ocupaba el cargo de titular de la Aduana, invitado al programa Debo Decir -que conduce Luis Novaresio- había sostenido: “Yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que había arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento”.
“La desaparición de miles de personas es terrible. Es un análisis de causa-consecuencia. Y el número no es pornográfico en la medida de cómo lo desarrollemos, porque 8000 personas muertas desde el punto de vista social es espantoso, pero desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8000 verdades que 22 mil mentiras”, había explayado.
Desde el Frente NOS, Gómez Centurión basó su plataforma electoral referenciándose en los pañuelos celestes: “Me opondré a cualquier ley que garantice el aborto, así como al ilegal atajo de los protocolos. El derecho del niño por nacer no se plesbicita, ni se debate, tiene rango constitucional”. “Mienten los que dicen defender la vida y regalan misoprostol”, había manifestado en el debate de la semana pasada.
martes, 16 de abril de 2019
Compra de Su-35 para Indonesia queda en espera por las elecciones
Indonesia’s Su-35 Procurement Stalled by Election
Su-35 fighter (photo : SergeyL)
The Indonesian Air Force's (Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara: TNI-AU's) procurement of Sukhoi Su-35 'Flanker-E' multirole combat aircraft from Russia is expected to proceed following Indonesia's general election in April, a senior Russian defence industry official has stated.
Viktor Kladov, the director for international co-operation and regional policy at Russia's Rostec defence industrial holding company, said the TNI-AU acquisition - featuring the sale of 11 Su-35s for USD1.14 billion - was confirmed by Indonesian Defence Minister Ryamizard Ryacudu in a visit to Moscow in February.
The deal has been complicated by an Indonesian request for an accompanying countertrade deal but could proceed soon, Kladov indicated.
Jane's
domingo, 21 de octubre de 2018
¿Por qué Brasil aprecia a sus militares en política?
Detrás del fenómeno Bolsonaro: por qué los militares tienen tanto poder y respaldo en Brasil
El gran ganador de la primera vuelta electoral y amplio favorito a convertirse en presidente era capitán del Ejército y está acompañado por muchos miembros de las Fuerzas Armadas. A pesar de la dictadura, los sondeos indican que las fuerzas armadas conservan en ese país una alta imagen positivaPor Darío Mizrahi | Infobae
Militares brasileños abocados a tareas de seguridad interior "¡Qué época maravillosa! Usted podía caminar por la calle con seguridad. Su familia era respetada y el policía era policía", describió Jair Bolsonaro en julio de 2015, en una entrevista con la periodista Mariana Godoy emitida por RedeTV!
La época a la que se refería el ex paracaidista del Ejército y capitán del Octavo Grupo de Artillería de Campaña era la dictadura militar que rigió en Brasil entre 1964 y 1985. Cada vez que le preguntaron lo que pensaba acerca de los asesinatos, las desapariciones y las torturas cometidas por el régimen, Bolsonaro justificó ese accionar con el argumento de que había una guerra contra la insurgencia armada.
"El error de la dictadura fue torturar y no matar", afirmó en 2016 en un diálogo con el programa "Pánico", de la radio Jovem Pan.
Si el diputado federal por Río de Janeiro obtuvo el 46% de los votos en las elecciones del 7 de octubre, y las principales consultoras proyectan un 59% en el ballotage del 28 de octubre —18 puntos más que Fernando Haddad—, es porque muchos ciudadanos piensan como él, o al menos no les espantan esas declaraciones.
Jair Bolsonaro, en sus tiempos como capitán del Ejército
Una encuesta realizada en 2017 por la Fundación Getúlio Vargas y la Escuela de Derecho de San Pablo reveló que la institución en la que más confían los brasileños son las Fuerzas Armadas. El 56% tiene una valoración positiva de ellas. La diferencia con la política es brutal: el Congreso, los partidos políticos y el Gobierno no superan el 7 por ciento.
Por eso no causó demasiada conmoción que el gobierno de Michel Temer decidiera en febrero de este año intervenir la seguridad de Río de Janeiro, y ponerla en manos de los militares. Activistas y miembros de organizaciones sociales cuestionaron la medida, pero buena parte de la población la respaldó.
Aún más inquietante es el resultado de un estudio de opinión pública elaborado por Paraná Pesquisas en septiembre del año pasado. El 43% de los consultados dijo que apoyaría una intervención militar provisoria en el país. El 51% se manifestó en contra, pero que cuatro de cada diez estén a favor resulta impactante. Son datos que ponen en números la fragilidad extrema de la democracia brasileña.
Los tanques en la calle, una postal del Golpe de Estado de 1964
Militares y política en Brasil
"Los militares estuvieron, sin excepción, presentes en todos los movimientos políticos y sociales importantes en la historia de Brasil en el siglo XX. Como dijo el estudioso Alfred Stepan, ellos funcionaban como un poder moderador, por encima del Judicial y del Ejecutivo, con el objetivo de mantener la estabilidad social en tiempos de crisis. A esto hay que sumar el hecho de que el Ejército representó siempre una posibilidad de ascender socialmente para muchas camadas", dijo a Infobae Wallace da Silva Mello, profesor de historia en la Universidad del Estado de Río de Janeiro.Hasta 1964 habían ejercido un rol más bien tutelar sobre la política brasileña, con intervenciones esporádicas y haciendo oír su voz. Pero a partir de ese momento las Fuerzas Armadas pasaron a ser las protagonistas excluyentes de la escena política. Para entender el poder y la ascendencia social que mantienen aún hoy, es necesario desmenuzar las particularidades de los 21 años de dictadura en Brasil.
João Goulart, uno de los principales herederos de Getúlio Vargas —líder populista que marcó el ingreso de Brasil a la política de masas—, llegó a la presidencia en 1961, tras la repentina renuncia de Jânio Quadros, impulsada por los militares. Tampoco lo querían a Goulart, porque lo veían demasiado corrido a la izquierda, pero terminaron aceptándolo.
El general Humberto Castelo Branco, uno de los líderes del golpe
La tolerancia duró menos de tres años. El 31 de marzo de 1964 Goulart fue derrocado por un golpe de Estado liderado por el general Humberto Castelo Branco, que era jefe del Estado Mayor del Ejército. Inmediatamente, se prohibieron los partidos políticos, se cerraron medios de comunicación críticos y hubo una persecución generalizada, que incluyó secuestros, asesinatos y desapariciones.
Entre los caídos había miembros de organizaciones armadas como Colina y su sucesora, la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares, que tenía entre sus militantes a Dilma Rousseff. La ex presidenta estuvo recluida entre 1970 y 1972, período en el cual sufrió torturas y vejaciones de todo tipo.
Sin embargo, la dictadura brasileña tuvo diferencias importantes con las de otros países del cono Sur. Si bien existieron violaciones sistemáticas contra los derechos humanos, fue bastante menos cruenta que las de sus vecinos. Según un informe elaborado en 2014 por la Comisión Nacional de la Verdad, se registraron 434 víctimas entre asesinados y desaparecidos. En Argentina y en Chile, países mucho más pequeños, los muertos fueron varios miles.
Dilma Rousseff estuvvo cautiva entre 1970 y 1972
"En Brasil tuvimos una 'dictablanda' más que una 'dictadura' como la que hubo en Argentina, donde miles de personas murieron y desaparecieron. Las Fuerzas Armadas argentinas depredaron el Estado, pero las brasileñas hicieron varias obras de infraestructura. Además, había una baja tasa de desempleo y la violencia era inferior a la de hoy. Esto hace que sea la institución con mayor credibilidad del país y que la población le confiera legitimidad política", afirmó Jorge Zaverucha, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Federal de Pernambuco, en diálogo con Infobae.
Otro rasgo distintivo del proceso brasileño es que, aunque el liderazgo fue sin dudas militar, tuvo un alto componente civil. El Congreso se mantuvo abierto y muchos diputados y senadores apoyaron a los golpistas. De hecho, en 1967 se aprobó una Constitución que estableció un método de elección indirecta del presidente, a través del Parlamento.
La transición a la democracia fue negociada en todos los sentidos. En la práctica, los actores involucrados hicieron un pacto para dejar atrás lo que había sucedido y empezar de cero
El régimen promovió la creación de dos partidos políticos: la Alianza Renovadora Nacional (ARENA), que hacía las veces de oficialismo, y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), la única oposición aceptada. Claro que los comicios legislativos estaban amañados y ARENA tuvo siempre mayoría. Y, aunque los civiles eran elegibles para la presidencia, todos los mandatarios fueron militares: Castelo Branco (1964 — 1967), Artur da Costa e Silva (1967 — 1969), Emílio Garrastazu Médici (1969 — 1974), Ernesto Geisel (1974 — 1979) y João Figueiredo (1979 — 1985).
Un punto de contacto con la dictadura chilena es que tuvo un período de fuerte expansión económica entre 1968 y 1973, lo que algunos llamaron el "milagro brasileño". Pero, a diferencia de las reformas neoliberales que implementó Augusto Pinochet en Chile, sus pares brasileños desarrollaron un esquema mucho más estatista y nacionalista. De todos modos, el éxito duró poco y terminó en un proceso de inflación descontrolada y recesión, que llevó a los militares a preparar la retirada.
El presidente de Brasil, Michel Temer, ordenó la militarización de Río de Janeiro a principios de año (EFE)
"La transición en Brasil fue tutelada, desde 1974, cuando las guerrillas ya estaban vencidas. Hubo un intervalo de diez años entre el recuerdo de los combates, muchos de ellos localizados en el interior del país, y la entrega del poder a los civiles, en 1985. Si bien hubo movimientos como la campaña por las (elecciones) 'Directas Ya', no existió una conmoción nacional en relación al trauma de la guerra y de los desaparecidos, capaz de forzar la caída del régimen como en Argentina, donde fueron muchos más", dijo a Infobae Eduardo Heleno, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense.
La evidencia más notable de la fortaleza con la que se fueron los militares es que se aseguraron de que el primer presidente civil no surgiera del voto popular. Tancredo Neves, del MDB, fue elegido de forma indirecta, por el Congreso. Como murió antes de asumir, la nueva era la inauguró quien iba a ser su vice, José Sarney.
Por la confianza que hay en los militares, parte del electorado cree firmemente que Bolsonaro conseguirá moralizar a la política y bajar los niveles de criminalidad
"La transición a la democracia fue negociada en todos los sentidos. En la práctica, los actores involucrados, con la excepción de los grupos de derechos humanos y las víctimas de la violencia política, hicieron un pacto para dejar atrás lo que había sucedido y empezar de cero. Eso no sólo incluyó las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, sino también los hechos de corrupción, lo que les permitió salir de la dictadura con una imagen relativamente positiva", explicó Samantha Viz Quadrat, profesora de historia de la Universidad Federal Fluminense, consultada por Infobae.
El pasaje a la democracia terminó de concretarse en 1990, con la asunción de Fernando Collor de Mello, primer mandatario surgido de comicios directos. Muy poco ayudó a consolidar el sistema republicano lo traumático que fue su gobierno. Envuelto en escándalos de corrupción y con la popularidad por el piso, tuvo que renunciar dos años después, cuando estaba por ser destituido a través de un impeachment.
El general Hamilton Mourao, candidato a vicepresidente de Bolsonaro (Wikipedia)
"Los militares mantuvieron ciertas prerrogativas, como la Ley de Amnistía, y no hubo en un primer momento un juicio contra los represores —dijo Heleno—. En los debates de la Asamblea Constituyente (de 1988) estaba la percepción de que era tiempo de mirar hacia el futuro. La conciliación brasileña acabó ofreciendo las condiciones para conservar la credibilidad de las Fuerzas Armadas y mantener en silencio una batalla de memorias, que resurgiría décadas después. La confianza en los militares aumentó aún más cuando no interfirieron en el proceso contra Collor, y con sus exitosas acciones de seguridad en grandes eventos, como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, ECO-92″.
Esa salida concertada, tan favorable a los militares, supuso también la inclusión en la Constitución de 1988 de una serie de artículos que sellaron su rol como salvaguarda de la Nación. Así se entienden algunas de las advertencias más amenazantes realizadas por jefes de las fuerzas en los últimos tiempos, como la del comandante general Eduardo Villas Boas, que en abril avisó de su rechazo a la impunidad en vísperas de que la Corte Suprema decidiera si concedía a Lula da Silva un habeas corpus.
"El artículo 142 de la Constitución es claro en que los militares tienen el deber de garantizar la defensa de la patria, los poderes constitucionales y la ley y el orden. La cuestión es quién determina que el orden no está garantizado, y basado en qué principios. ¿Cuáles son los límites para la aplicación de ese dispositivo?", se preguntó Da Silva Mello.
Seguidores de Bolsonaro portan un muñeco inflable de Mourao (Reuters)
Bolsonaro y el factor militar
"En momentos de crisis política —dijo Heleno—, como en 1992, 2013 y 2016, observamos en paralelo al discurso anticorrupción, entre los sectores más reaccionarios, el retorno de la idea de la intervención militar. En esos segmentos minoritarios, los militares son imaginados no sólo como burócratas nacionalistas, eficientes y republicanos, sino como la solución para los problemas políticos".En todas las crisis anteriores, siempre emergieron líderes políticos capaces de ofrecer una respuesta a las angustias de los ciudadanos. En los 90 fue Fernando Henrique Cardoso y en los 2000 fue Lula. Ante el colapso experimentado ahora por los principales partidos políticos, no debería llamar la atención que sea un ex capitán del Ejército quien irrumpió para llenar el vacío.
"Por la confianza que hay en los militares, parte del electorado cree firmemente que Bolsonaro conseguirá moralizar a la política y bajar los niveles de criminalidad, sin negociar con los delincuentes y endureciendo la política de seguridad, facilitando la circulación de los 'ciudadanos de bien', y dificultando la de los 'malos ciudadanos', que no merecen que sean respetados sus derechos humanos. Hay una relación bien clara entre la credibilidad de la que gozan los militares y el poder de persuasión electoral de Bolsonaro", sostuvo Da Silva Mello.
El jefe del Ejercito de Brasil, el General Eduardo Villas Boas (REUTERS/Ueslei Marcelino/archivo)
Su proyecto político perfectamente podría describirse como uno de uniformados que decidieron salir de los cuarteles para meterse en política a través de la lucha por los votos, porque no es el único con pasado castrense. Muchos ex miembros del Ejército lo acompañan, como el general Hamilton Mourao, su compañero de fórmula, o el general Roberto Sebastião Peternelli Júnior, que acaba de ser elegido diputado por San Pablo.
Mourao es el máximo exponente de ese grupo que ve a los militares como los garantes últimos del orden, por encima incluso de las instituciones democráticas. Es el único que se atreve a decir cosas aún más controversiales que Bolsonaro. "O las instituciones solucionan este problema político, a través de la acción de la Justicia, retirando de la vida pública a esos elementos involucrados en ilícitos, o nosotros vamos a tener que imponerlo", dijo el año pasado en una suerte de ultimátum a los jueces, para que encarcelen a los dirigentes políticos investigados por corrupción.
"En esa declaración, Mourao habló concretamente de la posibilidad de una acción militar para estabilizar al juego político y a la sociedad brasileña. En otra más reciente reafirmó el principio, y trató de explicar las situaciones eventuales en las que sería legítima una intervención militar. Allí dejó en claro que un autogolpe no es una alternativa descartada, dado que podría ser constitucional. Mi temor es que el poder conferido a los militares deje a la democracia viciada y tutelada por ellos", concluyó Da Silva Mello.
viernes, 26 de mayo de 2017
Sigue ganando el terrorismo las elecciones en Irán
El miedo a los conservadores más que la economía le dio la victoria a Rohani
El presidente iraní y candidato a la reelección, el moderado Hassan Rohaní, ganó las elecciones presidenciales celebradas este viernes 19/05 en Irán con un 57% de los votos, una vez ya anunciados los resultados definitivos. El ministro del Interior, Abdolreza Rahmani Fazli, anunció en rueda de prensa que Rohaní obtuvo más de 23 millones de votos, mientras que su principal rival, el clérigo conservador Ebrahim Raisí, logró más de 15 millones, un 38,5 %. Fazli dijo: “Hoy es un gran capítulo de honor en la historia de Irán (...) El pueblo iraní mostró al mundo que nosotros somos defensores de la Revolución Islámica y estamos unidos. Hoy es un gran capítulo de honor en la historia de Irán (...) El pueblo iraní mostró al mundo que nosotros somos defensores de la Revolución Islámica y estamos unidos”.
Por Urgente 24
El miedo a los conservadores más que la economía le dio la victoria a RohaniHassan Rohani.
La Comisión Electoral de Irán difundió resultados preliminares en 2 ocasiones desde primera hora del sábado 20/05 que ya apuntaban la clara victoria de Hassan Rohaní: 57%.
El ministro del Interior, Abdolreza Rahmani Fazli, anunció en rueda de prensa que Rohaní obtuvo 23 millones de votos, mientras que su principal rival, el clérigo conservador Ebrahim Raisí, logró algo más de 15 millones, un 38,5 %.
La votación comenzó a las 8:00 hora local del viernes 19/05 en los 63.500 colegios electorales habilitados en todos el país, y se extendió hasta la medianoche por la alta participación.
Los otros 2 candidatos, los exministros Mostafa Mirsalim y Mostafa Hashemitaba, obtuvieron unos 478.000 y 245.000 votos, respectivamente.
Fazli dijo en la sede del Ministerio del Interior, en el centro de Teherán, que ya han sido escrutados el 99,7% de los votos, por lo que los resultados son definitivos. El ministro no ofreció cifras de participación, pero ésta supera el 70%, ya que votaron más de 41 millones de personas de los 56,4 millones con derecho a voto.
Las elecciones presidenciales se plantearon como un duelo entre Rohaní y Raisí, en especial desde la retirada de la carrera electoral del alcalde de Teherán, Mohamad Baqer Qalibaf, y como una especie de plebiscito sobre el proyecto moderado y aperturista del actual Presidente.
Pero cuidado: puede haber revancha porque se especula que Raeissi podría convertirse en el sucesor del líder supremo, el ayatollah Ali Jamenei.
La principal baza de Rohaní fue el acuerdo nuclear firmado en julio de 2015 y la recuperación económica del país gracias al levantamiento de las sanciones, aunque esta mejora no es todavía evidente para parte de la población.
Con una tasa de desempleo del 12,5% (27 % entre los jóvenes) y un crecimiento del 6,5% en 2016, esencialmente debido a las exportaciones de petróleo, la economía es el principal desafío.
El presidente Rohaní consiguió, durante su 1er. mandato, reducir la tasa de inflación de casi 40% al 9,5% anual, según cifras oficiales, y cerrar un acuerdo con las grandes potencias sobre el programa nuclear del país, lo que permitió el levantamiento de una parte de las sanciones internacionales que se le habían impuesto. Aún así, el acuerdo no dio los dividendos esperados.
Las amenazas iniciales de Donald Trump de derribar el todavía exitoso pacto nuclear e incluso de atacar Irán, enervaron a los iraníes fundamentalistas y colocaron en la picota el Gobierno de Rohani, valedor del acuerdo. Dado que el acuerdo recibió en su momento el beneplácito del Líder Supremo, ningún candidato ha defendido su ruptura, pero la levedad con que los iraníes han notado hasta ahora el beneficio económico del alzamiento de sanciones, prometido por Rohani, es motivo de descontento y críticas.
“Rohaní ha frenado el declive, pero ha impuesto demasiada austeridad”, considera Djavad Salehi-Isfahani, profesor de Economía de origen iraní que ejerce en USA. El Presidente anunció un aumento de las ayudas directas para los más pobres, que han sido insuficientes, según sus adversarios.
El gobierno de Rohaní estimó que se necesitarían US$50.000 millones anuales en inversiones extranjeras para relanzar la economía.
Pero los inversores y los grandes bancos internacionales siguen mostrándose reacios, a causa de la actitud de USA, que reforzó las sanciones no vinculadas con el programa nuclear, y del opaco sistema económico y financiero de Irán.
Heil Hassan Rohani.!
Según el 1eer. vicepresidente iraní, Es-Hagh Jahanguiri, desde que el acuerdo nuclear entrara en vigor, en enero de 2016, ha habido “entre US$1.000 millones y US$ 2.000 millones” de inversiones extranjeras directas.
El Departamento de Estado impuso sanciones contra 2 altos funcionarios de la Defensa iraníes y una empresa radicada en China por su vinculación en el programa de misiles balísticos de Teherán.
Pero en días de Barack Obama, USA había anunciado la decisión de mantener el levantamiento de las sanciones contra Irán.
El clérigo del chiísmo ortodoxo Alí Jamenei, Líder Supremo, y los candidatos conservadores insisten en que se debe dar prioridad a la “economía de resistencia”, basada en el impulso y la protección de la industria nacional. Sin duda es parte importante del debate en Irán.
El mandatario reelegido también insistió durante la campaña electoral en su defensa de los derechos civiles y las libertades personales, que -a su juicio- estaban en peligro si regresaban al poder los conservadores.
Rohaní hizo de la mejora de las libertades públicas el centro de su campaña electoral de 2013, pero fracasó ante la intransigencia del Poder Judicial y de los servicios de seguridad.
Los arrestos y las intimidaciones de periodistas, estudiantes, artistas o empresarios acusados de actuar contra la República Islámica, con la ayuda de sus “enemigos” extranjeros, han continuado durante los últimos 4 años.
Aun así, Rohaní ha atacado a sus contrincantes conservadores afirmando que es “candidato para decir a los partidarios de la violencia y a los extremistas que su época ha terminado”.
Rohaní dijo que intentó cumplir con sus promesas. “Muchas veces ha habido problemas para cumplir las promesas. Lo que yo prometí en 2013 lo hice o no me lo permitieron”, respondió a los jóvenes que pedían a gritos la liberación de los dirigentes reformistas en arresto domiciliario.
"Los iraníes deben elegir entre lo malo y lo peor. No son idealistas, sino pragmáticos, y concluyen que, si no votan, las élites tradicionalistas llevarán el país hacia atrás", opinó Hamid Ahmadi, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Teherán.
Más de 40 millones de personas sufragaron en las presidenciales de los 56 millones con derecho a voto, según Ahmadi, quien alabó la alta participación y el "ambiente seguro y alegre" en el que se desarrollaron los comicios.
El Presidente se vota cada 4 años, y debe ser aprobado por el Consejo de Guardianes, bajo control del Líder Supremo.
Ayatollah Alí Jamenei.
El Líder Supremo es el Jefe de Estado de la República de Irán, electo por la Asamblea de Expertos. Sus funciones:
> Firmar y promulgar las leyes que el parlamento de Irán haya aprobado.
> Es el comandante general de las fuerzas armadas.
> Designa y acepta la renuncia del faqih del Consejo de Guardianes, a los miembros de la estación de radio y televisión del país y a 6 de los 12 miembros del Consejo de Guardianes llamados alfaquíes. Los otros 6 son juristas nominados por el Poder Judicial y sometidos a la aprobación del parlamento. Sus miembros son elegidos por 6 años en 2 tandas, de modo que cada 3 años se renueva la mitad del cuerpo que es la cabeza de la judicatura.
> Organiza las elecciones, y puede destituir a altos funcionarios del gobierno, como el Presidente de la República.
> Si el Líder llega a faltar, gobierna en su lugar una asamblea de religiosos mientras la Asamblea de Expertos procede a la elección del nuevo Líder.
En cambio, el Presidente es el jefe de gobierno de Irán, con un máximo constitucional de 2 mandatos consecutivos.
Él es elegido en elección directa y universal por los ciudadanos mayores de 18 años, por un mandato de 4 años, y es responsable de la implementación de la Constitución y del ejercicio del Poder Ejecutivo: nombra y supervisa al Consejo de Ministros, coordina las decisiones gubernamentales y selecciona las políticas de gobiernos que deben plantearse ante el Poder Legislativo.
10 vice-presidentes sirven por debajo del Presidente, y un gabinete de 21 ministros, quienes deben ser todos aprobados por la Legislatura.
Adnan Tabatabai, especialista en Irán, autor del libro "Mañana en Irán", le dijo a la agencia alemana Deutsche Welle: "Rohani ha creado unas tendencias prometedoras. Veamos, por ejemplo, la presencia de las mujeres en la política. La realidad sigue siendo que las mujeres están insuficientemente representadas en la política. Sin embargo, con Rouhaní hay más mujeres en los parlamentos que antes y también más mujeres en el gabinete ampliado del Presidente. Obviamente, el gobierno tiene que esforzarse mucho más en esos temas e imponerse ante los conservadores. Será el plato fuerte de Rohani en su 2do. mandato."
También: "Tanto el líder supremo y la estructura de mando más alta del aparato militar y de seguridad apoyan un 2do. gobierno de Rohani. Sin embargo, Rohani tendrá que enfrentarse con el jefe de la Justicia, Sadegh Larijani. En el pasado, Rohani tuvo varios roces serios con Larijani. Ambos se acusaron mutuamente de la apropiación indebida de fondos del Estado. Eso será difícil de reparar."
El presidente iraní y candidato a la reelección, el moderado Hassan Rohaní, ganó las elecciones presidenciales celebradas este viernes 19/05 en Irán con un 57% de los votos, una vez ya anunciados los resultados definitivos. El ministro del Interior, Abdolreza Rahmani Fazli, anunció en rueda de prensa que Rohaní obtuvo más de 23 millones de votos, mientras que su principal rival, el clérigo conservador Ebrahim Raisí, logró más de 15 millones, un 38,5 %. Fazli dijo: “Hoy es un gran capítulo de honor en la historia de Irán (...) El pueblo iraní mostró al mundo que nosotros somos defensores de la Revolución Islámica y estamos unidos. Hoy es un gran capítulo de honor en la historia de Irán (...) El pueblo iraní mostró al mundo que nosotros somos defensores de la Revolución Islámica y estamos unidos”.
Por Urgente 24
El miedo a los conservadores más que la economía le dio la victoria a RohaniHassan Rohani.
La Comisión Electoral de Irán difundió resultados preliminares en 2 ocasiones desde primera hora del sábado 20/05 que ya apuntaban la clara victoria de Hassan Rohaní: 57%.
El ministro del Interior, Abdolreza Rahmani Fazli, anunció en rueda de prensa que Rohaní obtuvo 23 millones de votos, mientras que su principal rival, el clérigo conservador Ebrahim Raisí, logró algo más de 15 millones, un 38,5 %.
La votación comenzó a las 8:00 hora local del viernes 19/05 en los 63.500 colegios electorales habilitados en todos el país, y se extendió hasta la medianoche por la alta participación.
Los otros 2 candidatos, los exministros Mostafa Mirsalim y Mostafa Hashemitaba, obtuvieron unos 478.000 y 245.000 votos, respectivamente.
Fazli dijo en la sede del Ministerio del Interior, en el centro de Teherán, que ya han sido escrutados el 99,7% de los votos, por lo que los resultados son definitivos. El ministro no ofreció cifras de participación, pero ésta supera el 70%, ya que votaron más de 41 millones de personas de los 56,4 millones con derecho a voto.
Las elecciones presidenciales se plantearon como un duelo entre Rohaní y Raisí, en especial desde la retirada de la carrera electoral del alcalde de Teherán, Mohamad Baqer Qalibaf, y como una especie de plebiscito sobre el proyecto moderado y aperturista del actual Presidente.
Pero cuidado: puede haber revancha porque se especula que Raeissi podría convertirse en el sucesor del líder supremo, el ayatollah Ali Jamenei.
La principal baza de Rohaní fue el acuerdo nuclear firmado en julio de 2015 y la recuperación económica del país gracias al levantamiento de las sanciones, aunque esta mejora no es todavía evidente para parte de la población.
Con una tasa de desempleo del 12,5% (27 % entre los jóvenes) y un crecimiento del 6,5% en 2016, esencialmente debido a las exportaciones de petróleo, la economía es el principal desafío.
El presidente Rohaní consiguió, durante su 1er. mandato, reducir la tasa de inflación de casi 40% al 9,5% anual, según cifras oficiales, y cerrar un acuerdo con las grandes potencias sobre el programa nuclear del país, lo que permitió el levantamiento de una parte de las sanciones internacionales que se le habían impuesto. Aún así, el acuerdo no dio los dividendos esperados.
Las amenazas iniciales de Donald Trump de derribar el todavía exitoso pacto nuclear e incluso de atacar Irán, enervaron a los iraníes fundamentalistas y colocaron en la picota el Gobierno de Rohani, valedor del acuerdo. Dado que el acuerdo recibió en su momento el beneplácito del Líder Supremo, ningún candidato ha defendido su ruptura, pero la levedad con que los iraníes han notado hasta ahora el beneficio económico del alzamiento de sanciones, prometido por Rohani, es motivo de descontento y críticas.
“Rohaní ha frenado el declive, pero ha impuesto demasiada austeridad”, considera Djavad Salehi-Isfahani, profesor de Economía de origen iraní que ejerce en USA. El Presidente anunció un aumento de las ayudas directas para los más pobres, que han sido insuficientes, según sus adversarios.
El gobierno de Rohaní estimó que se necesitarían US$50.000 millones anuales en inversiones extranjeras para relanzar la economía.
Pero los inversores y los grandes bancos internacionales siguen mostrándose reacios, a causa de la actitud de USA, que reforzó las sanciones no vinculadas con el programa nuclear, y del opaco sistema económico y financiero de Irán.
Heil Hassan Rohani.!
Según el 1eer. vicepresidente iraní, Es-Hagh Jahanguiri, desde que el acuerdo nuclear entrara en vigor, en enero de 2016, ha habido “entre US$1.000 millones y US$ 2.000 millones” de inversiones extranjeras directas.
El Departamento de Estado impuso sanciones contra 2 altos funcionarios de la Defensa iraníes y una empresa radicada en China por su vinculación en el programa de misiles balísticos de Teherán.
Pero en días de Barack Obama, USA había anunciado la decisión de mantener el levantamiento de las sanciones contra Irán.
El clérigo del chiísmo ortodoxo Alí Jamenei, Líder Supremo, y los candidatos conservadores insisten en que se debe dar prioridad a la “economía de resistencia”, basada en el impulso y la protección de la industria nacional. Sin duda es parte importante del debate en Irán.
El mandatario reelegido también insistió durante la campaña electoral en su defensa de los derechos civiles y las libertades personales, que -a su juicio- estaban en peligro si regresaban al poder los conservadores.
Rohaní hizo de la mejora de las libertades públicas el centro de su campaña electoral de 2013, pero fracasó ante la intransigencia del Poder Judicial y de los servicios de seguridad.
Los arrestos y las intimidaciones de periodistas, estudiantes, artistas o empresarios acusados de actuar contra la República Islámica, con la ayuda de sus “enemigos” extranjeros, han continuado durante los últimos 4 años.
Aun así, Rohaní ha atacado a sus contrincantes conservadores afirmando que es “candidato para decir a los partidarios de la violencia y a los extremistas que su época ha terminado”.
Rohaní dijo que intentó cumplir con sus promesas. “Muchas veces ha habido problemas para cumplir las promesas. Lo que yo prometí en 2013 lo hice o no me lo permitieron”, respondió a los jóvenes que pedían a gritos la liberación de los dirigentes reformistas en arresto domiciliario.
"Los iraníes deben elegir entre lo malo y lo peor. No son idealistas, sino pragmáticos, y concluyen que, si no votan, las élites tradicionalistas llevarán el país hacia atrás", opinó Hamid Ahmadi, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Teherán.
Más de 40 millones de personas sufragaron en las presidenciales de los 56 millones con derecho a voto, según Ahmadi, quien alabó la alta participación y el "ambiente seguro y alegre" en el que se desarrollaron los comicios.
El Presidente se vota cada 4 años, y debe ser aprobado por el Consejo de Guardianes, bajo control del Líder Supremo.
Ayatollah Alí Jamenei.
El Líder Supremo es el Jefe de Estado de la República de Irán, electo por la Asamblea de Expertos. Sus funciones:
> Firmar y promulgar las leyes que el parlamento de Irán haya aprobado.
> Es el comandante general de las fuerzas armadas.
> Designa y acepta la renuncia del faqih del Consejo de Guardianes, a los miembros de la estación de radio y televisión del país y a 6 de los 12 miembros del Consejo de Guardianes llamados alfaquíes. Los otros 6 son juristas nominados por el Poder Judicial y sometidos a la aprobación del parlamento. Sus miembros son elegidos por 6 años en 2 tandas, de modo que cada 3 años se renueva la mitad del cuerpo que es la cabeza de la judicatura.
> Organiza las elecciones, y puede destituir a altos funcionarios del gobierno, como el Presidente de la República.
> Si el Líder llega a faltar, gobierna en su lugar una asamblea de religiosos mientras la Asamblea de Expertos procede a la elección del nuevo Líder.
En cambio, el Presidente es el jefe de gobierno de Irán, con un máximo constitucional de 2 mandatos consecutivos.
Él es elegido en elección directa y universal por los ciudadanos mayores de 18 años, por un mandato de 4 años, y es responsable de la implementación de la Constitución y del ejercicio del Poder Ejecutivo: nombra y supervisa al Consejo de Ministros, coordina las decisiones gubernamentales y selecciona las políticas de gobiernos que deben plantearse ante el Poder Legislativo.
10 vice-presidentes sirven por debajo del Presidente, y un gabinete de 21 ministros, quienes deben ser todos aprobados por la Legislatura.
Adnan Tabatabai, especialista en Irán, autor del libro "Mañana en Irán", le dijo a la agencia alemana Deutsche Welle: "Rohani ha creado unas tendencias prometedoras. Veamos, por ejemplo, la presencia de las mujeres en la política. La realidad sigue siendo que las mujeres están insuficientemente representadas en la política. Sin embargo, con Rouhaní hay más mujeres en los parlamentos que antes y también más mujeres en el gabinete ampliado del Presidente. Obviamente, el gobierno tiene que esforzarse mucho más en esos temas e imponerse ante los conservadores. Será el plato fuerte de Rohani en su 2do. mandato."
También: "Tanto el líder supremo y la estructura de mando más alta del aparato militar y de seguridad apoyan un 2do. gobierno de Rohani. Sin embargo, Rohani tendrá que enfrentarse con el jefe de la Justicia, Sadegh Larijani. En el pasado, Rohani tuvo varios roces serios con Larijani. Ambos se acusaron mutuamente de la apropiación indebida de fondos del Estado. Eso será difícil de reparar."
jueves, 22 de diciembre de 2016
Ahora USA sabe lo que sintieron los chilenos
Now, America, You Know How Chileans Felt
By Ariel Dorfman | The New York Times
Credit Kelly Blair
DURHAM, N.C. — It is familiar, the outrage and alarm that many Americans are feeling at reports that Russia, according to a secret intelligence assessment, interfered in the United States election to help Donald J. Trump become president.
I have been through this before, overwhelmed by a similar outrage and alarm.
To be specific: On the morning of Oct. 22, 1970, in what was then my home in Santiago de Chile, my wife, Angélica, and I listened to a news flash on the radio. Gen. René Schneider, the head of Chile’s armed forces, had been shot by a commando on a street of the capital. He was not expected to survive.
Angélica and I had the same automatic reaction: It’s the C.I.A., we said, almost in unison. We had no proof at the time — though evidence that we were right would eventually, and abundantly, surface — but we did not doubt that this was one more American attempt to subvert the will of the Chilean people.
Six weeks earlier, Salvador Allende, a democratic Socialist, had won the presidency in a free and fair election, in spite of the United States’ spending millions of dollars on psychological warfare and misinformation to prevent his victory (we’d call it “fake news” today). Allende had campaigned on a program of social and economic justice, and we knew that the government of President Richard M. Nixon, allied with Chile’s oligarchs, would do everything it could to stop Allende’s nonviolent revolution from gaining power.
The country was rife with rumors of a possible coup. It had happened in Guatemala and Iran, in Indonesia and Brazil, where leaders opposed to United States interests had been ousted; now it was Chile’s turn. That was why General Schneider was assassinated. Because, having sworn loyalty to the Constitution, he stubbornly stood in the way of those destabilization plans.
President-elect Salvador Allende, of Chile, arriving to pay respects to Gen. René Schneider, who was lying in state, killed by a commando. Credit Robert Quiroga/Associated Press
General Schneider’s death did not block Allende’s inauguration, but American intelligence services, at the behest of Henry A. Kissinger, continued to assail our sovereignty during the next three years, sabotaging our prosperity (“make the economy scream,” Nixon ordered) and fostering military unrest. Finally, on Sept. 11, 1973, Allende was overthrown and replaced by a vicious dictatorship that lasted nearly 17 years. Years of torture and executions and disappearances and exile.
Given all that pain, one might presume that some glee on my part would be justified at the sight of Americans squirming in indignation at the spectacle of their democracy subjected to foreign interference — as Chile’s democracy, among many others’, was by America. And yes, it is ironic that the C.I.A. — the very agency that gave not a whit for the independence of other nations — is now crying foul because its tactics have been imitated by a powerful international rival.
I can savor the irony, but I feel no glee. This is not only because, as an American citizen myself now, I am once again a victim of this sort of nefarious meddling. My dismay goes deeper than that personal sense of vulnerability. This is a collective disaster: Those who vote in the United States should not have to suffer what those of us who voted in Chile had to go through. Nothing warrants that citizens anywhere should have their destiny manipulated by forces outside the land they inhabit.
The seriousness of this violation of the people’s will must not be flippantly underestimated or disparaged.
When Mr. Trump denies, as do his acolytes, the claims by the intelligence community that the election was, in fact, rigged in his favor by a foreign power, he is bizarrely echoing the very responses that so many Chileans got in the early ’70s when we accused the C.I.A. of illegal interventions in our internal affairs. He is using now the same terms of scorn we heard back then: Those allegations, he says, are “ridiculous” and mere “conspiracy theory,” because it is “impossible to know” who was behind it.
In Chile, we did find out who was “behind it.” Thanks to the Church Committee and its valiant, bipartisan 1976 report, the world discovered the many crimes the C.I.A. had been committing, the multiple ways in which it had destroyed democracy elsewhere — in order, supposedly, to save the world from Communism.
This country deserves, as all countries do — including Russia, of course — the possibility of choosing its leaders without someone in a remote room abroad determining the outcome of that election. This principle of peaceful coexistence and respect is the bedrock of freedom and self-determination, a principle that, yet again, has been compromised — this time, with the United States as its victim.
What to do, then, to restore faith in the democratic process?
First, there should be an independent, transparent and thorough public investigation so that any collusion between American citizens and foreigners bent on mischief can be exposed and punished, no matter how powerful these operatives may be. The president-elect should be demanding such an inquiry, rather than mocking its grounds. The legitimacy of his rule, already damaged by his significant loss of the popular vote, depends on it.
But there is another mission, a loftier one, that the American people, not politicians or intelligence agents, must carry out. The implications of this deplorable affair should lead to an incessant and unforgiving meditation on our shared country, its values, its beliefs, its history.
The United States cannot in good faith decry what has been done to its decent citizens until it is ready to face what it did so often to the equally decent citizens of other nations. And it must firmly resolve never to engage in such imperious activities again.
If ever there was a time for America to look at itself in the mirror, if ever there was a time of reckoning and accountability, it is now.
By Ariel Dorfman | The New York Times
Credit Kelly Blair
DURHAM, N.C. — It is familiar, the outrage and alarm that many Americans are feeling at reports that Russia, according to a secret intelligence assessment, interfered in the United States election to help Donald J. Trump become president.
I have been through this before, overwhelmed by a similar outrage and alarm.
To be specific: On the morning of Oct. 22, 1970, in what was then my home in Santiago de Chile, my wife, Angélica, and I listened to a news flash on the radio. Gen. René Schneider, the head of Chile’s armed forces, had been shot by a commando on a street of the capital. He was not expected to survive.
Angélica and I had the same automatic reaction: It’s the C.I.A., we said, almost in unison. We had no proof at the time — though evidence that we were right would eventually, and abundantly, surface — but we did not doubt that this was one more American attempt to subvert the will of the Chilean people.
Six weeks earlier, Salvador Allende, a democratic Socialist, had won the presidency in a free and fair election, in spite of the United States’ spending millions of dollars on psychological warfare and misinformation to prevent his victory (we’d call it “fake news” today). Allende had campaigned on a program of social and economic justice, and we knew that the government of President Richard M. Nixon, allied with Chile’s oligarchs, would do everything it could to stop Allende’s nonviolent revolution from gaining power.
The country was rife with rumors of a possible coup. It had happened in Guatemala and Iran, in Indonesia and Brazil, where leaders opposed to United States interests had been ousted; now it was Chile’s turn. That was why General Schneider was assassinated. Because, having sworn loyalty to the Constitution, he stubbornly stood in the way of those destabilization plans.
President-elect Salvador Allende, of Chile, arriving to pay respects to Gen. René Schneider, who was lying in state, killed by a commando. Credit Robert Quiroga/Associated Press
General Schneider’s death did not block Allende’s inauguration, but American intelligence services, at the behest of Henry A. Kissinger, continued to assail our sovereignty during the next three years, sabotaging our prosperity (“make the economy scream,” Nixon ordered) and fostering military unrest. Finally, on Sept. 11, 1973, Allende was overthrown and replaced by a vicious dictatorship that lasted nearly 17 years. Years of torture and executions and disappearances and exile.
Given all that pain, one might presume that some glee on my part would be justified at the sight of Americans squirming in indignation at the spectacle of their democracy subjected to foreign interference — as Chile’s democracy, among many others’, was by America. And yes, it is ironic that the C.I.A. — the very agency that gave not a whit for the independence of other nations — is now crying foul because its tactics have been imitated by a powerful international rival.
I can savor the irony, but I feel no glee. This is not only because, as an American citizen myself now, I am once again a victim of this sort of nefarious meddling. My dismay goes deeper than that personal sense of vulnerability. This is a collective disaster: Those who vote in the United States should not have to suffer what those of us who voted in Chile had to go through. Nothing warrants that citizens anywhere should have their destiny manipulated by forces outside the land they inhabit.
The seriousness of this violation of the people’s will must not be flippantly underestimated or disparaged.
When Mr. Trump denies, as do his acolytes, the claims by the intelligence community that the election was, in fact, rigged in his favor by a foreign power, he is bizarrely echoing the very responses that so many Chileans got in the early ’70s when we accused the C.I.A. of illegal interventions in our internal affairs. He is using now the same terms of scorn we heard back then: Those allegations, he says, are “ridiculous” and mere “conspiracy theory,” because it is “impossible to know” who was behind it.
In Chile, we did find out who was “behind it.” Thanks to the Church Committee and its valiant, bipartisan 1976 report, the world discovered the many crimes the C.I.A. had been committing, the multiple ways in which it had destroyed democracy elsewhere — in order, supposedly, to save the world from Communism.
This country deserves, as all countries do — including Russia, of course — the possibility of choosing its leaders without someone in a remote room abroad determining the outcome of that election. This principle of peaceful coexistence and respect is the bedrock of freedom and self-determination, a principle that, yet again, has been compromised — this time, with the United States as its victim.
What to do, then, to restore faith in the democratic process?
First, there should be an independent, transparent and thorough public investigation so that any collusion between American citizens and foreigners bent on mischief can be exposed and punished, no matter how powerful these operatives may be. The president-elect should be demanding such an inquiry, rather than mocking its grounds. The legitimacy of his rule, already damaged by his significant loss of the popular vote, depends on it.
But there is another mission, a loftier one, that the American people, not politicians or intelligence agents, must carry out. The implications of this deplorable affair should lead to an incessant and unforgiving meditation on our shared country, its values, its beliefs, its history.
The United States cannot in good faith decry what has been done to its decent citizens until it is ready to face what it did so often to the equally decent citizens of other nations. And it must firmly resolve never to engage in such imperious activities again.
If ever there was a time for America to look at itself in the mirror, if ever there was a time of reckoning and accountability, it is now.
sábado, 22 de febrero de 2014
Ucrania: El presidente huye y los manifestantes controlan la capital
El presidente de Ucrania 'huye de la capital' y la policía abandonó sus puestos mientras los manifestantes reclaman el control sobre el centro de Kiev tras el acuerdo de paz para poner fin a tres meses de crisis política
Daily Mail
La policía antidisturbios salen de la oficina presidencial en Kiev, Ucrania, Viernes, 21 de febrero de 2014. Los líderes de la oposición de Ucrania firmaron un acuerdo el viernes con el presidente y mediadores europeos a elecciones anticipadas y un nuevo gobierno con la esperanza de poner fin a una crisis política mortífera. Funcionarios rusos criticaron inmediatamente el acuerdo y manifestantes furiosos por la violencia policial no manifestaron ningún signo de abandonar su campamento en el centro de Kiev. (AP Photo/Sergei Chuzavkov)
Manifestantes ucranianos dijeron que habían tomado el control del edificio de la administración presidencial en el centro de Kiev , ya que el presidente Viktor Yanukovich supuestamente huyó de la ciudad hoy en día.
"Él no está aquí, ninguno de sus funcionarios o cualquier persona vinculada directamente a la administración está aquí," Ostap Kryvdyk , un líder de la protesta dentro de los terrenos del edificio de la administración , dijo .
Él dijo que los manifestantes no habían utilizado la fuerza para entrar en el recinto.
Los manifestantes en la capital de Ucrania afirmaron el control total de la ciudad el sábado siguiente a la firma de un acuerdo de paz negociado por Occidente encaminada a poner fin a la crisis política de tres meses de la nación.
El acosado presidente de la nación, Viktor Yanukovich, según informes, había huido de la capital por su base de apoyo en Rusia - inclinándose hacia el este de Ucrania
La policía abandonó los puestos alrededor de la capital, y los manifestantes tomaron posiciones alrededor de la oficina presidencial y la residencia.
El parlamento discute votación de juicio político a Yanukovich y el establecimiento de una fecha rápida a nuevas elecciones para poner fin a una crisis sobre la identidad de Ucrania y la dirección futura.
El paradero de Yanukovich no estaban claros la mañana del sábado. Los medios de comunicación informaron de que él dejó de Kiev hacia su país natal, el este de Ucrania después de entregar la mayor parte de sus poderes y aceptar elecciones anticipadas a finales de año.
Pero a pesar de la promesa de unas elecciones y concesiones importantes, los manifestantes lo culpan de la violencia policial y acumular demasiados poderes y quieren lo expulsó inmediatamente.
En una sesión especial del Parlamento de hoy, Oleh Tyahnybok, jefe del partido nacionalista Svoboda, pidió discusión de juicio político.
El presidente del parlamento - Volodymyr Rybak aliado de Yanukovich - anunció la renuncia, citando problemas de salud como la razón.
El representante del presidente en el parlamento advirtió contra la división del país en dos, un resultado que preocupa a muchos, pero está pareciendo cada vez más una posibilidad.
Luego que la policía abandonara los puestos alrededor de la capital, y los manifestantes tomaran sus posiciones alrededor del palacio y residencia presidencial
Las regiones occidentales del país quieren estar más cerca de la UE y han rechazado la autoridad de Yanukovich en muchas ciudades , mientras que el este de Ucrania - que representa la mayor parte de la producción económica de la nación - favorece vínculos más estrechos con Rusia.
Concesiones del presidente llegaron como parte de un acuerdo destinado a poner fin a la violencia en el que murieron decenas y centenares de heridos dejados en Kiev esta semana como francotiradores abrieron fuego contra los manifestantes . Fue la peor violencia en la historia moderna de Ucrania.
Andriy Parubiy , líder del campamento de protesta en la plaza de la Independencia , conocido como el Maidan, fue citado por la agencia de noticias Interfax que Yanukovych huyó de Kharkiv , el centro del corazón industrial de Ucrania. Kharkiv fue la capital de la Ucrania soviética 1919 hasta 1934 .
Las pretensiones de la partida del presidente no pudo ser confirmada de inmediato , sin embargo.
Un grupo de manifestantes con cascos y escudos montaba guardia en la oficina del presidente hoy, con pocos policías a la vista.
Los manifestantes abuchearon a figuras de la oposición que salieron a una etapa de ayer por la noche para presentar su acuerdo con el presidente, que corta los poderes de Yanukovych .
"¡Muerte a los criminales!" algunos cantaban, refiriéndose a Yanukovich.
Se presentó una moción solicitando la destitución del presidente la noche del viernes al Parlamento de Ucrania, donde los miembros de la facción de Yanukovich se pasaron en masa al lado de la oposición, pasando rápidamente las enmiendas constitucionales que recortan sus poderes.
No estaba claro si, o cuando el movimiento de la acusación sería sometida a votación.
El enfrentamiento entre el gobierno y los manifestantes se intensificó esta semana, cuando los manifestantes se enfrentaron con la policía y francotiradores abrieron fuego en la peor violencia que el país ha visto desde la desintegración de la Unión Soviética hace un cuarto de siglo.
El Ministerio de Salud puso la cifra de muertos a 77 y algunas figuras de la oposición dijo que es aún más alto.
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