Luis Uribe Destacadas
El Mallín
El legislador César Miguel (FpV), acompañado por sus pares de bancada Silvia Horne y Martín Doñate, presentó un proyecto de ley para “establecer el uso público” del aeropuerto privado ubicado en inmuebles de Sierra Grande, “para cualquier aeronave civil o militar de bandera argentina y civiles de países asociados a la UNASUR.
En su articulado, la norma determina que “la Dirección General de Aeronáutica, dependiente del ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de Río Negro, en forma conjunta y coordinada con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, deberá en el término de 60 días contados a partir de la entrada en vigencia de la ley proceder a la reglamentación de la misma, dando la debida intervención a la Fuerza Aérea Nacional y a la Administración Nacional de Aviación Civil”.
Miguel recordó que “aproximadamente 20 kilómetros de localidad de Sierra Grande, en la zona denominada “Puerto Lobos” sobre la costa atlántica (paralelo 42), a menos de 1500 metros del mar, se ha construido un aeropuerto o aeródromo, de dimensiones similares al aeropuerto internacional de San Carlos de Bariloche”.
La pista construida en el año 2008 es de aproximadamente 2.000 metros de largo, con un ancho no inferior a 50 metros, la cual la haría apta para el aterrizaje y despeje de jets tipo boeing 737 y el costo promedio de esta obra, rondaría los 20 millones de dólares estadounidenses, detalló el legislador en un parte de prensa.
Precisó que el aeropuerto “ha sido construido en campo de propiedad de la sociedad Bahía Dorada S.A., con domicilio en la calle Maipu N° 1210 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el presidente de dicha sociedad es Nicolás Van Ditmar (apoderado del magnate inglés Joe Lewis)”.
El establecimiento se encuentra ubicado en una zona estratégica, toda vez que la pista tiene salida directa al mar atlántico, y por tanto salida y llegada directa a las Islas Malvinas, resaltó.
“Si bien no es objeto de este proyecto de ley abordar el tema Malvinas, bien sabida es la política nacional e internacional que el gobierno de Néstor Kirchner y actual gobierno de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner ha efectuado en relación a la defensa de la soberanía y recuperación de manera pacífica de las Islas Malvinas”, se señala.
Conforme surge de varias declaraciones y noticias publicadas en sitios de la web pública, las instalaciones son utilizadas por el Sr. Nicolás Van Ditmar – conocido por ser operador inmobiliario y apoderado del Sr. Joe Lewis, de nacionalidad británica-, en la Argentina, y en la zona patagónica en particular.
El legislador sostuvo que también Van Ditmar actúa en su carácter de “Presidente de la Sociedad Anónima Bahía Dorada, titular del dominio del inmueble donde se encuentra construido el aeropuerto”.
“Son llamativas las inusuales dimensiones de este aeropuerto, que soportaría aviones de hasta 40 o 50 toneladas de capacidad máxima, pudiendo operar tranquilamente un Boeing 737 o un Global Express, y el inminente riesgo de que al aeropuerto podrían descender aeronaves civiles o militares de gran porte, sin si quiera ser alertados por los radares que posee la Fuerza Aérea Argentina”, advirtió Miguel.
Además recordó que en marzo de 2008 “se elaboró un informe producido por parte del Señor Comandante de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier José Antonio Álvarez, a requerimiento de legisladores rionegrinos donde se detallan características, personas que realizaron trámites de autorización, categoría del aeropuerto y funcionalidad del mismo”.
También subrayó “la intervención del Concejo de Ecología y Medio Ambiente de la Provincia de Río Negro (que) en su carácter de autoridad ambiental, aprobó la declaración jurada ambiental presentada por el solicitante. Ello demuestra la gran sensibilidad que tiene el tema puesto que el aeropuerto no sólo se encuentra ubicado en una zona de frontera, sino que además, en una zona declarada área protegida”.
“Conforme surge del informe previamente detallado, no surge la existencia de estudio de impacto ambiental suficiente, conforme lo prevé la Ley M 3266 cuyo objeto principal es regular el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental como instituto necesario para la conservación del ambiente en todo el territorio de la provincia a los fines de resguardar los recursos naturales dentro de un esquema de desarrollo sustentable, siendo sus normas de orden público”, aseguró el dirigente.
Agregó que “En función de lo expuesto, es que consideramos necesario dar la debida intervención a la actual Secretaría de ambiente y Desarrollo sustentable a efectos de que, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley M 3266, intervenga en el trámite ya autorizado y analice si se cumplieron los recaudos pertinentes conforme lo establece la legislación vigente en la materia”, se manifiesta en los fundamentos.
En segundo lugar, obsérvese que la ubicación del aeropuerto es en zona de frontera.
“Por esa razón, y a sabiendas que el titular de dominio del mismo es el apoderado de un ciudadano de nacionalidad inglesa, creemos conveniente que debe tenerse especial atención al funcionamiento del mismo toda vez que podrían ser omitidos los controles migratorios y aduaneros correspondientes. Recordemos que el aeropuerto está habilitado para la realización de dichos controles”.
Miguel, junto a Doñate y Horne, fundamentan que “en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que la pista aérea construida se encuentra ubicada en zona de frontera y su punto geográfico permite la salida a mar abierto, concretamente la posibilidad de unir el continente con la Islas Malvinas; y su ubicación dentro de un área protegida – por tanto patrimonio de todas y todos los rionegrinos – es que se presenta el proyecto de ley en análisis, cuyo principal objetivo es que el aeropuerto privado descrito pueda ser utilizado con fines públicos, para cualquier aeronave civil o militar de bandera argentina y civiles de países asociados a la Unasur”.
El objetivo es “insertar un manto de protección a ese espacio estratégico para la defensa de la soberanía nacional y provincial, quedando sujeto el funcionamiento del aeropuerto al concepto de interés público”.
Es decir, el funcionamiento del mismo debe necesariamente incluir la posibilidad de que sea utilizado en caso de emergencias y/o desastres naturales, de defensa de la soberanía nacional y/o provincial y cualquier otra contingencia que ponga en serio peligro la integridad física y/o psíquica de los ciudadanos rionegrinos.
“No pretendemos avanzar sobre el derecho de propiedad de los titulares de la tierra, sino que en base a un derecho colectivo superior como es la defensa de la soberanía nacional, proponemos que el funcionamiento del aeropuerto no se encuentre exclusivamente al servicio de intereses privados, sino que pueda ser utilizado y se encuentre, también, al servicio de los intereses nacionales y de los países asociados a la Unasur, todo ello en función de la ubicación estratégica que posee”, concluyen.
Foto Noticias de la Costa
