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lunes, 20 de enero de 2020

La eterna dictadura de la mentira terrorista argentina

El autoritarismo de los pañuelos blancos

Por Darío Lopérfido | Infobae



El presidente títere Alberto Fernández junto a Taty Almeida, madre de un desaparecido en la democracia peronista, el impresentable ministro Agustín Rossi y Horacio Pietragalla (@alferdez)

La decadencia intelectual de conspicuos integrantes de organismos de derechos humanos es imparable. Ante cada escándalo, parece que más bajo no pueden caer y sucede algo nuevo que supera nuestro asombro. Aquellas personas que habían logrado, hace mucho tiempo, respeto, están terminando sus carreras con patéticas arremetidas autoritarias que harán que pasen a la historia como miembros de una secta dogmática y no como humanistas, que es lo que uno espera de gente que dice defender los derechos humanos.

La señora Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, fue junto a un grupo a la Casa Rosada a reunirse con el Presidente y al término de la reunión afirmó: “Parece mentira volver a esta casa que estuvo tomada por cuatro años”. El desprecio por el funcionamiento de las instituciones democráticas que representa esa frase es monumental. La gestión del anterior gobierno puede gustarle más o menos a cualquier ciudadano, pero decir que esa administración tuvo “tomada” a la Casa Rosada cuando fue un gobierno que tuvo un nacimiento y desarrollo legítimo, otorgado por la voluntad popular, es una expresión digna de alguien que no tiene un mínimo de sentido democrático. Entre las muchas expresiones de rechazo que esto generó sobresale la de Matías Reggiardo, que expresó: “Como nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo, quiero señalar mi profundo rechazo y pesar por los dichos de Taty Almeida que pretende desconocer la legitimidad de un presidente constitucional democráticamente elegido por el voto popular”.

Como soy un amante de los datos históricos, no puedo sustraerme al hecho de que el hijo de Taty Almeida desapareció en 1975 durante un gobierno del mismo signo político que el actual. Al poder estaba el gobierno peronista, en un momento donde el país era rehén (una vez más) de la violencia de esa organización política. Alejandro Martín Almeida no desapareció durante la dictadura militar. Entre 1973 y 1976 gobernaba el peronismo (Cámpora, Perón e Isabel Perón). Este gobierno es claramente del mismo signo que aquel que gobernaba cuando sucedió la desgracia de la señora Almeida. Como dato de color podríamos agregar que hasta había un Cafiero por esos tiempos en ese gobierno y ahora hay otro. O sea, a esta señora le da mucha felicidad que esté en el gobierno la fuerza política que estaba cuando desapareció su hijo. Por otro lado, desprecia a una fuerza política (el gobierno anterior) que no tuvo nada que ver con ese hecho. Ese tipo de deformaciones históricas y de fanatismo irracional son una de las peores cosas (entre otras muy perversas) que el peronismo histórico instaló en la Argentina y que en su etapa última (kirchnerismo) se han visto exacerbadas hasta límites impensables. Hay un libro fantástico de Aleksandr Solzhenitsyn llamado Un día en la vida de Iván Denisovich que me hizo acordar a este episodio. Los prisioneros de los campos de concentración de Stalin no saben por qué se encuentran allí, pero piensan que, seguramente, Stalin y el Partido tienen razón en haberlos enviado a ese lugar: el síndrome de Estocolmo de los autoritarismos. Ese mismo que padece mucha gente en Argentina con el peronismo. En 1974 y 1975, durante el gobierno del mismo signo político que el actual, hubo más de 2000 desaparecidos en Argentina: los desaparecidos y tantísimos exilados del peronismo. A su vez, hubo gente asesinada por Montoneros y la Triple A, organizaciones con lazos con el gobierno imposibles de esconder. La coalición Cambiemos, que para Taty Almeida “tomó” la Casa Rosada, nada tuvo que ver con esos hechos desgraciados.

Si seguimos buscando datos, encontraremos algunos que hacen aun más inexplicable la alegría de la señora Almeida. Ese mismo gobierno justicialista fue el que dictó dos decretos en los que ordenaba a las Fuerzas Armadas “aniquilar” a los “elementos subversivos”. Usaron la palabra “aniquilar” en los decretos. Era un gobierno constitucional como el de ahora y perteneciente al mismo signo político que el actual. Esta semana Graciela Fernández Meijide (la gran y digna dirigente de derechos humanos de la Argentina) recordó que el peronismo no quiso integrar la Conadep (el organismo que presidió Ernesto Sabato en la vuelta de la democracia y que reunía la información sobre las personas desaparecidas). Mientras, el Presidente puso una foto en sus redes con Taty Almeida y escribió: “La memoria no se puede robar, siempre la mantendremos viva”. Creo que no le conviene la memoria. Algunos nos acordamos de todas esas cosas. También nos acordamos de que cuando Alberto Fernández era funcionario de Menem le parecía bien el indulto que el ex Presidente dictó para militares y terroristas. Pero a los fanáticos todas esas cosas no les importan. El gran escritor israelí Amos Oz dice que “el fanatismo es el gen maldito de la humanidad”. Toda esta gente está tan llena de odio que le es difícil ver. Alguien dijo alguna vez: “La diferencia entre un ciego y un fanático es que el ciego sabe que no ve.”

Los dichos de Taty Almeida fueron después de una reunión con algunos de estos referentes de “derechos humanos”, entre la que se encontraba Estela de Carlotto, quien afirmó: “Se habló de Milagro Sala. Se pidió especialmente por este tema”. Esta semana el Tribunal Superior de Jujuy confirmó la condena de 13 años de prisión por defraudación al Estado. Independientemente de la condena, esta semana la periodista jujeña Rosario Agostini recordó: “Luca Arias recibió una golpiza tremenda de parte de Milagro Sala y sus ‘muchachos’ tupaqueros. Murió 6 meses después. Pato Conodorí murió atravesado por una bala cuando ‘orgas’ de Sala intentaban tomar tierras en Humahuaca. Y sigue la lista de jujeños cuyas muertes siguen impunes”. Tiene que ser muy difícil ser víctima de Milagro Sala y que, en Buenos Aires, la secta de los derechos humanos te ignore y apañe a tu victimario frente al Presidente y que nadie se ocupe de las verdaderos damnificados.

Del mismo modo, a los fanáticos no les importaron los derechos humanos de las familias de los soldados (conscriptos-civiles) muertos en Formosa en 1975 (en el reg. 29 de Monte) por un ataque terrorista de la organización Montoneros realizado en democracia. Hay una causa en la justicia federal por estafa, ya que hay grandes indicios de que les pagaron a familiares de terroristas cifras millonarias como si estos hubieran sido víctimas del Estado, cuando en realidad fueron los agresores. Incluso los nombres de estos terroristas fueron colocados en los muros del Parque de la Memoria. La mezcla que surge define muy bien al peronismo: violencia política y corrupción. Como siempre, hay un silencio atronador de la secta en la que se han convertido Carlotto, Bonafini, Almeida, Pérez Esquivel, Verbitsky y tantos otros. La causa en cuestión está en el juzgado de Daniel Rafecas. Hay que tener cuidado porque es un juez amigo de la secta, sancionado por cerrar la causa Nisman sin mirarla, aquel que hizo una payasada en la causa sobre las presuntas coimas en el Senado durante el gobierno de De la Rúa (el juicio oral demostró que todo era una operación política) y el que juzgaba a Boudou en una causa y chateaba con él acerca de la misma. Lamentablemente, le ofrecen ahora el cargo de Procurador por ser un empleado disciplinado del PJ.

En 2010 visitó la Argentina Tzvetan Todorov. Fue un extraordinario filósofo y semiólogo humanista. Padeció el comunismo en Bulgaria y fue crítico de cosas del conservadurismo extremo. Un hombre brillante, libre y honesto. También se dedicó a estudiar campos de concentración. En ese viaje fue invitado a conocer el Parque de la Memoria y la ESMA, y cuando los kirchneristas pensaban que obtendrían la aprobación de un gran referente mundial se encontraron con lo contrario e intentaron acallar su visita. Luego de su visita, Todorov escribió una extraordinaria carta llamada “Un Viaje a Argentina”, cuya lectura recomiendo y que se encuentra fácilmente en Internet. En su introducción dice: “Una sociedad necesita conocer la Historia, no sólo tener memoria. En el caso argentino, un terrorismo revolucionario precedió al terrorismo de Estado de los militares y no se puede comprender el uno sin el otro”. En otra parte explica: “La memoria colectiva es subjetiva: refleja las vivencias de uno de los grupos constitutivos de la sociedad, por eso puede ser utilizada por ese grupo como un medio para adquirir o reforzar una posición política”. En 2010, con un par de días en Argentina, Todorov entendió que algo estaba mal. Se había construido un relato y se negaban los hechos. La decadencia actual se explica con sus dichos. Si no se entiende esto la decadencia será imparable.

sábado, 28 de diciembre de 2019

Opinión: Frederic busca desarmar a la policía en una visión terraplanista de la Seguridad

“La ministra Frederic está dando el primer paso para desarmar a la policía”

  Pensándolo Bien


La doctora en filosofía Diana Cohen Agrest criticó la derogación de los protocolos policiales y afirmó que “estamos en un contexto terraplanista” en materia de seguridad.



En Radio Mitre, la filósofa Diana Cohen Agrest aseguró que, en materia de seguridad, “se ven cosas preocupantes” ya que “los pocos pasos orientados en una dirección correcta que se habían dado en la administración anterior están siendo derogados uno a uno pese a las buenas consecuencias”.

La ensayista hacía alusión a la derogación -por parte de la ministra de Seguridad Sabina Frederic- de los protocolos establecidos por la gestión de Patricia Bullrich.

“Entre ellos está la portación de táser, que es un arma menos letal. Se reserva para ciertas ocasiones especiales como pueden ser una toma de rehenes o un secuestro extorsivo. Es una mirada totalmente sesgada, porque hay tanto peligro en una de esas situaciones como en la calle. Está dando el primer paso para desarmar a la policía”, dictaminó Cohen Agrest.

Frederic también dispuso la disolución del Servicio Cívico Voluntario en Valores, un proyecto de Bullrich para la formación de jóvenes que generó controversia por utilizar a la gendarmería como capacitadora.

“Realmente había sido una excelente medida. Implementó un sistema en el que los jóvenes de entre 16 a 20 años pudieran formarse. No se trataba solo de una formación en valores sino de cosas tan elementales como que los chicos pudieran tener una contención, hábitos de higienes y a leer y a escribir”, se lamentó la titular de Usina de Justicia.

A su vez, Diana Cohen Agrest señaló que se anuló el protocolo para el uso de armas de fuego, que “constaba de una serie de pasos por los cuales se pretendía no solo proteger a la población sino también a los agentes de seguridad”.

“Para gran parte del progresismo argentino, una persona que trabaja en un servicio de seguridad no tiene derecho a proteger su propia vida. En el gobierno anterior bajó el número de homicidios. Antes los diarios chorreaban sangre y ahora no es lo mismo”, remarcó.

En esa línea, la entrevistada sostuvo que Sabina Frederic “se especializó en gendarmería y fuerzas policiales y entonces esa es la lente con la que mira toda la realidad”.

“Estamos en un contexto terraplanista. Muchas de las medidas que se están tomando son una especie de delirios que suponen una realidad que no es tal”, sentenció.

Con respecto a la legalización de las drogas blandas planteada por Frederic, Cohen Agrest destacó que la autorización legal requiere “una sociedad muy bien organizada con las normas absolutamente internalizadas”.

Por último, la articulista cargó contra el pensamiento de Eugenio Raúl Zaffaroni al argumentar que “nunca se fue” y “la realidad es que si uno va a la facultad de Derecho, todo el mundo es zaffaroniano”.

“La mirada zaffaroniana sobre las clases bajas es denigratoria porque criminaliza a los pobres. La teoría de Zaffaroni se recita como un dogma y no se piensa críticamente. Entra de contradicción en contradicción y sus efectos devastadores se ven en la realidad”, concluyó.

martes, 17 de diciembre de 2019

La yegüita Sabina viene a destruir todo

El Gobierno nacional anulará el protocolo de uso de armas de fuego, de las Taser y el control de DNI en trenes

La nueva ministra de Seguridad aseguró: “Cambiemos sobreactuó gran parte de las políticas de seguridad”
Radio Mitre



El Gobierno anulará el protocolo de uso de armas de fuego, de las Taser y el control de DNI en trenes.

Sabina Frederic confirmó que se encuentra analizando de a uno los respectivos protocolos que llevó a cabo Patricia Bullrich, para las cuatro fuerzas federales.


Para actual ministra de Seguridad, la “doctrina Chocobar” no continuará. La titular del área sostuvo que por la que los uniformados podían disparar sin dar la voz de alto en algunas circunstancias, “es abuso policial”.

“Este protocolo es uno de los que seguramente se derogará porque es de un abuso intolerable“, sostuvo en diálogo con Página/12. “El programa Ofensores en Trenes, que habilita a las fuerzas de seguridad a pedir el DNI de los pasajeros, también se derogará”, añadió.

La funcionaria también avisó que si bien las pistolas Taser todavía aún no han llegado al ministerio, su intención es destinarlas a las fuerzas especiales, en vez del uso original para casos comunes de inseguridad.

Para Frederic, de todos modos, “Bullrich no hizo todo mal”. “Algunos de los protocolos que aprobaron no están mal. No todo lo que hicieron estuvo mal. El Plan Nacional de Seguridad para la reducción de femicidios en principio se mantendría“, consideró.

“Aparentemente hay un trabajo que está bastante bien hecho con la Corte Suprema de Justicia con todo lo que son los datos de femicidio”, continuó en la entrevista que brindó.

Finalmente, la dirigente adelantó que su abordaje de la problemática del narcotráfico será totalmente distinta a la de Patricia Bullrich: “Cambiemos sobreactuó gran parte de las políticas de seguridad. Eso se ve, por ejemplo, en uno de los eje de Cambiemos, la lucha contra el narcotráfico. Hubieron más decomisos y allanamientos, pero no hay un resultado claro. Todos estos años la persecución ha sido principalmente sobre el narocomenudeo y consumidores”.

viernes, 31 de mayo de 2019

EA: Juzgan violación en el GADA 601

"Sentate ahí, es una orden": un sargento admitió que violó a una soldado en un cuartel del Ejército

El acusado es el oficial Franco Sebastián Vizcarra, detenido desde 2017 por el ataque en una dependencia de Mar del Plata. Para la Justicia, el hombre se aprovechó de su posición de poder y abusó de la víctima. El juicio oral comenzó ayer y se acordó una pena entre las partes que deberá ser homologada
Por Miguel Prieto Toledo || Infobae

 
La víctima se desempeñaba como soldado voluntaria en el Grupo de Artillería Antiaéreo (GADA) 601.

El 6 de octubre de 2017, T., de 20 años, cumplía funciones como soldado voluntaria en la sede del Grupo de Artillería Antiaéreo (GADA) 601 en Mar del Plata. El 5 de octubre de aquel año, poco después de las 14, la joven se presentó en la Batería Comando para reportar que su turno finalizaba, algo que hacía todos los días, pero esa tarde algo cambiaría para siempre.

Antes de salir para su casa, se encontró con Franco Sebastián Vizcarra, un oficial superior con rango de sargento primero, nacido en la provincia de Tucumán, 19 años mayor que ella, que la invitó a tomar unos mates en una habitación. T. aceptó sin mayores problemas. De hecho, una semana atrás habían compartido mates en el dormitorio de un cabo, junto a otra auxiliar. No había nada que la hiciera sospechar, salvo que esta vez iban a estar solo ellos dos.

Pasó al menos media hora de charla, cuando de repente el celular de la joven sonó. Del otro lado estaba su amiga Micaela, quien se comunicó para saber dónde estaba, ya que habían acordado encontrarse ese día en el centro de la ciudad. T. decidió interrumpir el encuentro con Vizcarra y le avisó que debía irse. Pero, al parecer, el sargento tenía otros planes.

Primero, le pidió a la soldado que no se fuera, después tomó su teléfono y lo apagó. La tensión iba en aumento. Fue entonces que sin mediar ningún tipo de palabra, el hombre le tocó la pierna, le insistió en que se sentara en la cama y al ver que T. se rehusaba, impuso su jerarquía de manera violenta. "Sentate ahí, es una orden. Tengo que pasar revista de tu tatuaje", le dijo el oficial a la joven.

La víctima agarró su celular y se levantó para retirarse de la habitación. Vizcarra, experto en artes marciales, la sujetó por atrás, la tiró para un costado y cerró la puerta con llave. T. le advirtió que abriera o empezaría a gritar. El sargento con absoluta impunidad le dijo que no iba a pasar nada, que confiara en él. Después vino lo peor.

Le tapó la boca y la tiró a la cama, y si bien la soldado intentaba empujarlo, la sujetó de forma tal que no podía desprenderse. Estaba en una jaula. Según detalló la joven posteriormente en su declaración, Vizcarra se valió de su conocimiento en artes marciales para evitar que T. lograra escapar. En el medio, el sargento logró sacarle la campera a la soldado, mientras continuaba tapándole la boca.

Después, introdujo su mano en la remera de la víctima, le desprendió el corpiño, le bajó el pantalón y la ropa interior y la penetró por la fuerza.

"Yo ahí no sé cómo hice para sacar fuerza y lo empujé, pero llegó a penetrarme nada más, no eyaculó ni nada", declararía después la joven ante la Justicia.

 
Laura Mazzaferri, fiscal del caso.

T. se subió rápido el pantalón, abrió la puerta y escapó del horror. Casi como una burla, Vizcarra le dijo que esperara, que si quería la acompañaba a la salida para anunciarla en la Guardia. T. respondió que no hacía falta, que ella tenía una orden de salida especial y se retiró. El violador la siguió para pedirle disculpas y que "no había sido su intención". El daño ya estaba hecho y T. lo sabía.

Llegaron al puesto de guardia y Vizcarra le dijo al cabo en la guardia que la joven se iba a retirar de la sede militar. Shockeada y aún sin reacción, en vez de tomarse el colectivo, la voluntaria empezó a caminar sin poder entender o asumir lo que acababa de pasar. Minutos después, llamó por teléfono a su madre y finalmente le contó todo. Al día siguiente al presentarse a trabajar, T. denunció la violación ante su superior y el jefe de turno, quienes la acompañaron a hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer. El caso llegó a la Justicia federal marplatense, con un expediente por abuso con acceso carnal a cargo del juez Santiago Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri.

El juez procesó a Vizcarra con prisión preventiva y ordenó su detención. El caso fue elevado a juicio, que comenzó ayer en el Tribunal Oral Federal de la ciudad costera. Infobae accedió a las pruebas del caso y a documentación del expediente. El miedo a la jerarquía era claro. La víctima después aseguró que llegó a pensar en no hacer la denuncia por miedo a perder el trabajo, por no saber cómo actuar y por miedo a represalias por parte del acusado.

Tanto para la fiscal del caso como para el juez está probado que el sargento abusó de T.. Para ello, se basaron no solo en el brutal relato de la joven sino en que el imputado jamás declaró. Nunca supo explicar la situación ni la negó. Simplemente no dijo nada.

Según el procesamiento con prisión preventiva firmado por Inchausti, se pudo comprobar que la declaración de la soldado fue coherente y no tuvo ningún tipo de fisuras. Además, la declaración de varios de los compañeros dentro del cartel avalaron las horas y los tiempos descritos por T. No solo eso. Al declarar, la amiga de la joven que se iba a encontrar con ella también confirmó todo lo descripto por la víctima.

"Llegado el momento de valorar los elementos probatorios anteriormente mencionados, aunados hasta el momento a la pesquisa, entiendo que los mismos resultan suficientes para acreditar la materialidad del hecho que se investiga en estas actuaciones", razonó el juez Inchausti.

Para el magistrado, el relato brindado por la víctima "es coherente y circunstanciado" y además es "verosímil". "También debe destacarse que no se exhiben motivos que lleven a dudar de su veracidad ni se advierten razones de interés, odio o animadversión contra el encausado Vizcarra.
Sin perjuicio de todo lo expuesto, también debe señalarse que en el caso existen otras constancias que le adunan al relato de la víctima mayor credibilidad y valor probatorio", agregó.

No fue lo único que tuvo en cuenta el juez para procesarlo con prisión preventiva: también destacó lo violento que fue con su víctima para someterla e hizo énfasis en que se aprovechó de su posición jerárquica para lograr su objetivo.

Según dijo, se demostró que en el hecho "ha mediado violencia (…), pues no puede desconocerse que del relato de la víctima se desprende que Vizcarra utilizó su fuerza física para sujetarla al momento en que quiso retirarse de su habitación, que la arrojó a la cama, inmovilizándola, le tapó la boca, le quitó sus prendas de vestir y la penetró".

En ese sentido, el juez agregó: "Debe señalarse que el imputado practica artes marciales, y la víctima refirió que utilizaba distintas técnicas, sujetándola de forma tal que ella no podía defenderse".

 
Santiago Inchausti, juez del caso (Nicolás Stulberg)

Inchausti señaló que el oficial "abusó de la relación de autoridad o poder preexistente, en tanto no sólo Vizcarra resulta ser Superior Jerárquico de T.Y.M., -Sargento y Voluntaria del Ejército Nacional Argentino respectivamente- sino que al momento del hecho le impartía órdenes a su victimaria". El magistrado, además le trabó un embargo al imputado por medio millón de pesos.

T., por su parte, padeció a lo largo de estos casi dos años angustia y daños psicológicos importantes, según un informe elaborado por la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de General Pueyrredón. El estudio determinó "síntomas de nerviosismo constante, problemas para dormir y pesadillas y episodios de ansiedad". En pocas palabras, un infierno.

Ante el Tribunal Oral Federal, según publicó el diario marplatense La Capital, las partes del juicio acordaron una pena de seis años de cumplimiento efectivo. Será el Tribunal el que deba homologar el acuerdo.

lunes, 1 de abril de 2019

La mentira de las misiones médicas cubanas en Latinoamérica

El sistema de explotación detrás de las misiones médicas cubanas


Por Héctor Schamis | Infobae


En otro medio, la semana pasada escribí sobre las misiones médicas cubanas en Brasil. Allí comentaba sobre una demanda judicial presentada por cuatro médicos que participaron en las mismas. Los cargos son violación de leyes y convenciones internacionales contra el tráfico de personas y el trabajo forzoso.

El alegato presentado describe un sistema de explotación y de masiva vulneración de derecho: desde la paga y las condiciones laborales hasta la coacción a la que los profesionales de la salud son sometidos antes y durante el viaje. De lo pagado por Brasil, solo el 10% fue dedicado a los salarios de los profesionales, mucho menos que el salario de un médico en Brasil. El restante es para el gobierno de Cuba.

El personal se recluta por medio de la intimidación implícita o explícita. Quienes rechazan unirse al programa son vistos como carentes de compromiso revolucionario, lo cual es fuente de aún más intimidación. Quienes se unen al programa no son informados del destino ni la duración del mismo. No viajan con su pasaporte sino con un documento de viaje emitido para ingresar exclusivamente en el país de destino. Una vez allí deben realizar funciones de propaganda e inteligencia, siendo a su vez vigilados por agentes de la Seguridad del Estado.


Los médicos cubanos escribieron en las redes sociales mensajes de agradecimiento al autor por hacer visible una problemática que el régimen cubano ha ocultado por décadas

La nota tuvo impacto, medido en términos de lectura, circulación y comentarios. Pero lo más importante de dicha repercusión, y lo que más me llegó, fueron los mensajes de agradecimiento de médicos cubanos por hacer visible una problemática que el régimen cubano ha ocultado por décadas, y que además lo ha hecho con mucho éxito. Los mensajes son pequeños testimonios sobre dichas misiones, en Brasil y en otros países. A continuación una muestra de ellos y concluyo con una reflexión adicional.



Las misiones médicas han sido un velo en el rostro de la Revolución Cubana. Es el velo del relato sobre el humanismo y la solidaridad, y sobre la supuesta excelencia de la medicina cubana. Lo dicho, es un relato. Se ha vendido con eficiencia por demasiado tiempo. Esos cuatro profesionales de la salud que iniciaron dicha acción judicial corren el velo.

Las misiones médicas han sido instrumento de propaganda, política exterior y fuente de divisas al mismo tiempo. Y por supuesto, de control social. Un relato completo, anclado en el abuso: tráfico de personas, trabajo forzoso y explotación.



sábado, 23 de marzo de 2019

Decepción con la ONU de militares encerrados por el régimen cubenezolano

Engaño y decepción entre los militares detenidos por Nicolás Maduro tras la visita de la comisión enviada por Michelle Bachelet

Antes de su llegada, el régimen se apuró a limpiar y pintar algunas de las cárceles donde se encuentran cerca de 200 uniformados presos políticos en condiciones infrahumanas. Los enviados del Alto Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos no mantuvieron entrevistas personales con los detenidos que las habían solicitado
Por Sebastiana Barráez | Infobae



Los militares y otros presos políticos viven en las cárceles venezolanas en condiciones de hacinamiento y tortura que se trataron de disimular durante la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU


En Venezuela hay cerca de 200 militares detenidos por razones políticas, en varios lugares: dos anexos militares (La Pica en Maturín y Centro Penitenciario de Occidente en Táchira); cuatro centros de reclusión en Caracas: uno en la Dirección General de Contrainteligencia Militar DGCIM, otro en la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, que también tiene otra sede llamada El Helicoide y uno en la Policía Militar en Fuerte Tiuna. Y la única cárcel estrictamente militar es el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, ubicado en el estado Miranda a unos kilómetros de Caracas.

La visita de la Comisión enviada por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha ido dejando una estela de decepción y frustración entre militares detenidos y sus familiares.

El 14 de marzo la Comisión se presentó a la Cárcel de Ramo Verde. Fueron trasladados por funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro por los mejores sitios, prepararon un escenario para que fueran observadas varias personas jugando en la cancha, los llevaron por la lavandería y todo pintado y arreglado.

A los militares de la Operación David (así se llama a quienes participaron en el asalto al Fuerte Paramacay el 6 de agosto 2017), del Grupo del piloto del CICPC Óscar Pérez y a todos aquellos señalados de conspirar e imputados por delitos como Traición a la Patria, Instigación a la Rebelión y Contra el Decoro Militar, les fue ordenado por los custodios de la cárcel subir a las celdas, pero la mayoría se negó y así lograron visualizar a la Comisión de la ONU.

Prepararon un escenario para que fueran observadas varias personas jugando en la cancha, los llevaron por la lavandería y todo pintado y arreglado

"Desde las rejas –relata unos de los militares detenidos- les gritamos para que nos oyeran y nos atendieran; ellos se acercaron y le expusimos que somos secuestrados políticos, que hay retardo procesal, que han habido torturas entre otras cosas".

Un joven teniente explica que "el señor Caruso, les enseñó su boleta de excarcelación. La Comisión de la ONU tomó foto del documento. Todo eso se hizo de una reja a otra, mientras ellos iban saliendo. Un general que los guió, le dijo a la Comisión: 'ya cumplieron' 'ya se hizo lo que venían a hacer', los estaban presionando para que salieran. La Comisión nos dijo que nos iban a atender a una persona por caso, pero nunca lo hicieron".

La Comisión nos dijo que nos iban a atender a una persona por caso, pero nunca lo hicieron

Los presos en la DGCIM

En la Dirección General de Contrainteligencia Militar están los militares detenidos por sospechas de conspiración e imputados por Instigación a la Rebelión, Traición a la Patria y/o contra el decoro militar.

Hace semanas empezaron un acelerado proceso de remodelación, preparándose para la visita de Michelle Bachelet con la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Desaparecieron las celdas de tortura, llamadas "los tigritos", que fueron derribadas, así como "el cuarto de los locos" y el dormitorio del terror, que era un cuarto totalmente oscuro. Ahora casi todo luce muy bonito e iluminado, pero siguen las remodelaciones. Eso sí, han sido semanas de ruido y polvillo, sin que a los detenidos, que tienen problemas de salud, se les haya permitido recibir atención médica.

Durante los días del gran apagón, los detenidos sufrieron la tortura directa de no tener luz, pero sobre todo de casi ahogarse porque a los sótanos no llegó casi nada de aire, ante la imposibilidad de suministrar aire acondicionado.

Para la primera semana de marzo los militares detenidos en DGCIM tenían cerca de tres meses sin ver el sol, porque recordemos que las celdas están en los sótanos. Con el anuncio de que vendría la Comisión de Avanzada que envió Bachelet, sacaron a los presos a la terraza. Ellos iban ansiosos a ver el sol, pero tras esa acción lo que buscaron las autoridades era hacerles un video para demostrar el esparcimiento del que "gozan". Pero esta vez no fueron 10 minutos, como otras veces, sino siete horas, por lo que algunos hasta resultaron con insolación.

Mientras los presos recibían sol, los custodios aplicaron una exhaustiva requisa en las celdas y llegaron a la del mayor general (Ej) Miguel Rodríguez Torres, quien ha gozado de pequeñísimos privilegios, si se le puede llamar así, porque ha tenido una celda para él solo, tiene baño y sanitario, además de que le permiten recibir libros y comida de su familia.


Actualmente hay 866 presos políticos en las cárceles venezolanas según la ONG Foro Penal venezolano (New York Times)

Durante esas horas de requisa se hizo presente la fiscal 83, Dinora Joselín Bustamante Puerta, quien utilizando a dos mujeres detenidas, con promesa de beneficios, las usó para que dijeran que habían encontrado, en la celda de Rodríguez Torres, gran cantidad de evidencias que no sabe de donde salieron.

La intención ha sido doblegar a los militares que más protestan y se resisten a los abusos y violación de los derechos humanos en la DGCIM, empezando esta vez por el ex ministro Rodríguez Torres, así como del general (GNB) Héctor Hernández Da Costa, del capitán de Navío Luis Humberto de La Sotta Quiroga y el Teniente Coronel (Ej) Igbert Marín Chaparro.

La gran mayoría de los detenidos deben hacer, casi siempre, sus necesidades fisiológicas en bolsas de plástico dentro de las celdas, en el mismo lugar donde comen y duermen. No les permiten ni siquiera fotos de sus hijos, estampitas religiosas, etc. Es un grave delito tener un libro, aunque sea La Biblia.

Hace meses, con la remoción del coronel Rafael Franco Quintero como jefe de investigaciones de DGCIM, mejoraron ligeramente algunas condiciones; por ejemplo ya no lucen con la cabeza rapada, ni extremadamente delgados y con bragas, como si estuvieran en esos campos de concentración nazi. Les permitieron el ingreso de alimentos y con ello la recuperación de peso. Los tribunales militares siguen sin tomar en cuenta lo que por Ley les corresponde a los militares detenidos.

Hay oficiales que han recibido amenazas por parte de los custodios, de los oficiales y de cualquier personaje que se cree cacique en la DGCIM.


El Helicoide, sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) en Caracas, y centro de detención y tortura para los disidentes políticos

 La juez mayor (Ej) Claudia Carolina Pérez de Mogollón se fue de permiso prenatal y post natal sin publicar la decisión de la audiencia preliminar a los militares de la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, así como civiles tal como es el caso del doctor Marulanda, realizada en el mes de diciembre, de manera que no le da la posibilidad a la defensa de apelar en consecuencia.

Si eso es grave, porque es una denegación de justicia, peor es que la juez militar Pérez de Mogollón no haya tomado en consideración las denuncias de tortura física, psicológica y emocional, que hicieron los militares cuando fueron presentados ante el tribunal y donde tenían evidencias físicas de haber sido torturados.

Tienen más de 15 días sin permitirles a los militares detenidos en DGCIM hacer llamadas telefónicas a los familiares, como es su derecho. Antes podían llamar tres veces a la semana y luego les permitieron una llamada diaria. Pero desde hace dos semanas les quitaron cualquier comunicación.

La Comisión de avance que envió Michel Bachelet a Venezuela no puede ignorar las graves evidencias que hay de violación de derechos humanos con los militares detenidos.

jueves, 21 de marzo de 2019

ONU denuncia torturas y ejecuciones en Cubanezuela

Michelle Bachelet denunció torturas y ejecuciones en Venezuela

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señaló a las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro y a los colectivos chavistas, las milicias progubernamentalesInfobae
Infobae


La jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció que las fuerzas de seguridad venezolanas, respaldadas por milicias progubernamentales, han reprimido la disidencia pacífica con uso excesivo de la fuerza, muertes y torturas que han sido documentadas por su oficina.

"Estoy muy preocupada por el debilitamiento de la democracia, especialmente por la continua criminalización de las protestas pacíficas", aseguró la chilena, quien agregó: "En el contexto de la última ola de protestas en todo el país contra el Gobierno, en los primeros dos meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, los 'colectivos armados', incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, amenazas e intimidaciones".

En la comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la ex presidente de Chile citó denuncias de que la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) había ejecutado a 37 personas en enero en Caracas en redadas ilegales en casas de zonas pobres que apoyaban a la oposición.

Bachelet pidió al Gobierno de Venezuela que garantice a los expertos de su oficina que actualmente están en ese país el acceso a los lugares y personas que elijan, sin represalias contra los entrevistados.

"Un equipo técnico de mi oficina se encuentra actualmente en el país y considero que esta es una primera medida positiva", destacó Bachelet en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, donde señaló que "es esencial que el equipo tenga acceso total y sin restricciones".

También pidió al régimen de Nicolás Maduro que no haya represalias "contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos", sin dar detalles sobre las personas con las que la misión está contactando.

La misión técnica está en Venezuela para estudiar una posible visita de Bachelet, ya que el Gobierno de Maduro le ha extendido una invitación, pero el organismo de Naciones Unidas quiere asegurarse de que tendrá libre acceso a opositores y disidentes.

Bachelet informó al Consejo de las novedades que en materia de derechos humanos se han dado en Venezuela durante el último año, período en el que según la ex presidente chilena continúa habiendo una grave crisis que "constituye, además, un inquietante factor de desestabilización regional".

"Desde junio de 2018, el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente", subrayó Bachelet, quien destacó que las autoridades venezolanas "se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos".


Nicolás Maduro (Reuters/ Manaure Quintero)

Añadió que su oficina continúa investigando las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, con al menos 205 muertes atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 2017 y otras 37 sólo en las protestas del pasado enero, coincidiendo con la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela.

"La mayoría de estas muertes se han producido según un patrón similar, ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada", explicó Bachelet.


Juan Guaidó (Reuters/ Carlos Jasso)

"También me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela", subrayó la alta comisionada, quien denunció que la "ley contra el odio" aprobada por el régimen en noviembre de 2017 se ha usado arbitrariamente contra periodistas, dirigentes de la oposición y disidentes.

En lo social, Bachelet dijo que los recientes apagones en Venezuela "simbolizan los problemas de infraestructura que afronta el país", donde un millón de niños han dejado de ir a la escuela por problemas económicos de familias y escuelas o por la simple falta de docentes, muchos de los cuales han emigrado a otros países.

"La polarización está agravando una situación ya de por sí crítica", concluyó la alta comisionada, quien destacó que "es preciso que se alcance un acuerdo para una solución política".

La alta comisionada indicó por otro lado que las sanciones de Washington a Caracas, que afectan entre otros aspectos la venta de crudo venezolano a EEUU, "pueden contribuir a agravar la situación económica".

Decepción entre los militares detenidos tras la visita de la ONU

La visita de la Comisión enviada por Michel Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha ido dejando una estela de decepción y frustración entre militares detenidos y sus familiares.

El 14 de marzo la Comisión se presentó a la Cárcel de Ramo Verde. Fueron trasladados por funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro por los mejores sitios, prepararon un escenario para que se observara a varias personas jugando en la cancha, los llevaron por la lavandería y todo pintado y arreglado.

A los militares de la Operación David (así se llama a quienes participaron en el asalto al Fuerte Paramacay el 6 de agosto 2017), del Grupo del piloto del CICPC Óscar Pérez y a todos aquellos señalados de conspirar e imputados por delitos como Traición a la Patria, Instigación a la Rebelión y Contra el Decoro Militar, les fue ordenado por los custodios de la cárcel subir a las celdas, pero la mayoría se negó y así lograron visualizar a la Comisión de la ONU.

En tanto, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar están los militares detenidos por sospechas de conspiración e imputados por Instigación a la Rebelión, Traición a la Patria y/o contra el decoro militar.

Hace semanas empezaron un acelerado proceso de remodelación, preparándose para la visita de Bachelet con la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

domingo, 3 de marzo de 2019

Maduro intentará arrestar a Guaidó cuando vuelva

Maduro se prepara para violar - una vez más - la Constitución: intentará detener a Guaidó cuando regrese a Venezuela

Infobae




Nicolás Maduro y Juan Guaidó


La fuerza policial y militar todavía responde, a regañadientes, al dictador. El Poder Judicial, secuaz de Nicolás Maduro, también permanece genuflexa a la red de impunidad que rige los dramáticos destinos de Venezuela. A esos mecanismos se enfrentará el presidente interino Juan Guaidó cuando su avión toque tierra en Caracas en las próximas horas, luego de haber realizado una gira por los países que reconocen su investidura.

Guaidó lo sabe: podría ser detenido una vez que arribe a Venezuela. "Si vuelvo a Venezuela y quedo preso habrá un levantamiento popular", pronosticó este sábado en una entrevista exclusiva con Infobae. "La democracia llegará a Venezuela, aunque yo no esté al frente en las calles. Ya es un proceso político que ni Maduro, ni nadie, podrá parar", se esperanza el primer mandatario encargado.

La dictadura ya movió las primeras piezas de su tablero. Hace 20 días abrió una investigación contra Guaidó de la mano de uno de sus resortes claves para perseguir a los líderes políticos de la oposición. La Contraloría de Venezuela inició una pericia penal contra el líder de la Asamblea Nacional por presunta financiación indebida de sus movimientos.

"Presuntamente ha recibido dinero proveniente de instancias internacionales y nacionales sin ningún tipo de justificación", dijo el jefe de ese organismo, el chavista Elvis Amoroso, quien es el encargado de armar la causa contra el opositor.



Juan Guaidó salió de Venezuela el pasado 23 de febrero para estar en Cúcuta, Colombia, y supervisar la entrega de ayuda humanitaria a su país. Fue recibido por el presidente Iván Duque y el secretario general de la OEA, Luis Almagro (REUTERS/Luisa Gonzalez)

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara en cuanto a las condiciones que se tienen que dar para detener a un miembro de la Asamblea Nacional. Guaidó lo es en su carácter de "presidente encargado". Y si la dictadura de Maduro quisiera seguir todos los procedimientos de acuerdo a las normas, le sería imposible concretar arrestar al presidente del órgano parlamentario.

Pero nada escapa al largo y brutal brazo del dictador. Es por eso que pese a la inmunidad que le confiere la Constitución venezolana, Guaidó está bajo la posibilidad cierta de ser detenido.

Guaidó es diputado con mandato de la Asamblea y la Carta Magna les confiere a sus legisladores la potestad de no poder ser apresados. En el Artículo 200 dice expresamente que "gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato", y establece que sólo los puede arrestar el Tribunal Supremo de Justicia con previa aprobación del Parlamento, lo que políticamente no podría suceder en este caso ya que el líder opositor cuenta con el apoyo mayoritario del cuerpo.


 
La Constitución de Venezuela

El Artículo 200 señala: "Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento".

Sin embargo, en la segunda parte de este punto constitucional se proclama la posibilidad de que un legislador sea detenido, pero por "delito flagrante", figura que deja la suficiente libertad de criterio a Maduro para disponer que Guaidó vaya tras las rejas al arribar a Venezuela.

"En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley", manifiesta el mismo artículo.

¿Utilizará Maduro la denuncia ya anticipada de "financiamiento internacional" para tener la excusa ideal detener a Guaidó? Es probable. Sino, hallará otra maniobra que lo justifique. El discípulo de Hugo Chávez sabe que cuenta con la ayuda invaluable de 32 jueces. Son los que componen el Tribunal Supremo de Justicia y que responden incondicionalmente al dictador.


El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela

Maduro utilizará todo su poder de la mano de los cómplices que aún mantiene en lo más alto de la pirámide. Los militares y los magistrados. Sin embargo, una lenta sangría se produce por estas horas entre los uniformados. Ya son más de 600 los hombres que juraron lealtad a los valores de Simón Bolívar que abandonaron las filas chavistas y reconocieron en Guaidó a un presidente legítimo.

Se espera que en las próximas horas altos comandantes hagan lo mismo, dejen de lado los temores a una persecución y formen parte de la transición democrática. Algunos lo harán por principios republicanos, otros por vergüenza, los más por temor a un futuro tras las rejas.

Lo mismo podría ocurrir en el Tribunal Supremo de Justicia. Jueces que siempre se declararon bolivarianos están pensando seriamente por estas horas abandonar las filas y no permitir más violaciones a la Constitución de Venezuela. El escollo, sin embargo, no es menor: son 32 los magistrados que forman parte del TSJ, el escudo protector ante la ley de Maduro.

La última deserción se produjo en enero, cuando la vergüenza -y el temor al futuro- venció a Christian Tyrone Zerpa y decidió renunciar al tribunal chavista. Debió huir del país porque la dictadura lo acusó de acoso sexual. En las próximas semanas podrían seguirlo más hombres y mujeres del máximo organismo.

El temor que ronda la cabeza de los generales y coroneles y de jueces y secretarios de justicia -y de sus familias- es el mismo: ¿cuál será su destino una vez que el tirano colapse? La historia es implacable ante esta respuesta: la cárcel. Como la que espera a Maduro, quien ya no tiene posibilidad de maniobra de aspirar a un exilio parisino o paradisíaco. Una celda en Caracas es lo que más se asoma en el horizonte del dictador.

viernes, 1 de febrero de 2019

Venezuela puede ser Cuba (aún más)

Venezuela puede ser una nueva Cuba


Maduro resiste con el apoyo de fuerzas paramilitares, brazo armado de una represión que ya ha causado 35 muertos 

Xavier Mas de Xaxàs, Barcelona | La Vanguardia

   
El arsenal de un miembro de la FAES durante una operación contra grupos criminales en Petare (Luis Robayo / AFP)



Durante los peores años de la guerra fría, Cuba fue un aliado esencial de la Unión Soviética en su pulso geoestratégico con Estados Unidos por el control de América. La Cuba comunista de Fidel Castro, sometida a un estricto embargo comercial por parte de EE.UU., sobrevivió gracias a la ayuda soviética. A cambio de este apoyo vital, Castro aceptó que el Kremlin instalara misiles con cabezas nucleares en la isla. El mundo nunca ha estado tan cerca de una guerra atómica.

Venezuela va camino de ser una nueva Cuba. Ante el aislamiento económico y diplomático de Estados Unidos, la mayoría de países latinoamericanos y la Unión Europea, el régimen del presidente Nicolás Maduro ha optado por resistir y reprimir.

El Kremlin convertirá Venezuela en una cabeza de puente para amenazar a EE.UU.

Rusia, heredera de la Unión Soviética, liderada por un Vladímir Putin que quiere reeditar el imperio perdido, ya ha acudido en su ayuda, ofreciendo créditos y armas, así como asesoría militar y policial. A cambio, el Kremlin convertirá Venezuela en una cabeza de puente para amenazar a EE.UU.

Cuba, gran valedora de la revolución bolivariana de Hugo Chávez en Venezuela, recuperó las relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 2015. Ahora es la Venezuela de Maduro la que ha roto relaciones con Estados Unidos y la que, por tanto, está en una mejor posición para servir a los intereses del Kremlin. El colapso de la economía y la consiguiente carestía de alimentos y medicinas, penuria que ha llevado a tres millones de venezolanos al exilio, le impiden renunciar al abrazo del oso ruso.


Autoridades locales desalojan un campamento de venezolanos en Bogotá el martes,15 de enero (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)

Maduro ha anunciado unas maniobras militares masivas para dentro de un par de semanas, unos ejercicios para preparar las defensas del país ante una posible invasión, en los que se utilizará armamento, básicamente, ruso y chino.

El apoyo de Moscú y Pekín garantiza a Maduro que sobrevivirá al ostracismo internacional, igual que lo hicieron Irán y Corea del Norte. Las sanciones económicas y diplomáticas no acabaron con la teocracia iraní ni con la dictadura norcoreana.

Crisis en Venezuela


A Maduro quien puede echarlo de verdad es la cúpula militar, pero los generales, de momento, se mantienen fieles

A Maduro quien puede echarlo de verdad es la cúpula militar, pero los generales, de momento, se mantienen fieles. El presidente, aún así, ha tomado sus precauciones para no exponerlos demasiado. De la represión no se encargan ellos, sino grupos paramilitares, los llamados “colectivos” y una unidad policial denominada Fuerza de Acciones Especiales (FAES). Son mucho más fiables que la tropa y la base de la Guardia Nacional Bolivariana, jóvenes que están desertando por los bajos sueldos y el desencanto con la revolución.

La represión, en todo caso, está siendo dura. Las organizaciones que velan por los derechos humanos, como el Foro Penal y Provea, calculan que en la última semana ha habido más de 35 muertos y 850 detenidos, entre ellos 77 menores de edad. Los presos políticos han vuelto a superar la cifra de 600.


 
Un miembro de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de Venezuela participa en una operación contra grupos criminales en la barriada de Petare, Caracas (Luis Robayo / AFP)

FAES es un cuerpo que depende directamente de Maduro y del que se desconoce quién lo dirige. Está formado por unos 1.500 agentes, formados en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, como se llama la academia de las fuerzas de seguridad bolivarianas y donde los cadetes reciben, por encima de todo, una formación ideológica. Estos policías visten uniformes negros, sin identificaciones, llevan cascos y máscaras para ocultar su identidad, patrullan en motocicletas y empuñan fusiles de asalto.

Una unidad de FAES se personó ayer en el domicilio de Juan Guaidó , el líder de la oposición que se ha proclamado presidente y ha provocado la peor crisis a la que se ha enfrentado Maduro hasta ahora. Guaidó no estaba en casa, sino en una concentración pública. A los policías los atendió su esposa. En el apartamento estaba también su hija de 20 meses.

Represión


Los presos políticos han vuelto a superar la cifra de 600

Si el objetivo de la visita a Guaidó era advertir e intimidar, la FAES está actuando con mucha más contundencia en los barrios populares, como Petare –la mayor concentración de barracas de América Latina-, base imprescindible del chavismo.

Estos días, por primera vez, ha habido manifestaciones contra el régimen en Petare y Maduro, que no puede perder el apoyo hasta ahora incondicional de estos camisas rojas, ordena a la FAES que patrulle de noche y se lleve a los “traidores”. El lema de la nueva campaña, que se repite sin cesar en las emisoras de radio, es “Traidores nunca, leales siempre”. Agentes del Sebin, el servicio bolivariano de inteligencia, se encargan de identificar a las víctimas.

 
La barriada de Petare en Caracas (Ignacio Marin / Bloomberg)

Los miembros de FAES son responsables de haber causado más de 500 muertos en una ofensiva contra el crimen organizado lanzada en el 2017 en estas barriadas marginales. Ahora, sin haber sido entrenados para contener manifestaciones pacíficas, se han convertido en la primera fuerza de choque del régimen. Ellos han causado la mayoría de los 35 muertos de la última semana.

El primer objetivo de Guaidó es deponer a Maduro. Sin una traición del Estado Mayor o una revuelta masiva de los cuadros intermedios del ejército, parece imposible. La FAES y el Sebin, por ahora, apuntalan una dictadura que va camino de ser todavía mucho más despiadada. Putin se frota las manos.

Putin se frota las manos
La FAES y el Sebin, por ahora, apuntalan una dictadura que va camino de ser todavía mucho más despiadada


jueves, 31 de enero de 2019

FAES, el escuadrón de la muerte de Maduro

Así opera la FAES, el escuadrón de la muerte del régimen chavista que aterroriza a Venezuela

Encapuchados y con armas de guerra asaltan las barriadas más pobres del país. Operan con total impunidad, establecen toques de queda, simulan enfrentamientos para ocultar asesinatos y después amenazan a familiares y vecinos para que no denuncien
Infobae



 
La Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana actúa en los barrios más pobres de Venezuela

La FAES (Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana) es el escuadrón policial más temido en Venezuela y, desde que escaló la tensión en las calles con la juramentación de Juan Guaidó como Presidente Encargado, esos agentes están señalados como autores de la mayoría de los 35 muertos y más de 850 detenciones.

“Se meten en tu habitación y te sacan de tu casa. Si te resistes, te matan en tu propia sala. A ellos no les importa que tu familia esté allí mirando, a ellos no les importa que los vecinos puedan escuchar cuando te golpean sin sentido con tubos de acero llenos de cemento”, grafica Caracas Chronicles, la organización independiente de noticias sobre Venezuela que lleva meses investigando el accionar de este escuadrón de la muerte.

 
El escuadrón utiliza armas letales

“Los pobres están poniendo los muertos”, aseguraron a Infobae varias fuentes. Es que desde el 23 de enero, cuando recrudeció la represión, son las barriadas más humildes como Pinto Salinas, Petare y Cotiza donde se registran más muertos. Y luego de cada asesinato, una y otra vez, los testigos señalan a FAES, a esos “hombres de negro”.

Así van, encapuchados para que no se les pueda ver el rostro y la verdad es que hay muy poca información pública sobre este cuerpo. No existen perfiles de los oficiales de FAES, casi nada se sabe de su estructura... Solo se conoce el patrón de conducta que siguen: intimidación, allanamientos en el hogar y ejecuciones.

La FAES fueron creadas el 14 de julio de 2017 por Nicolás Maduro, quien explicó su fundación “para combatir el crimen y el terrorismo”. Si en 2016, la Policía Nacional Bolivariana era responsable del 22% de las muertes en el país, al año siguiente, después de solo seis meses de existencia, la FAES aumentaron ese lamentable récord en un 10%, hasta llegar al 32%.


 
Provea denuncia que la FAES es el res´ponsable de la mayoría de las 35 muertes de los últimos días

Para Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), la prestigiosa ONG de derechos humanos que documenta seriamente los muertos y las detenciones arbitrarias, “la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) es un escuadrón de la muerte que siembra terror en las zonas populares con una acción sistemática de ejecuciones, allanamientos arbitrarios, robo en las viviendas y maltrato a detenidos”.

El 25 de enero, después de que la FAES asesinara a 5 personas en Carora y El Tocuyo, estado Lara, el diputado Luis Florido estalló en Twitter: “Es inaceptable que órganos de seguridad usen sus armas de reglamento para acribillar a ciudadanos desarmados. El silencio comunicacional para callar la muerte a manos del régimen indigna”.

Su modus operandi es militar. Toman militarmente una zona concreta, como si fuesen un ejército de ocupación y generalmente “cazan” a sus objetivos, explica Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias penales y profesor de la Universidad Central de Venezuela en Efecto Cocuyo. “No es una lógica de seguridad ciudadana en la que se debe prevenir o detener en el marco de la legalidad a un delincuente, no, en su caso ellos entienden que tienen que llegar a dar de baja a ‘elementos’ que no son personas sino enemigos”, agrega.

 
La división policial es señalada como responsable de las detenciones arbitrarias del régimen

Ávila responsabiliza a la FAES de una “masacre por goteo”: “Según cifras oficiales, en 2017 murieron 4.998 personas en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, unas 14 personas al día. Lo que opera en el país es una masacre por goteo, de la cual la FAES de la PNB es una pieza clave. Si tomamos estas cifras pudiera estimarse que, posiblemente, las víctimas de la PNB rondaron aproximadamente las 1.500 personas, que es la cifra que representa más del 30% del total nacional”.

El académico, además denuncia que si bien la FAES pertenece a la PNB, no tiene entre sus funciones el control de manifestaciones o protestas, para ello la PNB cuenta con otra división especializada en Orden Público, que tiene un entrenamiento específico y que posee armamento no letal para la contención de este tipo de eventos. ”Son espacios diferenciados del mismo cuerpo con funciones muy distintas, que no deben mezclarse ni confundirse. Es muy delicado que se use al FAES para el control de manifestaciones porque no tienen ni la formación, ni los recursos para ello, y las consecuencias serían fatales, ya que su entrenamiento no es de contención sino de ataque letal”.



Llegan de noche, establecen toques de queda ilegales y matan. Como operan en barriadas pobres, hay menos denuncias. Pero hay, y gracias a ellas se conoce su accionar letal.

lunes, 21 de enero de 2019

Venezuela torturó a militares que buscaban la democracia

Venezuela torturó a militares acusados ​​de conspiración, dicen grupos de derechos humanos




Nicolás Maduro, en ceremonia con militares 28/12/2018 Palacio Miraflores / Divulgación vía REUTERS

Las fuerzas de seguridad de Venezuela han detenido y torturado a decenas de militares acusados ​​de conspirar contra el gobierno y, en algunos casos, hasta sus familiares, dijeron dos grupos de derechos humanos en un informe publicado este miércoles.

El informe de Human Rights Watch y de la organización venezolana Foro Penal, que también afirma que las fuerzas torturaron a civiles, se publica en el momento en que países de la región piden que la Corte Penal Internacional investigue al gobierno de Venezuela por supuestos crímenes contra la humanidad.

El informe, que documenta diversos incidentes ocurridos en 2018, sugiere que el gobierno venezolano está preocupado por la lealtad de las Fuerzas Armadas, a medida que un colapso económico desencadena una amplia emigración y varios países advierten que no reconocer al presidente Nicolás Maduro, después de que él tomar posesión para un nuevo mandato el jueves.

Los grupos identificaron 32 casos, en los que supuestos conspiradores detenidos por el servicio de inteligencia Sebin, y por el grupo de inteligencia militar DGCIM fueron blancos de golpes, asfixia y choques eléctricos para revelar detalles de los supuestos planes contra el gobierno.

Cuando las autoridades no podían encontrar a los sospechosos, en algunos casos, detenían y abusaban de familiares para descubrir su ubicación, según el informe. "El gobierno venezolano tiene brutalmente reprimido a miembros de las Fuerzas Armadas acusados ​​de conspirar contra él", dijo el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, en un comunicado.

"Los agentes de inteligencia no sólo están deteniendo y torturando a miembros de las Fuerzas Armadas pero, en algunos casos, van detrás de sus familias y otros civiles". En un caso específico, un día antes de que Maduro fuera reelegido en una votación el 20 de mayo de 2018 ampliamente considerada como una farsa, oficiales del Ejército no identificados arrestaron a José Marulanda, socio de una sargenta del Ejército acusada de conspirar contra el gobierno. Marulanda dijo haber sido golpeado en la cabeza con tanta fuerza en la sede de la DGCIM, que perdió la audición del oído derecho, según los grupos.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a pedido por comentarios sobre el informe. Maduro a menudo acusa a Estados Unidos y al gobierno de derecha de la vecina Colombia de conspirar para derribarlo.

Las autoridades también dicen que grupos de derechos humanos minimizan actos de violencia cometidos por la oposición, incluyendo incidentes como encender un hombre durante una protesta y usar explosivos contra policías.

Los dos grupos de derechos humanos ya acusaron a Venezuela de torturar adversarios del gobierno durante protestas en 2017, en los que murieron más de 120 personas. Más de 170 soldados fueron detenidos por traición, rebelión y deserción a principios de 2018, frente al total de 196 en todo el año 2017, de acuerdo con documentos vistos por Reuters.


DefesaNet

jueves, 26 de julio de 2018

Defensores de terroristas se asustan del nuevo rol de las FF.AA.

Organismos de defensa de los terroristas convocan a una marcha contra la reforma militar: "Es escandaloso", dijo Carlotto 





Madre de terrorista

Organismos de Derechos Humanos de los Terroristas convocaron a una marcha para el próximo jueves en rechazo de la reforma militar que anunció Mauricio Macri . La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, madre de una terrorista ajusticiada durante el gobierno miliar, dijo que el plan de reestructuración de las Fuerzas Armadas que impulsa el Gobierno "es escandaloso"😂.

"No queremos la militarización de nuestro país. Miren lo que pasó en Brasil y México. No sé qué pretenden... ¿acallarnos?"😊, lanzó en una entrevista con FM La Patriada.

Carlotto dijo que espera que la manifestación del jueves tenga una convocatoria similar a la de la marcha contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el 2x1. "El pueblo está muy movilizado", señaló la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quien contó que aún no está definido si la protesta se hará frente a la Casa Rosada o el ministerio de Defensa.

Por su parte, la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, calificó de "aberrante" el anuncio de la administración de Cambiemos y ratificó la convocatoria para la protesta del jueves bajo la consigna "Fuerzas Armadas represivas, Nunca Más".


El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel también arremetió contra el Ejecutivo: "Macri quiere involucrar a los militares en tareas internas violando la ley seguridad interior y de defensa. Otra vez una política ilegal para dañar nuestra democracia", escribió en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Obedece a lo que EE.UU. exige de gobiernos serviles de América Latina".

La reforma

Macri anunció ayer su plan de reforma militar con el objetivo de modernizar las Fuerzas Armadas y reforzar su participación en el combate contra el narcotráfico. El Ejecutivo modificó el decreto 727/2006, reglamentario de la ley de defensa nacional, que desde la gestión de Néstor Kirchner solo permite el empleo de las Fuerzas Armadas ante agresiones de origen externo "cuando estas sean perpetradas por otros Estados"

Desde la oposición exigieron que la reforma de las FF.AA. pase por el Congreso y cuestionaron la militarización de la seguridad interior.

Ante las críticas, el ministro de Defensa, Oscar Aguad , aclaró que "las FF.AA. no van a intervenir en conflictos sociales ni patrullar las calles". "Para nada, jamás se nos ocurrió pensar en una hipótesis de esa naturaleza. Ese es un problema de las fuerzas de seguridad", resaltó en diálogo con Radio La Red.

El objetivo del Gobierno es modernizar las FF.AA. para combatir las nuevas amenazas y desafíos, como el terrorismo, los ciberataques y el narcotráfico.

miércoles, 21 de marzo de 2018

Buscan determinar que el crimen de Larrabure fue de lesa humanidad

Un fallo podría considerar que el asesinato de Larrabure es un crimen de lesa humanidad

Este miércoles los seis jueces de la Cámara Federal de Rosario se pronunciarán sobre el caso del coronel que fue secuestrado y ejecutado por un grupo comando del ERP en 1974 

Por Fernando Morales | Infobae



Dentro de las historias más emblemáticas relacionadas con la violencia política durante la década del 70, se encuentra el secuestro, calvario y muerte del Mayor del Ejército Argentino (ascendió a teniente coronel en cautiverio y a coronel luego de encontrado su cadáver) Argentino del Valle Larrabure. Si bien el hecho en sí mismo constituye uno más de los tantos secuestros seguidos de muerte que los grupos terroristas armados perpetraron en pleno gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón, las circunstancias que rodearon al episodio así como las funciones del militar al momento de su captura, lo transformaron en uno de los crímenes más aberrantes de la guerrilla argentina.
Larrabure era un militar que transitaba su primera jerarquía como "oficial jefe" y su destino no estaba relacionado con ningún grupo de tareas ni cumplía funciones relacionadas con la represión a la subversión armada. Su destino era la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María (Córdoba) donde revistaba como Subdirector.
El 11 de agosto de 1974, en circunstancias en que se realizaba una recepción en el comedor de oficiales de la planta fabril, un grupo comando del ERP tomó las instalaciones y procedió a su secuestro. Fue alojado en una de las denominadas "Cárceles del Pueblo", las que no eran otra que pozos de poco más de un metro cuadrado. Allí permaneció Larrabure por 372 días hasta que finalmente fue "ajusticiado" por el comando terrorista que lo tomó prisionero.
Como resultado de una campaña iniciada por su hijo, el ex candidato a diputado provincial Arturo Larrabure, en 2008 el Fiscal Federal de Rosario, Claudio Marcelo Palacín dictaminó que estaban dadas las condiciones para considerar que la muerte del militar constituye un delito de lesa humanidad y un crimen de guerra, con lo cual dio luz verde para la apertura de una investigación judicial.



Desde la Procuración General de la Nación, por aquel entonces en manos de Esteban Righi, se intentó frenar el expediente mediante la redacción de un decreto que indicaba que solo los agentes a sueldo del Estado podían considerarse incursos en ese tipo de delitos.
Diez años después, el próximo miércoles y en un hecho inédito en la justicia de la provincia de Santa Fe, la Cámara Federal reunirá en plenario a las dos salas y seis magistrados se pronunciarán sobre si el principal acusado, Arnold Kremer (cuyo nombre de guerra era Luis Mattini), será enjuiciado como autor mediato del crimen del Coronel Larrabure.
De fallar en este sentido, se abrirá el camino para que muchos otros crímenes perpetrados por las organizaciones armadas que hasta el presente fueron considerados delitos comunes y por lo tanto prescriptos, pasen a ser considerados delitos de lesa humanidad y por ende imprescriptibles.
Distintas organizaciones que nuclean a víctimas de la guerrilla, han organizado una campaña de difusión a efectos de movilizar el próximo miércoles a quienes adhieren a esta postura. Del otro lado, organismos de Derechos humanos y distintas corrientes políticas de izquierda sostienen que de darse curso a lo reclamado por la querella, se estaría en presencia de un verdadero retroceso en la materia y se revindicaría la llamada "teoría de los demonios" que siempre sostuvo que la responsabilidad de las fuerzas armadas y de los grupos revolucionarios era equivalente.
Kremer, señalado por diversos estudiosos de los "años de plomo" como el sucesor de Roberto Santucho al frente de la conducción del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) es asistido por el abogado penalista Pablo Llonto quien sostiene que la sola consideración del requerimiento del hijo del Coronel "representa reabrir el debate sobre un punto que estimábamos totalmente cerrado en la Argentina respecto de que no se puede calificar de delitos de lesa humanidad este tipo de hechos y por lo tanto prescribieron".


Arturo Larrabure

Por su parte, Gabriel Ganón, quien junto a Llonto representa a Kremer, dijo a Página 12: "Quieren reinstalar la teoría de los dos demonios y no me parece casual que esto ocurra en la Cámara donde trabaja el primo hermano de Marcos Peña, Juan Cruz Peña Álvarez, que es relator del camarista Aníbal Pineda". Pineda asumió como juez el año pasado. Además, integran la Cámara Federal Fernando Barbará, Jorge Sebastián Gallino, José Toledo, Elida Isabel Vidal y Edgardo Adrián Bello.
En diálogo con Infobae, Arturo Larrabure se manifestó confiado en la resolución de la justicia, aunque no descarta proseguir con la vía judicial nacional e internacional en caso de obtener un fallo que no lo favorezca.
Distintos organismos relacionados con el estudio de la violencia extremista en Argentina calculan que hubo más de 5.000 víctimas del accionar guerrillero.

miércoles, 21 de febrero de 2018

La persecución a los militares victoriosos de la guerra antisubversiva

El terrorismo de los 70 y la violación al estatuto de Roma

Por Carta de Lectores - Tribuna de Periodistas




VIOLACIÓN FLAGRANTE/INSEGURIDAD JURÍDICA

De acuerdo a la carta del lector Carlos Alberto Louge publicada en La Nación de la fecha, entiendo que el Estado Argentino ha violado deliberadamente el Estatuto de Roma aplicándolo en forma retroactiva, contra lo que el mismo Estatuto, acorde a principios universales de legalidad prohíbe expresamente.

Asimismo incumple las recomendaciones del Tratado de Ginebra para la resolución de conflictos internos "procurando una amplia amnistía", haciendo todo lo contrario al anular el indulto de un Presidente democráticamente elegido.

Ambas medidas justificaron los juicios contra militares y civiles involucrados en la guerra de los 70 (Firmenich así la denominó), agregando la exclusión adicional de las organizaciones terroristas de la figura de "lesa humanidad', decisión injustificada en el mencionado Estatuto.

Creo que mantener la angustiosa situación de los 2000 Presos Políticos heredados del gobierno kirchnerista, es ahora absoluta responsabilidad del gobierno de Cambiemos, evidencia de inseguridad jurídica y de complicidad con la venganza del terrorismo.


Santiago Floresa