Terrorismo: Araucanos quieren impedir el funcionamiento de Vaca Muerta

Tensión: mapuches denunciaron la llegada de la Gendarmería de Bullrich a Vaca Muerta

La comunidad Campo Maripe de la organización criminal Confederación Mapuche de Neuquén denunció la "irrupción" de Gendarmería. La organización apuntó a la responsabilidad de la ministra de Seguridad.




Este miércoles se registraron momentos de tensión entre comunidades araucanas y Gendarmería. La criminal Confederación Mapuche de Neuquén denunció que "la Gendarmería de Bullrich irrumpió en lof Campo Maripe" y señaló que se trató de un operativo conjunto entre Gendarmería y la Policía de Neuquén, al cual consideró alocadamente que fue un "ensayo para el saqueo de las petroleras de Vaca Muerta".

"La gendarmería no tiene nada que hacer en territorio mapuce. Hoy se ha resistido un nuevo intento de atropello y de generar violencia en territorio codiciado por las petroleras", consideraron estos sediciosos criminales de la Confederación y apuntó contra la jueza federal Pandolfi, por otorgar una medida cautelar a partir de una acción judicial presentada por YPF.

En ese marco, también destacaron que es la primera vez que se los notifica de dicha acción judicial, y, en cambio, manifestaron que la empresa petrolera estaba al tanto de "que ese territorio es de la comunidad y está bajo relevamiento, porque así fue informado en la mesa de diálogo convocada semanas atrás por representantes del gobierno de Neuquén".


Tensión entre el Comando Anti Bloqueos y Campo Maripe

Tras el episodio vivido en el territorio en disputa entre YPF y la criminal comunidad Campo Maripe, la Confederación Araucana de Neuquén hizo hincapié en que el conjunto de las comunidades de la Zonal Xawvnko se encuentran en "estado de alerta y movilización ante el posible ingreso de gendarmería a nuestro territorio", dijo la sediciosa que todavía no ha sido procesada judicialmente.

También señalaron que la escena les recordó a junio de 2017, "cuando por orden de Bullrich la gendarmería intentó avasallar el derecho araucano con represión. En esta ocasión nuevamente es por una denuncia de YPF, con la misma pretensión de ingresar por la fuerza a territorio araucano como si la población araucana no existiera".

En este marco, la organización de comunidades acusaron que "intentan negar a la comunidad que cuenta con personería jurídica y relevamiento en trámite", lo cual para ellos "demuestra una vez más, que el poder judicial solo responde a las petroleras, y no a su deber constitucional de garantizar los derechos y las leyes vigentes"


Los descarados de la Comunidad Araucana afirman que Patricia Bullrich tiene tendencia homicida.

El acuerdo pactado

La Confederación Mapuche declaró que el gobierno provincial es el principal responsable del conflicto, ya que, en vez de asegurar el derecho a la consulta, se presenta como mediador. Según esta organización ilegal, la Confederación, el Estado no debe asumir un rol de mediador, sino garantizar los derechos del Pueblo de origen chileno, incluyendo un supuesto derecho a la consulta, respaldado por la ley provincial y el Convenio 169 de la OIT. Esta declaración se dio en respuesta a la presencia de Gendarmería el miércoles en Campo Maripe. Por suerte, el país negó en la ONU respetar el supuesto derecho de pueblos originarios.

El conflicto se remonta a principios de este año, cuando la impronunciable Zonal Xawvnko, de la Confederación Araucana suspendió las medidas de fuerza en áreas estratégicas de Vaca Muerta tras llegar a un acuerdo con el gobierno provincial.

Una comitiva del Ejecutivo neuquino, liderada por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi, se presentó para firmar un acta con las autoridades de la comunidad, en la cual se comprometieron a finalizar en un plazo de 30 días el relevamiento territorial en el Lof Wirkalew y Campo Maripe, y a registrar las personerías jurídicas de Fata Xayen, Newen Kura, Rañileo Cárdenas y Kelv Kura en 15 días.

El 31 de octubre, la Confederación difundió un comunicado en redes sociales señalando que el plazo acordado con el Ministerio de Gobierno, vencido hacía 45 días, no había sido respetado en cuanto a siete puntos relacionados con derechos pendientes para las comunidades, que incluían el registro de personerías jurídicas y relevamientos territoriales.

En el comunicado, la Confederación advertía que el Lof Newen Kura defendía su territorio ante los intentos de ingreso forzado de PECOM e YPF en Rincón de los Sauces, mientras que el Lof Campo Maripe hacía lo propio frente al intento de YPF, y el Lof Fvta Xayen mantenía una guardia en la planta TGS dentro de su territorio.

Detienen al terrorista araucano Facundo Jones Huala

EA: Acudirá a la CSJ para apelar el robo descarado de sus terrenos

El Ejército acudirá a la Corte Suprema para frenar el traspaso de un predio de Bariloche a una comunidad mapuche

La entidad militar acudirá al máximo tribunal después de que haya sido rechazada una apelación en febrero. Se trata de 180 hectáreas en disputa con la comunidad Millalonco Ranquehue

Por Francisco Poppe || Infobae

Los abogados del Ejército argentino elaboran una nueva presentación para apelar ante la Corte Suprema la sentencia de la jueza federal Silvina Domínguez y evitar el traspaso de 180 hectáreas a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue.

Tras la fallida apelación, que fue rechazada por la Cámara de Apelaciones de General Roca por considerarla “extemporánea”, los representantes legales de la institución castrense elaboran un recurso extraordinario para elevarlo a la Corte Suprema.

El fallo de los jueces Roberto Lozano y Fernando Gallego no alteró los ánimos en las familias que residen en el territorio, ubicado a 12 kilómetros del centro de Bariloche. “Somos respetuosos de los plazos procesales, seguimos atentos a lo que sucede pero estamos en calma” dijeron desde la comunidad.

Los integrantes de la Cámara de Apelaciones evitaron inmiscuirse en la normativa vigente sobre pueblos originarios, derechos adquiridos e incluso tampoco analizaron el planteo oficial sobre el perjuicio que le genera al Ejército la presencia de la comunidad en ese territorio.

Se focalizaron de manera exclusiva en el vencimiento de los plazos procesales, afirmando que la presentación se realizó fuera de término.

Esa presentación fue elevada por el Ministerio de Defensa aunque ahora el Estado cambió de estrategia y será el Ejército Argentino el que se ocupará de la presentación ante la Corte.

“Nuestros abogados están trabajando en la elaboración del recurso extraordinario, estamos dentro de los plazos legales previstos” dijo una fuente de la institución a Infobae.

La jueza federal subrogante de la ciudad rionegrina otorgó un plazo de 60 días para entregar la titularidad de las tierras estatales al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que se ocupará de cederla a las familias que viven en el predio.

La medida generó múltiples cuestionamientos sustentados desde el precedente que desencadenará en otras presentaciones similares de comunidades en conflicto. Sin embargo desde la lof Millalonco Ranquehue fueron cautelosos. “Decir que el Estado debe entregarle las tierras a la comunidad, suena exagerado. Nosotros vivimos en el territorio desde hace cientos de años, no deben entregarnos las tierras porque nosotros ya estamos en ellas” afirmaron.

Dijeron también que “buscamos una reparación, que nuestros derechos sean reconocidos, por haber permanecido en este lugar incluso desde antes del arribo de las tropas del Ejército. Es el fin de un proceso que permitirá regularizar nuestra situación”.

En febrero de este año, cuando el Ministerio de Defensa apeló la sentencia de Domínguez, sabía que incumplía con los plazos previstos para la instancia recursiva, a pesar de lo cual elevó su apelación y la magistrada hizo lugar.

En el documento que rubricó la apoderada del Estado Nacional, Silvia Vázquez, y que fue rechazado, argumentó que la entrega del título al INAI afecta “la Defensa Nacional” y explicó que el predio es utilizado para prácticas de entrenamiento del personal que integra las filas de la Escuela Militar de Montaña.

“En la jurisdicción de la aludida Escuela Militar de Montaña, fundada en el año 1964, se forman y perfeccionan las tropas de Montaña del Ejército Argentino, que tienen asignadas responsabilidades de defensa territorial sobre toda la cordillera de los Andes”, menciona el escrito de Vázquez.

Sin embargo, el abogado patrocinador de la comunidad originaria, Matías Schraer, desacreditó la estrategia de la institución y señaló que “es totalmente mentira”.

La Escuela Militar de Montaña carece de pruebas para demostrar que el predio en litigio es utilizado para los ejercicios militares o para el pastoreo de sus animales. Incluso los vecinos de la comunidad Millalonco Ranquehue aseguran que el artilugio “es falso”.

“La única vez que estuvieron los militares en el predio fue en octubre de 2021 cuando desarmaron un invernadero comunitario que la comunidad había construido junto a los vecinos de Villa los Coihues, aunque debieron replegarse”, indicó uno de los vecinos que mantiene vínculo cercano con la comunidad.

En Bariloche existen otros conflictos similares que enfrentan a la institución castrense con comunidades de pueblos originarios “aunque en ninguno de los casos, las familias afectan el desarrollo de las actividades del Ejército Argentino” indicaron fuentes cercanas a las mismas.

Como ejemplo citaron la disputa que existe en torno a un centro de esquí nórdico, en el cerro Otto, donde los militares realizan prácticas de montaña y entrenamientos, sin que la presencia de las familias mapuches afecte su desarrollo durante el invierno.

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PNA: Justicia sobresee a prefecto en muerte de araucano

Un fallo de la Cámara de Apelaciones benefició al prefecto apuntado por la muerte del mapuche Rafael Nahuel

Los camaristas de General Roca dictaron la falta de mérito de Francisco Pintos, originalmente acusado de ser quien disparó por la espalda al joven mapuche en 2017. Para los jueces, hay una contradicción entre las pericias hechas por Gendarmería y los expertos del Ministerio Público Fiscal

Por Fernando Soriano || Infobae
fsoriano@infobae.com

 
Francisco Pintos y Rafael Nahuel

La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Río Negro, dictó la falta de mérito del prefecto Francisco Pintos en la causa donde se investiga la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, asesinado por la espalda por una bala de la división especial Albatros de Prefectura Nacional, durante un operativo de esta fuerza en tierras tomadas (o recuperadas, desde la óptica de la comunidad originaria) frente al Lago Mascardi, en las afueras de Bariloche, a finales de noviembre de 2017.

El fallo de los camaristas subrogantes Orlando Arcángel Coscia, Marcelo Grosso y Alejandro Cabral significa un beneficio sustancial para Pintos, que durante algunas semanas de 2019 estuvo con prisión preventiva acusado de homicidio agravado, pero no implica su sobreseimiento; es decir, que no está libre de culpa y cargo, aunque quedó más cerca de estarlo.

Para estos magistrados, que reemplazan a los jueces que habían dictado la prisión preventiva de Pintos y luego fueron apartados por la Cámara de Casación Penal de Comodoro Rivadavia, no hay pruebas suficientes para determinar que del arma de Pintos salió la bala que mató a Nahuel. Además, consideraron que hubo un enfrentamiento armado entre los mapuches y los Albatros.

La fuerza de seguridad nacional, según pericias oficiales, disparó al menos 114 veces contra los mapuches. Una de esas balas dio en el cuerpo de Nahuel, que estaba de espaldas y desarmado. El tiro entró por su glúteo izquierdo y la bala se quedó alojada en su tórax.


Rafael Nahuel murió el 25 de noviembre de 2017

“Considero que no se puede hablar de que el personal de Prefectura obró de manera absolutamente irracional, cometiendo delitos comunes con la sola intención de dar muerte a los ocupantes del predio. El personal allí apostado en el lugar, estaba cumpliendo una orden judicial de custodiar un predio que había sido ocupado y desalojado, función propia de la fuerzas del orden, que están para custodiar un Estado de Derecho. Con esto no quiero decir que no pueda haber existido un obrar abusivo o en exceso, sólo quiero remarcar que la existencia del enfrentamiento se encuentra absolutamente acreditada”, remarcó el juez Cabral.

Este magistrado, además, consideró que sobre las dos pericias que se efectuaron para determinar quién mató a Rafael Nahuel (21) existen contradicciones. Por eso, en el fallo, aseguró que la decisión del juez federal de Bariloche Leónidas Moldes, de tomar como cierta la pericia que indica que el disparó lo hizo Pintos, y de la Cámara de Apelaciones anterior, que decidió la prisión preventiva del prefecto, fue una “sentencia arbitraria”.

“Es imposible llegar a un juicio en estas condiciones y existe una duda insalvable que ni siquiera puede dar sustento a un procesamiento”, enfatizó el camarista Cabral para sostener, justamente, la falta de méritos de Pintos. Es decir, el magistrado ni absuelve al prefecto de la sospecha ni lo culpa por la muerte de Nahuel.

“Para poder llegar a dictar un procesamiento y poder llegar a juicio, previamente debe dilucidarse si se tiene o no el arma que dio muerte a Nahuel Salvo, cosa que hasta el día de hoy no se sabe, como así también si efectivamente esa arma era la asignada a Pintos”, agregó.


El territorio donde mataron a Rafael Nahuel, ocupado por sus familiares mapuches (Euge Neme)

Las pericias de la controversia son efectivamente dos. En una se destaca que “el proyectil identificado ‘A’ extraído del cuerpo de quien en vida fuera Rafael Nahuel fue producto del disparo del arma identificada con la letra ‘B’, la misma secuestrada en los presentes autos, subfusil marca HK, modelo MP5, calibre 9X19, nº de serie 05-C335508”. Esta pericia balística fue realizada por los expertos Roberto Nigris y Karina Uribe, del Ministerio Público Fiscal, quienes asignaron ese arma a Pintos.

La otra pericia indicó que “el proyectil, calibre 9 mm, encamisado ojival truncado identificado como ‘A’ recuperado del cuerpo del occiso, no corresponde a los subfusiles marca ‘H&K’, modelo ‘MP5’, calibre 9X19 mm, identificación alfanumérica 05-C335508 (entregado por el cabo primero Francisco Javier Pintos) e identificación alfanumérica 05-C335528. Este análisis fue realizado por los peritos Jorge Norberto Delgado, María Silvina Lastretti y Martín Javier Moreno, todos integrantes de Gendarmería Nacional, fuerza que depende del Ministerio de Seguridad nacional, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich.

La ex ministra y actual presidenta del PRO celebró este viernes, tras conocerse el fallo, en la red social Twitter: “Siempre dijimos la verdad: que había sido un enfrentamiento en el que los miembros de @PrefecturaNaval tuvieron que defenderse. Hoy la Cámara de Roca sobreseyó al único procesado. ¡La verdad y la justicia van de la mano!”. En realidad, no se trata de un sobreseimiento sino de una falta de mérito.


Patricia Bullrich celebró en redes sociales el fallo de la Cámara (Adrián Escandar)

En efecto, el juez Cabral, propuso en el fallo “revocar el procesamiento del Cabo 1° Francisco Javier Pintos, disponiendo su falta de mérito (...) hasta tanto se diluciden las cuestiones planteadas, que a juicio del suscripto son imprescindibles para llegar a un juicio”.

El juez Coscia coincidió en la observación de su colega respecto de la diversidad en las pericias incorporadas a la causa y la dificultad, según su criterio, de poder determinar entonces quién disparó a Rafael. Pero además criticó las actuaciones inmediatamente posteriores a los hechos para asegurar algunas pruebas, y remarcó que le generan “inquietud” la demora para haberse aislado y asegurado la escena del crimen “al momento mismo de su ocurrencia”; la inspección del lugar “recién doce días después de la fatal refriega”; la falta de allanamientos inmediatos para secuestrar posibles armas de fuego utilizadas por los sospechosos y “la inexistente reconstrucción judicial de los hechos para disponer de forma oficial el escenario en que los mismos acontecieron”.

Pintos (31) había sido detenido en junio del año pasado cuando estaba en su casa de la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, acusado de homicidio agravado por orden del juez Moldes, ratificada por la Cámara de Apelaciones de General Roca, que dispuso su prisión preventiva tras cambiar la calificación, que originalmente era “exceso en legítima defensa”. Un mes después, el prefecto recuperó la libertad. Seguramente, su destino lo definirá la Corte Suprema.

Terrorismo araucano en la Patagonia: Rafael Nahuel tenía rastros de pólvora

El audio de WhatsApp que describiría cómo fue la muerte de Rafael Nahuel 

Minutos después del enfrentamiento armado en Villa Mascardi, la Justicia les secuestró los celulares a los Albatros; los registros de audio del jefe de la patrulla narran las circunstancias del intercambio de disparos que tuvo en cuenta la Justicia para acreditar el uso de armas de fuego por parte de de los araucanos


Por Loreley Gaffoglio | Infobae

 
(Euge Neme)

Mientras un tribunal oral deberá ahora juzgar las eventuales responsabilidades penales de los miembros de la Prefectura Naval Argentina que dispararon y mataron al joven araucano Rafael Nahuel, el juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, dio por acreditada la existencia y uso de armas cortas en el predio de Villa Mascardi.

Si bien el magistrado no individualizó al autor del disparo que terminó con la vida de Nahuel, concluyó -a partir del material probatorio reunido durante la instrucción- que el grupo de araucanos primero apedreó a los efectivos y luego les disparó, al menos con dos armas: una calibre 22 y otra de calibre sin determinar.

Varios mensajes de voz intercambiados por los efectivos, entre otro cúmulo de indicios, así lo prueban. Esa evidencia está además respaldada por el hallazgo de pólvora en las manos de tres araucanos, incluidas las del joven Rafael Nahuel.

En su extenso fallo, Moldes hace hincapié en uno de esos registros, perteneciente al jefe de la patrulla: el oficial principal Pablo Rubén Berra, quien permaneció lejos del lugar de los hechos, en la base del predio usurpado por los indígenas de la comunidad Lafken Winkul Mapu.


 
Procedimiento de inspección en el lugar del hecho

A continuación Infobae transcribe el relato pormenorizado, tal como aparece citado en la resolución de Moldes.

Le dice el oficial Berra a otro de los efectivos (no identificados) de la Prefectura Naval en los cuatro audios extraídos de su dispositivo:

Primer audio: "(…) Si salieron o no salieron no sé todavía. Eh… a nosotros nos van a secuestrar los teléfonos, así que… Los teléfonos, armamento, todo. Así que… bueno. Básicamente, ya te habrás enterado. Yo tenía al grupo, a gente de la Unidad desplegada en la cima de la montaña haciendo un rastrillaje, reconocimiento de terreno, avanzada de combate, infantería (inaudible). Y bueno, ellos se desdoblaron en dos grupos: el grupo que llegó más arriba tuvo contacto visual, sin entrar en contacto visual por parte del (inaudible), de una construcción donde había personas, qué se yo, etcétera, etcétera. Cuando informa eso a través del HT (obviamente los HT son una poronga), yo determino digamos que se junten los dos grupos y desciendan de la montaña. Momento en el cual el grupo que había quedado desdoblado en la posición inferior, asciende, para descender ambos grupos juntos".

"Cuando el segundo grupo (el que había quedado en una posición fija, asegurada) está ascendiendo a la montaña se chocan de frente con una unidad de aproximadamente diez o quince efectivos de estos araucanos. Cuando toman contacto agarran y les dicen 'ALTO PREFECTURA', obviamente, como corresponde, y los tipos se desenvuelven, se mueven, ¿no? Forman una cuña, una cuña, y empiezan a tirar… piedras. De esa patrulla, uno tenía una marcadora; empieza a disparar con la marcadora".

"Cuando los indios reciben la agresión de las marcadoras responden con fuego letal, es decir, con armas letales, primero y fundamental con un calibre 22 y algún arma de otro calibre un poco más grande porque reventaba las ramas de los árboles. Obviamente, los soldados instruidos porque (inaudible) gente de la unidad, todos (inaudible) con infantería, empiezan a descender con disciplina de combate y los tipos avanzaban por saltos individuales, saltos individuales. Esto es lo que me estaban diciendo los muchachos. Es decir, yo sé y creo y quiero pensar de que ninguno de estos es un enfermo mental y disparó a matar gente porque sí, ¿eh? Inclusive, no dispararon a matar sino que dispararon a los árboles. Eso es lo que me dijeron a mí. Bueno, empiezan a hacer combate retrógrado, a tomar posición en… detrás, de cubierta, atrás de los árboles, y descienden".


 
Rafael Nahuel tenía rastros de pólvora en sus manos

"Para esto yo escuché unas modulaciones, determiné armar el grupo, un grupo de… los mejorcitos ahí que tenía, los equipé, salimos con armamento y subimos, ¿viste? Y no llegamos a tener otro contacto con la gente ésta. A raíz de eso se dio la muerte de unos de los indios, de los araucanos ¿eh?, con un solo disparo que le entró por la espalda. La cuestión es que no sabemos a ciencia cierta si es munición nuestra o munición del otro, de los otros. Tranquilamente puede ser de los otros. Ahora estamos sujetos a causa, todos, nos van a secuestrar el armamento y todo. Yo ya le informé al señor Mostafa".

Segundo audio. "Te voy a pedir por favor que no lo viralices y que quede entre nosotros. Obviamente ya sé que Neguer [así se entiende] va a andar contando de más, pero bueno, sé que él viene así que lo tenía que mantener al tanto".

Tercer audio. "Sí, hubo una maniobra de parte de la gente de acá, de los araucanos, sobre una patrulla de reconocimiento que tenía en la cima de la montaña, pero está todo bien, personal nuestro ileso. Y bueno, tranquilo nomás".

Cuarto audio. "Bueno (inaudible) ahí voy a entregar mi teléfono en el transcurso de… este rato. Eh… armamentos, teléfonos y bueno, nada más. Poco más y te piden que entregues el culo. Te comento: hicieron maniobras militares boludo, y tenían armas".

Antiterrorismo araucano: Usarán el método maorí

El gobierno busca imponer el "método maorí" para aislar a los mapuches violentos de la RAM

Se desplegó un plan similar al que usó Nueva Zelanda para aislar a los sectores violentos y atender a las comunidades indígenas que llevan sus reclamos en forma pacífica

Por Martín Dinatale ||  Infobae
mdinatale@infobae.com



En septiembre del año pasado, cuando la violencia del grupo de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) escalaba fuerte en la Patagonia, el embajador de Chile en Buenos Aires, Antonio Viera-Gallo dijo que “la Argentina y Chile deberían tomar en cuenta el método maorí que instrumentó Nueva Zelanda para confraternizar entre los pueblos aborígenes con los colonos dejando de lado los grupos rebeldes y dialogando o dando beneficios compartidos con inserción laboral al resto de las comunidades”. El gobierno de Mauricio Macri parece seguir ahora esa receta al pie de la letra: el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) está desplegando toda una estrategia tendiente a atender los reclamos de los pueblos originarios y aislar a los violentos de la RAM.

El plan se lleva adelante en forma silenciosa y continua. Desde la Secretaría de Derechos Humanos que conduce Claudio Avruj el INAI empezó a desplegar en los últimos meses una batería de medidas tendientes a aislar a los integrantes de la RAM, generar un debate interno entre los mapuches y atender los eternos reclamos de los pueblos originarios en todo el país. Es el “método maori” a la criolla y en plena etapa de prueba.
“El objetivo de nuestro gobierno es integrar a las comunidades indígenas al mundo laboral y hacerlos autosustentables, dialogando y atendiendo sus reclamos”, dijo a Infobae la directora del INAI, Jimena Psathakis. La estrategia de inserción de los indígenas que desarrolla este organismo dependiente del Ministerio de Justicia se está trabajando junto con los ministerios de Desarrollo Social, Turismo, Medio Ambiente, Producción y Agroindustria.



En el plano estrictamente penal los delitos de la RAM seguirán monitoreados desde el Ministerio de Seguridad. Pero la intención del gobierno es aislar cada vez más a estos grupos violentos y separarlos de aquellos sectores mayoritarios que quieren llevar adelante sus reclamos pacíficos y lograr una verdadera integración en la sociedad argentina.
A Nueva Zelanda el denominado “método maori” le dio muy buenos resultados en términos de inserción de los pueblos originarios con los colonos ingleses. Desde el INAI no copiarán ese modelo pero hay muchas similitudes . El plan de asilamiento de la RAM y la integración de los pueblos originarios tiene las siguientes aristas que ya se empezaron a trabajar:
Relevamiento de tierras. Si bien el Congreso aprobó el año pasado la prórroga de la ley de suspensión de desalojos de tierras indígenas, desde el INAI avanzaron en un ambicioso plan de relevamiento de tierras indígenas para hacer un registro nacional que contemple a todos los pueblos y sus reclamos territoriales. Se estima que hay unas 1604 comunidades indígenas en toda la Argentina. Entre 2016 y 2017 se culminó el relevamiento de 467 comunidades que reclamaban sus tierras, hay 370 que están en trámite y se está revisando el caso de unas 700 comunidades con posibilidad de presentar reclamos. La intención es tener definido ese listado nacional para regularizar la situación de muchas comunidades que hoy están en conflicto con el Estado como ocurrió el año pasado con el caso de Villa Mascardi donde murió el mapuche Rafael Nahuel tras un enfrentamiento con la Prefectura en un terreno de Parques Nacionales.
(FM del lago - Esquel)

 Asistencia jurídica. Para que cada una de las comunidades indígenas cuenten con personería jurídica y tengan sus documentos en orden el gobierno está desplegando puestos móviles de asistencia jurídica en todo el país. Habrá corredores clave en la ruta 40 o la traza del Plan Belgrano en el norte donde el Estado dispondrá de asesores legales para las comunidades.
Censo social. En los próximos meses se realizará un censo nacional a las comunidades indígenas para tener un registro de necesidades básicas insatisfechas, situación de salud, educación y posesión del DNI. Este censo se realizará desde el INAI en coordinación con Desarrollo Social y el Ministerio del Interior. Apunta a visualizar las necesidades concretas que tiene cada comunidad para atender los faltantes. La intención es que Desarrollo Social o Producción resuelva problemas graves como la falta de agua potable, ausencia de viviendas dignas o problemas de alimentación.
Programas de integración económica. La idea del gobierno es empezar a trabajar fuerte con las comunidades indígenas para que desarrollen programas autosustentables de turismo, agricultura o producción. “El Estado debe dar herramientas y no ser un mero instrumento asistencialista”, destacó en este sentido la directora del INAI. Así, se tratará de trabajar con los ministerios de Turismo, Agricultura, Desarrollo Social y Producción.
Plan de prevención de conflictos. Tras el caso de Maldonado en la comunidad mapuche de Cushamen y la muerte de Nahuel en Bariloche el INAI puso en marcha un esquema de resolución de conflictos antes de tiempo. Es decir, se trata de focalizar los reclamos de comunidades o la ocupación de tierras en conflicto para actuar preventivamente antes de que intervenga un juez o lleguen las fuerzas de seguridad. Se trabaja así en un “mapeo de alerta” de conflictos y el INAI envía a los funcionarios o abogados para intervenir con diálogo en la situación. Hay casos de resolución de conflictos previos que se dieron con la conformación del Comanejo donde intervienen hasta ahora siete comunidades indígenas y las autoridades de Parques Nacionales para evitar problemas de ocupación de tierras. En el caso de Villa Mascardi la comunidad de Lakfen Winkul Mapu y Parques Nacionales no lograron sentarse a negociar.
Desde el INAI creen que todo este plan de acción sólo se podrá llevar adelante con la ayuda de los gobernadores. Es que muchas de las tierras reclamadas son provinciales. De hecho, hace dos semanas los gobernadores de Neuquén, Chubut y Río Negro estuvieron en la Casa Rosada para abordar con Seguridad, el Ministerio de Justicia y de Interior el conflicto de los RAM.
Más allá de reforzar los controles de seguridad, la idea que quedó flotando en ese encuentro fue el abordaje de este grupo violento por medio del aislamiento. “La mayor parte de los grupos mapuches no quiere saber nada de la RAM y buscan un reclamo de sus tierras por la vía pacífica”, ratificó ante Infobae un ministro que estuvo en ese encuentro. Nuevamente, el “método maori” se traslada a la práctica y en hechos concretos significará ir aislando cada vez más a los sectores violentos de la RAM.

El terrorismo del RAM a la vista

RAM y las manifestaciones comunes del terrorismo

No por previsible resulta menos peligrosa la sucesión de atentados ejecutados por la RAM en zonas del sur argentino y territorio chileno

Por George Chaya || Infobae




Ante una amenaza terrorista como la que enfrenta la República Argentina en el sur de su territorio por las operaciones de la autodenominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), se pueden adoptar ciertas acciones con la pretensión de contenerla o neutralizarla. Sin embargo, existen varias formas de afrontar una amenaza a la seguridad. No obstante y por alguna razón, en Occidente la opinión pública parece dispuesta a pensar que esto no es así, y que la combinación de factores como la tolerancia, la inercia vital de nuestras sociedades o la educación pública resolverán el problema sin necesidad de acciones más enérgicas.

A esta posición ante los hechos contribuyen dos reacciones habituales cuando se comete un atentado terrorista. La primera, un intento casi automático por reducir la dimensión del atentado y, la segunda, la habitual pretensión de desligar los atentados de su contexto político, ideológico y religioso evidente (se ha escuchado hasta el hartazgo hablar de personas desequilibradas que no representan el islam en el caso del terrorismo islámico) y el consabido: "No nos harán tener miedo", que se convierte rápidamente en hashtag, entre otras.

Lo cierto es que no por previsible resulta menos peligrosa la sucesión de atentados ejecutados por la RAM en zonas del sur argentino y territorio chileno. Todas las acciones del terrorismo, incluidas las de la RAM, manifiestan elementos en común. En primer lugar, no siempre son acciones de poca entidad. En la mayoría existe una red que ha colaborado activamente en la preparación o la ejecución del atentado. Un segundo aspecto es que se trata de un fenómeno que comienza a ser habitual, no extemporáneo: no se trata de hechos aislados, sino de una tendencia estable de acciones cada vez mejor organizadas dentro de la comunidad. Un tercer elemento es que tienen un sustrato cultural e ideológico similar. Pretender que la acción terrorista no está ligada a una comunidad o a una religión concreta es, cuanto menos, poco realista. Tanto igual a como es necesario evitar culpar de forma general a todos los musulmanes, no se debe culpar a todos los mapuches, pero igual que desde dentro del islam se genera esa violencia, lo mismo sucede con la RAM mapuche. Concretamente, a pesar de las diferencias, todas las formas en que se manifiesta el terrorismo son esencialmente iguales.

Observando el funcionamiento de Al Qaeda o ISIS, las guerras en Oriente medio o la actividad de grupos terroristas convencionales como ETA, IRA, FARC y Sendero Luminoso, entre otros, puede parecer lo contrario. Pero son muy similares. Todos comparten dos motivaciones, la ideología violenta y el poder. Su creencia se basa en la imposibilidad de alcanzar el triunfo si falta una de ellas.

Por último, no todas las ideologías facilitan igual la actividad terrorista. Las formas de pensamiento más susceptibles de radicalización comparten características como la rigidez dogmática y revolucionaria, la deshumanización del individuo o la colectivización material y emocional. De allí que el marxismo y todos sus derivados hayan constituido un sustrato frecuente para la actividad terrorista. Numerosos grupos terroristas clásicos como ETA, GRAPO, Brigadas Rojas, FARC o Sendero Luminoso han tenido un claro sesgo marxista. De igual modo, los grupos terroristas de corte islámico comparten un islamismo radical, dogmático y de contenido revolucionario.

En el caso de la RAM, la motivación y los instrumentos de acción terroristas pretenden alcanzar el punto de tensión sin retorno que modifique el statu quo. En la persecución de ese objetivo es que el grupo terrorista utilizará la violencia con intensidad creciente, incluyendo el asesinato. De allí que el apoyo y las reacciones que más sorprenden a la mayor parte de la población sean la tendencia a infravalorar y repetir el discurso de los terroristas por parte de muchos ciudadanos y medios de prensa.

La técnica terrorista consiste en generar la masa suficiente de población afecta para justificar y sostener su existencia. Desde esta perspectiva se pueden distinguir tres modalidades en la gestación de un grupo terrorista. La afectiva, la impulsiva y la utilitaria.

La modalidad afectiva es aquella en la que la actividad terrorista se asienta en una ideología preexistente. Es muy sencillo identificar este tipo de terrorismo; en él se inscriben los grupos terroristas de naturaleza marxista, islamista y nacionalista. A este esquema han respondido las guerrillas latinoamericanas como actualmente lo hace la RAM, en cuyo corpus doctrinal se encuentran muchos de los elementos tácticos definitorios del terrorismo clásico: movilidad permanente, superación de las fronteras nacionales, foquismo insurreccional y la necesidad de movilizar una masa suficiente de población que acreciente el reclutamiento de activistas en la clase media de extracción urbana.

La modalidad impulsiva, por el contrario, es aquella en la que la actividad terrorista carece de un sustento ideológico previo. Un grupo de esta naturaleza reacciona impulsivamente, motivado por una actividad criminal tradicional cuyo crecimiento o implicaciones políticas van demasiado lejos, por ejemplo, el narcotráfico. Un grupo terrorista de este tipo necesita construir rápidamente su marco ideológico, sin el cual es imposible justificar su existencia. O puede adoptar un modelo ideológico preexistente y hacerlo propio. A este esquema responden algunos de los diversos elementos vinculados con la RAM.

Por último, el modelo utilitario es aquel que relaciona la aparición de un grupo terrorista con una situación dada e independiente del propio grupo. Entre otros, un escenario reivindicativo que permite por sí mismo respaldar su razón de ser, por ejemplo, oponerse con o sin razón al Estado con un plan de recuperación de tierras supuestamente usurpadas por él.

El instrumento terrorista por excelencia es la violencia. Dado que todos los grupos terroristas desarrollan una actividad que crece en intensidad con el tiempo, los asesinatos individuales de policías, militares o políticos, entre otros, dan paso tarde o temprano a asesinatos indiscriminados. El asesinato es para un grupo terrorista casi la única forma de darse a conocer, comunicar sus objetivos, amenazar al Estado y amedrentar a la población afectada; conforma los cuatro objetivos clásicos de un atentado. Estos atentados pueden denominarse de alta intensidad y sirven para reforzar la motivación y la cohesión del grupo. Para modular su técnica, aterrorizando a la población e intentando conseguir su colaboración activa o pasiva y para reforzar su posición de grupo.

La política antiterrorista no consiste sólo en organizar una acción policial eficiente y dependerá de la percepción que el Estado y la clase política tengan del fenómeno terrorista. El Estado, en cualquiera de sus formas y sus niveles, debe evitar la colaboración por defecto o inacción con la actividad terrorista; y la sociedad debe adoptar una postura hostil que evite generar el ambiente propicio para que ese terrorismo sobreviva.

En Argentina, la supervivencia del terrorismo montonero durante años estuvo ligada a un escenario en el que se daban cita varios factores: una acción policial que desconocía en principio cómo tratar con el fenómeno, una colaboración de facto con el terrorismo de instituciones locales, la neutralidad interesada de otras, una acción judicial lastrada por la ausencia de legislación eficaz, y una sociedad que en su ámbito preferente de acción no aisló suficientemente a los componentes del grupo criminal. La actitud de la sociedad afectada es particularmente importante, por eso resulta perjudicial que la prensa y la opinión pública transmitan e informen sin mencionar el carácter nocivo de los grupos terroristas. Los atentados no son inevitables per se. Son inevitables si no se hace nada para evitarlos.

De los tres factores que facilitan la acción terrorista en Argentina, en el caso del terrorismo de la RAM, se dan todos. La acción policial es globalmente eficiente, pero tiene notables problemas en algunos representantes del Poder Judicial (fiscales y jueces dubitativos); la legislación no es suficientemente clara, lo que impide acciones que permitan neutralizar con rapidez grupúsculos radicalizados; las administraciones locales y provinciales no consideran este problema como algo propio; en consecuencia, tampoco colaboran suficientemente ni en la ejecución de medidas de seguridad ni en el control de grupos radicales como la RAM.

En pocas palabras, el terrorismo de la RAM sí se puede neutralizar y el Estado dispone de los mecanismos suficientes dentro del marco jurídico vigente para reducir el nivel de riesgo. Negar estos tres elementos se ha convertido en una norma casi automática y constituye del sustrato sobre el que crecen los experimentos ideológicos más o menos radicales que pretenden ofrecer alternativas políticas populistas al votante. En consecuencia, es allí donde el Estado debe hacer uso de sus facultades contra aquellos que aspiran a ponerlo en peligro.

Gobernador de Río Negro advierte de reclutamiento en el RAM

Weretilneck habló de un reclutamiento de jóvenes por parte del RAM

El Cronista




El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, afirmó que en la zona andina existe un "reclutamiento de jóvenes" para participar en la causa de las comunidades mapuches y que Rafael Nahuel, el joven que murió de un balazo en un operativo del grupo Albatros, había llegado a la ocupación bajo esa motivación.

Soldado voluntaria del EA dentro del RAM: Échen a la malnacida

Quién es la soldado voluntaria que se esconde con los mapuches

Micaela Johana Colhuan está herida y según informó el Ejército se encuentra escondida en la montaña junto a otros 20 personas.



 Micaela Johana Colhuan es soldado voluntaria de la Escuela Militar de Montaña desde abril de 2016 y trabajó hasta el jueves pero no se presentó el viernes 24.Micaela Johana Colhuan es soldado voluntaria de la Escuela Militar de Montaña desde abril de 2016 y trabajó hasta el jueves pero no se presentó el viernes 24. Foto:Twiter 

Una de las dos personas heridas presuntamente con armas de fuego en el operativo de ayer del grupo Albatros en Villa Mascardi, se llama Micaela Johana Colhuan. Es soldado voluntaria de la Escuela Militar de Montaña de Bariloche, según informó el Ejército y se encuentra escondida en la montaña junto a otros 20 personas.
Tras los incidentes del sábado en Villa Mascardi, el Ejército emitió un comunicado de prensa en el que informó que Micaela Johana Colhuan es soldado voluntaria de la Escuela Militar de Montaña desde abril de 2016 y trabajó hasta el jueves pero no se presentó el viernes 24.

El Ejército inició “el trámite administrativo correspondiente ante la falta sin causa de la soldado voluntaria a fin de dejar constancia del hecho y sus causas”. Además el viernes y sábado personal de la Escuela Militar se presentó en el domicilio de la joven.

Según el comunicado, la madre de la joven informó que Colhuan “había tomado una decisión y se encontraba escondida en la montaña”.

Posteriormente la madre de la chica se presentó en la guardia de la Escuela Militar para informar que su hija se encontraba herida. A raíz de esta situación “el director de la escuela se reunió con el juez federal a cargo, Gustavo Villanueva, a fin de transmitirle los hechos y aclarar la situación”.

Otro joven mapuche presentaba una herida de bala, con orificio de entrada y salida en un brazo, pero de carácter leve. Tanto esta joven como Micaelka Johana Colhuan fueron curados por el médico y concejal del FpV Ramón Chiocconi.

A todo esto, 20 personas de la Lof Lafken Winkul Mapuche  permanecen en la zona de Villa Mascardi y  acordaron con el juez federal Gustavo Villanueva  iniciar una instancia de mediación para tratar de resolver el conflicto.

Perfil

Terrorismo: Araucanos atacan el territorio nacional

Dos nuevos ataques de la RAM a yacimientos de Vaca Muerta despertaron una alerta en el Gobierno

Entre el domingo y el martes hubo dos amenazas de bomba en yacimientos de YPF y Pluspetrol. El Ministerio de Seguridad analiza crear un grupo especial de protección en la zona

Por Martín Dinatale - Infobae
mdinatale@infobae.com



Dos nuevas amenazas de bomba reivindicadas por el grupo de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en los últimos tres días en pozos petroleros de la zona de Vaca Muerta desataron una fuerte alarma en la Casa Rosada. Además, el Ministerio de Seguridad empezó a evaluar con seriedad la posibilidad de crear un grupo especial de Gendarmería para resguardar el área donde la Argentina proyecta inversiones millonarias.

Según pudo saber Infobae, este martes a la mañana hubo una  amenaza de bomba en el pozo Efo 128 de YPF ubicado en la zona rural de Allen en una estación de shall gas llamada Fernández Oro. Bomberos y personal policial, tras ser alertados de la amenaza, activaron un operativo y al revisar las instalaciones encontraron una mochila con un reloj y una nota pidiendo la libertad de Jones Huala con la firma del grupo RAM.

Desde la empresa YPF explicaron que se trató de una amenaza de bomba concreta que encontraron en una tubería dos operarios del pozo Efo 128 y de inmediato intervino la policía de Neuquén y un fiscal federal. No hubo detenidos hasta el momento y el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, tomó cartas en el asunto. "Actuaron muy rápidamente desde el gobierno nacional y ahora hay un estado de alerta porque las amenazas se hicieron en un lugar que hay shall gas y si explota el lugar puede ser un desastre", dijo un vocero de YPF a este medio.


Amenazas grupo mapuche RAM Vaca Muerta SF

La amenaza de bomba de ayer se sumó a un hecho similar que ocurrió anteayer en un pozo de Plus Petrol en la zona de Vaca Muerta y donde también hubo una reivindicación del hecho por parte del grupo RAM.

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron a Infobae que los lugares que fueron amenazados se encuentran vallados y protegidos por las fuerzas de seguridad local y nacional. No obstante, un funcionario cercano a la ministra Bullrich admitió que el tema preocupa mucho al presidente Mauricio Macri por el impacto negativo que estos hechos pueden tener para los potenciales inversores. Ante esto, se evaluó en las últimas horas la posibilidad de armar un grupo especial de fuerzas de seguridad nacional en coordinación con la policía de Neuquén para establecer una suerte de "operativo permanente especial y un cercado en toda Vaca Muerta" a fin de evitar futuros ataques de estos grupos marginales de la comunidad mapuche.



Los recientes hechos registrados en los pozos petroleros de YPF y Plus Petrol se suman a las ocupaciones de grupos mapuches en la zona de Vaca Muerta situados en la planta Futa Trayen, Campo Maripe en Bajada de Añelo (un área de YFP y de Shell) y en el área Tortín de Piedra que opera Tecpetrol.

Según comentó a Infobae un empresario de la zona, los ataques del grupo RAM se potenciaron desde que el caso de la desaparición de Santiago Maldonado dejó de aparecer en los medios y desde que el Congreso   prorrogó la Ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas e impide los desalojos de las mismas.

La enorme mentira en contra de la GNA

Gendarmería: las cosas por su nombre

Corresponde que quienes produjeron tanto daño y dolor, de modo tan artero o equivocado, ahora expresen públicamente: "Perdón, Gendarmería"
La Nación



Quedará en los anales de la ignominia y la hipocresía el uso de una muerte accidental para crear y endilgarle al gobierno de Mauricio Macri una desaparición forzada. La construcción del caso involucró necesariamente una cadena de mentiras y falsos testimonios. Se sacó provecho, además, de la sensibilidad de una parte de la sociedad cuando algo se refiere a los llamados "pueblos originarios".

Un reclamo de una fracción mapuche contestataria y claramente infiltrada por corrientes subversivas, identificada como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cortó la ruta 40 en un tramo cercano al territorio que reivindican como propio. La Justicia ordenó proceder a la disolución del piquete y la liberación de la ruta, tarea que le cupo a la Gendarmería Nacional, para concretarla con el menor daño posible a los involucrados. Sin disparos de armas de fuego, sus efectivos recibieron numerosos impactos de piedras y elementos contundentes por parte del grupo activista, respondiendo con idénticos elementos. En cualquier lugar del mundo la acción de las fuerzas del orden frente al corte violento y prepotente de una ruta hubiera parecido de una levedad inapropiada.


Los violentos huyeron y se lanzaron a cruzar el río en busca de un lugar más protegido. Entre ellos estaba Santiago Maldonado, un artesano que por ideología, espíritu de bohemia o aventura los acompañaba. Sin las habilidades físicas de los mapuches, dado que no sabía nadar, y con una gruesa carga de ropa, según surge del resultado de la autopsia, no habría podido llegar por sus propios medios a la orilla opuesta. Su acompañante no pudo ayudarlo y Maldonado murió ahogado o por hipotermia. Todo su grupo lo sabía, pero guardó el secreto y elaboró la versión y el testimonio de su apresamiento por parte de la Gendarmería, cumpliendo con quienes armaron el libreto de la desaparición forzada. Está claro hasta aquí que la utilización política de la situación por parte de una facción ha pretendido alterar hechos que, si bien aún aguardan confirmación, todo parece indicar que habrían tenido un derrotero muy distinto al del "relato" que una vez más una ideología violenta y combativa buscó imponer desde distintos frentes al grito de "Macri, basura, vos sos la dictadura". Horacio Verbitsky lo hizo desde Página 12 y las tropas kirchneristas y las izquierdas combativas impulsaron la falaz versión. Desconociendo el dolor de una familia y de toda una sociedad, con la hipótesis de una desaparición forzada que responsabilizaba a la Gendarmería y al propio Poder Ejecutivo Nacional, se convocó a la protesta y a las marchas, con remeras estampadas con la cara del joven artesano y pancartas con mensajes desestabilizadores que cobraban fuerza en el marco preelectoral. La televisión incluso dio cuenta de situaciones en los colegios en los que las maestras tomaban lista a sus alumnos incluyendo el nombre de Santiago Maldonado y lo mismo sucedía en turnos de hospitales, oficinas públicas, y hasta en salas de cine. La propia Cristina Kirchner llegó a pavonearse portando la imagen de Maldonado en una misa y en actos públicos, olvidando seguramente que atrás quedaron los días en los que la desaparición de Julio López fue también motivo de interpelación para su gobierno. Un grupo de activistas clamaba por la aparición con vida del muchacho, aunque por sus dichos y procederes quedaba suficientemente en evidencia que buscaban confirmar lo contrario para poder sostener así el cargo de "desaparición forzada" que tanto rédito político les hubiera dado.

La Gendarmería pasó a ser sindicada como una siniestra fuerza a las órdenes de un gobierno de inhumanos y perversos personajes. Muchos comentaristas se inclinaron por la versión de la captura ilegal, algunos por ideología, otros por la propensión a las teorías conspirativas. Aun después de la aparición e identificación del cuerpo insistían en que había sido colocado en el lecho del río por la Gendarmería. Todavía hoy, cuando la autopsia y la confesión de un testigo comienzan a arrojar mayor claridad sobre el suceso, muchos persisten en la mentira. Debe lamentarse la actitud del hermano, Sergio Maldonado, quien, más allá de la comprensión que merece por su dolor, reaccionó con destempladas críticas y acusaciones fuera de lugar, que en nada contribuyeron a apaciguar los exaltados ánimos y que poco sumaron a la hora de acercarse a la dolorosa verdad sobre lo acontecido.


Desde los primeros momentos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue fuertemente atacada cuando apoyó incondicionalmente a la Gendarmería a sus órdenes, aun cuando muchos sostienen que habría sido una buena medida desafectar a los gendarmes involucrados hasta tanto se clarificaran los hechos. En algunos colegios, los hijos de gendarmes fueron sometidos a burdos escarnios, hasta el punto de haberse teatralizado escenas de falsos fusilamientos a cargo de oficiales de la fuerza, en el afán de abochornar y denigrar la acción de quienes tienen bajo su responsabilidad la defensa de la ley y el orden en nuestro territorio. Recordemos que en estos dos meses los feroces y provocadores ataques con bombas molotov a destacamentos en el Sur sólo dispararon mesuradas reacciones defensivas propias de una fuerza profesional que respeta las órdenes recibidas sin desbandes ni excesos.

Ante la duda general sobre lo que podría haber conducido a la desaparición de Maldonado, la Gendarmería fue vil y apresuradamente demonizada, algo frecuente cuando amplios sectores de la ciudadanía asocian "la represión" con los violentos años del proceso militar, sin comprender que cualquier extralimitación contraria a las leyes y el orden es dable de ser legalmente controlada, con el aval de la Constitución, para garantizar o recuperar la normalidad y la vigencia de las instituciones.

Nos preguntamos si quienes produjeron tanto daño y dolor, de modo tan artero o equivocado, no deberían expresar públicamente: "Perdón, Gendarmería".

Las palabras deben recuperar su sentido más cabal y dejar de ser instrumento de facciones que buscan tergiversarlas en un peligroso afán por vaciarlas de su auténtico contenido, poniéndolas al servicio de vetustas ideologías. El caso Maldonado nos ofrece una clara oportunidad para que, como sociedad, reflexionemos y repasemos cuál es el rumbo que elegimos. Sólo si cada uno puede reconocer los propios errores, de ayer y de hoy, seremos capaces de construir juntos el futuro que nos convoca. Es tiempo de comenzar a llamar a las cosas por su nombre.

Justificaciones araucanas al terrorismo en La Araucania chilena

¿Terrorismo o conflicto histórico?: las propuestas de los candidatos sobre el tema mapuche

Paula Campos | Radio Universidad

Circunscribiendo el mapa presidencial a siete nombres, las ideas para la región de La Araucanía son variadas. El problema: hasta ahora, el expresidente Piñera, quien lidera las encuestas, no se ha referido directamente sobre el conflicto; en sus 62 propuestas no se hace alusión a los mapuches, pero sí a la necesidad de combatir con más fuerza el terrorismo y violencia.

Sebastián Piñera, Manuel José Ossandón y Felipe Kast; Beatriz Sánchez y Alberto Mayol; Carolina Goic y Alejandro Guillier, son siete de los nombres que intentan ocupar el sillón presidencial. Así, ya confirmadas las primarias y no primarias, los candidatos empiezan a dar a conocer sus primeras propuestas programáticas. Unas más elaboradas que otras.

En ese abanico de ideas y de representaciones políticas y sociales, los candidatos y precandidatos, trabajan para convencer a una población de votantes cada vez menos interesada en la participación política.

¿Qué pasa con La Araucanía?

Según la última encuesta Casen (2015), en la región hay un 23,6 por ciento de pobreza. Cifra que la convierte en una de las preocupaciones nacionales en materia económica. Los números en desempleo no son mejores: los últimos datos sobre cesantía la ubicaron como la región con más desempleados de Chile, con una tasa del 9 por ciento.

El problema no es únicamente contextual. Investigadores expertos en la zona han explicado que estos números son solo el reflejo de una suma de malas decisiones: centralismo excesivo, abandono de la región y, principalmente, un conflicto histórico sin solución.

A diario vemos como los grandes medios de comunicación ocupan sus páginas para relatar hechos de violencia “terrorista”. Incendios, ataques a camiones, saqueos y muerte, son parte del escenario descrito en el que (para ellos) solo hay un responsable: el pueblo mapuche.

Del otro lado, y con muchísima menos visibilidad mediática, decenas de familias y comunidades protestan por la violencia que el Estado ejerce sobre ellos. Por ejemplo, con juicios que presentan fallas graves en su estructuración y ejecución; también por golpizas y maltratos policiales que, en los casos más graves, han terminado con la muerte de mapuches.

Así, mientras organizaciones de colonos y terratenientes de la zona exigen al Estado más “mano dura” con los “terroristas mapuches”; el pueblo mapuche pide el fin de la estigmatización con las que por décadas han sido tratados, además de reconocimiento constitucional como Nación.

Sin embargo, y pese a la profundidad del problema, las autoridades (de las últimas décadas) han preferido el abordaje policial por sobre el político. Decisión cuyas consecuencias están a la vista.

Tampoco los candidatos presidenciales se han hecho cargo de la situación. Ninguno de ellos ha viajado a la región, tampoco han existido reuniones formales con los gremios de agricultores o el pueblo mapuche y, salvo Beatriz Sánchez y Felipe Kast, tampoco conocemos claramente las propuestas presidenciales que tienen en mente.

Así, por ejemplo, el caso de Sebastián Piñera es el más preocupante. El expresidente, y principal carta para retornar al palacio, no ha dicho una sola palabra sobre el conflicto. No obstante, sabemos quién es.

Durante su gobierno se lo acusó de aplicar masiva e indiscriminadamente la Ley Antiterrorista en la zona. Ahora, en su precampaña, recibió un documento de los senadores Alberto Espina y José García de Renovación Nacional, dos de los principales impulsores de “la mano dura” contra los mapuches.

En las 62 propuestas de Gobierno ya publicadas por el empresario, hasta ahora, ninguna contiene la palabra Araucanía o mapuche. Sin embargo, se promete una ley para institucionalizar el sistema de inteligencia para la prevención del delito y una Fuerza Nacional Antiterrorismo y Crimen Organizado, apellidos que su sector ha utilizado para referirse al problema.

El senador Manuel José Ossandón no lo hace mejor. El precandidato independiente por la derecha ha dicho en diversas entrevistas que el problema mapuche es político, sin embargo, no se ha aventurado a proponer claramente un plan de solución. “Hay que poner mano dura, pero con lineamientos claros”, señaló a La Red, conversación en la que se mostró ambivalente frente al conflicto. “Hay que llegar a un acuerdo”, agregó centrando su discurso en el fortalecimiento económico de la región.

Felipe Kast, en tanto, contiene en su Programa de Gobierno dos proyectos para la zona. Así, textualmente, plantea Creación del Consejo de Tierras y modificación de la ley indigena que siga el modelo de Nueva Zelanda y de Australia. Cuya misión sería realizar el catastro de tierras, revisar solicitudes y aplicabilidades entregadas, y fijar los parámetros de sustentabilidad de las demandas vigentes.

También promete la creación de un Fondo de reparación para víctimas de la violencia, “a cargo de una Comisión de reparación, que permita identificar e indemnizar a quienes han sido víctimas de actos de violencia asociados al“conflicto” en La Araucanía”.

En la Nueva Mayoría el escenario no es más alentador. El candidato PR-PS-PC, Alejandro Guillier, reconoció a Diario y Radio Universidad de Chile que cree en el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche. Sin embargo, su opinión deberá conciliarse con el pensamiento de un bloque no alineado tampoco en la materia. Más allá de esa declaración, el Senador no ha profundizado en un proyecto para la solución del conflicto.

Carolina Goic, por su parte, no ha dicho una palabra del tema.

Lamentablemente para la senadora DC, en su partido se conjugan las más fuertes fracciones sobre la política a aplicar en la zona. Hay quienes piden fortalecimiento a la Ley Antiterrorista, mientras otros proponen el reconocimiento en la Constitución, como lo ha trabajado el ex intendente Francisco Huenchumilla.

En el Frente Amplio, Beatriz Sánchez se inclina por el Estado Plurinacional y la autodeterminación de los pueblos indígenas como dos de sus promesas de campaña, mientras que Alberto Mayol se ha mostrado cercano a las demandas del pueblo mapuche sin, hasta ahora, proponer un proyecto claro para la zona en conflicto.

Pero más allá de las líneas expuestas, nada se dice sobre otros temas en los que el pueblo mapuche, y la región siguen segregadas. Por ejemplo, sobre educación y gratuidad para los indígenas en general, (idea propuesta por Alberto Pizarro, el director nacional de Conadi) hay completo silencio. Tampoco se ha revisado una Ley de Cuotas que asegure una representación indígena proporcional a su porcentaje poblacional en Chile (el 10%).

Ni siquiera en los asuntos económicos hay claridad o preocupación. Nada se ha dicho en concreto sobre el desempleo estructural en la zona, ni cómo superarlo.

Es así como los nuevos aspirantes al sillón presidencial enfrentan un dilema al cuál deben responder: ¿Cómo abordarán el conflicto mapuche?, hasta esta hora conocemos muchos titulares, pero poca claridad. Los competidores no se han involucrado de lleno en el tema. ¿Decisión política o falta de interés? A seis meses de las presidenciales, la pregunta queda abierta.

De este modo, la situación de La Araucanía en particular, e indígena en general, quedará (nuevamente) a merced de la contingencia. Así, y en el escenario que la propuesta de Piñera llegue a La Moneda, seguiremos leyendo sobre la violencia de los comuneros en el sector, sobre el refuerzo policial en la zona, y sobre mapuches baleados en confusos incidentes con fuerzas de Carabineros, pero de solución histórica: NADA.

Método maorí para combatir al puto RAM

El "método maorí" que recomienda Chile para enfrentar a los grupos mapuches violentos

El embajador chileno Viera-Gallo dijo que se debe seguir el ejemplo de Nueva Zelanda, donde los sectores indígenas son incorporados a la economía

Por Martín Dinatale | Infobae
mdinatale@infobae.com



Dialogar, unificar los beneficios de los indígenas y de los colonos, atender reclamos y desarticular a los grupos violentos. Todas estas acciones instrumentadas en paralelo y desde el Estado. No es la solución perfecta o infalible. Pero forma parte del denominado "método maorí" que Chile tomó de Nueva Zelanda para frenar los ataques de algunos grupos mapuches violentos y que hoy recomienda a la Argentina ante el avance del movimiento de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

"En Nueva Zelanda me dijeron que el problema con la resistencia de algunos grupos indígenas no hay que solucionarlo sino encauzarlo", dijo el embajador de Chile en la Argentina Antonio Viera-Gallo. No lo dice por casualidad. Conoce perfectamente de lo que habla. El embajador chileno fue coordinador de asuntos indígenas durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y tuvo que lidiar con duros conflictos con grupos mapuches violentos que incluyeron muertes, incendios, saqueos y ataques.

Estos hechos siguen sacudiendo la Patagonia chilena y son sectores más radicalizados y grandes en población en comparación con el conflicto de los RAM, que sacude hoy a la Argentina.



En diálogo con Infobae, el embajador Viera-Gallo destacó que "si se pretende desarticular a los grupos extremistas sin dar respuestas a los reclamos del pueblo mapuche el Estado no logra nada. Pensar que solo se da reivindicación al pueblo mapuche mirando para otro lado con lo que está ocurriendo con los grupos extremistas es una ingenuidad". Chile aún no logró salir de esta situación de crisis. De hecho, Viera-Gallo admitió que "aún no se logró con éxito" erradicar la violencia de algunos grupos mapuches violentos como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que tiene lazos con la RAM en la Argentina.

Sin embargo, el ex funcionario en temas indígenas de Bachelet y actual embajador en la Argentina recomienda atender el caso del método maorí de Nueva Zelanda para atender el conflicto indígena. "El caso chileno tiene una solución similar como fue el conflicto histórico de Nueva Zelanda con los maoríes. Allí la idea fue asociarse en los negocios entre los colonos y los indígenas. Esto puede funcionar bien".

¿Cómo se ejecuta este tipo de políticas activas? Al parecer, hay dos pasos obligados para seguir este modelo, según explicó el embajador Viera-Gallo: "La política del Estado chileno ha sido comprar las tierras a los colonos que querían venderlas y las hemos entregado a los mapuches. Hemos entregado así 200.000 hectáreas. Pero aún falta mucho. Hemos ido lentamente cuando teníamos que ir más rápido". En segundo lugar se trata de recurrir al beneficio mutuo. "En Nueva Zelanda me dijeron que el problema no hay que solucionarlo sino encauzarlo". La manera que encontró Chile de copiar el método maorí ha sido la de tratar de involucrar a los mapuches en la economía. "En el negocio de la madera y la pesca, por ejemplo, en Chile esas actividades deberían ir incorporando mano de obra indígena para unificar beneficios. Si la comunidad ve que hay una empresa forestal que le saca los árboles y perjudica su hábitat no sirve de nada. Los mapuches verán que esa empresa les saca los beneficios y se produce un choque social. Por eso es importante involucrar a esos sectores en la economía", dice Viera-Gallo a modo de recomendación aunque aclaró que no quiere dar consejos a la Argentina ni involucrarse en temas de política interna.

La reivindicación del pueblo mapuche en Chile es más compleja que en la Argentina: hay más de 2000 comunidades. Durante el gobierno de Patricio Alwyn se emitió una ley indígena. "El problema es que esa ley no fue plenamente aplicada en aspectos esenciales, entonces los temas se fueron agravando y acumulando", recordó Viera-Gallo. Además, las comunidades mapuches no están organizadas en forma vertical y por ello es difícil negociar con un interlocutor.

El embajador de Chile destacó que la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) es el grupo más violento de los pueblos mapuches. Se trata de un total de 100 comunidades indígenas violentas contra las 2000 que conviven a lo largo de todo Chile. Por eso el embajador Viera-Gallo aclaró: "No todos piensan igual. Muchos no están de acuerdo en la implementación de la violencia y las acciones de estos grupos". Por eso, el embajador chileno insiste con la receta neozelandesa aggiornada a Chile que se sintetiza en la idea de "acelerar políticas en beneficio del pueblo mapuche para quitarle pretexto a aquellos grupos violentos".

El Estado chileno hizo lo que pudo hasta ahora. Pero el embajador Viera-Gallo admitió que aún "no logró éxito del todo. Se logró desarticular la CAM pero hay otros grupos nuevos violentos y no resulta nada fácil enfrentarlos". Por eso, del otro lado de la Cordillera se apuesta al diálogo, el beneficio mutuo y las acciones conjuntas entre Estado y pueblos indígenas más allá de las olas de actos violentos que siguen sacudiendo la Patagonia.

Cushamen, el enclave secesionista de Jones Huala en Chubut

Cushamen: el plan de Jones Huala para crear un enclave mapuche en Chubut

El líder de RAM quiere que sus pares de la zona vivan en un mismo lugar; la comunidad ocupa hoy 1875 hectáreas
Loreley Gaffoglio | LA NACION



El predio de Benetton que está ocupado por la comunidad

ESQUEL.- El 13 de enero de 2015, con Facundo Jones Huala a la cabeza, un grupo de mapuches autodenominado Movimiento de la Comunidad del Puelmapu ocupó una porción de la estancia Leleque, del grupo Benetton, y la denominó Pu Lof de Resistencia del departamento de Cushamen, en Chubut. Se trató de un cuadro -un terreno de 625 hectáreas- de esa estancia.A partir de esa ocupación se sucedieron otras dos más en zonas contiguas.

En total, la comunidad ocupa 1875 hectáreas. Esos "dominios" recuperados, invocando una presencia ancestral en el territorio, cuenta hoy con una guardia permanente las 24 horas, ubicada en la entrada, cerca de una de las tranqueras. Está en el kilómetro 1848 de la ruta 40. El terreno es una estepa, con hondonadas y cerros a lo lejos, y el manso río Chubut, que serpentea dentro del enclave.

Allí hay otras edificaciones precarias que están ocupadas por mapuches, como un espacio comunitario donde se celebran los traum, que son las reuniones donde los miembros toman, por consenso, las decisiones.Si bien la comunidad intentó plantar árboles frutales y mantener una huerta para autoabastecerse, no prosperaron.



Desde la ruta 40 se pueden divisar al menos cinco puestos de madera y la guardia central, donde los miembros se turnan para vigilar las 24 horas.Al cruzar el río Chubut, a dos horas a caballo, se encuentra la antigua comunidad de Cushamen, cuyos miembros se oponen a la metodología empleada por el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), fundado por Facundo Jones Huala.

En palabras de ese líder, la intención del Pu Lof de Resistencia es anexar el territorio para conformar, en el corazón productivo de la estancia, un enclave mapuche autónomo, a pesar de las diferencias entre las comunidades.

La de Cushamen, a 70 kilómetros de Leleque, es uno de los primeros asentamientos de pueblos originarios en la región, con tierras otorgadas durante la presidencia de Julio Argentino Roca al lonko (cacique) de la época.

La geografía es hostil: el clima es extremo, los árboles están dispersos, y sólo hay algunos arroyos. Sin embargo, el terreno es apto para la agricultura y estratégico para acceder al agua.

Más allá de las construcciones rudimentarias, la idea es edificar puestos para que sean habitados por las familias de la comarca andina.

Hoy, esos tres terrenos representan un páramo, con alguna presencia de mapuches, pero es imposible determinar cuántos miembros alberga.

Para la concreción de este territorio mapuche, Jones Huala plantea una estrategia progresiva. Según explicó a LA NACION semanas atrás, durante una entrevista, el primer paso es la "recuperación de tierras productivas y sagradas en manos de latifundistas para desarrollar autonomía mediante el trabajo propio". Luego, dijo, aspiran al control territorial con la expulsión de "los latifundios y las transnacionales".

"Planteamos un proceso de construcción de autonomía, sin pedirle permiso al Estado. Cuando vinieron los de Agricultura familiar, tres años atrás, a ofrecernos chapas para la construcción en Leleque, la gente hizo un traum y decidió que no. Dijimos que no íbamos a aceptar nada del Estado a excepción de la devolución de las tierras", había afirmado Jones Huala.

Informe de Loreley Gaffoglio

Terrorismo araucano en Chile

Conflicto mapuche: la disputa interminable que inquieta a Chile

Los ataques violentos, que llevan dos décadas, recrudecieron en las últimas semanas en el sur del país
Federico Grünewald | LA NACION


SANTIAGO, CHILE.- La última vez que se vio tan militarizado como ahora el sur de Chile fue hace cuatro años, después de que el empresario Werner Luchsinger y su esposa, Vivianne Mackay, fueron quemados vivos en su casa en Vilcún. El juicio por aquel crimen empezó hace dos semanas, con 11 imputados que pertenecen a la etnia mapuche.


Los ataques mapuches recrudecieron esta semana, en San José de la Mariquina. Foto: Reuters

Una semana después, el lunes pasado, en San José de la Mariquina, la organización de resistencia territorial Weichan Auka Mapu incendió 29 camiones de una empresa forestal. La tensión en la Araucanía volvió a crecer y el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet no se quedó de brazos cruzados: envió a su encargado de seguridad, el subsecretario Mahmud Aleuy, y activó los protocolos de la ley antiterrorista.

Al igual que en el epílogo de su primer mandato, en 2009, la presidenta enfrenta el recrudecimiento del ciclo de violencia del interminable conflicto mapuche, que inquieta a Chile y que en las últimas semanas se hizo más visible en la Argentina con la detención de Facundo Jones Huala y la desaparición del artesano Santiago Maldonado.

Para entender cómo el reclamo de un pueblo originario llegó a convertirse en enfrentamientos que conllevan violencia y muerte, el historiador Fernando Pairicán recomienda regresar a 1997, cuando las organizaciones mapuches en Chile decidieron cambiar las tomas de fundos y la burocracia judicial por la acción incendiaria, y de esa manera recuperar tierras ancestrales y reconstruir lo que llaman Wallmapu (país mapuche), que incluye territorio argentino (Puelmapu).

"Después de 1997, el movimiento terminó por apurar la restitución de tierras [190.000 hectáreas, según la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena]. Antes no había derechos para los pueblos originarios y no se discutían cuotas parlamentarias indígenas. Ni siquiera existía la creación de literatura indígena. De alguna manera la violencia política revirtió además el racismo que primó en el siglo XX: hoy la gente mapuche se siente orgullosa de serlo. La violencia es un diálogo asimétrico, jamás habrá consenso, pero apura los procesos", explica.

Pairicán compara la búsqueda mapuche con los procesos separatistas de catalanes, vascos y escoceses, y los aleja de bosnios o kosovares.

Los afectados por la quema de camiones y de maquinaria el lunes pasado esta vez exigen acciones fuertes desde el gobierno chileno, y amenazan con paralizar al país si no les garantizan seguridad. Según su estadística, que lleva en detalle la multigremial de la Araucanía (agrupa a gremios de ocho sectores productivos) en su barómetro de conflictos de connotación indígena, 297 camiones fueron incendiados en ataques en los últimos diez años (89 en 2017).

El presidente de la multigremial, Luciano Rivas, calificó las quemas en el Sur como "delitos de carácter terrorista, con alta violencia".

"Hay poco control. El año pasado hubo 19 iglesias quemadas en el Sur. La violencia aumenta, y con 89 camiones quemados no tenemos ningún detenido. Eso habla de la poca eficiencia de la policía y de la justicia. Es bastante triste", señaló Rivas. "Emplazamos nuevamente al gobierno a utilizar todas las herramientas que tenga a mano para terminar con el flagelo del terrorismo en el sur de Chile", reclamó.

Los mapuches ("gente de la tierra", en su lengua nativa) habitan desde hace cientos de años en Chile y parte de la Argentina. Dieron pelea a los conquistadores españoles hasta que en el siglo XIX, entre 1861 y 1883, fueron sometidos por el ejército chileno en la llamada pacificación de la Araucanía. Con 1.100.000 personas (de los 17,3 millones de habitantes de Chile), en su mayoría habitan en pequeñas comunidades en las regiones de la Araucanía y Los Ríos, a 680 kilómetros al sur de Santiago.

En cuanto a las tierras, menos del 15% del suelo de la región de la Araucanía está en manos de comunidades mapuches, y otro 20% pertenece a empresas forestales. Unas 100.000 personas, en su mayoría mapuches, carecen de agua para uso básico en diferentes zonas rurales debido al impacto de los monocultivos de las plantaciones forestales y al cambio climático, según denunció la Red de Defensa de los territorios.

La discusión sobre si los incendios y ataques deben ser calificados como violencia rural o terrorismo también se activa cuando hierve la violencia. Algo de nunca acabar, casi tanto como el conflicto mapuche. Esta vez, el Estado optó por referirse a los ataques como atentados, al igual que los empresarios madereros. Sin embargo, el historiador Pairicán no cree que exista terrorismo. "Si lo quieren hacer pasar como hechos delictivos, puede ser. Terrorismo tiene que ver con la vulneración de los derechos humanos, y quemar un camión o una máquina es un daño a la propiedad privada. Además, dentro de la agenda mapuche tampoco está matar agricultores", dice .

Mauricio Heise dirige el Observatorio sobre Terrorismo en Chile y explica que sí existe el terrorismo en el sur del país. "Es ejecutado por sectores minoritarios del pueblo mapuche, que no lo representan en términos globales. Es un movimiento nacionalista de liberación nacional y sus objetivos son la autonomía política y el territorio propio, lo que se denomina el Wallmapu, tanto en Chile como en la Argentina", señala. Y agrega que funciona con "una red de células que fueron creadas desde la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), con entre cinco y diez personas cada una, y llamadas órganos de resistencia territorial".

Heise detectó que Weichan Auka Mapu "está surgiendo con fuerza", que en general el movimiento mapuche se ha vuelto difuso, sin jerarquías definidas, y que existiría una suerte de "ética terrorista de no dañar a las personas".

Pobreza

La zona del conflicto es la más pobre de Chile. El 23,6% vive en esa condición, más del doble del promedio del país, pero una cosa es leer esa cifra y otra es conversar con Juan Carlos Reinao, alcalde de Renaico y presidente de la Asociación de Alcaldes Mapuches, que describió cómo viven las comunidades.


"Vivimos en casas hechas por nuestras propias manos, de latas de zinc y que por dentro están forradas con madera. Algunas tienen agua y otras no; las condiciones son muy precarias. Muchas familias emigran a trabajar a Santiago y envían remesas para que la gente viva mes a mes. Las comunidades viven en territorios muy reducidos, a veces cuatro familias en media hectárea, sin animales ni huerta", cuenta. "El analfabetismo es alto, no hay conectividad, salud ni educación y de cada diez personas, tres son indigentes. La vida es dura. Si no les diera ayuda a mi mamá y a mis hermanos, no tendrían qué comer. Tengo cinco hermanos y lograron tener lo básico con lo que les di."

Carlos Bresciani, sacerdote jesuita en Tirúa, en el corazón de la Araucanía, opina que Chile es "un país racista que niega la diversidad y plurinacionalidad al interior del Estado".

"A los mapuches en su momento se los trató de incivilizados y ahora se los trata de terroristas, violentos y ladrones", agregó. Sobre el conflicto actual, dijo que "las relaciones entre Estado y pueblos originarios, en particular con el mapuche, están en un momento crítico".

El Papa incluyó a Temuco entre las tres ciudades que visitará en Chile en enero próximo. Aunque se temen protestas y habrá seguridad reforzada, a Héctor Llaitul, líder de la CAM, le parece que se puede buscar una interlocución con Francisco, "sobre todo porque es muy consciente y muy comprometido con las luchas de tipo anticapitalista".

Los mapuches llevan 100 años en busca de la autodeterminación. Viktor Naqill Gómez, coordinador del primer partido político mapuche, Wallmapuwen, cree que mientras el Estado no reconozca la naturaleza política de esta situación y se disponga a dialogar sobre un nuevo estatuto político para el Wallmapu, el conflicto continuará. "Una solución global no se observa ni siquiera a mediano plazo", advirtió.