INTELIGENCIA, JUECES Y OPERACIONES SUCIAS
La guerra de espías que se esconde detrás de la designación de Milani
Detrás de la designación del polémico César Milani al frente del Ejército por parte de Cristina Kirchner hay toda una disputa sorda que involucra a los servicios de Inteligencia, puntuales jueces federales y funcionarios acusados por hechos de corrupción.
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| Impresentable Milani |
Tiene que ver con todo un sistema detrás de la designación de algunos magistrados federales, donde se digita a los futuros ocupantes de los más importantes juzgados, a piacere de ciertos grupos de poder. De más está decir que, ese mismo "grupo", tendrá luego potestad absoluta sobre los jueces puestos a dedo.
El sistema es bastante simple y se sustenta en tres patas: la primera tiene que ver con el titular de un estudio jurídico ubicado en Av. Córdoba 323 de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del ex número 2 de la Secretaría de Inteligencia —ex SIDE—, en épocas de la presidencia de Fernando de la Rúa, Darío Richarte, quien suele jactarse de la designación de algunos de los jueces que en los últimos años han fallado a favor de los intereses de los inquilinos de la Casa de Gobierno.
La segunda pata del sistema la aporta un importante funcionario de la Auditoría General de la Nación (AGN), Javier Fernández, un interesante personaje que suele "visitar" juzgados con causas sensibles al gobierno de turno a efectos de presionar sutilmente a los magistrados a cargo de esas dependencias. Si algo puede decirse en favor de Fernández es que su trabajo es muy eficaz: casi siempre termina "convenciendo" a sus eventuales interlocutores.
La tercera pata es mediática y la aportan algunos empresarios de medios. Uno de ellos es Sergio Szpolski, compulsivo comprador de medios de prensa y contratante de agentes de inteligencia para ocupar puestos gerenciales en sus empresas.
Pocos saben que todo lo que ha ocurrido en torno a la desinvestigación de la denominada "ruta de la efedrina" es parte de la trama revelada. Un botón de muestra:
Richarte fue quien hizo nombrar al entonces juez de Campana, Federico Faggionato Márquez; Hadad fue quien periodísticamente siguió más de cerca la causa judicial de la efedrina —de la mano del periodista Paulo Kablan, único que pudo ver el expediente de marras—; y Fernández ha sido quien digitó los pasos del magistrado a pedido del kirchnerismo, especialmente cuando se armó la operación política contra Francisco De Narváez.
Así funciona, más o menos, este aceitado sistema que subyace hasta la fecha con la complicidad y el silencio de importantes funcionarios oficiales.
Detrás de las paredes
En el marco descripto, Cristina comenzó a desconfiar hace algunos meses de ciertos jueces federales por sus fallos en contra de los intereses gubernamentales. La cuenta que hace la mandataria es simple: si los servicios de inteligencia manejan a los magistrados y estos a su vez se muestran “independientes”, significa que existe una instrucción precisa por parte del espionaje de avanzar contra funcionarios del kirchnerismo.
Por eso, la jefa de Estado se decidió a organizar su propia estructura de inteligencia paralela, de la mano de Milani y un curioso grupo de espías del ejército.
No obstante, la apreciación de Cristina es equivocada: los fallos judiciales que la acongojan, más que con las órdenes de los capitostes de la Secretaría de Inteligencia tienen que ver con el malestar que se apoderó de los jueces luego de que se intentara avanzar contra ellos a través de una serie de leyes que finalmente no maduraron en el Congreso Nacional.
¿Para qué sirvió tanto alineamiento con el oficialismo si al final nos meten a todos en la misma bolsa y nos quieren adoctrinar?, se preguntaron los jueces.
Como se dijo, ello explica la actitud que muestran en estos días.
La estructura de Milani
El mayor problema que se avecina en torno a la guerra de espías argentinos, no solo tiene que ver con la designación de Milani, sino también con la gente que lo acompañará en su cruzada.
No se trata de ninguna empresa nueva, sino de una estructura clandestina armada oportunamente y “gerenciada” por un grupo de polémicos generales y coroneles.
Entre ellos se encuentra José Eduardo Demaría, jefe de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, cuyo ascenso a general habría sido administrativamente irregular. Su función supo ser la de espiar a la Armada y la Fuerza Aérea, siempre desde el Estado Mayor Conjunto.
A este se agrega el general Pedro Ramón Paoli, director de adiestramiento y alistamiento del Ejército, quien aporta inteligencia a sectores políticos. También aparece la sombra caso del Director de Material, Luis María Carena, ex director de Remonta y Veterinaria, y pariente indirecto del poderoso Carlos Zannini.
Finalmente, aparece el comandante de la segunda división, Claudio Montero, ex Director de Ingenieros, operador de la venta de inmuebles del Ejército junto a Jorge Oscar Filippi.
Todos los mencionados están severamente cuestionados dentro de la fuerza —por desmanejos financieros y espionaje clandestino— y, como se dijo, serán quienes acompañen a Milani en su cruzada “cristinista”.
Los “controladores” de jueces
Javier Fernández llegó a la AGN en 2001 gracias al cuestionado ex ministro menemista Rodolfo Barra, quien presidió ese mismo organismo entre 1999 y 2001. Si bien su nombre es desconocido para la sociedad —ese es uno de sus mayores méritos—, no lo es tanto para los jueces más importantes del fuero Federal.
"Tiene tal poder que en su momento el Senado le brindó un apoyo poco común para renovar su mandato en la Auditoría", admitió un importante funcionario judicial que camina los pasillos de Comodoro Py 2002, sede de la justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires. El dato no es menor, ya que Fernández fue propuesto por el oficialismo y obtuvo el voto favorable de los 57 senadores, incluido el socialista Rubén Giustiniani.
Su nombre y poder no son recientes, ya en el año 1997 un estudio llamado Marval, O´Farrell & Mairal, uno de los más importantes del país, denunció que dos "influyentes judiciales" le pidieron a la empresa Central Puerto un millonario soborno a cambio de que la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictase una sentencia favorable a sus intereses. El entonces juez Gabriel Cavallo procesó por este hecho al hermano de Javier Fernández, Claudio ídem, secretario letrado de ese tribunal de apelaciones.
Hoy en día, Fernández es célebre por "frenar" importantes investigaciones que tramitan en la AGN y que salpican a funcionarios del kirchnerismo. Sólo necesita usar su increíble poder de "disuasión".
Su gran "socio" es Darío Richarte, funesto número dos de la ex SIDE en épocas de la Alianza y titular del estudio jurídico que defiende a muchos de los funcionarios kirchneristas complicados en graves hechos de corrupción. Como botón de muestra, puede mencionarse que tres de sus clientes son el ex director del Occovi, Claudio Uberti; el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; y Jorge Matas, el funcionario de la Cancillería desplazado por el caso de los autos con franquicias diplomáticas.
Finalmente, esa dable mencionar que el socio de Richarte, encargado de estampar la firma y llevar y traer los escritos de las causas que desvelan al oficialismo, es Diego Pirota, "un joven abogado de escasa trayectoria profesional", según publicó oportunamente diario Perfil.
Concluyendo
La trama que se ha revelado en la presente nota parece salida de la ficción, pero es de una realidad que abruma. Quienes la conocen en detalle aseguran dos cosas inquietantes:
1-La muerte del agente de la ex SIDE conocido con “El Lauchón” es parte de la interna que ya se vive dentro del mundo del espionaje vernáculo.
2-Los agentes de la Secretaría de Inteligencia no se quedarán quietos frente al desaire de Cristina.
Debe tenerse en cuenta que no se trata de un grupo social cualquiera, sino de personas que guardan secretos de Estado lesivos para el gobierno. Hay videos, escuchas telefónicas, carpetas y otros documentos que podrían traer dolores de cabeza a más de uno.
Está claro que habrá más novedades para este boletín.
Christian Sanz
Tribuna de Periodistas
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