Preocupa a los militares una inminente rebaja de salarios
Por Mariano De Vedia | LA NACION
Con temor e incertidumbre esperan los militares y los agentes de seguridad inminentes cambios en el cobro de sus haberes. Y no, precisamente, porque se vengan aumentos. Muchos podrían ver reducidos sus ingresos en un 50% como consecuencia del reciente fallo de la Corte Suprema, que ordenó modificar el cálculo de las últimas actualizaciones salariales.
La reducción alcanzará a miles de oficiales retirados y en actividad que obtuvieron sentencias y medidas cautelares favorables en la Justicia por el carácter no remunerativo ni bonificable de los aumentos otorgados desde 2005, que no computan para el cálculo de haberes de los retirados, ni para el aguinaldo ni la obra social.
Esos pronunciamientos judiciales, avalados por la propia Corte en marzo de 2011, con el fallo Salas, habían otorgado aumentos superiores al 140%, al confirmar el carácter remunerativo de los últimos aumentos. Pero ello quedará ahora sin efecto, al aplicarse el nuevo criterio del tribunal, fijado a comienzos de este mes en el caso Zanotti, y según el cual los aumentos deben aplicarse sobre el sueldo básico y no sobre la remuneración bruta.
Hoy el 70% de los haberes del personal militar se compone de pagos en negro (suplementos no remunerativos ni bonificables, destinados a vivienda, vestimenta y estudio, entre otros rubros). La sucesión de aumentos en esta condición y los posteriores reclamos judiciales suscitaron enormes distorsiones en las remuneraciones del personal castrense y de seguridad.
Un coronel en actividad, por ejemplo, recibe un sueldo de $ 16.262, de los cuales el 71% ($ 11.534) corresponde a suplementos en negro. Los que lograron medidas cautelares llevaron sus haberes a $ 31.509 ($ 23.989 en blanco y $ 7520 por suplementos). Pero ahora, tras el fallo Zanotti, cobrará la misma suma inicial -$ 16.262-, aunque con una composición distinta: el 70% será remunerativo y en blanco.
Así lo revela un informe elaborado por la Unión del Personal Militar Asociación Civil (Upmac), constituida en 2003 como ONG, y que en febrero presentó al Ministerio de Defensa una propuesta para blanquear los salarios, que también contaría con el visto bueno del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
"Todo ocurre porque no existe una política salarial. El fallo Salas había dado un principio de solución al confirmar el carácter remuneratorio de los suplementos, pero se ordenaron liquidaciones con criterios distintos y eso resultó excesivamente oneroso para el Estado", explicó el coronel retirado Francisco Ricardo Verna, presidente de la Upmac.
La dispersión de remuneraciones es amplia entre los 73.000 militares en actividad y los 55.000 oficiales y suboficiales retirados, la mayoría de los cuales presentó acciones en la Justicia, según fuentes castrenses.
Como informó LA NACION el 9 de mayo último, Verna confirmó: "Quienes cobraron retroactivos o perciben haberes superiores a las establecidas por la Corte en el caso Zanotti seguramente tendrán que devolver importes o pasar a recibir una remuneración menor".
LA PROPUESTA ALTERNATIVA
El ingeniero Carlos Manuel de la Serna, teniente coronel retirado y director general de Administración de Upmac, advirtió que los planteos judiciales no cesarán con el reciente pronunciamiento del alto tribunal. "Mientras no se reglamente la adecuación de los haberes al nuevo fallo de la Corte sólo accederán al blanqueo quienes hayan ido a la Justicia", dijo, al reclamar una solución definitiva a las distorsiones salariales.
En función de ello, la entidad hizo llegar a Puricelli una propuesta que elimina los pagos en negro, equipara el sueldo de la categoría más baja -voluntario de segunda- con el salario mínimo, vital y móvil (hoy en $ 2300), e inyecta una considerable masa de recursos al Instituto de Ayuda Financiera (IAF) del Ministerio de Defensa, al incrementarse los aportes por el aumento del salario en blanco.
"La propuesta es viable y termina con la cadena de juicios", pronosticó el coronel Verna.
MALESTAR ENTRE LOS RETIRADOS
El malestar generado por el último fallo de la Corte, que fijó un nuevo criterio para computar los aumentos salariales otorgados desde 2005, se percibe especialmente entre el personal retirado. Abogados que asesoran a los oficiales que llevaron sus casos a la Justicia advirtieron que el Gobierno se resistió a abonar las liquidaciones que surgían de los fallos anteriores y elaboró "directivas con criterios que luego fueron recepcionados por la Corte". Mientras fuentes del Ejército estimaban que los nuevos haberes se definirán una vez que se estudie "caso por caso", el Ministerio de Defensa no respondió las reiteradas consultas de La Nacion.
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