Joaquín Morales Solá - La Nación
César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani se llevó lo más preciado que tenía como general del Ejército: los cacharros que compró para escuchar conversaciones ajenas. Siempre se dijo que Cristina Kirchner le había autorizado la compra de un sistema sofisticado de escuchas telefónicas y que éste deambulaba por Buenos Aires montado en camionetas Toyota. ¿Verdad? ¿Leyenda urbana? El nuevo gobierno estableció que esas compras existieron y que Milani se llevó el sistema cuando se fue de la jefatura del Ejército. Esos bártulos cambian ahora permanentemente de camionetas, huyendo de la pesquisa que está haciendo la nueva administración para encontrar el sistema que se adquirió con recursos del Estado.
El caso Milani expone otro costado del Estado cristinista. Sólo existe un servicio de inteligencia experto en hurgar en las debilidades humanas (o en los gustos) de los enemigos del oficialismo de entonces. El resultado es que no hay inteligencia seria en un país asediado por el narcotráfico y víctima del terrorismo internacional. El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dio una información devastadora: la Argentina es ahora el principal puerto de embarque de drogas a Europa, aseguró.
La falta de información del Estado pudo comprobarse durante la fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci. Mientras la AFI (ex SIDE) entregaba la información de que se encontraban escondidos en una madriguera de la localidad de San Carlos, en Santa Fe, el servicio de inteligencia de la Gendarmería (otrora respetado por su eficacia) señalaba que ya los tenía ubicados en Misiones. Una autoridad del gobierno debió laudar entre dos informaciones tan contradictorias: "Hagan operativos en los dos lugares", zanjó. Estaban en Santa Fe, aunque la Gendarmería llegó tarde y mal.
Milani tiene ahora una oficina en Puerto Madero. Se asoció con su viejo amigo Fernando Pocino, un ex jerarca de la SIDE, y con un tercer socio. Los tres ofrecen servicios de inteligencia a privados (y, quizá, también a políticos). Las misteriosas camionetas de Milani forman parte de la oferta de esa empresa. El activismo del general tiene relación directa con lo que sucedió en el Ejército: 23 generales fueron pasados a retiro. ¿Fue una operación de "desmilanización" de la fuerza?
La respuesta no puede ser categórica. El nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, Bari del Valle Sosa, tiene antecedentes como general perseguido por Milani; de hecho, estuvo a punto de perder su carrera. Del jefe del Ejército, Luis Suñer, no se puede decir lo mismo: fue jefe de compras de la fuerza en tiempos de Milani; ese cargo recae siempre en personas de extrema confianza del jefe. "No podemos afirmar que Suñer haya sido antimilanista, pero tampoco lo contrario", dijo una fuente cercana al Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa, el radical Julio Martínez, es oriundo de La Rioja y fue un consecuente querellante de Milani en la causa por la desaparición del soldado Alberto Ledo, también riojano. El lento ritmo de la investigación de esa desaparición, que involucra directamente a Milani, podría cambiar su cadencia en las próximas semanas.
Espoleada por el repentino odio hacia Horacio Antonio Stiuso ("Jaime", según el nombre de guerra), el ex jerarca de la ex SIDE que fue protegido y ascendido por los Kirchner durante 11 años, Cristina Kirchner dividió el sistema oficial de escuchas telefónicas. Las que tienen origen legal (es decir, las que ordenan los jueces) se las transfirió a la jefa de los fiscales, la kirchnerista Alejandra Gils Carbó. Las escuchas ilegales (las que el gobierno hacía para enterarse de la vida pública y privada de sus opositores) las puso en manos de Milani, que pasó a controlar un enorme aparato de inteligencia interna. La ex presidenta violó así dos leyes, la de Seguridad Interior y la de Defensa, que prohíben a las Fuerzas Armadas hacer inteligencia interna. Milani fue astuto: no usó para esas tareas a militares en actividad, sino a viejos amigos del espionaje, algunos civiles, otros militares retirados.
El gobierno de Macri le sacó las escuchas telefónicas a Gils Carbó y se las pasó a la Corte Suprema de Justicia, que es donde siempre debieron estar. Ahora, el Gobierno y la Corte deberían acordar un método rápido, permanente y eficaz para que los servicios de inteligencia puedan tener acceso a las conversaciones telefónicas cuando lo requieran la seguridad nacional o el combate contra el crimen. Un primer requisito: esa oficina debería funcionar todos los días del año. Ya hay un mal antecedente. Las telefónicas no tienen obligación de mantener funcionando permanentemente la oficina que suministra la información sobre el uso de los teléfonos. La investigación sobre los prófugos de General Alvear debió paralizarse durante un día porque era domingo y las telefónicas no tenían personal trabajando para asistir al juez y a las fuerzas de seguridad.
En la propia Corte Suprema no descartan que jerarcas desplazados de los servicios de inteligencia (¿Milani?, ¿Pocino?) estén trabajando para enfrentar al Gobierno con el máximo tribunal. El hackeo al teléfono del jefe de Gabinete, Marcos Peña, para difundir un grafiti contra el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, es una prueba de que hay un sector de la política interesado en esa discordia. La relación de Lorenzetti con el Gobierno es clave ahora. Muchas de las decisiones recientes de Macri se judicializaron y hay solo tres jueces en el tribunal; las resoluciones de la Corte deberán ser firmadas por los tres magistrados o no habrá resoluciones.
En ese fárrago entre la realidad y la fábula, la prioridad del Gobierno es preservar la vida de los prófugos de General Alvear. Los Lanatta y Schillaci le hicieron llegar al Gobierno la información de que se fugaron porque recibieron el mensaje de que los matarían. El mensajero habría formado parte de la conspiración. Y también la fuga supuestamente inducida. Según ellos, cuando descubrieron que el plan era matarlos fuera del presidio iniciaron una fuga desordenada, perseguidos por las fuerzas de seguridad y por los propios criminales. Fueron hasta la casa del rico pizzero Marcelo Melnyk, que los ayudó con un poco de plata y les pidió que volvieran al día siguiente. Melnyk estaba celebrando los 15 años de una hija. Los prófugos de entonces y el prófugo actual Ibar Pérez Corradi apuntan como autor intelectual de todo a una sola persona: Aníbal Fernández. La situación del ex jefe de Gabinete es extremadamente complicada.
Si todo fuera así, ¿por qué, entonces, la policía bonaerense no pudo encontrar a los Lanatta y Schillaci cuando andaban mendigando ayuda entre amigos y familiares? ¿Por qué la Gendarmería los buscaba en Misiones cuando estaban en Santa Fe? ¿Por qué la policía de Santa Fe le disparó a la Gendarmería en medio de la pesquisa, balacera que terminó con heridos? No hay ángeles en el enorme submundo del narcotráfico, instalado entre las brumas de las complicidades.
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