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viernes, 27 de diciembre de 2019

Sabina Frederic, la sikaria de CFK: Vuelven con el peritaje del asesinato de Nisman también

Ministra de Seguridad revisará peritaje de Gendarmería que determinó que el fiscal Nisman fue asesinado

iProfesional


Sabina Frederic afirmó que la pericia "se revisará en colaboración con la Justicia". También impulsará cambios en los mandos de las fuerzas de seguridad



La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció este jueves que próximamente habrá cambios de mando en todas las fuerzas de seguridad y adelantó que será revisado el peritaje que realizó la Gendarmería en el marco del caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

"Va a haber cambios de mando en las fuerzas. Todos los jefes nos han presentado sus pedidos de retiro y les dijimos que vamos a conservar esa solicitud hasta tanto el presidente (Alberto Fernández) tenga definido el recambio", dijo la ministra este jueves.

Frederic explicó que están "evaluando propuestas y haciendo el análisis de quiénes son los que deberían reemplazar a los jefes actuales".

Por otro lado, ante una consulta, reveló que la cartera a su cargo "revisará en colaboración con la Justicia" el peritaje que realizó Gendarmería en el caso Nisman, que determinó que al fiscal lo mataron dos personas, quienes primero lo golpearon y luego le dieron ketamina para controlarlo.

"Lo vamos a revisar en colaboración con la Justicia. Se montó un escenario, se replicó la escena del baño del departamento de Nisman, y eso está dentro del edificio Centinela. Vamos a intervenir, pero no en este momento, vamos a dejar pasar un tiempito; primero tenemos que hacer modificaciones en la jefatura" de la fuerza, dijo Frederic.

En tanto, la ministra anunció que "para principios de febrero" estará listo el proyecto que crea "un consejo de seguridad o agencia", que tendrá el "propósito de convertir la política de seguridad en una de Estado, y que no esté no tironeada en forma banal".

"La orden del Presidente es tenerlo lo antes posible. Está muy en ciernes, pero no podemos adelantar nada. Estimamos que para principios de febrero tendremos cierta claridad sobre qué tipo de entidad es la que responde y satisface el requerimiento del Presidente", aseveró.

Por último, Frederic defendió la decisión de derogar los protocolos para el uso de armas de fuego y de las Taser, así como de revocar el Servicio Cívico Voluntario y el programa Ofensores en Trenes, todas medidas que habían sido impulsadas por la ex ministra del área, Patricia Bullrich.

"El protocolo que había incorporado la denominada doctrina Chocobar fue una falsa medida de protección a las fuerzas de seguridad, demagógica y sin consecuencias reales, los fragilizaba aun más", consideró la funcionaria.

En ese sentido, dijo que "hemos encontrado numerosos efectivos totalmente en contra de este protocolo; ellos se forman con otros principios, los del Código Penal".

miércoles, 6 de noviembre de 2019

Capitán Toulemonde indemizado por la justicia por las acciones criminales de Garré y CFK

“Me siento reivindicado”: habló el capitán de la Armada echado por Cristina Kirchner que será indemnizado por la Justicia 

El 22 de diciembre de 2007 Mónica Liberatori había gritado “¡Larrabure!” durante un acto encabezado por la presidenta en el Colegio Militar. Infobae dialogó con ella y con su esposo, el oficial naval Marcelo Toulemonde, que por ese hecho fue pasado a retiro obligatorio. Ahora, una jueza federal ordenó resarcirlo por “daño moral”

Infobae


 
Mónica Liberatori y Marcelo Toulemonde. “Siempre pensé que se iba a resolver, nunca perdí las esperanzas. Simplemente por el hecho de que era algo tan obvio que de alguna manera tenía que salir”, consideró él

“Vale la pena luchar para que las cosas vuelvan a su lugar”, dijo a Infobae, del otro lado del teléfono, la ingeniera Mónica Liberatori. El 22 de diciembre de 2007 su grito había interrumpido la solemnidad del acto en el Patio de Honor del Colegio Militar de la Nación. Mientras la flamante presidenta electa Cristina Fernández de Kirchner decía, en su discurso, que los militares habían tomado las armas contra el pueblo, ella no pudo contener la indignación. “¡Larrabure!”, gritó, en referencia al caso emblemático del mayor Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el ERP; es el ejemplo al que el cuerpo militar acude para reclamar por las víctimas de la guerrilla en tiempos de dictadura.

“No estoy arrepentida porque no hice nada malo. Yo solo dije un nombre, no hice ninguna manifestación ni ninguna expresión”, ssotuvo Liberatori, en su casa de Mar del Plata, a doce años de aquel episodio que sepultó la proyección militar de su marido, el capitán de fragata Marcelo Toulemonde. El acto en el que egresaba como guardiamarina su hijo mayor, Agustín, derivó en una persecución política y un hostigamiento que lo obligó a emprender su retiro en 2012.

 
“Como vi que esta situación era totalmente injusta e inaceptable, como estaba siendo perseguido, me predispuse a lucharla y a reclamar por algo que consideraba legítimo”, dijo el oficial naval

El 29 de octubre de 2019 la jueza federal subrogante del juzgado en lo Contencioso Administrativo 11, Cecilia Gilardi De Negre, ordenó a la Armada y al Estado nacional que se le reconociera el “daño moral” y que se lo indemnizara con una suma de 200 mil pesos, monto que el marino calificó como “simbólico”. En la sentencia, a su vez, desestimó la demanda de ser reincorporado al servicio activo y evaluado ante la Junta de Calificaciones de la Armada. Sin embargo, el fallo se dictó luego de que el 23 de agosto Toulemonde hubiera sido reincorporado en concepto de disponibilidad, en una gestión paralela al reclamo judicial. El jefe de la Armada Argentina, el almirante José Luis Villán, fue compañero de promoción del oficial naval.

“Por fin se hizo justicia -reflexionó en diálogo con Infobae-. En cierta forma lo que más valoro es el hecho de que estuve bregando por mis derechos desde adentro. Quizá otra persona se hubiese ido al primer hostigamiento, hubiese pensando ‘pido retiro y me voy’. Yo veía algo que era tan injusto que me dediqué a seguir peleando. Aún sabiendo que lo más difícil era luchar sin sacar los pies del plato”.

 
Nilda Garré, la hija de puta ex ministra de Defensa durante la presidencia de la cleptómana Cristina Fernández de Kirchner

El sentimiento de Marcelo Toulemonde es de sosiego. Había sido sancionado, luego de que su pareja invocara el apellido Larrabure en respuesta al discurso de la presidenta electa, por “no controlar debidamente a su señora esposa respecto de las normas de comportamiento a seguir”. Al año siguiente, fue relevado de la jefatura de Arsenal Naval de Mar del Plata y se le inició sumario administrativo por cinco sanciones graves que luego no prosperaron. Al habérsele abierto un sumario, no calificaba para el ascenso. Interpretó la arbitrariedad con la que se lo había imputado como señal de hostigamiento. Un cuadro de angustia y ansiedad ameritó un período de licencia médica que fue guiándolo hacia el retiro obligatorio en 2012.

Toulemonde fue reincorporado por oportunidad, mérito y conveniencia, y no por ilegitimidad, como los casos de un cuerpo de oficiales que habían sido pasados a retiro por “portación de apellido”, durante la gestión de la ministra de Defensa Nilda Garré en 2010. Eran 25 integrantes de las tres fuerzas a quienes se les había negado el ascenso por ser familiares directos de represores y autoridades que habían ejercidos cargos durante la última dictadura militar. En noviembre de 2018, el actual ministro Oscar Aguad dictó la resolución 1414 que revocaba la norma. En el nuevo fallo, disponía el pase a retiro de los oficiales por el tiempo transcurrido y ordenaba “un nuevo cómputo de servicios al referido personal, reconociéndoseles el tiempo pasado en retiro como en actividad”.

 
Argentino del Valle Larrabure, el militar secuestrado por el ERP en noviembre de 1974 y muerto después de estar un año de cautiverio en Rosario en una "cárcel del pueblo"

El beneficio no involucró a Toulemonde porque ya había un reclamo judicial en curso. El oficial naval hoy espera que el ministerio contemple el mismo reconocimiento retroactivo que hicieron con los “portadores de apellido”: su lucro cesante, como si hubiese trabajado en la Armada desde el 31 de diciembre de 2008 hasta la fecha. La solicitud debe pasar por la comisión de acuerdos del Senado, que manejará Federico Pinedo hasta el 10 de diciembre. Luego de esa fecha, tal vez su suerte sea otra.

“Tengo la paz de sentirme reinvindicado por haber logrado algo por lo que bregué durante mucho tiempo. La sentencia es un reconocimiento moral también. Me importaba más que nada que se hiciera justicia para dejar una enseñanza a los más jóvenes, porque cuando hay una injusticia hay que luchar hasta que las cosas se pongan en su lugar”, describió el capitán Marcelo Toulemonde, doce años después de que se lo acusara de “no controlar debidamente a su esposa”.

Mónica Liberatori había invocado el nombre del ingeniero químico secuestrado el 11 de agosto de agosto de 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) durante el copamiento de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, de la que era subdirector. Murió un año después por asfixia luego de un cautiverio en condiciones inhumanas en una “cárcel del pueblo” en Rosario.

viernes, 5 de octubre de 2018

Cédula de Hezbollah habría asesinado a Nisman, según diputada uruguaya

Una diputada de Uruguay aseguró que "una célula de Hezbollah asesinó al fiscal Alberto Nisman" 

"Tenemos direcciones y es información clasificada que nos dio la embajada de Estados Unidos", aseguró la legisladora Graciela Bianchi


Por Patricio Tesei | Infobae
ptesei@infobae.com

 
El fiscal Alberto Nisman (NA)

La diputada uruguaya Graciela Bianchi aseguró este miércoles que "hay datos concretos, nombres de dirigentes de Hezbollah que certifican que a (el fiscal Alberto) Nisman lo asesinaron". La legisladora advirtió que una célula terrorista opera en Uruguay, luego de funcionar en Argentina durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

"Tenemos las direcciones y es información clasificada que nos dio la embajada de Estados Unidos, es un dato de la realidad que estamos procesando con Graciela Ocaña", señaló Bianchi ante la consulta de Infobae. Según una investigación paralela que encabezan ambas legisladoras, dirigentes de la organización terrorista asentados en Argentina operaban en la Triple Frontera pero a finales de 2015 se trasladaron a Uruguay.

Sobre la actividad de Hezbollah, el ex titular de la Coordinación Nacional para el Combate de Lavado de Activos y Terrorismo, Juan Félix Marteau, detalló en una entrevista con este medio cómo operaba el Clan Barakat en la Triple Frontera.

"Un grupo de más de catorce personas con apellidos de origen libanés, vinculadas al Clan Barakat, que es un grupo conocido como financistas y recaudadores de fondos para Hezbollah, operaban en un casino de Iguazú y obtenían premios millonarios: más de diez millones de dólares. Y esos diez millones de dólares eran transportados en más de cientos de cruces a Ciudad del Este, pasando por la frontera, sin declarar", planteó.


 
La diputada uruguaya Graciela Bianchi

Más allá de esta operatoria del grupo terrorista, Bianchi afirmó que "hay datos concretos de que el asesinato de Nisman se organizó en Uruguay", aunque criticó que en su país "no hay costumbre de investigar", y vinculó al gobernante Frente Amplio con los gobiernos de Irán y Venezuela.

Con relación a la causa de la muerte del fiscal que denunció a la entonces presidente Cristina Kirchner, en enero de 2015, por el presunto encubrimiento de ex funcionarios iraníes vinculados al atentado a la AMIA, el fiscal Eduardo Taiano analiza un entrecruzamiento telefónico y un peritaje informático.

Para Taiano (el fiscal a cargo de la causa), para el juez Julián Ercolini y para la Cámara Federal, a Nisman lo mataron en enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero por la denuncia de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Se trató de un homicidio en el que para la Justicia el perito informático Diego Lagomarsino facilitó el arma y en el que custodios del fiscal encubrieron el crimen.

El entrecruzamiento es sobre las llamadas de unos 370 teléfonos de personal de inteligencia, funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner y de fuerzas de seguridad como Policía Federal, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Entre ellos, los del Antonio Stiusso y Fernando Pocino, ex hombres fuertes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), del ex jefe del Ejército César Milani, del ex subjefe de la AFI Martín Mena y de la propia ex presidente Cristina Kirchner, entre otros.

miércoles, 26 de septiembre de 2018

El pacto nuclear que asesinó a Nisman

El triángulo nuclear entre Teherán, Caracas y Buenos Aires: los antecedentes de un pacto letal





Tres terribles corruptos: Hugo Chávez junto a Cristina y Néstor Kirchner

Por Ignacio Montes de Oca | Infobae



 

La muerte del fiscal especial para el Caso Amia, Alberto Nisman, fue uno de los hechos más dramáticos de la historia reciente de Argentina. Su cuerpo fue hallado el 18 de enero de 2015, justo el día anterior a su declaración ante el Congreso argentino. Se esperaba que Nisman revelara los indicios de un pacto entre el gobierno argentino y sus pares iraníes para deslindar a los persas de toda responsabilidad por el atentado que mató a 85 personas en marzo de 1994. Esa denuncia, tenía un componente nuclear hasta hoy no revelado.

Teherán nuclear

El programa nuclear de Irán fue iniciado involuntariamente por otro gobierno peronista, pero en 1973. Fue en esos días que un grupo de siete científicos nucleares fueron despedidos por el presidente Héctor Cámpora a causa de sus ideas políticas. El régimen del Sha Reza Pehlevi decidió contratarlos, al tiempo que creaba la Agencia Atómica Iraní.

El plan de investigaciones nucleares persa continuó cuando triunfó la revolución de los Ayatolas en 1979. En 1985 el gobierno iraní firmó un convenio con Argentina para intercambiar tecnologías y conocimientos en ese campo. Esa colaboración incluyó la provisión de más de cien kilos de uranio enriquecido al 20% desde la Argentina. Ese material servía para hacer funcionar un reactor de investigación, pero era inservible para fabricar artefactos nucleares.

La colaboración argentino – iraní continuó hasta 1994, momento en que las investigaciones por el atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires condujeron a la pista de un grupo de diplomáticos iraníes como instigadores del ataque. Ambos gobiernos, decidieron cortar el hilo atómico que los unía.

Los iraníes continuaron sus investigaciones nucleares sin asistencia argentina, favorecidos por la culminación de un contrato que habían firmado en los meses finales de 1988 que les permitió recibir de Buenos Aires la tecnología para seguir de manera independiente el proceso de purificación de uranio.

El esfuerzo iraní para avanzar en la depuración de uranio es una de las actividades que más atrajo las sospechas de Occidente respecto al carácter pacífico del plan atómico iraní, ya que si bien esa senda puede conducir a la producción de combustible para centrales nucleoeléctricas, es la misma ruta que con un pequeño desvío lleva a la construcción de armas nucleares. De hecho, la purificación de uranio es una de las tecnologías en las que más ha avanzado el plan atómico iraní, según lo explicó en su momento Darío Jinchuk, quien fuera Jefe de RRII de la Comisión Nacional de Energía Atómicaargentina y quien actualmente se desempeña como consultor de la OIEA.

Jinchuk explica que Irán no necesita uranio enriquecido de Argentina y a lo sumo, lo que precisa es asistencia en el manejo de "agua pesada", tecnología que permitiría que el material ya usado en su central atómica iraní de Arak sea convertido en plutonio, materia prima para la elaboración de armas nucleares. Argentina ha avanzado tanto en ese campo, que su central de agua pesada en la localidad de Arroyitos es una de las más eficientes del mundo.

Una alianza radioactiva

La búsqueda de uranio para abastecer a su plan nuclear, llevó a Irán a ampliar su alianza estratégica con el régimen chavista venezolano. La existencia de reservas de uranio en el Macizo Guayanés y probablemente en los estados de Navay y Tachira, hizo suponer que Caracas estaba interesada en suministrar mineral de uranio a su aliado en Medio Oriente.

Esta suposición se hizo más fuerte con la instalación de empresas iraníes en Venezuela cuyo propósito fue origen de sospechas. Es el caso de la cementara Cerro Azul, instalada con fondos persas y cuya actividad fue protegida como si se tratase de instalaciones militares. En una investigación del diario ABC de España, se reveló que las autoridades de Caracas impusieron una restricción a los vuelos aéreos sobre la cementera operada por la estatal iraní Edhasse Sanat.

La cementera Cerro Azul exigió una inversión de 750 millones de dólares y nunca logró cumplir con ninguna de las metas de producción anunciadas. Sin embargo, su localización sobre el Orinoco resultaba ideal para recibir cargas de minas de oro localizadas río arriba, en la misma zona donde un grupo de geólogos persas y venezolanos afirmaron haber hallado también vetas de uranio. La presencia de militares iraníes operando en la zona fue confirmada por el brigadier general Antonio Rivero, ex encargado militar de la región que escapó en 2015 a EEUU luego de negarse a jurar fidelidad al régimen chavista.

Hasta hoy, se supone que las minas de oro explotadas por la estatal iraní Impasco están inactivas. No obstante, lo que sucede en esa región fue colocado bajo el mismo secreto con el que se opera en las instalaciones industriales de capitales persas. Impasco, por otro lado, es proveedora del plan nuclear iraní en territorio de su país.

La región alta del Río Orinoco había recibido años antes la visita de geólogos iraníes que elaboraron un estudio de los reservorios de uranio bajo contrato del Instituto de Industrias y Minas venezolano. Ese estudio fue presentado en 2007 por Hugo Chávez ante la OIEA dentro de un documento que anunciaba la construcción las dos primeras plantas nucleares de ese país. La empresa rusa Rosatom iba a ser la encargada de construir las centrales de 1.200 Mw conjuntas, era la misma que había ganado el contrato para la mayor central nuclear iraní en la localidad de Busher. Y el plan se consolidó en 2010 con la firma de acuerdos bilaterales con Moscú que intercambiaron petróleo venezolano por tecnología nuclear rusa.

 
Terrible hijo de puta de Hugo Chávez



Otra de las empresas bajo sospecha es la joint venture "Venirán Tractor CA" integrada por la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la Iran Tractor Manufacturing (ITMCO). Veniran (acrónimo de Venezuela e Irán) fue creada para construir una gran fábrica de tractores, pero nunca cumplió las expectativas de producir 3 mil unidades anuales. La presencia constante de la Guardia Bolivariana custodiando los alrededores de la planta de Veniran tampoco permitió saber que hacían los operarios iraníes importados para manejarla. Esa misma empresa perdió en 2009 una carga de 22 containers que se dirigían desde Teherán a su planta en la zona industrial de Ciudad Bolivar. La policía del puerto turco de Mersin en donde hizo escala la carga, inspeccionó los containers y en lugar de encontrar repuestos para motores, decomisó un gran contrabando de materiales bélicos.

Las sospechas


En 2008, el gobierno de Israel acusó abiertamente a Venezuela de estar proveyendo de mineral de uranio a Irán. La denuncia fue hecha por el ex embajador israelí en EEUU desde 2002 a 2006, Danny Ayalon. Aquella acusación, se producía al mismo tiempo que la prensa internacional sumaba elementos para suponer que Irán y Venezuela estaban involucrados en una operación secreta para exportar uranio para abastecer al plan nuclear persa.


La cadena Associated Press hizo público en mayo de 2009 un informe secreto del gobierno israelí preparado en ocasión de la visita a la región del viceministro de Relaciones Exteriores de ese país, Avigdor Lieberman. En el reporte, sus agentes habían llamado la atención sobre el incremento de la actividad diplomática iraní en Venezuela y Bolivia con el fin de proveerse de uranio para su plan nuclear. El alerta israelí tenía mucho que ver con el peligro que percibían en el avance del plan nuclear iraní y las recientes expresiones de su presidente Ahmadineyad que prometían "borrar a Israel del mapa".

Tanto Teherán como Caracas y La Paz desmintieron estar comerciando uranio y Ahmadineyad volvió a asegurar que su programa nuclear tenía propósitos pacíficos. Para ese momento, Irán ya había comenzado a sentir la presión internacional a causa de su plan atómico. En efecto, el 23 de diciembre de 2006 el Consejo de Seguridad de la ONU había aprobado la Resolución 1737 que le imponía sanciones económicas por las sospechas sobre el propósito de sus actividades nucleares. Meses antes, el presidente Ahmadinayed había anunciado el reinicio de las actividades en las instalaciones de Natanz y la puesta en marcha de nuevas plantas de centrifugado de uranio.

 
Asesino de su propio pueblo Mahmud Ahmadinejad

El 22 de enero siguiente, el gobierno iraní prohibió el ingreso de inspectores de la OIEA a sus instalaciones de investigación y la ONU redoblo su apuesta al aumentar las sanciones por medio de la Resolución 1747. El 8 de abril del año siguiente, Irán anunció la puesta en marcha de 8.000 centrifugadoras de uranio adicionales en Nanatz.

El tira y afloja entre Irán y la comunidad internacional siguió por años; mientras aumentaban las sanciones, Teherán anunciaba nuevos avances en su programa atómico. El 5 de diciembre de 2010, informó que, pese a las restricciones, había logrado la autosuficiencia en la producción de polvo de uranio para sus plantas nucleares. Esto ocurría dos meses después que la OIEA informara que Irán poseía material suficiente para producir dos o tres armas nucleares.

Al año siguiente, Teherán volvió a desafiar las sanciones al anunciar, con unos meses de diferencia, que triplicaría su producción de uranio enriquecido y la puesta en marcha de la planta de Busher, terminada por una empresa rusa y con tecnología que, según afirmaron algunas fuentes, resultaba sugerentemente similar a la que había sido usada para construir las centrales nucleares argentinas de la serie Atucha.

Quedaba claro entonces que, en pocos años y pese a las sanciones en su contra, el régimen iraní había logrado desarrollar un exitoso programa nuclear autónomo. Recién cuando el reformista iraní Hasan Rohani ganó las elecciones en Irán en junio de 2013, la tensión comenzó a ceder. El 19 de septiembre siguiente, Rohani aclaró que su país "no desarrollará armas nucleares bajo ninguna circunstancia". Sin embargo, para los expertos de la OIEA aquella expresión llegaba tarde, dado que Irán había logrado avanzar lo suficiente como para convertirse en potencia nuclear. De todos modos, la salida de Ahmadinayed trajo consigo el fin de las sanciones gracias al acuerdo firmado por las partes el 14 de julio de 2015.

No habían importado las restricciones que le había impuesto ni el embargo que le impedía negociar acuerdos de cooperación con países poseedores de tecnología atómica. De algún modo, los persas se las habían ingeniado para cumplir con sus metas nucleares.
En 2013, también se cerraron las operaciones de la fábrica de tractores Venirat SA en Venezuela. Se culpó a la falta de financiamiento. Que esto sucediera finalizado el plan nuclear iraní es, por supuesto, una casualidad.

La denuncia de Eliaschev

El 26 de marzo de 2011, el periodista argentino Alberto "Pepe" Eliaschev publicó un artículo en el diario Perfil en el que denunciaba la existencia de un pacto secreto entre el gobierno iraní y las máximas autoridades de la administración de la presidente argentina Cristina Kirchner.

Eliaschev reveló que el canciller argentino Héctor Timerman mantuvo una serie de reuniones con su par iraní, Alí Akbar Salehi, en la ciudad siria de Alepo en los días 23 y 24 de enero de 2011. El ministro de Relaciones Exteriores sirio, Walid Al-Mohalem, había participado también del cónclave secreto. Recordemos que para la justicia argentina, el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994 había sido obra de iraníes, pero que además existía una presunción de la participación de agentes sirios en el ataque.

En esa reunión se había pactado que el gobierno argentino propiciaría la absolución de Irán como instigador del atentado de 1994. En principio, el acuerdo buscaría aumentar el comercio bilateral a cambio de lo cual se aseguraba la impunidad por un ataque que causó la muerte de 85 personas en el centro porteño, aunque aquel logro resultaba poco creíble si se consideraba que se ofrecía lo que podía obtenerse por medio de misiones comerciales tradicionales.

 
Hector Timerman, miembro de la comunidad judía y traidor a la Patria y a su propio pueblo


Eliaschev fue atacado con dureza y desmentido duramente por el gobierno argentino y por los periodistas adictos a la pauta estatal, incluso luego de su muerte en noviembre de 2014. Sus detractores tuvieron que callar cuando el propio gobierno se vio obligado a reconocer la existencia de esas reuniones. La salida al escándalo que significaba haber pactado con una potencia extranjera sospechada de haber participado en el mayor acto terrorista ocurrido en el país, fue reconocer las negociaciones y enviar un proyecto al Parlamento para que los legisladores oficialistas le dieran el aval correspondiente.

Aunque el Memorándum fue aprobado por la mayoría oficialista del kirchnerismo, la suposición de la existencia de otros negocios y pactos no revelados en torno a la diplomacia secreta con Teherán, se hicieron cada vez más fuertes. Después de todo, se sospechaba del mismo grupo que había asegurado en un principio que no habían existido negociaciones secretas entre el gobierno argentino y el iraní.

A la denuncia de Eliaschev, se le sumó otra proveniente de miembros del partido republicano de los EEUU. El 8 de julio de 2011 los congresistas norteamericanos Ileana Ros-Lehtinen, Connie Mack y David Rivera le enviaron una carta a la Secretaria de Estado de su país, Hillary Clinton, advirtiendo que Irán estaba recibiendo tecnología atómica argentina usando a Venezuela como intermediario. La carta era acompañada con un pedido para que se prestase mayor atención a la penetración iraní en la región Latinoamérica y vigilara las relaciones entre Buenos Aires y Teherán que pudieran implicar asuntos nucleares. No se tiene constancia de una respuesta de parte de Hillary Clinton aunque el asunto llegó a ser tratado dentro del parlamento de ese país.

Por un tiempo, la posible existencia de un triángulo atómico entre kirchneristas, chavistas y persas se mantuvo lejos de las primeras planas. Sin embargo, las suposiciones de un pacto nuclear entre Argentina e Irán renacieron cuando un medio brasileño hizo una revelación impactante.

La revelación de Veja

El 14 de marzo de 2015, la revista brasileña Veja publicó un artículo que involucró directamente al régimen chavista como mediador de la transferencia de tecnología nuclear entre Argentina e Irán. El corresponsal de Veja en Washington, Leonardo Coutinho, entrevistó a tres de los doce informantes venezolanos que colaboran con la justicia norteamericana desde 2012 en un caso por tráfico de drogas que involucra a los máximos dirigentes del régimen chavista.

Los informantes revelaron, en tres entrevistas realizadas por separado, que habían presenciado la reunión que mantuvo el entonces presidente venezolano Hugo Chávez con su par Mohamed Ahmedinejad el 24 de enero de 2007, en la que el mandatario persa requirió asistencia para obtener tecnología atómica argentina y levantar el pedido de captura a una decena de dirigentes iraníes investigados por el ataque a la AMIA. La respuesta de Chávez habría sido "me encargaré personalmente de esto".

En su artículo, Coutinho reveló que los arrepentidos venezolanos "estaban presentes cuando los representantes de Irán y Venezuela discutieron, en Caracas (…) los representantes del gobierno argentino recibirían grandes cantidades de dólares, y a cambio de ese dinero, dicen los chavistas disidentes, Irán pidió que la autoría del atentado fuera encubierta".

Uno de los gestores de esos acuerdos sería nada menos que Tareck El Aissami, ex gobernador del estado venezolano de Aragua, y ex vicepresidente por Nicolás Maduro. El que fuera segundo en la línea de sucesión en Caracas fue mencionado en las investigaciones del diario The Wall Street Journal como el nexo entre Venezuela, Irán y Siria en tiempos en que se negociaba el desvío de tecnología y materiales nucleares hacia Medio Oriente a cambio de jugosas cantidades de divisas.

 
Dos terroristas: Tareck El Aissami y Nicolás Maduro


El nombre del segundo al mando en el régimen chavista y siempre de acuerdo a los arrepentidos que declararon en EEUU, aparece citado como el encargado de gestionar el envío de dinero que lubricó el acuerdo nuclear secreto con Argentina. Las divisas, fueron blanqueadas en parte como aportes de campaña durante la primera carrera presidencial de Cristina Kirchner.

Fue precisamente el 4 de agosto de 2007 que el venezolano Guido Antonini Wilson fue detenido en la aduana de Buenos Aires cuando intentó ingresar con 800.000 dólares no declarados. Wilson había llegado en un avión privado de la petrolera venezolana PDVSA acompañado por varios funcionarios de alto nivel del gobierno de Néstor Kirchner. Pese al escándalo que generó el incidente y que la administración de Cristina Kirchner negó tener vínculo con él, dos días después fue detectado en un acto oficial en la Casa Rosada, la sede del gobierno argentino.

El período que va desde que Chávez informó que se encargaría personalmente de negociar con los argentinos en favor de los persas por el tema nuclear, coincide con la época en que Teherán logró sus mayores avances tecnológicos en esa área. Nada prueba que esos logros se hayan debido a la intervención argentina, aunque tampoco se pueden soslayar hechos tan significativos como la firma de un acuerdo de cooperación nuclear entre Argentina y Venezuela en 2005, cuyo objetivo era instalar un reactor nuclear tipo CAREM de 150 Kw desarrollado por científicos argentinos. El aparato iba a ser instalado en la región petrolera del Orinoco para ser usado en el procesamiento de crudo. Nunca llegó a concretarse, pero se tiene constancia de la existencia de delegaciones que realizaron un constante intercambio tecnológico hasta 2012 sin que se construyera ningún reactor en la misma zona en donde años antes los geólogos persas y venezolanos hallaron rastros de uranio.

Tampoco se concretó ninguno de los puntos del acuerdo irano venezolano del 11 de noviembre de 2009, que preveía la instalación de una "villa nuclear" para desarrollar un plan nuclear chavista. Todo fue un juego de anuncios mientras Irán ganaba tiempo y transfería tecnología y materiales para su propio programa utilizando acuerdos con la agencia atómica argentina y la constructora de centrales nucleares rusas Rosatom. La plataforma que le dieron esos acuerdos fueron las ideales para triangular lo que el embargo internacional le impedía obtener por derecha.

El fiscal Nisman, mientras tanto, siguió trabajando en el análisis de la red de complicidades que había ocultado a los autores del ataque de la AMIA. En ese trámite, es que comenzó a prestar atención a las actividades de los argentinos que negociaban con Irán y de aquellos que, sin ser funcionarios, estaban ligados al gobierno y oficiaban como miembros de la democracia subterránea con Teherán. En ese camino, se encontró con la presencia del gobierno bolivariano de Caracas.

Traición a la patria

Aun no se sabe cuáles eran los documentos que pretendía mostrar Nisman ante el Congreso para fundamentar su acusación contra la entonces presidente Cristina Kirchner, imputación que podría haber escalado incluso al delito de "traición a la patria" por haber negociado a favor de potencias extranjeras un pacto que lesionaba los intereses nacionales. Su presentación preliminar está cargada de referencias al pacto entre Cristina Kirchner y los iraníes para ocultar la verdad de lo sucedido en 1994 en la sede de la AMIA.

La tarea de la Unidad Fiscal de Investigaciones – AMIA que dirigía Nisman fue asumida tras su muerte por un grupo nombrado por el gobierno kirchnerista, de manera que no se avanzó en la pista nuclear ni se volvió a mencionar ese tópico en los siguientes documentos que publicó esa oficina. La encargada de nombrar a los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini fue Alejandra Gils Carbó, que en ese momento era procuradora nacional y operadora judicial del kirchnerismo.


Alberto Nisman 

En los documentos que llegó a mostrar públicamente Nisman antes de que el kirchnerismo copara la UFI AMIA, se revela la existencia de una conspiración a favor de Irán que incluía a la presidente, a su canciller y a otros personajes de su periferia política como el dirigente social Luis D´Elía, al jefe de la juventud kirchnerista, Andrés "cuervo" Larroque, al hombre de confianza del régimen iraní en Buenos Aires, Yusuf Khalil y a Fernando Esteche, un hombre ligado a los grupos más oscuros de la comunidad "revolucionaria" de los servicios de inteligencia, que además financió su actividad con dinero de la embajada iraní en Buenos Aires.

Entre las referencias dadas por Nisman en su denuncia, se cita una declaración del dirigente kirchnerista Luis D´elía, que en abril de 2010 habría admitido estar a favor de un acuerdo de cooperación para colaborar con el programa nuclear con Irán y otras menciones a la intención iraní de hacerse con tecnología atómica.



 
Fernando Esteche

En otras partes de la denuncia, se da cuenta la actividad del ex embajador venezolano en Argentina, Roger Capella, como parte de la negociación del Memorándum entre Argentina e Irán, que para Nisman era una de las piedras angulares de su acusación contra la entonces mandataria por entorpecer la búsqueda de la verdad en la causa AMIA. En la página 223 del último escrito que presentó, se explica que "durante su estadía en Argentina, el embajador Roger Capella trabó una aceitada relación con distintas agrupaciones sociales argentinas, financiando a referentes como Luis D'Elía y Fernando Esteche con viajes, becas y otros recursos". Esas afirmaciones coinciden con las de los chavistas arrepentidos entrevistados por Veja, que dicen haber presenciado las reuniones en las que se discutió el impacto que tendría la investigación que llevaba adelante el fiscal Nisman y la denuncia que podría involucrarlos.


 

El nazi de Luis de Elía, protohumano

En el documento de su denuncia, el fiscal Nisman hace otras referencias a la presencia de la cuestión nuclear en la negociación con Irán, demostrando que estaba al tanto de las suposiciones que corrían el mundillo de las relaciones internacionales sobre un posible pacto secreto entre ambos países en ese rubro.

La sospecha respecto de un capítulo nuclear en la relación entre Irán, Argentina y Venezuela nunca pudo ser demostrada porque el fiscal que debía presentar pruebas de ello nunca llegó al recinto donde debía demostrar que se trataba de un hecho.

A la distancia, no pareciera que un tratado secreto para aumentar el comercio bilateral a cambio de dar por cerrado un caso judicial fuera suficiente para mandar matar a un fiscal. El pacto fue blanqueado en el recinto parlamentario sin mayores contratiempos. Menos aún, le preocupaba la existencia de aportes en negro a una campaña presidencial, acusación que el kirchnerismo ya debió soportar cuando se probó que recibía dinero de traficantes de drogas o proveedores estatales. Quizás, había algo más en lo que podía revelar el fiscal que ameritara tomar una decisión tan grave



Tras su muerte, la investigación que llevaba adelante Nisman fue clausurada por el juez Daniel Rafecas, quien decidió darla por concluida en cuestión de horas. Fue tan poco el tiempo que transcurrió entre que recibió la causa y el momento que decidió darla por cerrada, que resultaba lógicamente imposible que hubiera alcanzado a leer las miles de fojas del expediente y repasar las 5.000 horas de escuchas que contiene. Rafecas fue siempre un juez obediente al kirchnerismo, al igual que los ex camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, que confirmaron en su momento el cierre propiciado por el juez que revisaba las causas en tiempo récord.

Tras cinco intentos de la AMIA y los grupos de la justicia argentina que reclamaban la reapertura de la causa, la Cámara de Casación ordenó retomar las investigaciones de Nisman.

Con la reapertura de la causa que investiga a Cristina Kirchner, se abre la posibilidad de explorar nuevamente los motivos que llevaron a la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán y saber que se negoció en las sombras en aquella reunión en Alepo.

Los elementos para suponer que además de dinero e impunidad se podrían haber negociado la venta de tecnología nuclear, no son pocos. Las pistas que indicarían que algunos de los involucrados podrían haber cobrado pequeñas fortunas por ello, también deben ser tenidas en cuenta.

Alguien dijo que habría que acercar un detector de radiación nuclear a la investigación de Nisman y observar el resultado. Minas y fábricas iraníes secretas en Venezuela protegidas por el ejército chavista, acuerdos atómicos, reuniones en las sombras para pactar impunidad entre argentinos, sirios e iraníes, valijas cargadas de dólares y sugestivas similitudes entre los programas nucleares argentino y persa, son apenas la punta del ovillo en un tema que podría tener derivaciones explosivas.

lunes, 6 de agosto de 2018

Suboficial del EA (RE) ayuda a encarcelar a CFK

Por qué Cristina debería estar presa


Joaquín Morales Solá |  LA NACION






El remisero Oscar Centeno aceptó que escribió los cuadernos. Un empresario, Juan Carlos de Goycoechea, confirmó el procedimiento que contó Centeno, aunque no la cantidad de dinero. El círculo se cierra sobre Cristina Kirchner. El resto de los empresarios callan. El silencio es también una forma de asentir. Sus abogados les dicen que se trata solo de una serie de fotocopias sin valor probatorio. Es un mal consejo y un grave error: hay en esa causa un monumental trabajo del periodismo y de la Justicia para cotejar los datos que Centeno escribió en los cuadernos.

Tanto LA NACION como el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli temieron ser desmentidos por el remisero. ¿Y si hubiera dicho que él no había escrito nada? La Justicia solo actuó cuando ya había confirmado gran parte del relato de Centeno.

El escritor es un suboficial mayor del Ejército. Está acostumbrado a escribir todos los días un informe de novedades, que es la rutina de los militares. Sus cuadernos están escritos con buena ortografía y sin errores de puntuación. Salvo en dos o tres frases durante diez años, no hay opiniones (solo en una entrada habla de que le da "asco" lo que ve); es, sobre todo, la descripción de una trama corrupta por parte de un cronista meticuloso y excepcional. ¿Por qué los escribió? ¿Por qué hizo esos relatos cuidadosos y exactos de entregas y recibos de coimas? La opinión predominante entre funcionarios judiciales es que preparaba una extorsión. Algo hubo ya: su casa, sus autos y el departamento de su expareja fueron pagados por Baratta. Centeno entregó en custodia esos cuadernos a un amigo, suboficial de la Policía Federal, que es quien los leyó y los sacó a la luz pública. Centeno temió, hace algún tiempo, que su casa fuera allanada. En declaraciones a Bonadio, ese policía federal amigo de Centeno, Jorge Bacigalupo, dejó entrever que era profundamente antikirchnerista, con especial antipatía hacia la exministra de Seguridad Nilda Garré.

Bonadio y Stornelli se juramentaron el secreto, en primer lugar. Solo seis personas en total estuvieron al tanto de las investigaciones. Tres funcionarios del juez y uno del fiscal, además de ellos dos. Se convirtieron en una especie de logia cuyos integrantes se entendían por señas. Empezaron por chequear los datos más intrascendentes de los cuadernos. Centeno escribió que había llevado a Baratta al sanatorio Mater Dei, a la hora precisa de un día determinado, a hacerse una infiltración. Fueron a la clínica a preguntar si ese dato era cierto. Era cierto. El remisero dejó constancia de que había llevado a la madre de Baratta, también en un día preciso, a la Fundación Fleni. La Justicia preguntó si era verdad. Era verdad. Centeno contó varias veces que lo mandaron a comprar helados a una heladería de San Martín, muy conocida en la zona por la calidad de sus productos; debía llevarlos luego a casas que están a varios kilómetros de ahí. Bonadio nació en San Martín y hasta trabajó en esa heladería en un par de veranos de su juventud. Conoce el prestigio de la heladería. No le pareció raro que el chofer hiciera trayectos largos con esos helados. El juez le pidió también a la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal, en la que confía, que le confirmara que son reales los edificios y las direcciones consignadas por Centeno en sus cuadernos. Todos coinciden. La descripción de los edificios que hizo la Policía Federal es muy parecida a la de los cuadernos. Desde ya, también se cotejaron las obras públicas que estaban a cargo de cada empresario con las fechas de la entrega de los sobornos.

Todos (o muchos) empresarios deberían hablar para empezar a escribir otra historia en este país. Al ser Centeno chofer de Baratta (encargado de la energía en tiempos de Julio De Vido), la investigación se ciñe a las obras públicas referidas exclusivamente a la energía. Queda todavía el resto de la obra pública (que estaba a cargo de José López, preso por revolear bolsos con dólares); el transporte, responsabilidad de Ricardo Jaime, también preso, y la importación de combustible. Todo estaba bajo la jurisdicción de Julio De Vido. La corrupción era un sistema, no un método. En algunas conversaciones telefónicas grabadas por la Justicia, De Vido se queja de que tanto López como Jaime tenían relación directa con Néstor Kirchner, que no dependían políticamente de él. Se queja porque él está pagando con la cárcel por cosas que, según dice, ordenaron los Kirchner.

Cristina Kirchner debería estar presa si están presos tantos funcionarios y empresarios por una causa que describe, como ninguna otra, los procedimientos de la corrupción. Si los otros están presos por integrar una asociación ilícita, ¿por qué no está quien es considerada por la Justicia la jefa de esa asociación? Según esos cuadernos, ella cobró sobornos hasta un mes antes de irse del Gobierno, cuando ya Mauricio Macri era presidente electo. Fue una sorpresa hasta para importantes dirigentes de la oposición al kirchnerismo. La mayoría de ellos creían que Cristina se había dedicado a cuidar la recaudación de su esposo después de la muerte de este, pero que no había seguido con las coimas. Los cuadernos de Centeno indican que, ya viuda, recibía bolsos con dólares en su domicilio particular de Recoleta, donde vive ahora, y en la quinta presidencial de Olivos. La protegen los fueros de senadora, pero el peronismo, que tiene la llave para desaforarla, debería reflexionar si le conviene seguir blindándola. La mayoría del peronismo (gobernadores, senadores y diputados actuales) no participó de la juerga corrupta de aquellos tiempos. Necesita regenerarse y para eso debe alejarse de la corrupción de entonces. Protegerla sería volver a hacer del peronismo un mismo bloque contagiado por el robo al Estado, por el triste resultado de un país pobre con políticos ricos.

No existe la "doctrina Menem", porque sencillamente ninguna instancia de la Justicia le pidió nunca al Senado el desafuero de Menem. La situación del expresidente está pendiente de una resolución de la Cámara de Casación. El precedente de Menem más cercano a Cristina es que aquel fue preso por un juez federal, Jorge Urso, poco después de dejar el poder. No era senador y no tenía fueros. También a Cristina le pidió la prisión preventiva un juez federal, Bonadio, no una vez, sino dos. La institución senatorial no puede convertirse, además, en un simple aguantadero de prófugos de la Justicia.

El caso está en manos de dos magistrados especiales. Bonadio no tenía relación con Cristina y no la tiene con Macri. De hecho, acaba de meter preso al principal ejecutivo de una empresa que era de un primo del Presidente. Caerá el primo, si es que tiene que caer. El juez allanó los hoteles de Cristina en El Calafate cuando ella era presidenta y fue el primero en llamarla a declaración indagatoria, en procesarla y en dictarle prisión. Stornelli metió preso a Menem y a De Vido; llevó la investigación del primer caso de corrupción de la era kirchnerista (el caso Skanska por sobreprecios en la construcción del Gasoducto del Norte) cuando Néstor Kirchner era presidente, y fue el primer fiscal que requirió la comparecencia de Cristina Kirchner en los tribunales. A Cristina, a sus funcionarios y a los empresarios los aguarda un camino arduo y largo en la Justicia.

Este es un caso novedoso por varias razones. La más importante es que un periodista riguroso, Diego Cabot, prefirió guardarse la primicia hasta que la Justicia hiciera su trabajo. Cuando se publicó la información, el juez y el fiscal ya habían avanzado muchísimo en la investigación. En los casos anteriores de denuncias periodísticas de corrupción, los jueces debieron correr detrás de la noticia. Aunque por una denuncia de Cabot, esta vez el juez y el fiscal están delante de la información. Eso es lo que no saben los que callan. Los que admiten con su silencio que Centeno contó realmente cómo fue todo aquello.


Los cuadernos de las coimas: las cuatro particularidades del caso


Carlos Pagni
LA NACION



A continuación, los principales conceptos:


  • Este caso tiene cuatro peculiaridades. Es difícil pensar en un caso de corrupción más importante en la historia argentina.
  • La primera particularidad: es el primer caso de corrupción que se da en el marco de la Ley del arrepentido, donde se premia al primero. La información no solo hace bajar la pena, sino conservar parte del patrimonio. Es una carrera de infidencias que cambia la lógica conocida del proceso.
  • En segundo lugar, toca por primera vez en gran dimensión al sector privado. El líder de una empresa poderosa no tenía en mente ir preso. Roberto Lavagna había hablado de corrupción, entre 2003 y 2004, en la Cámara Argentina de la Construcción y al poco tiempo lo echaron.
  • Nunca vimos que la Justicia tenga la posibilidad de avanzar sobre el universo privado.
  • En tercer término, la explosión no surge de la nada, es un caso paralelo a Brasil y al Lava jato. Es como un espejo con la causa brasileña donde Marcelo Odebrecht estuvo preso y donde Lula da Silva no puede ser candidato por estar procesado.
  • Esto tiene que ver con la corrupción como tema central de América latina.
  • En cuarto lugar, el caso se da en un momento en que estamos mirando a Comodoro Py como una ciénaga. Claudio Bonadio y Carlos Stornelli tienen una responsabilidad histórica, no solo por la dimensión de la corrupción, sino por la dimensión de impunidad que ha aportado la justicia federal a esa corrupción.
  • Alguna vez, alguien mencionó que Comodoro Py es un dispositivo diseñado para zafar. Es difícil encontrar una causa más importante en la historia de un país.
  • Centeno era un chofer que, además, era un militar retirado. ¿Para quién escribía Centeno esos escritos tan minuciosos? ¿O estaba informando a alguien con esos cuadernos? ¿Estamos en frente de una operación de inteligencia hecha por alguien que escribía para alguien?
  • Falta un cuaderno. ¿Quién decidió que ese cuaderno no aparezca? ¿Habrá nombres que se deben cuidar? ¿Quién cuida la información de ese cuaderno?
  • ¿Para quién escribía? ¿Quién era su lector? ¿Por qué estalló ahora? ¿Es alguien de acá o de afuera del país?
  • Hay un halo de que Cristina no estaba en la misma línea que Néstor Kirchner . ¿Cuál es el rol de Cristina Kirchner en todo esto? Centeno entraba a Olivos, ¿alguna vez se vio con Néstor o Cristina?
  • Está China en todo esto. Cuando Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, se quedó con la licitación de las represas, lo hace en medio de irregularidades.
  • ¿No habrá alguien a quien le interesa que se identifique a China como socio de gobiernos corruptos? China se expande en África y tiene ya comprada a media América latina.
  • Tengo derecho a preguntarme si EE.UU. está interesado en esta historia y si pueden decirle a Macri: '¿Usted qué va a hacer con todo esto?'
  • Hablamos de un presidente cuyo padre es representante de China en la Argentina.
  • Estamos ante un tema de extraordinaria complejidad.
  • El dueño de Cristina es Miguel Pichetto . Ha establecido públicamente que no habrá desafueros. Probablemente no esté presa gracias a Carlos Menem . Hay una protección corporativa de los legisladores.
  • Pichetto probablemente sea uno de los beneficiarios como candidato a presidente. Él no hizo contratos ni licitaciones. Si está en el interés del peronismo federal liquidar a Cristina, a lo mejor revisan la teoría de los fueros.
  • Un ministro actual dijo: 'Si no hay pan, que haya circo'. El oficialismo piensa que si no mejora la economía, al menos se justifica con un proceso de transparencia.

sábado, 7 de enero de 2017

Kirchnerismo nunca compró aviones hidrantes

El Gobierno ahora afirma que nunca se compraron los 26 aviones hidrantes
Infobae

A fines de 2012, la Presidente anunció una inversión de $57 millones para su compra. Tras la emergencia en el país y su necesidad de uso, aclararon que en realidad era un llamado a licitación para alquiler



Crédito: NA "A los que quieren provocar incendios, acá tienen una brigadista", anunció la presidente Cristina Kirchner el 28 de diciembre de 2012, al presentar la compra de 26 aviones hidrantes por 57 millones de pesos. Sin embargo, al momento de producirse en Chubut uno de los mayores incendios forestales de la historia argentina, los aviones no aparecieron.

Las críticas no se hicieron esperar, y todos y cada uno recordaban las palabras de la Presidente en ese momento, al presentar las autobombas para el Plan Nacional del Manejo del Fuego. Habló de los "26 aviones hidrantes, con una inversión de 53, 57 millones de pesos. Esta es una inversión de más de 100 millones de pesos, más la preparación anual de 300.000 pesos que se gasta en la capacitación de los brigadistas, es realmente una cosa muy importante".

Apenas días antes de que fuera despedido por "inoperante", el titular del Sistema Federal del Manejo del Fuego, Jorge Barrionuevo, había asegurado que las 26 aeronaves estaban operativas. Sin embargo, también era una falsa afirmación, que fue develada este jueves.

"Los 26 aviones hidrantes nunca se compraron", se sinceraron fuentes de la secretaría de Medio Ambiente, quienes aclararon que "en realidad el anuncio fue la incorporación de la flota, pero a través de una licitación para alquilarlos".

Sin dudas, el alquiler es una "opción más barata que la adquisición y posterior mantenimiento de semejante número de aeronaves", por lo que cerraron la polémica aclarando que "se contrató su servicio y se los repartió en las distintas regiones del país".

domingo, 13 de noviembre de 2016

HDP: Kirchnerismo fue peor que la guerra de Malvinas

Perdió 100 aviones el gobierno kirchnerista
Martínez reveló que por falta de mantenimiento hubo más bajas que en la guerra de Malvinas
Mariano De Vedia - LA NACION




El fuerte deterioro del equipamiento de las Fuerzas Armadas se resume en una revelación del ministro de Defensa, Julio Martínez, a LA NACION: "Tenemos que recuperar la capacidad militar. En la guerra de Malvinas, la Argentina perdió 70 aviones y en los últimos diez años de kirchnerismo, por falta de mantenimiento e inversión, se perdieron 100".

A un promedio de diez aeronaves por año fuera de servicio, el fuerte deterioro acumulado en los doce años del período kirchnerista se agrava con la desprogramación de los sistemas de armas, envejecidos por el paso del tiempo, la obsolescencia y la falta de repuestos.


La última compra de aviones de magnitud para renovar la capacidad de la Fuerza Aérea fueron los 32 aviones monoplazas A-4AR y cuatro biplazas adquiridos a Estados Unidos en 1995, por US$ 400 millones, recordaron fuentes castrenses.

En contraste, el período actual está marcado por la desprogramación de los aviones de combate Mirage, utilizados en Malvinas. Fueron dados de baja y levantaron vuelo por última vez en noviembre del año pasado, en la Base Aérea de Tandil.

Este año quedó fuera de servicio el último Fokker F-27, un avión mediano para transporte que antes de la guerra de Malvinas integró la flota de LADE (Líneas Aéreas del Estado) y actuó como puente con las islas para el traslado de enfermos, medicamentos y mercaderías. Sólo dos unidades quedaban en servicio. Y para 2018 está prevista la desprogramación del sistema de armas de los cazabombarderos A-4AR.

"Todas esas bajas eran previsibles; no hubo ninguna planificación en los últimos años", planteó una fuente de la Aeronáutica. La escasez de recursos impedía utilizar todas las unidades. Incluso, muchos aviones que no operaban fueron canibalizados para reponer piezas en otros que todavía volaban.

"La compra de un avión implica no sólo la incorporación de un nuevo sistema de armas, sino también poner a punto toda la cadena logística que permite que esas aeronaves puedan volar", explicó una fuente castrense. Se refería al envío de pilotos al exterior para su adiestramiento, la capacitación en simuladores y aeronaves, el viaje de mecánicos para que se instruyan en el nuevo material y la compra de back-up de repuestos para mantener los aviones en servicio, entre otras exigencias.

"Por más que las compres mañana, las aeronaves recién van a poder entrar en servicio dentro de dos años", precisó la fuente, al referirse con escepticismo a las gestiones iniciadas en Corea y en Italia, entre otros posibles mercados.

En la Fuerza Aérea están resignados y advierten que este panorama no es nuevo. "No existe una línea de continuidad. Los funcionarios se encuentran con que los anteriores dejaron las aeronaves fuera de servicio y recién ahora salen a fijarse qué se necesita", lamentó un piloto.

Explicó que con la pérdida de un avión de transporte liviano y de los vuelos de enlace, cuando hay que trasladar una carga menor se lo hace con un avión pesado, como el Hércules, lo que insume mayores costos. "Movilizar un Hércules para trasladar una carga de 500 kilos es un despropósito", sintetizó la fuente.

viernes, 1 de abril de 2016

Mil millones de USD de déficit en AA K

La presidente de Aerolíneas aseguró que Recalde "dejó un déficit de $15 mil millones"

Diario Hoy



La nueva presidente de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, hizo un panorama de cómo encontró a la empresa estatal luego de la gestión de su antecesor, el camporista Mariano Recalde. Si bien destacó que se pasaron "de 28 a 74 aviones", advirtió que la nueva flota "no se ha pagado y hay una deuda vencida".

A propósito, la funcionaria detalló que "hay un déficit de $15 mil millones de deuda proyectada para este año". De todos modos, aclaró que aun no posee un análisis pormenorizado ya que "el último balance interno fue en junio pasado. Además, la empresa fue auditada por última vez en 2013".

Costantini consideró que durante la presidencia de Mariano Recalde, "Aerolíneas ha sido gestionada desde lo político y no desde lo administrativo, entonces hay un resultado financiero muy negativo. Actualmente, se pierden $2 millones por día".

Al igual que otras áreas del Estado, destacó que también impulsó un proceso de revisión de la situación de los empleados de Aerolíneas: "Estamos viendo quién realmente está viniendo a trabajar y ya hemos desvinculado algunas personas".

Sobre esos despidos, detalló en La Noche de Mirtha que "hubo dos casos insólitos de personas que nunca fueron a trabajar a la empresa y cobraban un sueldo importante". En cuanto al panorama general, contó que en Aerolíneas "hay 12.200 empleados", cifra que consideró "un exceso".

Por otro lado, Costantini indicó cuales fueron las instrucciones que recibió del Presidente: "Quiere que la empresa cumpla su rol social y que no la quiere privatizar. Debe conectar a los argentinos, dentro de un marco sustentable".

jueves, 31 de marzo de 2016

Atucha: Ni una bien hicieron estos hijos de puta

Sin presupuesto pero con oficinas de lujo para el proyecto de Atucha
El exministro de Planificación mantenía contratos con siete empresas constructoras que emplean a cerca de 2 mil trabajadores. Decidieron  suspender los acuerdos.

Por Aurelio Tomas | Infobae


Atucha IV será la quinta central atómica del país | Foto: Cedoc

Desde 2014 se realizaron actos con anuncios sobre la cuarta central nuclear, que sería construida en el complejo Atucha de Lima, partido de Zárate. Sin embargo, la realidad que heredó la Secretaría de Energía, tras la salida del ministro de Planificación Julio De Vido, es crítica y motivará centenares de despidos.

La Unidad de Gestión de Proyectos Nucleares (UGPN), dependiente de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), vio reducido su presupuesto a la mitad en la ley que aprobó el kirchnerismo y que rige los gastos de la actual gestión. Además, el estado de avance en los contratos con China es más limitado de lo que se anunció: está aún pendiente la firma del convenio financiero, uno de los temas más complejos. Otro dato indicativo es que la compra de los terrenos donde se construiría la central no se había concretado.

En contraste con este cuadro de situación, las últimas decisiones del ex ministro de Planificación fueron las propias de un proyecto en plena marcha: mantenía contratos con siete empresas constructoras que emplean a cerca de 2 mil trabajadores y alquiló oficinas, de categoría AAA, para los 800 empleados directos de la unidad.

El gasto parece injustificado por la falta de tareas y porque la mayoría de los trabajadores son de la zona de Zárate, donde se ubica el complejo Atucha. En el Gobierno estiman que el 75% de los empleados directos e indirectos no tiene tareas y no hay dinero para mantener los contratos con constructoras.

El resultado son 2 mil empleos indirectos en peligro por la decisión de suspender, a partir del 31 de marzo, los contratos con las constructoras. “De los 1.250 afiliados a la Uocra, unos 800 estarían perdiendo su puesto el 31 de marzo”, explicó a PERFIL el titular local del gremio de la construcción, Julio González. El sindicato inició la semana pasada una serie de protestas y planea continuar con el reclamo.

“¿Usted contrataría obreros para hacerse una casa si no tiene el terreno para construirla, si no tiene los planos y si el banco aún no le dio el crédito?”, inquirió en una nota publicada en medios locales la diputada provincial de Cambiemos Sandra Paris, que ofició de virtual vocera oficial en la disputa con De Vido.

Por su parte, el ex ministro reivindicó en una solicitada la reactivación del sistema nuclear bajo su gestión y dijo que los contratos con China “estaban casi listos”. Sin embargo, nunca explicó la baja en el presupuesto, pero sugirió utilizar los fondos adicionales que el Gobierno asignó a la Ciudad de Buenos Aires.

sábado, 26 de marzo de 2016

Justicia investiga la corrupta FAdeA K

La Justicia abrió una investigación por FAdeA, la fábrica sin clientes que manejaba La Cámpora

Por: Juan Pablo Parrilla jparrilla@infobae.com
Infobae
La otrora prestigiosa fábrica de aviones tuvo un déficit de 1.401 millones de pesos en 2015, pese a que no produjo "nada que pueda volar", según arrojó una auditoría


Un fiscal federal abrió un expediente de oficio para investigar la posible comisión de delitos en la gestión de la otrora prestigiosa Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), luego de que se conociera el resultado de una auditoría que arrojó que aunque la empresa no produce nada que pueda volar, tuvo un déficit de 1.401 millones de pesos en 2015.

Según confirmaron a Infobae desde FAdeA, la titular de la Fiscalía Federal Nº 3 de Córdoba, Graciela López de Filoñuk, envió un oficio a las actuales autoridades de la firma, en el que solicitó toda la información vinculada a maniobras ilegales de la conducción de la empresa.

"Es una muy buena noticia", evaluó en declaraciones con este medio la presidente de FAdeA, Cristina Salzwedel. "No nos pidieron nada concreto, pero me pongo a disposición de la fiscal. Voy a mandar el informe realizado por la auditoría externa y todo lo me pidan", añadió la funcionaria, que tiene los días contados en la empresa, ya que se mudará a otro sector del Gabinete nacional y será reemplazada por el empresario Ercole Felippa, titular de la Cooperativa Manfrey y ex presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC).

Conocidos los resultados de la auditoría encargada a la consultora Deloitte, Salzwedel había anunciado que presentaría una denuncia civil, penal o ambas antes de renunciar, pero la fiscal se adelantó a las autoridades de FAdeA y decidió impulsar la investigación.

Como publicó Infobae la semana pasada, la auditoría trazó un panorama crítico de las dos últimas gestiones de FAdeA, reestatizada en 2009 por la entonces presidente Cristina Kirchner. Tras el fugaz paso de Jaime Saiegh, el primero en tomar la posta fue el contador Raúl Argañaraz, un funcionario de confianza del kirchnerismo. Le sucedió Matías Savoca, quien llegó con la venia del hombre fuerte de la agrupación La Cámpora en el Ministerio de Defensa, Santiago Rodríguez. La conclusión del informe para ambos mandatos fue la misma: "No se fabricó nada que pueda volar".

Argañaraz encaró una feroz persecución política a la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, que incluyó la realización de un "curso de concientización" para una veintena de dirigentes críticos de la gestión actual y rifa de electrodomésticos para empleados fieles. Se tuvo que ir de la empresa en 2013, acusado por el directorio que él presidía de desviar 300 millones de pesos, que no se sabe si se invirtieron en FAdeA o tuvieron otro destino. Es dinero que ingresó y desapareció.

Este último punto es fundamental. Según advirtió Salzwedel a Infobae en una entrevista realizada hace unos días, había muchos programas de responsabilidad social empresaria por donde se fugaron fondos. ¿En qué consistían? "Construir una plaza, hacer casas, y este tipo de cosas, la mayor parte, durante las campañas políticas en Córdoba. Un caso paradigmático son 1.500 metros cúbicos de hormigón que compraron, de los cuales sólo ingresaron poco más de 900", repasó.

Uno de esos convenios era con el Ministerio de Desarrollo Social que conducía Alicia Kirchner, la nuera de la Presidente. "Tenemos unos mails que mencionan un acta acuerdo, pero todavía no la encontramos", advirtió Salzwedel.

Con Savoca, La Cámpora tomó el control de FAdeA en 2013. La empresa sólo tenía un cliente, que en realidad era su dueño, el Ministerio de Defensa, que poseía el 99% de las acciones y tenía un contrato para el mantenimiento de los aviones. Sin embargo, el déficit escaló durante su gestión un 934%, al trepar de 150 millones de pesos en 2013 a 1.401 millones de pesos en 2015.

viernes, 18 de marzo de 2016

FAdeA K: La nada misma en producción y pura corrupción

FAdeA, la fábrica sin clientes pero con un déficit millonario que dirigía La Cámpora
Juan Pablo Parrilla - Infobae

Una auditoría arrojó que desde su estatización "no se fabricó nada que pueda volar". Infobae conversó con su actual presidente, que denunciará la situación en la Justicia




Lejos quedan los días de esplendor de la empresa estatal FAdeA, que gracias al mítico Pucará y a los famosos Pulqui I y II ubicó a la Argentina como el sexto país con más producción de aviones del mundo. Sin embargo, el panorama hoy es completamente inverso. Pese a que la firma "no fabricó ningún avión en décadas", en 2015 tuvo un déficit de 1.401 millones de pesos, según arrojó el informe preliminar y confidencial de una auditoría externa al que tuvo acceso Infobae. Las actuales autoridades de la compañía denunciarán la situación en la Justicia.

En 2009, la entonces presidente Cristina Kirchner decidió poner fin a la concesión que la firma estadounidense Lockheed Martin tenía sobre la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" SA (FAdeA). Pagó 110 millones de dólares por sus acciones. El 99% quedaron en poder del Ministerio de Defensa y el 1% restante fue para Fabricaciones Militares.

El primer presidente que el Gobierno ubicó entonces en el directorio fue el contador Raúl Algarañaz, el mismo que unos años antes como director financiero de ENARSA había firmado el pago del alquiler del avión que trajo al país al venezolano Antonini Wilson y su famosa valija. Se ganó la bronca de buena parte del personal cuando al poco tiempo los obligó a llenar un cuestionario sobre sus orientaciones políticas.



La auditoría realizada por la consultora Deloitte concluyó que durante su mandato en FAdeA "se anunciaron planes productivos rimbombantes acompañados de contrataciones y compras de forma irregular". Tal es así, que el propio directorio lo responsabilizó por un desvío de fondos de 300 millones de pesos.

EN 2013, LA CÁMPORA TOMÓ EL CONTROL DE FADEA A TRAVÉS DE MATÍAS SOVACA

Un dato con color: una de sus decisiones más polémicas fue pagarle 35 mil pesos a la actriz Florencia Peña para brindar una charla de tres horas sobre violencia de género. El contrato incluyó, además, 7.350 pesos por el IVA, los pasajes aéreos, el traslado terrestre y el alojamiento en un hotel de 5 estrellas, lo que haría trepar el caché por encima de los 50 mil pesos.

En 2013, La Cámpora tomó el control de FAdeA a través de Matías Sovaca, un joven que tuvo un meteórico ascenso, desde que el ex interventor de Fabricaciones Militares Santiago Rodríguez lo nombró primero asesor y luego gerente en esa empresa, y al poco tiempo hizo valer su peso en el Ministerio de Defensa para ubicarlo como el reemplazante de Algañaraz.

EL AÑO PASADO SE PAGARON 33 MILLONES DE PESOS POR HORAS EXTRAS

En apenas dos años, el déficit de FAdeA pasó de 150 millones de pesos en 2013 a 1.401 millones de pesos en 2015. ¿Los motivos? "Descontrol administrativo, contabilidad opaca. Se utilizó FAdeA como fuente de financiación de compras sin ningún beneficio y enormes erogaciones", advirtió el informe de Deloitte.




La conclusión de la auditoría frente a las gestiones de Algañaraz y Sovaca es la misma. "No se fabricó nada que pueda volar", evaluó. Aún así, el año pasado se pagaron 33 millones de pesos por horas extras. Y se abonaron adelantos a proveedores por montos superiores a lo adeudado.

Los proyectos eran muchos. A comienzos de febrero, el blog Periodismo y Punto los recopiló en un extenso artículo. "Luego de su estatización, se anunció que se harían 40 aviones IA-63 Pampa III, se repotenciaría el Pucará, avanzaría el proyecto de avión de la Unasur y se fabricaría un helicóptero sobre la base de un prototipo chino (CZ 11). Después firmó un acuerdo para la producción de piezas para el KC-390 de Embraer. Hace pocos meses, el ex director de producción, Tulio Calderón, agregó que en sociedad con Invap la planta se subiría a la industria de los drones", repasó.

Pero casi todo quedó en anuncios. Apenas se hizo volar un Pampa III en marzo de este año, ya con la nueva gestión y sin que se fabrique en serie. Y se ensambló un CZ 11. El resto es prácticamente humo. El proyecto de la Unasur se frenó y no hubo mayores avances con los drones. También se hizo una fábrica de pintura para rediseñar los aviones de Aerolíneas Argentinas, pero sólo se usó para una unidad.

Además, sólo se entregaron tres de los cinco conjuntos de partes comprometidas con Embraer. El dato contrasta con los 646 mil pesos que el entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi, gastó para agasajar con un almuerzo a 1.900 personas, en un acto que con el pretexto del 87º aniversario de la empresa se utilizó para anunciar el acuerdo con la compañía brasileña.

Hay varios contratos que se están revisando, incluido el del helicóptero chino. También se está analizando un aporte de 312 mil dólares para un helicóptero experimental del que FAdeA no obtuvo ningún beneficio. Y está cuestionada la compra directa y sin autorización del directorio de 10 Grob destinados al entrenamiento de la Escuela de Aviación Militar: aunque se pagaron 214 millones de pesos, sólo siete están en funcionamiento y dos ya fueron "canibalizados", es decir, usados como repuestos para el resto.

Por lo pronto, ya empezaron los cambios en FAdeA. Se acabaron las horas extras, las designaciones, los viajes, los viáticos, las tarjetas corporativas. Se estableció un sistema de jubilación anticipada, se suspendieron los servicios tercerizados, se redujeron las gerencias, se rescindieron contratos con abogados, se puso fin a un costoso acuerdo con la Universidad de San Martín y se achicaron las cajas chicas.



Infobae conversó con la actual presidente de FAdeA, la riojana Cristina Salzwedel, comprovinciana del ministro de Defensa, Julio Martínez. "Nuestros abogados ya están trabajando en una denuncia, que será civil o penal, de acuerdo a lo que surja del informe final de la auditoría, que nos van a entregar entre mañana y el lunes. Pero no queremos hacer algo al voleo, sino una presentación que incluya en detalle todas y cada una de las irregularidades detectadas. Espero que por lo menos Algañaraz sea procesado", adelantó la funcionaria.

- ¿Se esperaban este panorama?

- Pensábamos que la empresa estaba complicada, pero la fábrica es directamente tierra arrasada.

- ¿Por qué una empresa que no fabrica nada tiene semejante déficit?

- FAdeA tiene mucho para hacer, pero la usaron como una caja política. Por ejemplo, dejaron de fabricar los Puelche, destinados a la agricultura, cuando se pelearon con el campo. Eran aviones económicamente accesibles, que costaban 250 mil dólares. También podrían salir a buscar clientes, pero tampoco lo hicieron.

- ¿No tiene clientes?

- Sí, pero uno sólo. FAdeA sólo le vendía al Ministerio de Defensa, es decir, al dueño. Le facturaba por el mantenimiento de los aviones y con eso pagaba los sueldos. Pero además había programas de Responsabilidad Social Empresaria y por ahí se iba dinero.

- ¿En qué consistían esos programas?

- Construir una plaza, hacer casas, la mayor parte de las cosas durante las campañas políticas acá en Córdoba. Un caso paradigmático son 1.500 metros cúbicos de hormigón que compraron, de los cuales sólo ingresaron poco más de 900. ¿Para qué necesitaba ese material una fábrica de aviones?

- ¿Cuántos empleados tiene?

- Son alrededor de 1.600. Hay mano de obra muy calificada y otra gente que está en áreas donde no hay mucho trabajo y que hay que salir a buscarle tareas.

- ¿La nómina creció en los últimos años como ocurrió en otras áreas del Estado?

- En el último año no creció, pero sí en 2012 y 2013, cuando entraron 750 empleados, por lo que duplicaron el personal.

- ¿Esos empleados nuevos tienen vínculos políticos?

- Es probable, porque si bien entraron unos 60 ingenieros, el resto son administrativos, que son los cargos que se suelen usar para colocar militantes. La Cámpora controlaba el último directorio.

- ¿Qué planes tienen para la empresa?

- El informe se lo vamos a presentar al ministro de Defensa para que se lo eleve al Presidente (Mauricio Macri), quien va a decidir el destino de la fábrica. Por lo pronto, trazamos un plan estratégico, al que le vamos a dar un retoque, pero cuyo objetivo es salir a buscar clientes.

miércoles, 9 de marzo de 2016

Descalabro de corrupción en Fabricaciones Militares K

Despilfarro K: Barbi Grané la "Emperatriz" de La Cámpora cuyos excesos pagamos todos
Barbará Grané, era la tercera en la línea de jerarquía de la empresa estatal Fabricaciones Militares en Córdoba. Militante de La Cámpora, junto a su esposo, es investigada por el Juez Guillermo Marijuan por sus suntuosos gastos, que van desde gastos en festivales internacionales de cine como Cannes hasta adquirir con dinero estatal, los derechos de canciones de Sandro. Despilfarro k y excesos de "La Empeatriz" como era llamada por sus empleados.

Por Urgente24


Bárbara Grané de La Cámpora: Otra yegua analfabeta 

Despilfarro K: Barbi Grané la "Emperatriz" de La Cámpora cuyos excesos pagamos todosBárbara Grané, "La Emperatriz de La Cámpora" es investigada por sus excesivos gaston en la función pública.Lujos y excesos K. Este martes 08/03 un informe televisivo develó los excesivos gastos de la militante de La Cámpora: Barbara Grané “La Empeatriz”.

Este martes 08/03, un informe del programa Telenoche (Canal 13) mostró las excentricidades de la militante camporista conocida por sus empleados como “La Emperatriz”.

Según relató el informe, la joven cobraba $60 mil por mes. Era la tercera en la línea de jerarquía de la empresa estatal Fabricaciones Militares. Por estos y otros caprichos sumado al trato hacia los empleados antiK se ganó el seudónimo de "la emperatriz".

El fiscal Guillermo Marijuan investiga los suntuosos gastos de Bárbara Grané, gerenta de Relaciones Institucionales autorizados por su esposo, Santiago Rodríguez, interventor de la firma.

Grané y Rodríguez son militantes de La Cámpora. Llegaron a la empresa en 2011. La agrupación K copó el organismo. La plantilla del personal se multiplicó por cinco en su gestión. La mayoría de los nuevos empleados, menores de 30 años y sin título universitario cobraban entre $30 mil y $60 mil.

Los caprichos de Grané y su "séquito" iban desde el salmón en las comidas, choferes a disposición y viajes al exterior, entre otros. Uno de los casos más extremos fue la película que "la emperatriz" quiso hacer sobre el creador de Fabricaciones Militares, Manuel Savio. Para "inspirarse" viajó... a Cannes (Francia). Y pagó la vuelta en primera clase, en efectivo y en euros. Además, el organismo pagó $88 mil por los derechos de una canción de Sandro “Por ese palpitar” que Grané quería usar para un spot publicitario. La publicidad nunca se hizo pero los gastos si se dieron.

Rodríguez fue interventor desde 2011 hasta 2015 y ocupó dos cargos en simultáneo. También fue Secretario de Investigación, Tecnología y Producción del Ministerio de Defensa.

viernes, 19 de febrero de 2016

Learjet diariero K sobrevive e integra flota de gobernación bonaerense

Learjet 60, el Tango 10 que sobrevivió para Vidal
El único avión presidencial que sobrevivió a la resolución de Mauricio Macri de darlos de baja fue el Tango-10. Ese Learjet 60 para 8 pasajeros, que cuesta aproximadamente unos US$14 millones, con el que Cristina Fernández de Kirchner supo hacerse alcanzar los principales diarios del país durante sus descansos en El Calafate (lugar a donde por entonces llegaban en el primer vuelo de las 15 hs., aproximadamente), fue puesto a disposición de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal para que volara desde Villa Gesell hasta la Ciudad de Buenos Aires y así poder decir presente el pasado miércoles 10/01 en el acto junto al primer mandatario y el empresario Alfredo Coto, en la localidad de Ciudadela.

Por Urgente24



La gobernadora María Eugenia Vidal se encontraba descansando en la ciudad balnearia de Villa Gesell al momento de volar hasta la Ciudad de Buenos Aires durante la jornada del pasado miércoles 10/01 para reencontrarse con el presidente Mauricio Macri, quien presentó un plan de control de precios on-line y prometió bajar la inflación en 2 o 3 años. En Ciudadela, ambos se mostraron con el intendente del partido de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (Cambiemos), y el empresario Alfredo Coto.

Urgente24 accedió en exclusivo a la información de que ese traslado se realizó a través del único avión presidencial que quedó disponible tras la resolución de Macri de jubilarlos, el Tango-10.

"A María Eugenia le da miedo volar en helicóptero", confió una importante fuente que participó del operativo, que además pidió mantener bajo secreto su identidad por miedo a represalias.

Se trata de un Learjet 60 fabricado por Bombardier en Wichita, Kansas, EE.UU., propulsado por dos motores Pratt & Whitney Canada, que ronda entre los 13 y 14 millones de dólares.

Con capacidad para 8 pasajeros, el Learjet 60 es el mismo que Cristina Fernández utilizó para trasladar los diarios hasta Río Gallegos o El Calafate y que incluso su hija Florencia ultilizó en varias oportunidades.


Learjet 60 por dentro.

También es el mismo que usó Mauricio Macri, como corresponde, para dirigirse durante diciembre hasta Villa La Angostura para descansar.

Esta aernoave ejecutiva rinde de manera notable y es la que mejor se encuentra de toda la flota presidencial. Logra subir 41.000 pies (12.497 m) en 18,5 minutos en peso máximo. De hecho, quienes cuidaban la seguridad de Cristina Fernández fueron muy cautos al sugerirle que utilice siempre ese hasta que el Tango 01 quedara en condiciones óptimas.

Hoy en día la producción del Learjet se ha suspendido, pero fue reemplazada por el XR, ese mismo por el que Amado Boudou está procesado por dádivas.

El ex vicepresidente se subió el 17 de diciembre de 2011, para ir hasta Necochea junto a Diego Bossio y Juan Zabaleta. En el aeródromo local, lo recibió el intendente y juntos se trasladaron al parque Lillo, donde se presentaba la temporada, a bordo del helicóptero Bell 407 Long Ranger matrícula LV-CIB, piloteado por su dueño, el empresario Scaramellini.

Una vez más, el mal uso de los bienes del estado embarra la imagen de los funcionarios. Se puede hacer de manera más prolija, en todo caso, como lo hizo José Alperovich cuando compró uno para la gobernación de Tucumán durante el mes de marzo del pasado 2011. Si bien la función era que trasladara a pacientes en estado crítico hasta Buenos Aires u otro destino, el ex gobernador y ahora senador nacional lo dedicó para uso personal y de sus funcionarios.

Al parecer, los Learjet 60 son toda una tentación.