El ex militar acusado por delitos de lesa humanidad estuvo "escondido" en una casa de Liniers. Para comunicarse utilizaba celulares que luego desechaba.
Cuando lo detuvieron se dirigía al restaurante chino donde todas las tardes compraba la comida para su cena. Era el único momento que el militar Alejandro Lawless, que estuvo prófugo de la Justicia durante ocho meses acusado de delitos de lesa humanidad, salía de donde vivía en la clandestinidad, en Liniers. Estaba vestido con indumentaria y calzado deportivo y en un primer momento negó ser la persona buscada por los efectivos policiales.
"Todas las tardes iba a comprar la cena al mismo restaurante chino y siempre lo hacía después de las 17 porque era el momento en que la comida salía más barata. No pudimos ubicar el lugar donde estaba oculto, pero sí dónde hacía las compras todos los días", afirmó a LA NACION una calificada fuente que participó de la detención de Lawless.
Cuando fue detenido, el militar acusado de delitos de lesa humanidad tenía barba desprolija. No fue una tarea sencilla para los detectives de la División Investigación Federal Fugitivos del Departamento Interpol Argentina de la Policía Federal llegar hasta el fugitivo: él y su familia habían hecho una tarea de contrainteligencia.
Así lo informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente. "Para comunicarse con él, la familia y allegados utilizaban teléfonos celulares truchos que descartaban después de las llamadas", afirmó una fuente consultada. El mismo informante, que siguió de cerca la detención de Lawless, afirmó: "Por las tareas hechas por los detectives de Interpol podemos sostener que el fugitivo, durante los ocho meses que estuvo en la clandestinidad, no viajó ni al interior ni al exterior. Los que viajaron para verlo fueron sus allegados y sus familiares, que para despistar a posibles seguidores hacían postas con autos y viajes en subte".
Egresado del Colegio Militar en 1971, Lawless se formó en el área de Ingenieros y tuvo actuación en el Batallón de Comunicaciones de Comando 181 de Bahía Blanca, donde funcionaron centros de detención ilegales durante la dictadura militar, bajo el control operacional del V Cuerpo del Ejército.
Tiene 66 años y está procesado por privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados. Durante los años en que se produjeron los hechos que se le imputan -en perjuicio de Rodolfo Canini, Eduardo Carracedo, Hugo Mario Giorno, Néstor A. Giorno, A. Héctor Juárez y Graciela Sebeca-, Lawless era teniente coronel. Permaneció en el servicio activo hasta su pase a retiro, en agosto de 2002.
En noviembre último, la justicia federal de Bahía Blanca le revocó a Lawless la prisión domiciliaria y cuando el militar era conducido a los tribunales se despegó de los dos guardias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y salió caminando por la calle Lavalle. Hasta el martes pasado, cuando lo detuvieron a las 17.45 en Ramón al 7100, en Liniers, Lawless era uno de los más de 50 represores acusados y procesados por delitos de lesa humanidad que son buscados por la Justicia.
El Ministerio de Justicia había ofrecido por su captura una recompensa de $ 500.000. Su fuga estaba siendo investigada por el juzgado de Norberto Oyarbide. Después de conocerse la captura, los fiscales de la unidad que interviene en casos de terrorismo de Estado en Bahía Blanca, Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia, solicitaron la incorporación de Lawless al juicio oral y público que comenzó el martes pasado en esa ciudad por los crímenes en jurisdicción de la Armada durante la última dictadura.
El Ministerio Público Fiscal, en su página web www.fiscales.gob.ar, explicó que Palazzani y Nebbia solicitaron a los federales que intimen a Lawless a designar un abogado defensor o en su defecto al Ministerio Público de la Defensa. Además, pidieron su "inmediato alojamiento" en la Unidad Penitenciaria N°4 de Villa Floresta, entre otros actos procesales. En ese sentido, entendieron que corresponde habilitar la feria judicial para llevarlos adelante.
"Al momento de fugarse, Lawless ya se encontraba formalmente acusado y elevado a juicio junto con otros 24 militares, prefectos y penitenciarios, por lo que su incorporación al debate oral y público recientemente comenzado no debería contar con ningún inconveniente", según se publicó.
Fuente: diario La Nación
No hay comentarios:
Publicar un comentario