Lo que se viene luego del asalto a las instituciones

Los Nuevos Juicios de Lesa Humanidad que tenemos que impulsar 
Por Nicolás Márquez - La Prensa Popular

El crimen de lesa humanidad conforme lo define el Estatuto de Roma suscripto en 1998 e incorporado por la ex República Argentina en el año 2001 (y cuya normativa es aplicable a los hechos acontecidos con posterioridad a su incorporación en la legislación local) es definido como el “ataque generalizado o sistemático contra una población civil” agregando que  “Por ´ataque contra una población civil´ se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización” (así lo describe el extenso artículo 7 de dicho Tratado).



Nos interesa traer a comento dichos conceptos, puesto que desde que el kirchnerismo ocupó el poder del Estado desde el año 2003 hasta la fecha, realizó un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia derrocando a 4 de los 7 jueces del cuerpo (es decir el 57,2% de sus miembros) a fin de lograr una mayoría de facto e ilegítima a base de nombramientos de magistrados colocados de manera forzada e irregular y con ello, dar curso a la innoble cacería de militares y civiles (la mayoría de ellos casi octogenarios) que son acusados a la marchanta de haber actuado en la guerra antiterrorista obrante entre 1969/79, la cual se intensificó cuando en el año 1975 el actual partido gobernante ordenó a las FF.AA. mediante decretos sucesivos “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”, y desde entonces se comenzó a combatir al terrorismo con un mecanismo irregular que dio lugar a la figura del “desaparecido”.

Si bien las secuelas de este conflicto armado habían sido superadas por indultos y amnistías graduales emitidas en democracia y avaladas en cuanto a su legalidad y constitucionalidad en distintas ocasiones por la Corte Suprema de Justicia (tanto en los tiempos del Presidente Raúl Alfonsín, como en los de Carlos Menem y los del propio Fernando de la Rúa), la posterior Corte de facto que “de prepo” impuso el socio de Lázaro Báez y Presidente de la Nación Néstor Kirchner, ordenó ilegalmente desoír los siguientes principios jurídicos reconocidos expresa y deliberadamente por nuestra Constitución Nacional: Principio de Cosa Juzgada, Principio de Irretroactividad de la Ley Penal, Principio de Ley Penal más Benigna, Principio de Ne bis in idem, además de los consabidos principios de prescripción previstos de sobra en la legislación penal vigente.

Pues bien, a partir de entonces, el aparato del Estado por medio de los sumisos jueces y fiscales federales del sistema (de los cuales el kirchnerismo nombró a más del 60%) comenzaron a sentenciar injustamente a sabiendas (es decir incurriendo en el delito de prevaricato) a fin de cuidar sus respectivos traseros, cargos y ascensos para desde entonces violar los citados principios que la Corte ordenó ignorar, con el objetivo de llevar adelante un sinfín de juicios ilegales a partir de entonces y hasta nuestros días.

Luego, este ataque sistemático y generalizado contra un selectivo sector de la población llevado a cabo por esta maquinaria estatal naciente a partir del año 2003 se encargó de encarcelar a 1865 personas (a pesar de que sólo 289 fueron “condenados” en este lapso) y de los cuales 250 de ellos (casi la misma cantidad de “condenados” y casi el 15% del total de encarcelados) murieron en cautiverio por expreso abandono de persona por parte de las autoridades judiciales que por acción u omisión incumplieron con sus deberes de funcionario público, ya que a más allá de la injusta detención, lo cierto es que los burócratas que viven de Poder Judicial ni siquiera osaron otorgarle a sus secuestrados el pertinente arresto domiciliario sino que los hacinaron ilegalmente en cárceles comunes, cuando conforme el Código Penal hasta el más polémico de los detenidos debe ser beneficiado con el pertinente arresto domiciliario pasados los 70´años, siendo que en el caso que estamos describiendo el promedio de edad de los 1865 presos (a los que hay que descontarles los 250 que fueron virtualmente asesinados por este sistema) ostentan más de 75 años de edad.

Como todos estos vividores que solícitamente pululan en la burocracia del poder judicial responden a un sistema político que les bajó órdenes específicas de violentar elementales principios constitucionales en el marco de este ataque generalizado a ancianos que mueren a diario en esta política ilegal de abandono y destrato, urge imperiosamente que cuando se restaure y rescate el Estado de derecho a partir del mes diciembre del año 2015 (es decir cuando la delincuencia kirchnerista ya no esté en el poder) se lleven adelante todas las acusaciones e imputaciones habidas y por haber a jueces, fiscales y funcionarios judiciales de todas las jerarquías que hayan participado directa o colateralmente de esta maquinaria ilegal al servicio del detallado plan generalizado de exterminio físico y/o moral de ancianos civiles y/o militares que fueron no sólo ilegalmente acusados sino posteriormente destratados, secuestrados y apaleados por el ominoso andamiaje estatal que operó al margen del principio de legalidad.

Será un acto de justicia que la sociedad civil deberá peticionar a las autoridades cuando el imperio de la ley vuelva a entrar en vigencia, nosotros desde estas líneas ya empezamos a clamarlos.