Persecución política en Bahía Blanca

Preocupación de ADEPA por lo que considera un controvertido, y para nada ajustado a derecho, allanamiento contra el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca


La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por el allanamiento realizado el pasado martes 8 en la sede del diario La Nueva Provincia, hoy La Nueva, de Bahía Blanca. El procedimiento se concretó en el marco de una causa iniciada contra directivos del matutino que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto, dijo un comunicado de la entidad rectora del periodismo nacional, difundido en la noche del lunes 10 de abril.
"Las condiciones en que se cumplió la actuación judicial parecen constituir un nuevo eslabón de una larga cadena de ataques contra medios de prensa independientes, en tanto y en cuanto expresan visiones críticas sobre la realidad nacional.
"El juez interviniente expresamente había establecido que en ningún caso la medida debía "entorpecer ni afectar el normal funcionamiento del medio gráfico, ni mucho menos afectar la libertad de prensa ni la absoluta reserva de la 'fuente periodística', garantías que han sido incorporadas por la reforma constitucional de 1994 y que no ceden pues adquirieron rango de una verdadera 'libertad institucional'".


"Pese a ello, los fiscales ad hoc que actuaron acompañados por personal de Gendarmería Nacional dispusieron el secuestro de 119 tomos de la colección del diario desde 1974 a 1983 y cientos de sobres que contenían fotos y recortes periodísticos del archivo de La Nueva que hacen al funcionamiento cotidiano del medio de comunicación bahiense.
"Este hecho, sumado a que el procedimiento se concretara a instancias de dos fiscales ad hoc -esto es, nombrados sin concurso público y sin acuerdo del Senado Nacional, como lo requiere la ley- y que han declarado públicamente una militancia ideológica que cuestiona el deber de objetividad que les impone el cargo, compromete las garantías constitucionales referidas a la libertad de prensa y genera el riesgo de que se pretenda instaurar el delito de opinión."
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