Por Jorge Fontevecchia.
La necesidad de cambiar la legislación respecto de los reincidentes para combatir más eficazmente la inseguridad.
Por Jorge Fontevecchia - Perfil
Cohen, Navas y Longobardi, unidos por la inseguridad. | Foto: Cedoc
La filósofa Diana Cohen Agrest me envía un mail que deseo compartir parcialmente con los lectores.
“Mañana, 12 de noviembre, Ezequiel (N de R: su hijo asesinado en 2011) cumpliría 30 años. De no ser por la doctrina Zaffaroni, estaría vivo. Como tantos otros que murieron o que van a morir pronto.”
“Gracias a la doctrina nefasta de Zaffaroni, los jueces fueron partícipes necesarios de miles de muertes perpetradas por reincidentes excarcelados discrecionalmente por este ideólogo y sus discípulos.”
“Te copio los distintos recursos de los que se valen para decir que tenemos índices similares a los europeos en Buenos Aires.”
“1) El Ministerio de Salud de la Nación calificó como ‘subestimada’ la cantidad de asesinatos registrados en el país, cuando en el 2012 denunció que se creó un segmento creado ad hoc para distorsionar la tasa de homicidios: la forma para ocultar las cifras reales de muertes fue pasar los asesinatos a un casillero estadístico ambiguo y especialmente armado para establecer una zona gris: ‘Muertes por causa externa de intención indeterminada’. Una muerte no accidental que se registra como un hecho sin datos es excluida de la estadística de homicidios.”
“2) En la provincia de Buenos Aires se utiliza el casillero ‘Averiguación causales de muerte’ para todo fallecimiento sospechoso de criminalidad; es decir, desde el fallecimiento por causas naturales de un anciano en su hogar sin un médico de cabecera que firme el certificado de defunción, hasta el homicidio en la vía pública resultante de disparos de arma de fuego... Si un fiscal no se encuentra en el lugar de los hechos cuando el primer policía llega, el casillero es completado bajo esa notación, más allá de la carátula que luego se registre en el Poder Judicial.”
“3) Los heridos que mueren hospitalizados tras unos días por complicaciones no son registrados como homicidios.”
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Me visitó el embajador de Colombia, Alejandro Navas Ramos, preocupado porque sus connacionales sólo aparecen en los medios como ladrones o narcos.
Navas Ramos habla de la inseguridad con conocimiento porque es uno de los mayores expertos de su país en la lucha contra el fenómeno combinado de narcotráfico y guerrilla. Fue comandante del Centro Nacional de Entrenamiento, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, comandante del Comando de Operaciones Especiales, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, para concluir siendo comandante del Ejército y, años después, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia (antecedentes que, al ser nombrado embajador, generaron polémica entre organizaciones defensoras de los derechos humanos argentinas).
Su visión sobre la legislación necesaria para combatir la inseguridad coincide en parte con la de la filósofa Cohen Agrest; para él, una parte del delito se ha globalizado y las bandas con capacidad de emigrar se mudan a los países donde las penas resulten más benévolas y las posibilidades de botines sean mayores. En el caso de los colombianos en Argentina, se suman la ventaja idiomática y nuestra hospitalidad.
El general colombiano elogia a Berni, comprende su queja contra los delincuentes extranjeros, pero quiere dejar claro que sólo una muy pequeña parte de las decenas de miles de colombianos que están en Argentina se dedica al delito.
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El comisario de la Seccional 53ª de la Policía Federal correspondiente a Barrio Parque, Dante Omar Cardozo, preocupado por el robo que sufrió Marcelo Longobardi a metros de la puerta de mi casa, vino a explicarme que no puede haber zonas liberadas porque sus patrulleros tienen registrados continuamente los desplazamientos con GPS, y que al atacante de Longobardi –como se sabe– lo tienen identificado desde hace semanas y se trata de alguien con muchos antecedentes, pero no lo pueden detener porque su abogado interpuso un pedido de excarcelación anticipada y el juez se lo otorgó.
Tácitamente, coincide con Cohen Agrest y con el embajador de Colombia: hay que cambiar la legislación respecto de los reincidentes para combatir más eficazmente la inseguridad.
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Las bandas de delincuentes piensan “comercialmente”, buscan maximizar la ganancia reduciendo su costo, o sea, el riesgo penal. Por eso también van mutando de delito y de territorio. Los abogados dedicados a obtener excarcelaciones recurrentemente demuestran la existencia de cálculo y organización.
En la contratapa de ayer se citó la conferencia que para los editores de las distintas publicaciones de Editorial Perfil dio el ex fiscal Antonio Di Pietro, artífice de la mayor cruzada anticorrupción llevada a cabo por la Justicia, en su caso, en la Italia de los 90. Explicó que una de la herramientas para combatir la corrupción era adaptar la legislación haciendo punibles prácticas sobre las que había un vacío legal, aumentando condenas en ciertos casos y reduciéndolas en otros con la figura del arrepentido que, con su confesión, permita detener y condenar a muchos más.
Diana Cohen Agrest, que participó como columnista de este diario de la conferencia de Di Pietro, en el mail que comencé citando en esta columna, hizo un paralelismo entre los métodos que proponía Di Pietro para poder combatir la corrupción, aumentando los costos y los riesgos a los corruptos, y los que serían necesarios para combatir la inseguridad cotidiana.
La contratapa sobre Di Pietro terminó diciendo que la primera batalla es en la mente de los ciudadanos. En el caso de la inseguridad, sería dejando de ver al reincidente como una víctima social de la injusticia económica y verlo como lo que realmente es: un profesional del delito.
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